El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento y la excepción de cosa juzgada presentado por la defensa de Cristina Elisabet Fernández en la causa conocida como “Cuadernos”, en la que se investiga una presunta asociación ilícita y otros delitos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión como presidenta de la Nación.

La decisión, firmada este jueves por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Andrés Castelli y Fernando Canero, mantiene a la exmandataria como imputada y habilita la realización del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre.

Los argumentos de la defensa

El planteo de la defensa, encabezada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Llernovoy, se apoyó en la reciente sentencia de la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, que el 10 de junio de 2025 confirmó la absolución de Fernández de Kirchner respecto de la figura de asociación ilícita.

En base a este fallo, los abogados sostuvieron que existe una “superposición del objeto procesal” entre ambos expedientes y que, al haber sido absuelta por sentencia firme en “Vialidad”, no corresponde someterla nuevamente a juicio por el mismo hecho, invocando la garantía constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.

En palabras de la defensa, “en ambos procesos Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por la misma acción, esto es, tomar parte en una asociación o banda dedicada a cometer delitos indeterminados”.

Sin embargo, la fiscal general Estela Fabiana León, titular de la Fiscalía General n° 5 , consideró que “el planteo es formal y sustancialmente inadmisible por cuanto no demuestra, en los términos que exige la doctrina y jurisprudencia de la CSJN, un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho”.

La fiscalía remarcó que la defensa no describió un “mismo hecho histórico”, sino que “extrapola un ‘plan’ genérico para forzar una identidad que -a criterio de esta acusación, la jurisprudencia y las decisiones que se han dictado- es inexistente”. León subrayó que la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho “sólo bloquea un nuevo proceso por el mismo hecho histórico atribuido a la misma persona, no respecto de ‘planes’ o narrativas globales”.

En la misma línea, la Unidad de Información Financiera, representada por el director de Litigios Penales Mariano Ariel Galpern, también se opuso al pedido y descartó la identidad subjetiva, es decir, la coincidencia de personas imputadas, como argumento suficiente para aplicar la garantía de cosa juzgada.

Los argumentos de los jueces

El juez Enrique Méndez Signori, al fundamentar el rechazo, recordó que la defensa ya había presentado un planteo similar en 2018, bajo la figura de litispendencia, que fue rechazado por el juez instructor, la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. El magistrado explicó que “la presentación realizada por la defensa no se desprende con suficiente claridad la triple concurrencia exigida para considerar que podríamos encontrarnos ante un supuesto de doble juzgamiento: identidad de la persona perseguida, identidad de objeto de persecución y identidad de la causa de persecución”.

El juez Méndez Signori remarcó que “el planteo de la defensa se circunscribe a señalar de manera dogmática que ‘el comportamiento típico acriminado es absolutamente coincidente en uno y otro caso’, haciendo referencias a las coincidencias que existen en los expedientes, pero soslayando las circunstancias fácticas que -como lo indican las partes acusadoras- los diferencian e invitan a considerar que no se trata, prima facie, de la misma conducta”.

El tribunal también destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, en virtud de la “Convención Interamericana contra la Corrupción” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ambas con jerarquía legal en el país.

Por su parte, los jueces Fernando Canero y Germán Andrés Castelli adhirieron a los fundamentos de Méndez Signori. Castelli subrayó que “el planteo constituye una reedición de lo ya resuelto ahora bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada, habida cuenta que la firmeza de la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 en la causa CFP 5048/2016, no trae consecuencias en la decisión adoptada en la etapa instructoria”.

Tras estos argumentos, El tribunal resolvió: “rechazar el planteo de excepción por falta de acción y sobreseimiento formulado en este incidente por la defensa de Cristina Elisabet Fernández”.

La decisión del Tribunal Oral Federal 7 implica que la ex presidenta continuará siendo juzgada en la causa “Cuadernos”, sin que la absolución en “Vialidad” impida la continuidad del proceso.

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó la tramitación del amparo solicitado por una mujer para acceder a asistencia médica con el fin de poner fin a su vida.

La mujer padece una enfermedad incurable y progresiva e inició la acción judicial en diciembre de 2024 contra el Ministerio de Salud bonaerense, solicitando “la provisión de asistencia médico sanitaria, así como los fármacos e insumos necesarios para morir, ello como única alternativa de alivio a la situación en la que se encuentra”.

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En el fallo, al que tuvo acceso TN, la demandante describió su padecimiento como una enfermedad “incurable, progresiva y degenerativa” con más de 20 años de evolución, que le genera “padecimientos físicos, psíquicos y espirituales (…) de una crueldad inconmensurable que se agudiza día a día”.

Manifestó que los dolores que siente le resultan intolerables y que las condiciones de avanzado deterioro en que se encuentra hacen que su “existencia sea incompatible con la dignidad mínima que cualquier persona merece”.

La mujer aseguró no poder poner fin a su vida por sus propios medios debido a impedimentos físicos y reclamó el derecho a una “muerte asistida”, “suicidio asistido o eutanasia activa”, invocando derechos constitucionales como la dignidad, la intimidad, la autonomía de la voluntad y la prohibición de tratos crueles.

En primera instancia, un Juzgado de Moreno rechazó el amparo por inadmisible, argumentando que el trámite excepcional no es apto para un debate profundo sobre la tensión entre el derecho a la vida y la muerte digna, y que implicaría ordenar a terceros cometer un delito de homicidio. El juez citó la Ley de Derechos del Paciente (26.529), la Ley de Cuidados Paliativos (27.678) y la Ley de Prevención del Suicidio (27.130), concluyendo que el ordenamiento jurídico protege “de manera casi irrestricta la protección de la vida humana”.

En la misma línea, la Cámara confirmó la decisión al sostener que existe una ausencia de base normativa para autorizar la “interrupción de la vida por la acción de un tercero”.

Con insistencia, la mujer apeló esa decisión argumentando arbitrariedad en el rechazo in limine y aseguró que no busca una “expresa autorización para interrumpir la vida”, sino “ayuda humanitaria que sea necesaria para poder morir, como única y última alternativa que hace dignificante a mi persona padeciente”.

Tras analizar el caso, la Corte bonaerense, declaró fundado el recurso de la mujer y revocó el rechazo por considerar que violó el acceso a la justicia. Para los jueces, la Cámara incurrió en “una profunda contradicción” al reconocer la sensibilidad del caso, mientras “clausura despóticamente el asunto en su instancia inaugural”.

Para los magistrados, el amparo es idóneo ante la “gravedad y flagrancia del sufrimiento” y la ausencia de otras vías que eviten daño irreparable.

“Existe una tensión entre los derechos a la vida, a la autonomía de la voluntad y a una muerte digna”, se lee en la sentencia donde los jueces reconocieron la falta de base normativa expresa para la eutanasia, pero entendieron que el rechazo preliminar impide un control de constitucionalidad difuso.

“La ponderación constitucional que reclama de la judicatura es aquella dirigida a resolver la tensión que puede existir entre su derecho a la vida y su dignidad como persona humana”, explicaron.

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Es por eso que los jueces ordenaron darle curso al amparo a través de un nuevo juzgado de primera instancia. Al respecto, el fallo aclaró que esta decisión invita a un debate profundo, pero no garantiza que la práctica sea autorizada.

En ese marco, se remarcó que es el Congreso el que debe avanzar con una nueva normativa para este tipo de caso: “La satisfacción del interés de la demandante requeriría una modificación legislativa profunda, necesariamente precedida de un amplio debate social y de profesionales especializados”.

En otro pasaje de la sentencia, los jueces remarcaron que la mujer cuenta con cobertura del PAMI y, en todo el devenir de la causa, “no media ni una constancia de la efectiva prestación ni de un “servicio social” ni de “asistencia médica” y mucho menos “integral”. “Esta ausencia o silencio resulta casi tan cruel como la enfermedad misma y no puedo dejar de sorprenderme —no sé si por la veleidad o por la irresponsabilidad— de quien debe velar por el bienestar y la atención de nuestros adultos mayores».

Eutanasia, Justicia, muerte digna.