En su época imperial, China mantenía con los territorios que controlaba en la región un régimen tributario que evidenciaba la fortaleza de su dominación. Imponía duros gravámenes a sus vecinos más chicos y pobres, como Vietnam, Corea o Mongolia, que sólo podían ser flexibilizados con gestos públicos de reconocimiento y glorificación hacia el emperador. Los líderes sometidos tenían que acercarse a su trono, postrarse para hacer nueve reverencias y llevarle valiosos tributos como oro y plata. En respuesta magnánima, el emperador les otorgaba el beneficio de una reducción de impuestos y en muchas circunstancias gracias mayores a las recibidas.

“Lo importante de ese régimen no era el comercio, sino el reconocimiento de que el emperador era el centro del sistema”, reseña el académico Federico Merke, quien en un artículo que publica esta semana rescata esta antigua tradición de los soberanos chinos para compararla con la devoción de Donald Trump por el culto a su personalidad y su peculiar estilo para negociar aranceles. Algunos creyeron ver una alegoría histórica cuando esta semana una delegación suiza le llevó relojes de marca Rolex y logró que le bajaran los aranceles a su país del 39% al 15%.

El presidente de Estados Unidos está reescribiendo las normas del libre mercado internacional y dejando sin efecto las pautas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que rigieron durante años. Para él lo importante no son las reglas, sino los tratos. Desde el 2 de abril, el “Día de la Liberación”, asumió una estrategia de imposición negociadora, es decir, pasó de un diseño del comercio global establecido por acuerdos consensuados entre los países, a otro modelo asimétrico, de carácter provisorio y arbitrario. Todo depende de lo que Trump disponga.

Esto le trajo claros beneficios económicos (se calcula que con la amenaza de la suba de aranceles EE.UU. ya sumó 190.000 millones de dólares), pero también le provocó dolores de cabeza. Los pactos que selló con varios países (desde la Unión Europea y Japón, a Gran Bretaña y China) han sido judicializados por presuntos damnificados y por legisladores, que entienden que Trump se excedió en sus atribuciones, y que los entendimientos deben pasar por el Congreso. El tema llegó a la Corte Suprema el 5 de noviembre, y ahora hay una gran expectativa por lo que pueda fallar el máximo tribunal, posiblemente antes de fin de año.

Los acuerdos marco que la Casa Blanca le ofrece al mundo asumen un carácter de precariedad jurídica, y en algunos casos ni siquiera se han conocido los textos formales. Son una traducción escrita de la voluntad concesiva del emperador, dentro del cual su implementación queda a criterio del propio Trump, en función de los tributos que reciba. No tienen comparación con los tratados de libre comercio que Estados Unidos promovía hace un tiempo, y que en la región derivó en el fallido proyecto del ALCA, cuya defunción celebró el kirchnerismo la semana pasada al cumplirse 20 años de la cumbre de Mar del Plata.

Lo mismo ocurre con el “joint statement” (declaración conjunta) que se conoció esta semana con la Argentina. Es un comunicado general que remite a un acuerdo que no se conoció aún. En el Gobierno aseguran que el texto está prácticamente definido, pero que restan algunas precisiones, presumiblemente en el tema del acero y el aluminio, y la revisión jurídica por la burocracia de ambos países.

La formalización se daría con una firma protocolar de los presidentes, en un próximo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Si bien el acuerdo no debe pasar por el Congreso, la aplicación de muchas iniciativas que de ahí se derivan sí podrían requerir tratamiento legislativo, aunque otras se podrían instrumentar vía resolución.

Los alcances del entendimiento merecen dos niveles de análisis. Uno desde el punto de vista estrictamente comercial, en donde se nota con claridad la asimetría en favor de Washington. Es un formato que ya aplicó con otros países y al que la Argentina quedó sometida por su decisión de acordar.

En el Gobierno sostienen que su anuncio se demoró más de la cuenta por la defensa de algunas particularidades relacionadas con el cupo de carnes y el tema de los metales. Otras miradas son menos épicas y atribuyen el cierre de las tratativas a una decisión de Milei de aceptar las condiciones y no prolongar más las negociaciones. Son quienes resaltan que en el texto que se conoció hay 12 compromisos que asume la Argentina, uno Estados Unidos y 6 que lo hacen en conjunto. ¿Había margen para un trato más equilibrado?

El académico Juan Gabriel Tokatlian sostiene que “se juntó el criterio de imposición de aranceles de Trump con la disposición de Milei a ceder. No sé si fue realmente una negociación. El problema es que la Argentina queda alineada con una potencia en declive, cuando sus exportaciones están principalmente dirigidas hacia países no occidentales”.

En la Cancillería aseguran que para una economía como la argentina, más importante que la apertura comercial -que de todos modos ya se está ejecutando- es el flujo de inversiones norteamericanas que se puede conseguir a partir de garantizar ciertos estándares que están incluidos en el texto. La falta de precisiones impide hacer un análisis exhaustivo de qué sectores se beneficiarán o perjudicarán más. Como dice el mentor intelectual de los aranceles de Trump, el exsecretario de Comercio Robert Lighthizer, “no trade is free” (no hay comercio gratis).

El especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo sugiere ubicar el acuerdo dentro de un marco general de las relaciones con EE.UU. “Es una parte más de una cadena de gestos y decisiones, que incluyen el apoyo dentro del FMI, el swap, la intervención en el mercado cambiario y la posibilidad de un aporte de US$20.000 millones adicionales a través de un grupo de bancos. Si uno mira la letra del joint statement, se nota una asimetría, pero creo que igual beneficia a la Argentina porque Estados Unidos es el principal importador del mundo y también el primer inversor externo. Creo que hay que tener una mirada integral”.

Ese universo al que Trump invita a la Argentina a veces hasta permite pases de magia, como el que registró esta semana Financial Times. El diario británico detectó que la cuenta de Derechos Especiales de Giro (los DEG que tienen los países en el FMI) de Estados Unidos se retrajo en US$870 millones, y que al mismo tiempo la cuenta de la Argentina se ensanchó en una cifra similar, y que de ese modo se le pagó el vencimiento de noviembre al Fondo, donde justamente EE.UU. es el principal accionista. Una triangulación perfecta.

El segundo plano de análisis es el estratégico. Por primera vez desde la finalización de la guerra fría, Estados Unidos tiene un plan para América latina, que apunta a recuperar su influencia en una región de la que se había retirado por décadas y, de ese modo, diluir el protagonismo chino.

Con ese objetivo, Trump busca generar un anillo de gobiernos afines que hagan girar a la región hacia la derecha. Milei es su aliado principal, pero también suma a la cuenta a Santiago Peña, de Paraguay; a Daniel Noboa, de Ecuador; a Rodrigo Paz, de Bolivia; y a Nayib Bukele, de El Salvador. En la ronda de elecciones que se inicia hoy en Chile, y que continúa el próximo año en Perú, Colombia y Brasil, espera sumar más socios de derecha.

Esta actualización de la “doctrina Monroe” pone a Latinoamérica en un lugar de relieve para Washington que hace tiempo no tenía, porque le permitiría a Trump demostrar que está en capacidad de disciplinar y ordenar lo que EE.UU. entiende que es su espacio natural de influencia. En esta lógica hay que interpretar el cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La Casa Blanca pasó a una fase activa en lo económico, pero también en materia de seguridad y defensa. En Washington pronostican una pronta definición sobre Maduro.

Este viraje queda ilustrado con el áspero debate que se está dando dentro de la administración Trump por la nueva Estrategia Nacional de Defensa, el documento que define los principales lineamientos de cada gestión, que desde septiembre viene demorado. En ese texto América latina y el Caribe tienen un papel inusualmente destacado como parte del entorno de seguridad de Estados Unidos, y con relieve estratégico en su objetivo principal, que es contener el avance de China.

Algunos académicos atentos prestaron atención a la votación de la semana pasada en la cumbre Unión Europea-Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), a la que no asistió Milei por considerarlo un ámbito de izquierda. Allí la Argentina, junto con países como Ecuador, Paraguay, El Salvador, Costa Rica y Trinidad y Tobago (crucial para el despliegue militar norteamericano sobre Caracas), se corrió del párrafo 10, en el que se define a América latina como una “zona de paz” y habla de la seguridad marítima en el Caribe, es decir, Venezuela. No hubo aval argentino a esas garantías.

Así como Estados Unidos ha resuelto implementar una estrategia definida para América latina, también la Argentina adoptó un replanteo de su política exterior que tiene implicancias más profundas que la mera negociación arancelaria. Con su encolumnamiento profundo con Washington, Milei se aparta de una tradición histórica ligada a conceptos clásicos como el de “no alineados” o el de las miradas multipolares. Hoy hasta las “relaciones carnales” del menemismo pierden su carácter pecaminoso en comparación con la posición de los libertarios.

Milei está poniendo a la Argentina estructuralmente en una dirección, que es la que lidera Estados Unidos. Esto implica una reorientación que impacta en la composición productiva del país (probablemente con mucha mayor incidencia de las empresas norteamericanas en áreas sensibles como energía y minería), en sus posicionamientos externos, en su seguridad y en su defensa. No es sólo la carne y el acero; es el lugar que ocupa la Argentina en el mundo.

El Presidente cambia la lógica tradicional de ordenamiento de un país complacido con sus particularidades, y muchas veces también con sus desvíos. A partir de ahora la Argentina empieza a moldearse desde afuera hacia adentro, bajo el paraguas rector de Washington. Con todas las fragilidades de un viraje que no fue consensuado internamente con el resto de los actores políticos y económicos, y con la imprevisibilidad que supone depender del humor de Trump. No sería un problema para Milei, un presidente que se siente orgulloso de la relación de confianza que trabó con la temeridad.

El alineamiento con Estados Unidos va de la mano también con cierta retracción de los ámbitos multilaterales. Por ejemplo, esta semana la Argentina se apartó de su historial en materia de derechos humanos y fue uno de los diez países que en la ONU votó en contra del informe anual de la Corte Penal Internacional, el máximo tribunal que condena los delitos de guerra, genocidio y lesa humanidad. Lo hizo en sintonía sólo con Estados Unidos, Rusia, Israel (no firmantes del Tratado de Roma), Paraguay, Corea del Norte, Burkina Faso, Bielorrusia, Nicaragua y Níger.

El mismo razonamiento está detrás de la decisión de Milei de no ir a la cumbre del G-20 en Sudáfrica, después de que Trump boicoteara el encuentro porque, afirma, el presidente Cyril Ramaphosa no brinda protección a los afrikáneres, la minoría blanca que gobernó Sudáfrica durante el apartheid.

Federico Pinedo, sherpa del G-20, publicó en septiembre un artículo en el CARI que se llama “Los tres multilateralismos”. Allí se refiere a los aspectos políticos (sostenimiento de la paz, por ejemplo), a los asuntos económicos (apertura comercial, estabilidad financiera), y finalmente a los temas culturales, “que es la pretensión de imponer visiones similares en todo el mundo”. El desacuerdo con esta última agenda sería la que justifica la ausencia de Milei en la devaluada cumbre de Johannesburgo (además de Trump, tampoco concurrirán Xi Jinping ni Vladimir Putin).

Estos movimientos darían cuenta de una tendencia clara hacia el alineamiento (con EE.UU.) y hacia el aislamiento (del multilateralismo). Sin embargo, hay dos señales importantes en el horizonte que pueden demostrar que hay atenuantes, y que en realidad la Argentina está en la senda de una occidentalización más profunda que la mera pasión trumpista.

Uno de esos datos se produjo esta semana, con la visita del secretario General de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Mathias Cormann, con quien la Argentina firmó un demorado Memorándum Inicial de Adhesión (el gobierno de Alberto Fernández había frenado las conversaciones).

El proceso de incorporación va a llevar años y requiere de dinero y de un trabajo minucioso en muchas áreas. Pertenecer a la OCDE implica haber cumplido con una serie de estándares muy exigentes en aspectos tan disímiles como comercio, seguridad, institucionalidad, educación, salud y equilibrio social. Es la entidad más sofisticada y reglada, casi una contradicción con el espíritu caprichoso de los acuerdos con Trump. ¿Está la Argentina en condiciones de hacer ese ejercicio profundo de adaptación a parámetros de los países más desarrollados?

El otro dato gira en torno de la posibilidad de avanzar en el ya mítico pacto Unión Europea-Mercosur (los europeos juran que este es el último que harán con estas características). Según algunos diplomáticos, podría firmarse en diciembre en la cumbre regional de Foz de Iguazú, aunque aún persisten dudas en países como Francia, Polonia y Austria. Su conclusión significaría cerrar un proceso que ya lleva más de 20 años y cuya implementación, también a diferencia del pacto con EE.UU., tiene un nivel de detalle y un cronograma muy bien definidos.

En el Gobierno trascendió que Milei podría no concurrir, desinteresado en volver a cruzarse con Lula, pero dicen que lo están tratando de convencer para que vaya. Mientras tanto les dijeron a los organizadores que el problema es la fecha del 20 de diciembre, así que están buscando alternativas. Pero como todos sospechan que es una excusa, al mismo tiempo están viendo si pueden decorar el encuentro con algún anuncio bilateral Argentina-Brasil que sirva de incentivo adicional.

Como la Argentina había solicitado exenciones arancelarias para unos 150 productos, en Brasil dicen que no ven incompatibilidades entre el acuerdo con EE.UU. y el Mercosur (aunque una fuente de Itamaraty admitió que no le habían anticipado el anuncio y tampoco recibieron precisiones posteriores). Además, Lula también está en un período de recomposición con Trump, tras su última reunión. De hecho el canciller Mauro Vieira se vio con Marco Rubio horas después de que lo hiciera Pablo Quirno, con el mismo objetivo: negociar aranceles.

El acceso a la OCDE y el entendimiento UE-Mercosur, así como el acuerdo comercial con EE.UU. y el pacto con el FMI, podrían indicar que Milei auspicia una lógica de disciplinamiento externo; apegarse a países o instituciones que le puedan aportar a la Argentina un orden y una proyección que no puede darse a sí misma. Es un golpe muy duro para los soberanistas, que priorizan la autonomía del país en su política exterior y su capacidad para administrar tensiones en un mundo complejo. Entre sus crisis recurrentes y el carácter refundacional de Milei, la Argentina experimenta un profundo cambio en su relación con el mundo.

Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores puede tener objetivos previsibles como el apoyo a las reformas oficialistas en el Congreso, o fondos para las obras públicas provinciales. Otros, en cambio, pueden resultar inesperados. Por ejemplo, un pedido para que se implemente en las provincias el Régimen de Transparencia Fiscal, como se conoce a la obligación de que en los tickets de los consumidores se aclare cuál es la carga impositiva de cada producto.

Su aplicación puede afectar las compras de todos los argentinos. El Régimen de Transparencia Fiscal se describe en despachos oficiales como una herramienta de la “batalla cultural” contra los impuestos. En realidad, no los elimina. “Busca llevar a la cara del consumidor cómo incide la carga tributaria en cada cosa; es hacerse cargo”, sostuvo uno de sus impulsores.

La iniciativa fue aprobada en 2024 en medio del debate de la Ley Bases. Tras más de un año, parece estar “a medio camino”. Introdujo el famoso “precio sin impuestos”, que busca exponer cuánto paga el consumidor por el bien que compra y sus tributos correspondientes. Esto fue incluido en el texto aprobado por el Congreso, pero su implementación está limitada.

Arrancó por impuestos nacionales. “Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios”, sostiene la ley. Es decir, no incluyó a los tributos provinciales y municipales.

Para ellos, la normativa estipuló: “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”. Fue una invitación. Muy pocos la aceptaron.

Según un relevamiento de la organización llamada Lógica, precursora del proyecto, sólo dos provincias adhirieron al Régimen de Transparencia Fiscal: Chubut y Mendoza. Su mapa muestra en rojo a las jurisdicciones que, según su criterio, no iniciaron gestiones para profundizar el ticket de “precios sin impuestos” y marca en amarillo a aquellas en las que la iniciativa se encuentra “en proceso”. En este último grupo se encuentran Salta, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero más allá de esas jurisdicciones, en uno de los despachos oficiales aseguraron que la iniciativa irá por más y que intentarán introducirla en las próximas conversaciones con los gobernadores. ¿En cuáles? Las iniciadas de cara a la segunda mitad de mandato de Javier Milei. Pese a la estrategia del diálogo, fuentes oficiales señalaron que también existe un “plan B”, diseñado especialmente para aquellas donde no esperan una buena recepción de la idea. “Ya existen los fierros (herramientas) para conocer cómo impacta Ingresos Brutos en las compras”, mencionó un funcionario.

De esta manera, señaló que está en preparación una resolución que busca crear un “agente de cálculo”, compuesto por representantes de ARCA, funcionarios del Ministerio de Economía, cámaras empresariales y, según el caso, representantes provinciales. Ese equipo, tal cual describieron, tendría la función de realizar un “coeficiente sobre comercio minorista” para determinar en canastas estandarizadas la incidencia de todos los impuestos sobre el precio de las cosas.

Las canastas estandarizadas, tal cual explicaron, apuntarían a comercios cercanos a la vida cotidiana. Entre ellos, especificaron que pondrá el foco en supermercados, casas de electrodomésticos y locales de venta de ropa.

Antes de hablar de este “agente de cálculo”, la organización Lógica, precursora del Régimen de Transparencia Fiscal, inició contactos con las provincias. Envió cartas en las que les preguntó si tenían la voluntad de implementar la iniciativa y si pudieran tener sanciones las empresas que empezaran a aplicarla por “motus propio”.

La provincia de Misiones les contestó: “No se tomarán represalias alguna en la jurisdicción para el caso que algún comercio, antes de que se dicte la norma, realice el informe por ustedes mencionado”.

La provincia de Entre Ríos también le respondió a los impulsores del Régimen de Transparencia Fiscal. “No se prevé la aplicación de sanciones a aquellos comercios o contribuyentes que voluntariamente informes dichos tributos locales”, según refleja una carta firmada por el gobernador Rogelio Frigerio.

La Ciudad de Buenos Aires aclaró que “no instará la instrucción de sumarios para evaluar la tipicidad de dichas conductas para la eventual aplicación de sanciones”, en referencia a los comercios que comenzaran a exponer la incidencia de los tributos porteños en sus tickets.

Las negociaciones formales por el siguiente nivel del Régimen de Transparencia Fiscal están a punto de iniciar. Sus impulsores reconocieron que, en el corto plazo, lograr un consenso en 12 de las 24 jurisdicciones sería “un buen objetivo”.

Según las cifras de la organización Lógica, en el precio de los alimentos la incidencia de los impuestos puede llegar al 42%. En el caso de la ropa, al 50% y en el de los autos, a 53%. Sostienen que transparentarlo puede ser un primer paso para luego bajarlos. O, eventualmente, para darles más herramientas a los consumidores a la hora de decidir donde comprar.