El gobierno de Javier Milei está a punto de concretar el primer gesto político hacia Antonio Kast, quien asumirá mañana la presidencia de Chile, en la ciudad de Valparaíso.

El Presidente firmará la extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, con pedido de captura en su país por el asesinato de un senador en 1991, y con status de refugiado político en la Argentina desde 2010, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Así lo confirmaron a altas fuentes del gobierno chileno.

“A nosotros se nos ha comunicado que el tribunal federal y la Cancillería argentina han llegado al acuerdo de que es el jueves a las 9.30 horas, ese día debería firmarse”, afirmó a radio Universo de ese país el ministro de seguridad pública de Chile, Luis Cordero, y calificó la extradición de Apablaza como “inminente”.

Desde el Gobierno evitaron confirmar a el día y la fecha de la extradición, aunque dos fuentes oficiales afirmaron que en los próximos días “habrá información” sobre el caso. El Presidente tiene previsto regresar al país mañana por la tarde, luego de su visita a Estados Unidos y de participar, precisamente en Chile, de la ceremonia de toma del poder de Kast, dirigente del Partido Republicano. Milei estará allí junto con otros mandatarios de la región como Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), y el rey Felipe VI de España.

El pedido de extradición de Apablaza, acusado y con pedido de captura por su participación en el asesinato del fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán, es de larga data y abarcó no solo a gobernantes y dirigentes de derecha como Sebastián Piñera y Kast, sino además al presidente saliente, el socialista Gabriel Boric, quien reclamó a su par Alberto Fernández durante su visita a la Casa Rosada, en 2022.

Apablaza, integrante del Frente Patrótico Manuel Rodríguez, tiene 75 años y según las últimas informaciones conocidas viviría en una quinta en el gran Buenos Aires junto a su familia. A través de su entonces canciller, Héctor Timerman, y de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), el gobierno kirchnerista le concedió el estatus de asilado político, que el gobierno de Mauricio Macri revocó en 2017. Con el asesoramiento de la Defensoría General de la Nación, Apablaza Guerra cuestionó esa decisión administrativa ante la Justicia, en el fuero contencioso administrativo federal, y su caso se mantuvo indefinido desde entonces hasta mediados de febrero, cuando la misma Justicia le quitó el asilo político, paso previo ineludible para ordenar su expulsión del país.

“Esperamos que en algún minuto cumpla su condena o sea sometido a proceso como corresponde”, dijo Kast, al salir de la Casa Rosada en su visita del 16 de diciembre pasado. En aquella oportunidad, dos días después de ganar el balotaje y convertirse en presidente electo, Kast insistió en que son los tribunales chilenos quienes “tienen que resolver” el caso, con Apablaza de nuevo en territorio chileno.

En la entrevista radial, Cordero dijo haber conversado sobre el asunto con con “la ministra de Seguridad argentina (Patricia Bullrich) hace una semana y media o dos semanas”, aunque Bullrich es senadora nacional desde diciembre último y ese puesto lo ocupa su sucesora, Alejandra Monteoliva. “Mantenemos una coordinación permanente, no sólo con la embajada (en Buenos Aires) sino que con los agregados policiales”, dijo Cordero, sin dar demasiados datos y en sus últimas horas como ministro del gobierno de Boric, que finaliza formalmente mañana.

Detenido por primera vez en Buenos Aires hacia 2004, el entonces juez Claudio Bonadio le denegó la extradición en 2005 y el caso llegó a la Corte Suprema, que en 14 de septiembre de 2010 revocó esa decisión y autorizó la extradición a condición de lo que decidiera la Conare sobre la condición de refugiado. En la resolución, la Corte señaló que es el Poder Ejecutivo quien decide sobre la extradición, según lo dispuesto en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que establece: “Ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Corte, de todos modos, expresó en aquella oportunidad que no creía el asesinato de Guzmán fuera un “delito político”, lo que daba pie a la desestimación del asilo político concedido por el kirchnerismo. Pasaron desde entonces más de 15 años, en los que Apablaza pudo seguir en el país y esquivar la justicia de Chile.

Si finalmente el Presidente firma en las próximas horas el decreto autorizando la extradición de Apablaza, Kast se habrá apuntado un éxito político a horas de haber asumido el cargo en el vecino país.

Tras un febrero agitado, con tres sesiones de tablas y la sanción de otras tantas leyes, el Senado se apresta a enfrentar una semana de transición, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida cuáles serán los proyectos de ley que pretenderá impulsar como parte de la serie de reformas que anticipó, aunque sin entrar en detalles, el presidente Javier Milei el pasado 1.° de marzo en su discurso sobre el estado de Nación ante la Asamblea Legislativa.

Por lo pronto y para no perder el impulso de las extraordinarias, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), planea convocar a sesión esta semana, aun cuando no tenga proyectos de ley o dictámenes de comisión en condiciones de ser discutidos. El temario, o su ausencia, se definirá este martes, a las 18.30, en una reunión de Labor Parlamentaria.