CÓRDOBA.- En paralelo a que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar las tasas municipales que “no corresponden por ley”, el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) reclamó por “la falta de distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles hacia el interior del país”.

Los intendentes plantearon que el año pasado la Nación retuvo $120.000 millones que correspondían a las provincias y los municipios. Es el pedido que, hace menos de un año, unió a todos los gobernadores del país.

El Cofein está integrado por 22 ciudades de 16 provincias y realiza presentaciones conjuntas en el Congreso nacional para lograr una “mayor participación de las ciudades en la discusión de políticas públicas”. Este martes se reunieron en San Miguel de Tucumán. En el documento de cierre advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan sus administraciones.

“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder a cada vez más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación -señala el texto-. Pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes. Somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”.

También hoy Luis Caputo se reunió con los principales referentes del sector supermercadista, encuentro donde -según trascendió- le plantearon su preocupación por la caída del consumo y la mayor presión tributaria municipal. El Ministro señaló que se trata de gravámenes que “no corresponden por ley” debido a la falta de contraprestación y que terminan impactando también en los precios al consumidor. Apuntó especialmente contra algunos municipios bonaerenses, como Lanús, Pilar, Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes.

El documento elaborado por los intendentes señala: “La participación impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación. Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios”. En esa línea, que solo en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), durante 2025 quedaron sin distribuir $740.356 millones en “incumplimiento de leyes y acuerdos vigentes”. Insistieron en que debe reformularse el reparto.

En ese escenario pidieron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado. La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios”.

“Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a dejar de sostener la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza”, agrega el comunicado que menciona que en los últimos dos años se cerraron 22.608 empresas y 300.000 personas quedaron en situación de desempleo.

Remarcaron que la caída de ingresos y el aumento de la demanda de servicios públicos recae principalmente sobre provincias y municipios. “Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, concluye el texto.

De manera presencial participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; de Córdoba, Daniel Passerini; de Santa Rosa (La Pampa), Luciano di Nápoli; de Neuquén, Mariano Gaido; de Cipoletti (Río Negro), Rodrigo Buteler; de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Rosario, Pablo Javkin; de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; de La Rioja, Armando Molina; de Viedma, Marcos Castro; de La Plata, Julio Alak; y de Escobar, Ariel Sujarchuk. También participaron el jefe de Gabinete de Formosa, Mauricio Nadalich, y el subsecretario de Hacienda de Posadas, Bruno Mariani.

De forma virtual se sumaron los intendentes de Mendoza, Ulpiano Suárez; de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de Salta, Emiliano Durand; de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; y el coordinador de Gabinete de San Juan, César Aguilar. También estuvo Carolina Basualdo, exintendenta de Despeñaderos y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados.

Tras recibir el aplauso de sus compañeros de bloque, la diputada libertaria Lilia Lemoine, uno de los alfiles más fieles del presidente Javier Milei, asumió la presidencia de la Comisión de Juicio Político, una de las más sensibles de la Cámara de Diputados pues es la encargada de evaluar y, eventualmente, impulsar los pedidos de remoción del jefe de Estado, sus ministros y los miembros de la Corte Suprema.

La misión de Lemoine será, justamente, impedir que prosperen los proyectos para enjuiciar al presidente Milei que impulsa la oposición. En las últimas horas se presentaron otros dos proyectos en ese sentido −suman en total ocho−, pero todo indica que el oficialismo y sus aliados, que conforman la mayoría en la comisión, la mantendrán cerrada para bloquear su tratamiento.

“Tenemos el temor de que esta sea la primera y última reunión de la comisión”, sinceró el diputado Néstor Pitrola, cuyo bloque, el Frente de Izquierda, presentó hoy un pedido de enjuiciamiento contra el jefe de Estado.

Desde Unión por la Patria, sin embargo, advirtieron que aunque el oficialismo intente clausurar la comisión la oposición podría apelar al recurso del emplazamiento para activarla.

“Se necesita mayoría simple en el recinto. Hoy puede ser que no tengamos número, pero el desgobierno de Milei y los crecientes casos de corrupción se van a ocupar de que consigamos el número. Sobre todo después del caso de [Manuel] Adorni, que pasó de ser candidato estrella del oficialismo a mochila de plomo», acicateó Juan Marino.

El legislador de Unión por la Patria presentó dos proyectos de ampliación de los pedidos de juicio político contra Milei: uno de ellos por la posición del gobierno argentino, encabezado por el jefe de Estado, a favor de las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la segunda presentación incluyó nuevos fundamentos que, a su juicio, involucran al presidente en la causa de la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA.

Difícilmente estas iniciativas prosperen, al menos por ahora: el oficialismo, con sus aliados, se aseguró la mayoría con 17 miembros: 13 propios, dos de Pro, uno de la UCR y el restante de Innovación Federal. Unión por la Patria tiene 11 representantes, Provincias Unidas dos y la Coalición Cívica, uno.

La postulación de Lemoine fue aceptada luego de que el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, la propusiera porque sus antecedentes “son de público y notorio conocimiento”. La vicepresidencia recayó en Pro (que aún no designó a su representante), mientras que la vicepresidencia segunda le correspondió a Guillermo Snopek, de Unión por la Patria.

La diputada kirchnerista Paula Penacca no se privó de lanzar sus ironías hacia la designación de Lemoine.

“Evidentemente, como dice el dicho, nadie tropieza con la misma piedra dos veces, y ahora el oficialismo resolvió poner al frente a una diputada que no va a tener la misma criticidad de la que habían nombrado anteriormente por si fuera necesario evaluar alguna conducta del presidente de la Nación”, acicateó Penacca en alusión a la trunca designación de la exlibertaria Marcela Pagano, hoy ferviente opositora del gobierno libertario, al comienzo de la gestión de Milei.