USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.

En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.

La semana pasada, a través de la resolución 40/2026, el ministro de Economía fueguino dispuso un aumento de dicho porcentaje que -según señalan en la municipalidad de Ushuaia- escaló al 8,75% y derivó en un recorte de los fondos que reciben las ciudades tanto para el pago de salarios como para inversión pública.

“Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de $1500 millones que se le va a recortar a los municipios”, explicó a el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte.

Hasta ahora, solo su municipio cuestionó públicamente los cambios impulsados por la administración provincial: a diferencia de Vuoto, ni Martín Pérez (Río Grande) ni Daniel Harrington (Tolhuin) salieron a cruzar al gobernador.

“Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad», aseguró el intendente de la capital provincial en su cuenta de X.

Y agregó: “Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”.

En el gobierno de Tierra del Fuego desmienten que la medida haya sido inconsulta y apuntan contra la gestión de Ushuaia. “En el año 2022, se aprobó una ley que cada vez que hay un aumento del GLP que es el gas envasado, se puede aumentar el índice de fondos que vienen a la provincia previo a la distribución de la coparticipación”, dijo Melella a .

El mandatario provincial destacó que Ushuaia es el municipio más favorecido por el subsidio -3591 vecinos contra 1832 de Río Grande y 471 en Tolhuin- y que el aumento cuestionado no se utiliza para gastos generales de la provincia, sino que regresa como contraprestación para sus residentes.

“El monto que significa de quita en Ushuaia es de $32 millones por mes, para el municipio de Río Grande son $48 millones por mes, que tiene menos vecinos y no dijeron nada, y Tolhuin $4 millones y tampoco dijo nada. El municipio de Ushuaia debe estar con alguna complicación”, continuó el gobernador.

En la municipalidad de Ushuaia aseguran que la obra pública es una prioridad en el distrito y que el recorte que -según Iriarte, “deben ser como diez cuadras de asfalto”- podría afectar, entre otras cuestiones, la inversión en salud, educación y pavimentación de calles. Todo ello en un contexto en el que vecinos de la capital fueguina se quejan por el mal estado de las veredas y calzadas.

La semana pasada, maquinaria municipal trabajaba en el centro comercial para repavimentar algunas de las calles que recorren de manera asidua los turistas. Es una obra que -según los comerciantes y residente de la zona- se repite todos los años, mientras los senderos de zonas más alejadas continúan sin mejoras y desgastan el tren delantero y los neumáticos de sus vehículos.

La disputa entre Melella y Vuoto por los fondos abrió un nuevo foco de conflicto para los aliados de Fuerza Patria. En 2025, Melella, de origen radical y referente de FORJA en la provincia austral, y el intendente kirchnerista habían llegado a un acuerdo para trabajar en unidad para fortalecer el armado peronista en la provincia frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas elecciones nacionales, el sello violeta cosechó un 39,66%, frente al 30,63 de Fuerza Patria.

El silencio por el puerto

Ahora, ese acuerdo empieza a mostrar signos de debilidad. A la batalla por el envío de fondos coparticipables se suma el silencio de la intendencia de Ushuaia tras la intervención del puerto provincial que opera sobre sus costas. Las instalaciones portuarias fueron intervenidas el 20 de enero por fallas en materia de infraestructura e irregularidades en el uso de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).

La decisión del gobierno nacional generó un inmediato rechazo de la gestión de Melella, que denunció una violación a autonomía provincial. “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”, sostuvo el gobierno fueguino.

En los municipios de Río Grande y Tolhuin se hicieron eco de las críticas a la intervención libertaria. “Intervinieron el puerto de Ushuaia, sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial”, expresó Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande en una publicación que compartió luego el intendente Pérez. Harrington, en tanto, advirtió: “No creo que la intervención sea el camino. Creo que la soberanía y en administraciones estables que den previsibilidad, cuiden las instituciones y los recursos públicos”.

Vuoto, en cambio, no se refirió el tema en sus redes sociales. “La actividad turística depende 100% de ahí, ya sean los catamaranes o los cruceros, con lo cual o puede no operar el puerto. Pero también entendemos que había cosas que solucionar. Lo de la auditoría lo conocemos hace tiempo”, aseguró su secretario de gobierno durante la visita de a la municipalidad.

El paréntesis veraniego terminó hace unos días. Para el Gobierno y el sistema político ya no hay por delante días asegurados de relax como los que les brindó enero. El cambio de mes acelerará y profundizará lo que ya Javier Milei empezó a vivir y protagonizar en las últimas semanas.

Del fulgor dominante del escenario internacional se pasó al barro local sin muchas escalas. La pelea con el grupo Techint operó como un aperitivo (amargo) para cortar con varias dulzuras veraniegas y abrirle paso a la intensidad de la disputa que comenzará esta semana por la reforma laboral en el Senado y fuera de él.

Será o pretende ser la piedra basal de la última parte del (¿primer?) mandato presidencial libertario. Un período en el que ya cuenta con más pasado propio que futuro, en el que deberá dejar atrás la etapa de romper, reparar y culpar a la herencia recibida para mostrar y hacerse cargo de los resultados de sus propias acciones.

Algo de eso es lo que disparó y tuvo como telón de fondo el airado ataque de Milei hacia Paolo Rocca, el dueño de Techint. La discusión no se reduce a la compra por parte de un consorcio privado a una compañía india de los tubos para un gasoducto, que dejó afuera a la empresa siderúrgica argentina.

En la desmesurada reacción presidencial ante los reclamos de Rocca asoma como motorizador, además de la natural ofuscación que le provocan las opiniones disonantes con sus ideas y acciones, la decisión de obturar cualquier planteo que ponga en cuestión pilares de su gestión, pero, sobre todo, que deje en evidencia probables efectos negativos concretos para la sociedad provocados por sus políticas. Demasiados cuestionamientos.

En ese plano aparece la destrucción de empleos formales en el sector privado registrada desde que Milei asumió la presidencia. En parte por la apertura económica sin gradualismo ni resguardos que “equilibren la cancha” ante asimetrías externas. Y, en parte, por la caída de la actividad. Es un asunto tabú para el Gobierno, que opta por minimizar los números rojos mostrando como contrapartida positiva el aumento de la informalidad y el monotributismo. Malabarismos estadísticos y discursivos que los afectados no celebran.

Eso, de alguna manera, es lo que los cuestionamientos del empresario ítalo-argentino amenazaban con instalar en la opinión pública. Justo mientras sindicatos y opositores se aprestaban para intentar complicar la aprobación de la reforma laboral. Inoportuno. Aunque lejos estuviera Rocca de querer ser funcional a esos intereses y cuestionar esa reforma, que tiene entre sus impulsores y autores intelectuales y materiales a agentes formados en su emporio, como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otros que han estado y están en su círculo.

La dimensión de la reacción y de la descalificación presidencial sigue sorprendiendo y desacomoda a muchos funcionarios. No solo a los originarios de Techint, como Cordero o el presidente de YPF, Rubén Marín. Curiosamente, o no tanto, la empresa de propiedad mayoritariamente estatal fue la solitaria integrante del consorcio constructor del gasoducto dispuesta a evaluar una segunda oferta hecha por la siderúrgica argentina. Para más paradojas o ironías, Santiago Caputo, a quien se sindica como uno de los propulsores del ataque al empresario, tiene en YPF una fuerte incidencia.

Por eso, “Paolo [Rocca] no es el único sorprendido. Son muchos en el Gobierno que saben que él coincide con el 90% de las políticas que impulsa Milei y lo ha apoyado en muchos aspectos. No puede entender, sobre todo, que lo haya acusado de golpista”, dice una de las personas que conoce como pocos tanto al empresario como a la mayor parte del staff mileísta.

Las cadenas de equivalencias que unen reclamos y actores diferentes y hasta antagónicos, a veces, se anudan de manera impensada. Así es como estas disputas se vinculan con la resistencia que los gobernadores han sostenido al capítulo fiscal de la reforma laboral, especialmente la rebaja del impuesto a las ganancias de las empresas, por el impacto negativo que la caída en la recaudación de ese impuesto coparticipable tendrá en las arcas de sus provincias.

Ese es uno de los escollos principales que encuentra aún el proyecto para ser aprobado por el Senado y que ha hecho transpirar al ministro de Interior, Diego Santilli, más que cualquiera de las jornadas más calurosas de enero, sin terminar de destrabarlo. Los días por venir no serán menos arduos. Desarmar otra cumbre de gobernadores y encauzar apoyos a la reforma por parte de los senadores es su mandato urgente.

El ministro los espera con varias mudas de ropa preparadas y algunos otros pertrechos conducentes para tratar de lograr su objetivo. Sabe que no tiene asegurado el éxito, pero considera que está cerca de lograrlo. La duda es si lo conseguirá sin hacer concesiones en la letra del proyecto a las que el Presidente se resiste. Es una partida entre jugadores de póker experimentados, en la que no faltan los fulleros.

La de los gobernadores es la verdadera valla por sortear. La fragmentación peronista, en medio del indetenible ocaso kirchnerista y la ausencia de liderazgos, junto a la debilidad estructural y dirigencial del sindicalismo son resistencias menores.

Antes que cualquier posicionamiento nacional conjunto que exceda el plano retórico, en el peronismo mandan las realidades locales y la disputa por la sucesión dentro del kirchnerismo, que esta semana tendrá un match de fondo en la pelea entre cristicamporistas y kicillofistas por la condución del justicialismo bonaenerense, Nada que amenace con cambiar la vida de los argentinos.

Así, en este espacio que durante más de medio siglo resistió con éxito en el Congreso y en la calle a toda reforma laboral que no saliera de sus usinas, la judicialización asoma como la meta más probable y el último recurso posible para frenar algunos aspectos del proyecto oficialista que consideran más lesivos para sus intereses y los de sus representados. En ese orden.

Este es uno de los lodazales en los que el Gobierno y el propio Milei tienen que chapotear después de un enero benévolo en más de un aspecto, empezando por el frente monetario y financiero, con la paz verde del dólar y la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos, lo que no se veía desde hace siete años y medio. Todo en medio de un veraneo dispar en los distintos destinos turísticos, que confirmaron la existencia de varias argentinas contrapuestas y yuxtapuestas, con brechas socioeconómicas cada vez más marcadas. También, el fin de año dio señales de repunte en la actividad económica, aunque la heterogeneidad es la marca de la hora y no muchas de las mejoras son perceptibles masivamente ni impactan sobre los bolsillos mayoritarios.

De todas maneras, fue en el plano internacional donde tuvo otros fulgores. Hasta el (otrora) prestigioso The Washington Post le dedicó a Milei y su gestión un elogioso editorial, al tiempo que su pretendida y pretenciosa clase magistral de economía libertaria en Davos tuvo mejor repercusión que sus más que polémicas monsergas antiwoke de años anteriores.

Además, Milei y el Gobierno, disfrutaron de la centralidad absoluta que impuso en la agenda pública Donald Trump, ganada con creces con su tan polémica como celebrada incursión en Venezuela para derrocar y detener al dictador Nicolás Maduro y su esposa, hasta con la ordalía contra los inmigrantes que desató dentro de las fronteras estadounidenses, por citar solo lo más estridente que ha protagonizado en los últimos 30 días el más que excéntrico ídolo del presidente argentino.

Al respecto, la identificación personal, psicológica, política y cultural de Milei con Trump parece ser más fuerte que las diferencias que en materia económica y comercial existen entre ambos y que el presidente argentino reafirmó en su presentación en la cumbre suiza. Como si no existieran o sin temor a ser contradicho y a pesar de que la economía es el cristal a través del que Milei mira o dice mirar la vida. La escasa concurrencia que concitó su presentación tal vez le haya jugado en su favor.

Milei prefiere que el irascible Trump no advierta diferencias, si es que las admite. Tal vez por eso solo replicó una publicación de uno de sus voceros digitales que desmentía un acuerdo con Estados Unidos para recibir inmigrantes deportados arbitrariamente por Trump y que es objeto de serios cuestionamientos internos allí. Pareció la admisión de que sería una de las más indignas sumisiones que podría mostrar un país soberano.

En lo local, las revelaciones periodísticas, así como la errática marcha judicial de los escándalos por la presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sostuvieron los títulos de los diarios. Algo por encima de las muy relacionadas revelaciones sobre las maniobras con el dólar oficial, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa, como ministro de Economía.

Al respecto, se destaca una paradoja: el Gobierno y las usinas de comunicación oficialista han explotado con más ahínco y han reaccionado con más celeridad en el caso del fútbol, que es una organización no estatal, antes que con lo ocurrido dentro del Banco Central, a pesar de su carácter de institución pública, custodia de la moneda y objeto de demonización por parte de Milei antes de llegar a la Presidencia.

Las pruebas y evidencias obtenidas hasta ahora parecen confirmar todas las sospechas sobre un grave perjuicio al Estado en beneficio, en principio, de algunos operadores financieros inescrupulosos gracias a cierta indolencia, tolerancia o complicidad de funcionarios públicos, cuyo nivel de responsabilidad y de orden en la escala jerárquica parece exceder en mucho al quinteto que hasta ahora aparece como directamente involucrado y que sigue siendo parte del plantel del BCRA. Notable cautela.

La disparidad de reacción e involucramiento del Gobierno en ambos casos es motivo de suspicacia para muchos observadores. Tanto como para reactualizar las versiones, rumores e indicios sobre las ayudas de distinta índole que Massa le habría prestado antes de la primera vuelta presidencial del 2023 al team libertario.

A pesar de la aparente falta de énfasis del Gobierno en este asunto, allegados al exministro y excandidato presidencial admiten que éste se siente apuntado y sigue atentamente, con cierta preocupación y mucho silencio público, el avance del caso.

Al mismo tiempo, han vuelto a circular versiones que apuntan a ciertos resguardos de los que gozarían Massa o algunos de quienes lo acompañaron en la gestión, ya sea en la entidad monetaria, en la Secretaría de Comercio en la exAfip (hoy ARCA). Esas versiones insisten en la existencia de filmaciones de las cámaras de seguridad de algunas de las financieras involucradas en las maniobras de compras de dólar a precio oficial a las que habrían concurrido y quedado registrados responsables de la financiación de la campaña libertaria. Algunos de ellos muy próximos a la cúspide del poder mileísta. Nada que hasta ahora haya podido ser confirmado y es parte de las grandes leyendas urbanas que rodean a la política argentina de los últimos años.

En este proceso, al igual que en el de la AFA, las miradas más suspicaces se centran sobre el Poder Judicial. Los estrechos y en algunos casos promiscuos vínculos que la dirigencia del fútbol y de la política han mantenido y mantienen con actores claves de la Justicia ayudan a instalar dudas sobre la calidad, la celeridad y la eficiencia de las investigaciones.

Las disputas sobre jurisdicciones y competencias entre jueces y fueros que rodean y han signado desde el principio estos escándalos, así como la reticencia para la adopción de medidas en algunos casos, no alimentan la muy escasa confianza que la ciudadanía ya tiene respecto del Poder Judicial. Pueden ser nuevos casos ejemplares. En todo sentido.

El verdadero comienzo del año político y económico, sin embargo, amenaza con disputarle protagonismo a estos asuntos tan dominantes de enero. La realidad es mucho más compleja y el Gobierno, obligado a bajar al barro, volverá a estar urgido a dar soluciones concretas y a no sumar problemas, ni autolesionarse. El verano siempre termina.