El peronismo cerró un año cargado de batallas intensas y dañinas. Peleas intestinas, interminables y, en muchos casos, inútiles. Acusaciones permanentes, reproches incesantes y futurología negativa. Para adelante no hay nada bueno si no es en unidad, dicen algunos. Para adelante lo bueno solo vendrá si se dividen las aguas, dicen otros.

El pasado reciente del peronismo, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, está atado al futuro inmediato. Porque las diferencias se mantienen en el tiempo y la discusión de fondo sobre si se debe quebrar o no el esquema político, permanecen vigente en el medio del fuego cruzado.

El año terminó con Cristina Kirchner internada y despojada de su conducción política a través de las redes sociales y con Axel Kicillof haciendo carretear su proyecto nacional para que el despegue se concrete en febrero, cuando avance, con mayor velocidad, el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país.

El 2025 finalizó también con el interbloque de senadores peronista inmerso en una cacería de brujas luego de que la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada votaran el Presupuesto 2026, alineado a los pedidos de los gobernadores a los que responden: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Ambos son socios importantes de la Casa Rosada y rivales internos del kirchnerismo.

La tensión creciente que hay en el interbloque de la Cámara alta puede terminar en una fractura durante el primer semestre del año que comenzó hoy. No es la primera vez que el kirchnerismo pone en el foco de la represalia a estos tres senadores. Fueron los mismos que acompañaron la sanción del RIGI, en un apartado de la ley Bases, y generaron una avanzada K decidida, furiosa y viral, contra la decisión.

Los gobernadores de Catamarca y Tucumán están completamente desalineados del esquema principal del peronismo. Los filo peronistas como el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Passalaqua, juegan su propio juego hace tiempo y transformaron sus estructuras políticas en partidos provinciales que contienen a un sector del PJ. El armado federal del peronismo está desvencijado.

Los pocos mandatarios que quedaron dentro de Fuerza Patria se unificaron en una mesa política que obtuvo visibilidad, un par de semanas atrás, en la casa de La Pampa en Buenos Aires. En ese encuentro estuvieron una veintena de legisladores que les responden, y no fueron invitados aquellos alineados a Máximo y Cristina Kirchner.

Durante esa reunión hubo un acuerdo común para que ese bloque empiece a pesar más en el armado político del peronismo y, especialmente, para que tenga influencia directa en la prioridad de los temas que impulsan los bloques parlamentarios en las dos cámaras del Congreso. Se sienten relegados y están cansados de la forma de conducción del cristinismo.

Son los mismos mandatarios los que van a intentar ganar protagonismo durante este año que arranca. Ellos, que saben con exactitud como funciona el poder en el peronismo, advierten que el 2026 es determinante para fundar un proyecto político nacional que sea competitivo a mitad del 2027, cuando Javier Milei quiera revalidar su mandato. A partir de hoy empezó a correr el reloj de arena.

Además, al mismo tiempo, cada uno debe empezar a empujar, con decisión, la discusión interna en sus provincias para ver quiénes van a ser sus sucesores. Es el caso del pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella, el formoseño Gildo Insfrán y Axel Kicillof, que tiene por delante el desafío de constituir su proyecto presidencial y sumar poder en su voz, para abrirle el camino a un nombre propio que lo reemplace y sea parte de su esquema político.

El que más suena en estos tiempos difusos del PJ es el nombre de Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura, que se convirtió en un negociador todoterreno al que en el kicillofismo le valoran “jugar bien” en las múltiples batallas internas que enfrentaron en La Plata contra el cristinismo. Del otro lado del mostrador aparecen nombres como el de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro o Mayra Mendoza.

En esa lista, y también en la que tiene nombres presidenciables, está Sergio Massa. El ex ministro de Economía es uno articulador permanente de las voluntades del peronismo. Tanto a nivel provincial como nacional. Y está siempre presente en las ternas donde se compite por los votos. En su intimidad siempre suele poner paños de agua fría a cualquier especulación, pero su apellido suele estar atado a muchas hipótesis futuras que hay en Fuerza Patria.

El peronismo cerró un año donde el liderazgo de Cristina Kirchner quedó muy golpeado. No solo por su condena en la causa Vialidad, la que le impide ser candidata en las elecciones, y su detención en San José 111, sino también por el avanzado desgaste de un ciclo político, con ella a la cabeza, que empieza a cerrarse. Así lo piensan en la mayor parte de la fuerza política, salvo en el camporismo, donde intentarán sostener su imagen, su figura espiritual y su poder auténtico hasta donde les dé la nafta.

Casi por un acto reflejo, CFK intentará este año conservar el poder que le queda. Su centralidad, su influencia (aún muy importante) en los dos bloques legislativos del Congreso, y su capacidad de condicionar armados provinciales en las negociaciones que atraviesan los límites federales. Y, sobre todo, su figura inmaculada para un sector del electorado bonaerense.

Hay una aceptación mayoritaria en el peronismo del interior respecto al lugar que debe ocupar la ex presidenta. La propuesta nacional y popular que surja es con ella adentro, concentrada en el conurbano bonaerense y sin capitanear el barco. Es con ella pero con limitaciones. Ya no tiene el poder necesario para imponer condiciones. Y la política es, ante todo, muy cruel, cuando el poder se escapa entre los dedos.

El peronismo afronta un cambio de ciclo innegable. En el año que arrancó este jueves empezará a visibilizarse esa modificación que primero es abstracta y después termina siendo concreta. No es un capricho de la política, es un reclamo de las mayorías. Que, en definitiva, son las que marcan el pulso de las elecciones. Las que ponen los votos en las urnas y las que tuercen el rumbo de las imposiciones de la dirigencia.

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El oficialismo ya despliega su estrategia para sancionar los proyectos de Modernización Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares en febrero. Los proyectos ya fueron dictaminados por la mayoría libertaria y busca consensuar con los senadores dialoguistas. Habrá nuevamente un rol fundamental de la senadora Patricia Bullrich, del diputado Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli.

A partir del próximo 2 de febrero habría una nueva convocatoria al Congreso por parte del Presidente Javier Milei. Las dos primeras iniciativas ya cuentan con el dictamen de las comisiones respectivas, pero se buscarán avanzar durante enero con acuerdos y consensos políticos. El proyecto vinculado a la reforma del Código Penal debe ingresar aún al Congreso. El Gobierno tenía decidido enviarlo a Diputados, pero la construcción de mayorías alcanzadas en el Senado para aprobar el Presupuesto 2026, incluso con votos peronistas, hacen dudar al oficialismo de la conveniencia de iniciar el debate por la Cámara alta.

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La Reforma Laboral

El dictamen se firmó durante diciembre y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo y titular de la Comisión de Trabajo, programó para el próximo 11 de febrero la sesión para discutir el proyecto.

Sabe Bullrich, con su experiencia legislativa, fue varias veces diputada nacional, que sin consensos la iniciativa podría correr riesgos de ser aprobada. “El dictamen está abierto para escuchar propuestas “, dijo la legisladora porteña.

En el oficialismo, Pablo Cervi le dijo a TN: “La Argentina arrastra desde hace décadas un problema estructural en el mercado de trabajo: alta informalidad, bajo nivel de creación de empleo privado y una legislación laboral que no se adapta a la realidad productiva actual. Más del 40% de los trabajadores está fuera del sistema formal, sin derechos ni protección. El objetivo central (de la ley) es generar más empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que son las principales creadoras de trabajo, pero también las más afectadas por la rigidez normativa y la alta litigiosidad”.

Mientras que desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Hugo Yasky, en sintonía con la bancada de senadores peronistas que lidera José Mayans posteó en sus redes sociales: “Las dos CTA nos reunimos con el gobernador (de Buenos Aires) Axel Kicillof ante el peligro para el trabajo y la producción que representa la reforma laboral. Es ridículo creer que una reforma en la que el Estado financia los despidos con la plata de los jubilados puede crear más empleo. Es exactamente al revés: la intervención del Estado para fomentar la producción y el consumo interno pasa por impulsar el aumento de los salarios y el poder adquisitivo”.

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Un punto de conflicto

La Reforma ya generó posturas encontradas respecto a la litigiosidad ante el incumplimiento de las normas que regulan el Trabajo, el senador libertario Bartolomé Abdala entiende que el proyecto del Poder Ejecutivo, “termina con la industria del juicio, que perjudica tanto a Pymes como a trabajadores. Por eso, respaldo la necesidad de contar con reglas claras y acuerdos que desarticulen el conflicto permanente”.

Por su parte, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, emitió un comunicado donde expresó respaldo a la Modernización Laboral, pero dejó en claro que, “resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”, manifestó Gil Lavedra.

Cambios en la Ley de Glaciares

El segundo proyecto que ya dictaminaron las comisiones de Ambiente y de Minería, Energía y Combustibles, es la Ley de Glaciares. Otro proyecto con final abierto para lograr las mayorías requeridas. El principal respaldo de esta iniciativa son los mandatarios provinciales.

Dos de ellos, el de San Juan, Marcelo Orrego y de Catamarca, Raúl Jalil, pasaron por el plenario parlamentario. Orrego dijo que “en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación”.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló: “En la provincia se registran cerca de 3000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5000 empleos en otras actividades”.

Mientras que el Foro de Encuentro Reformista cuestionó la modificación a la Ley de Glaciares: “Debilita la protección de uno de nuestros bienes estratégicos más vitales: el agua. No se trata de una disputa política circunstancial, estamos ante una ruptura estructural. En pleno Año Internacional de la Preservación de los Glaciares declarado por la ONU, se busca debilitar la Ley 26.639. La reforma propuesta transfiere a las provincias —muchas sin capacidad técnica suficiente— la decisión sobre qué glaciares proteger, reduce el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Glaciología) y desmantela la lógica constitucional de los presupuestos mínimos ambientales. Sin arbitraje nacional basado en conocimiento científico, se compromete el acceso al agua de millones de personas y se abren conflictos interjurisdiccionales que afectarán economías existentes. Argentina necesita generar recursos, la minería puede ser parte de la solución, pero no a cualquier costo. Cuidar el agua y los glaciares no es ser anti minero: es ser responsable”.

El documento lo firman, entre otros, Claudia Piñeiro, Diana Maffía, Laura Echezarreta, Elsa Mastronicola, Javier José Vázquez, Manuela Thourte, Daniel Sabsay, Ricardo Gil Lavedra, Inés Halm, Manuel Garrido, Lilia Puig, Juan Pedro Tunessi, Fabiana Túñez, Aníbal Barengo, Laura Musa, Maristella Svampa, Ariel Dulevich Uzal, Esteban Paulon y Lucía Alberti.

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La reforma laboral asoma como el renglón número uno de la agenda legislativa del oficialismo en el arranque del 2026. No es lo único. Javier Milei apuesta a aprovechar el impulso del final de diciembre para sumar reforma tributaria y compromiso fiscal, ley de glaciares y código penal, entre otros temas, todos densos. Y entonces, buena parte de enero será ocupada por intensas gestiones, públicas y reservadas, para tratar de reproducir el acompañamiento de gobernadores, decisivo para coronar el Presupuesto. Eso anticipa negociaciones mano a mano con cada jefe provincial: sería la repetición de la costosa fórmula de negociar tema por tema para asegurar votos en cada cámara del Congreso.

Los gobernadores que actúan como socios y los que juegan como aliados o dialoguistas tuvieron una final de año con alivio para las cuentas provinciales, después de una larga temporada -en especial, octubre y noviembre- sin aportes sustanciales del poder central. Y esperan ahora las nuevas tratativas. Diego Santilli asoma entre los funcionarios sin vacaciones a la vista. Lo mismo ocurre con Karina Milei y sus extensiones, Martín y Lule Menem. Están abiertos además los canales que maneja ahora con menos ruido Santiago Caputo. Y se mantiene la permanente atención de Hacienda.

La reforma laboral fue anotada para fines de enero o inicios de febrero, en la segunda etapa de sesiones extraordinarias. Pero ya antes y desde las cercanías de algunos jefes provinciales -en particular los peronistas que fisuraron a UxP y tejieron acuerdos con el Gobierno- dejaron trascender prevenciones por puntos del proyecto que podrían afectar la recaudación de impuestos gravitantes en la coparticipación federal. De todos modos, no es el único tema inquietante del texto enviado por el Ejecutivo, que desarmó algunos puentes, transitados aunque no muy sólidos, con integrantes de la CGT.

La dureza del proyecto es atribuida básicamente a Federico Sturzenegger. Y son señalados aspectos como la llamativa extensión del criterio de “servicios esenciales” para los casos de medidas de fuerza gremiales o la creación del fondo para atender indemnizaciones, que podrían ser judicializados, según la opinión de expertos en la materia. Patricia Bullrich habría dejado abierta la puerta para discutir algunos temas específicos, frente a reparos surgidos en el rápido trámite para lograr dictamen.

Por lo pronto, las conversaciones centrales pasarían por los gobernadores, con el arrastre de un interrogante que remite al trabajoso camino del Presupuesto: ¿por qué los acuerdos con las provincias funcionaron sin fisuras en el Senado pero no alcanzaron, antes, para sostener el famoso Capítulo XI en Diputados? En buena medida, porque se acrecentaron los compromisos y giros de fondos desde la Nación por diversos rubros. Y también, precisamente, porque el golpe del traspié violeta en la Cámara baja terminó facilitando el trámite en la otra ala del Congreso.

Bullrich, dicen incluso en el oficialismo, fue quien mejor y rápidamente interpretó el cuadro pintado por Diputados en el tratamiento del Presupuesto. El oficialismo había logrado la aprobación del proyecto, pero lo vivía como una derrota porque resultó volteado el intento de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El malestar de Olivos fue alimentado por el voto en contra de legisladores que responden a jefes provinciales aliados. Pero el enojo extremo, que exponía la intención de volver a la carga con tales artículos, debió ser diluido para asegurar la sanción de la ley. Y en ese proceso jugó especialmente la ex ministro.

La jefa política del oficialismo en el Senado supo que el Presupuesto sólo tenía destino si era tratado con el texto tal como había salido de Diputados. Eso quedó expuesto en dos encuentros con jefes de bloques socios y dialoguistas, uno presencial y otro virtual. Y entonces, el objetivo pasó a ser olvidarse del trago amargo y concentrarse en evitar rechazos a otros puntos, vinculados con la inversión en educación e investigación. Para muchos senadores que finalmente acompañaron a LLA fue todo más fácil: el tema más sensible -discapacidad, universidades públicas- había sido saldado en la Cámara baja y, a la par, sus jefes políticos -es decir, gobernadores- conseguían un trato mejor con el Gobierno.

Algunos cálculos que circularon en el Congreso dicen que el incremento de los giros a las provincias terminó siendo, en pocos días de diciembre, superior a cualquier mes del año. Más aún, los movimientos fueron notorios en la semana corta de la Navidad, es decir, en los umbrales de la votación del Senado. Y la movida habría favorecido especialmente a provincias en manos del PJ negociador.

Tres rubros se destacaron como fondos para garantizar la sanción del Presupuesto. En primer lugar y como siempre, los ATN, que son los aportes más discrecionales. También, deudas por el viejo consenso fiscal. Y en casos muy puntuales, compromisos por cajas de jubilaciones no transferidas. En general, los distritos mejor atendidos fueron algunos del peronismo con juego por fuera de UxP (Tucumán, Catamarca, Salta), aliados ex JxC (Entre Ríos, Chaco) y provinciales o “independientes” (Misiones, San Juan).

El Gobierno se mueve en un tablero que resulta paradójico. Por un lado, es beneficiado por la fragmentación política, que profundizó el papel de los gobernadores como piezas sin atadura a espacios políticos nacionales. Y a la vez, eso transforma a cada jefe provincial en pieza clave porque puede asegurar alineamiento de “sus” legisladores. Resultado: aumenta su cotización política. Y se refleja en lo que cada uno consigue para su distrito y su proyecto personal.

Los operadores de Olivos deben sumar pactos uno por uno, y proyecto por proyecto. No se trata de un sistema de alianzas sino de un mecanismo de acuerdos individuales. La próxima prueba es la reforma laboral. Será un arranque de año muy intenso.