El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, denunció aprietes de cara al debate del proyecto de Ley de Modernización Laboral el próximo miércoles en el Senado. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista (PJ) en sus distritos” sostuvo el salteño en diálogo con Todo Noticias.

“Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, agregó el mandatario provincial. Hasta ahora, los distritos del PJ intervenidos son Misiones, Salta y Jujuy, lo cual tiene al gobernador salteño en cruces públicos con la cúpula del partido encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner.

“Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”, se quejó Sáenz.

En tanto, Córdoba amaneció con pancartas dedicadas a sus senadores nacionales: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, exJuntos por el Cambio y ahora libertarios, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba. Los lugares no fueron casuales: la casa del Frente Cívico, para Juez; la entrada del Nuevocentro Shopping para Álvarez Rivero, y la sede del PJ cordobés en el caso de Vigo.

“Vigo no seas cómplice”, apunta el mensaje. Cerca de la senadora, aseguran desconocer a los responsables del mensaje y niegan las presiones. A lo sumo, reconocen que hay sectores que se le acercan para hacerles saber su posición respecto de la reforma.

Los mensajes contra los senadores y la advertencia de Saénz se dan cuando faltan dos días para que se debate el proyecto de ley en el Senado. Si bien el Gobierno asegura tener los votos para aprobar la iniciativa, hay negociaciones con distintos sectores para reducir el impacto del proyecto en la recaudación de coparticipación de las provincias, como así también para introducir modificaciones en los artículos que atentan contra la representación y la recaudación sindical.

“Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, subrayó Gerardo Martínez en Infobae. El secretario general de la Uocra sostuvo que hay puntos del proyecto que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.

El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto para su implementación.

El texto, que ingresó esta mañana por la Cámara de Diputados, fija un costo total de $23.739 millones y detalla cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.

El proyecto mantiene, sin embargo, su núcleo más resistido: la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, aun cuando el consenso parlamentario mayoritario se inclina por fijarla en 14.

Actualmente, un menor de edad puede ser juzgado y condenado a partir de los 16 años.

En la versión presentada en 2024, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se atenderían con los recursos previstos en las leyes de presupuesto y mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. No se precisaban montos ni fuentes específicas de financiamiento.

Ese esquema es similar al utilizado en otras leyes votadas por el Congreso y luego frenadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, cuya aplicación fue suspendida por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que no definían con claridad la fuente de los recursos necesarios.

En el nuevo proyecto, en cambio, el Poder Ejecutivo fija un costo total de $23.739.155.303,08 para la implementación de la reforma. De ese total, $3.131.996.784,28 corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 a la Defensoría General de la Nación.

El Gobierno vuelve a insistir con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, pese a que la propuesta no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR. En el dictamen que logró avanzar el año pasado -y que servirá de base para el debate de este año- el piso se fijó en 14 años. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del Gobierno como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador.

El texto original, además, preveía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.

También se incorporaron criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios u otros hechos de violencia grave. El dictamen, además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.

El proyecto será tratado este miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, y el jueves llegará al recinto de Diputados. Está firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.