POLITICA
Javier Milei prevé volver a convocar a sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero
El Gobierno prevé volver a convocar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero, con el objetivo de retomar el tratamiento de la reforma laboral y de las modificaciones a la Ley de Glaciares. Se trata de la fecha que tiene en carpeta el Ejecutivo para retomar la actividad legislativa. Lo definió en reuniones de este lunes.
En la Casa Rosada tienen previsto que el presidente firme el decreto que oficializa la convocatoria en la última semana de enero. La intención de la mesa política de Balcarce 50 es acelerar las negociaciones con los legisladores y gobernadores aliados durante enero para llegar al Congreso con acuerdos macro.
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La reforma laboral ya cuenta con dictamen, pero no llegó al recinto porque el oficialismo definió priorizar la sanción del Prespuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal, que promueve el uso de dólares del “colchón”. Los cercanos al jefe de Estado no descartan cambios en el texto que modifica el régimen del trabajo para lograr su sanción.
“Todo lo que no tenga que ver con la creación de empleo puede quedar afuera”, agregan. Los interlocutores oficiales mantienen la postura igualmente de que no planean convocar a las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar en el corto plazo y le bajan el tono a la posibilidad de que se convoque a un paro general.
En el Gobierno reconocen que los cambios tributarios de la reforma laboral implican un costo fiscal estimado en torno al 0,5% del PBI, pero apuestan a que el impacto sea compensado por un aumento de la formalidad y del empleo registrado. Según proyecciones privadas, ese porcentaje equivale a una merma de ingresos cercana a US$3500 millones anuales.
Es una cifra que es superior a las estimaciones difundidas que se concentraron en el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y lo ubicaron en torno a US$2500 millones por año. Se trata de la reasignación del 3% de las contribuciones patronales desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a financiar indemnizaciones por despido.
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Los rendimientos quedan exentos del impuesto a las ganancias y del IVA, con excepción de las comisiones. Es la parte del articulado que más le interesa al Ejecutivo porque buscan recapitalizar el mercado local a través de la inversión de ese monto. El documento que la Casa Rosada envió al Senado abarca además otros cambios tributarios.
Contempla la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo, la exención de ese tributo sobre la venta de inmuebles por parte de personas humanas, la ampliación de exenciones para ciertos rendimientos financieros, la devolución acelerada del saldo técnico de IVA para medianas inversiones y la eliminación de varios impuestos internos selectivos.
El Gobierno argumenta que una pérdida de US$3500 millones -equivalente a 0,5% del PBI— no pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas si se cumplen las metas del Presupuesto 2026. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, lo que permite absorber ese costo sin incurrir en déficit.
La apuesta del Ejecutivo se basa en que la reforma laboral reduzca el costo del empleo formal, incentive la registración y eleve la base imponible, lo que permitiría compensar parte de la baja inicial de ingresos con mayor recaudación por IVA, Ganancias y aportes sociales. El sector menos optimista del oficialismo advierte que el impacto puede ser “muy lento”.
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En la Casa Rosada descartan por el momento enfocar los esfuerzos en negociar otras iniciativas como el nuevo Código Penal o el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La estrategia oficial es avanzar de manera escalonada, priorizar las reformas vinculadas a lo económico e intentar evitar choques con aliados.
En Balcarce 50 admiten que la estrategia fiscal está atada a una secuencia política y económica más amplia. Es por eso que definieron fragmentar la reforma tributaria y avanzar primero con los cambios incluidos en la reforma laboral, mientras postergan un rediseño integral del sistema impositivo -como la modificación del IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en la coparticipación- por falta de margen fiscal y consenso político.
Gobierno, sesiones extraordinarias
POLITICA
Tras ganar las elecciones de Gastronómicos, Barrionuevo repartió acusaciones por su interna y le puso un fuerte apodo a Macri
Luis Barrionuevo asumió su nuevo mandato como titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), tras haber ganado las elecciones realizadas este lunes en las 49 seccionales del gremio en todo el país.
El líder sindical presidió el acto de asunción que se hizo este martes en la sede de la UTHGRA, en avenida de Mayo al 900, con un discurso en el que hizo un relato del largo conflicto con Dante Camaño, su ex cuñado, por el control de la Seccional Capital del sindicato, la más numerosa.
Fiel a su estilo, Barrionuevo apuntó contra la Secretaría de Trabajo por haber “dejado la responsabilidad que tiene de atender los problemas que las organizaciones sindicales y pasarle toda la responsabilidad a la Justicia, pero fue más duro contra el estudio jurídico Recalde y, en particular, contra Mauricio Macri, a quien llamó “el ángel exterminador” y acusó de haber influenciado a jueces para que lo perjudiquen con los fallos judiciales.
Tras señalar que la actitud de la Secretaría de Trabajo produjo que “se demorara todo”, dijo que “allí es donde se empieza a manipular y donde también intervienen los políticos, las injerencias y las sugerencias”.
Mencionó que tuvieron “bastante trabajo contestando permanentemente las cautelares que ponían (sus rivales internos)” y recordó que el conflicto comenzó cuando se hicieron las elecciones en la Seccional Capital, que lidera Camaño, en diciembre de 2021. “Ahí empezó el tema judicial y en este andamiaje de cautelares y de contestaciones es donde influyó la parte política”.
Barrionuevo mencionó al estudio jurídico Recalde, al que vinculó con fallos desfavorables hacia él porque “la esposa del fallecido Héctor Recalde es jueza en una de las salas (de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), que fue la sala que empezó a jugar en contra”.
“Pero el estudio jurídico también lo ha hecho en UATRE, con extorsiones, con pedidos de coimas, y lo mismo han hecho en UTA y después se metieron con nosotros -sostuvo-. Atrás de todo esto empezó la política y hay uno al que le dicen El ángel exterminador, rubio de ojos celestes, Mauricio Macri”.
El sindicalista explicó que lo llama así al titular del PRO porque “exterminó la alianza que se había conformado, Cambiemos y ahora está exterminando al PRO, que está en extinción total” y dijo que Macri “influyó en la Corte Suprema de Justicia mandando a los abogados de él” para hablar con “dos jueces en la Corte que están” desde su gestión presidencial. Y agregó: “Todo eso trajo aparejado demoras y ahora también ahora influyó llamando él personalmente a la jueza del Consejo Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y así fue que con la cautelar nos frenaron las elecciones”.
Según Barrionuevo, finalmente “la misma Cámara que nos suspendió las elecciones y nos dejó fuera de la elección, nos dio a nosotros, a la Junta Electoral, la facultad para que prosiga el comicio que estaba suspendido”.
“En el día de hoy, ellos trataron de frenar las elecciones en la misma sala, pero la Sala VI (de la Cámara) le contestó que está todo terminado y a quejarse adonde puedan, que lo busquen a Mauricio Macri”, destacó.
Para el dirigente gremial, pese a todos los avatares “esto terminó bien”, luego de lo cual detalló: “Terminamos con lista única y donde hubo dos listas, como en Bariloche, por ejemplo, las dos acompañaron al Consejo Nacional. Después, Catamarca, La Rioja, que no influye nada, también se ganó. Y San Juan también. Con lo cual, en todo el país ganó la Lista Celeste por unanimidad”.
Resaltó que, aunque “al haber única lista, se hace difícil que la gente vaya a votar”, se dio un “fenómeno” de concurrencia a las urnas en UTHGRA: “Récord absoluto en Córdoba, récord en Mar del Plata y de Capital Federal ni hablar, votaron casi 35.000. Así fue en todo el país”.
“Por eso creo que esto se gana, se gana con administración, con gestión y con desarrollo -dijo Barrionuevo-. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros durante estos cuarenta años? Darle al trabajador y a la familia lo mejor. Y le podemos dar mucho más».
Al acto asistieron empresarios del sector hotelero y gastronómico y sindicalistas como Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Calegari (UTA) y Gastón Frutos (panaderos), entre otros, y se leyó un mensaje de felicitación enviado por el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros).
POLITICA
El juez de Campana pidió quedarse con la causa por la fastuosa quinta de Pilar valuada en US$ 20 millones
El juez federal de Campaña Adrián González Charvay pidió a su colega en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que se inhiba de seguir investigando la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, valuada en 20 millones de dólares y que se sospecha es de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Aguinsky, que es juez de la Capital, especializado en delitos económicos, insistirá en quedarse con el caso, con lo que el conflicto entre ambos magistrados deberá ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.
Los jueces de feria de la Cámara en la primera quincena de enero son Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.
Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.
El juez Marcelo Aguinsky se quedó con la causa por decisión de la Cámara Federal, que dijo que de todos modos no era una situación definitiva.
Los investigados como testaferros de Pablo Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.
Por eso, le platearon a Charvay que le requiera a Aguinsky la inhibitoria. Y así lo hizo hoy el juez de Campana, previa opinión del fiscal federal Sebastián Bringas, que se opuso a esa medida.
El juez entendió que le corresponde investigar la acusa al amparo de las garantías del juez natural, dado que el objeto de la investigación se encuentra en la jurisdicción de su tribunal.
Dijo Charvay: “Entiendo que, si la hipótesis que comprende el objeto procesal de la presente fue encuadrada -en principio- en el supuesto típico del artículo 303 del Código Penal [Lavado de dinero] y habría tenido lugar en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, resulta este Juzgado competente en razón del territorio”.
Y abundó al sostener que ese criterio ya fue sostenido en otras causas por la Cámara Federal de San Martín por una causa con una hipótesis delictiva similar.
En ese caso, los denunciados eran funcionarios que residían en Pilar y se habrían hecho operaciones patrimoniales en esa jurisdicción.
“Teniendo en cuenta que la hipótesis delictiva trazada se circunscribe al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y siendo este Juzgado Federal de Campana al que por ley le corresponde entender en la causa”, el juez González Charvay dispuso “solicitar al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10 que se inhiba de seguir entendiendo” en el caso y le remita el expediente.
Adrián González Charvay es un juez que conoce las implicancias políticas que trae aparejado su cargo.
Sus decisiones se cruzaron con los deseos del Gobierno de Javier Milei, por ejemplo, cuando recientemente le dio nueva vida a la ley de emergencia en discapacidad, que un decreto presidencial había suspendido o cuando permitió a la municipalidad de Pilar cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo postura del gobierno nacional.
González Charvay reemplazó como juez a Federico Faggionatto Márquez, quien fue destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez y acusado de quedarse con el dinero producido por un campo de soja, que estaba secuestrado en una causa bajo su instrucción.
Aunque González Charvay ya tenía experiencia en el juzgado federal número 1 de San Isidro, como secretario, y además fue secretario de la Cámara Federal de San Martín.
Es un hombre de la familia judicial de la zona norte del conurbano, una rama diferente de la Comodoro Py 2002, con gimnasia para la política, aunque más lejos de los reflectores de los medios porteños.
Allí campea la influencia política del binguero radical, empresario y expresidente de Boca Daniel Angelici, con terminales en la Cámara Federal de San Martín y diálogo con todos los jueces federales de la zona. Aunque el juez federal no es tropa de Angelici, a quien conoce socialmente y como operador judicial.
En Zárate-Campana, una de las rutas favoritas para el paso de la droga por la Argentina, el juez federal fue implacable con el narcotráfico. Operativos con miles de kilos de cocaína decomisados fueron dirigidos por el magistrado. Metió preso a un narco que acopió 3.000 kilos de cocaína para llevarla al mundial de Qatar. Frustró el envío y secuestró 1.650 kilos de cocaína que iban a Asia, valuados en 60 millones de dólares. No dudó en detener a gendarmes cuando aparecieron robando droga e impuso condiciones de arresto durísimas para los narcotraficantes, inspiradas en los castigos de la justicia italiana a los mafiosos.
En su carrera como juez fue el encargado de mandar a juicio oral al exintendente de Pilar del Pro Nicolás Ducoté el 5 de mayo de 2022, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas.
La causa terminó de enterrar las aspiraciones políticas de Ducoté. Aunque el principal motor del caso contra Ducoté fue la información que llegó del Gobierno nacional.
González Charvay ya había mandado a juicio a otro intendente antes, Osvaldo Cáffaro, de Zárate. Allí el jefe comunal fue sepultado por las pruebas que aportó rápido el propio ministerio de Planificación, en manos de Julio De Vido en esa época.
González Charvay no oculta que tiene relación con la mayoría de los seis intendentes que están en jurisdicción del juzgado federal de Campana.
Achaval logró otra victoria en el juzgado cuando consiguió que se aprobara una cautelar contra el Gobierno de Javier Milei cuando suspendió la construcción de la universidad de Pilar. González Charvay hizo lugar a una cautelar de Lizzie Wanger, rectora de la futura casa de estudios y permitió que se siga adelante con el proyecto.
El fallo no juzga si es políticamente oportuna o no la medida del Gobierno, sino que pone el acento en que una resolución ministerial no puede estar por encima de una ley nacional, provincial o la autonomía municipal.
Hernán Cappiello,Conforme a
Tras varios allanamientos, la Justicia encontró un contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni.
El hallazgo se produjo durante los procedimientos realizados en la sede de Viamonte. Se trata de un documento de mayo de 2021.
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Según pudo saber TN, el contrato le otorgaba a TourProdEnter la exclusividad para recaudar los fondos de los contratos hechos por la AFA en el exterior, como con sponsors, los contratos de televisación y la recaudación también de esos partidos.
Los investigadores también encontraron como parte de esos movimientos financieros la recaudación de US$78 millones aportadas por la empresa alemana que sponsorea la camiseta argentina.
Ahora, el juzgado a cargo de la investigación le pidió información a cuatro bancos de Estados Unidos sobre todas las transacciones entre esta empresa y las cuatro offshores involucradas.
De acuerdo a lo que explicó el periodista Sergio Farella al aire de TN, esta data requiere de un trámite que se cursa a través de un tratado de colaboración mutua.
En las últimas horas, Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.
El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional.
También se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa.
La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, quién se encuentra en Uruguay.
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En el expediente figuran además, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.
AFA, Javier Faroni, documento, contrato
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