Los docentes universitarios iniciaron este lunes un paro nacional de una semana que afectará el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país. La medida forma parte de un plan de lucha más amplio que prevé nuevas semanas completas de cese de actividades y una movilización federal en abril.

La decisión fue tomada por el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial.

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Los gremios advirtieron además que el conflicto podría escalar durante el semestre si no se reabren las paritarias y si avanza en el Congreso una eventual modificación de la ley de financiamiento.

La marcha federal universitaria —con fecha tentativa para el 23 de abril— buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. Por eso será coordinada con el Frente Sindical Universitario y con organizaciones estudiantiles, con el objetivo de replicar la masividad de las protestas que el sistema universitario protagonizó durante los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.

Además, las organizaciones gremiales prevén instalar una “carpa por la universidad y la soberanía” en distintas ciudades del país. La iniciativa buscará visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar el respaldo de otros sectores sindicales y sociales.

El plan de lucha durante el primer semestre

El Congreso de Conadu reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales. Ratificó el paro de esta semana y definió avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril.

Desde la federación explicaron que las medidas se inscriben en un plan de lucha progresivo que abarcará todo el primer semestre del año y que será monitoreado por el plenario de secretarios generales del gremio.

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“El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, señalaron desde Conadu al anunciar la profundización del conflicto. También insistieron con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.

La conducción del gremio advirtió además que seguirá de cerca la agenda legislativa. Según definieron en el congreso sindical, el plenario quedó facultado para convocar a nuevas medidas de fuerza en caso de que comience el tratamiento en comisiones de un proyecto para modificar esa ley.

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La expresidenta Cristina Kirchner deberá presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en el juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, uno de los expedientes por presunta corrupción más relevantes vinculados a su gestión.

La audiencia marcará el inicio de una nueva etapa del proceso judicial: las indagatorias de los 86 imputados que forman parte del expediente. En ese marco, las autoridades judiciales ya dispusieron un fuerte operativo de seguridad para el traslado de la exmandataria y el desarrollo de la jornada en los tribunales de Retiro.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 12 de junio de 2025 en su departamento de San José 1111, luego de haber sido condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Operativo de seguridad y traslado a Comodoro Py

Según trascendió en el ámbito judicial, el traslado será coordinado por efectivos de la Policía Federal, que estarán a cargo de garantizar el ingreso de la expresidenta al edificio de los tribunales federales.

El operativo incluirá la comunicación previa con las áreas encargadas de controlar la tobillera electrónica que monitorea el cumplimiento de su arresto domiciliario, ya que el traslado implica salir del radio autorizado.

Una vez que llegue a Comodoro Py, Cristina Kirchner ingresará por una de las calles laterales del predio y será conducida directamente a la Sala AMIA, donde se desarrollan las audiencias del juicio.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, estableció que la exmandataria deberá estar presente antes de las 9 de la mañana para cumplir con los formalismos previos al inicio de la audiencia.

Convocatoria del kirchnerismo

En paralelo, sectores del kirchnerismo comenzaron a convocar a una movilización en respaldo a la exmandataria.

A través de redes sociales, militantes y organizaciones afines llamaron a concentrarse desde las 7 de la mañana frente al edificio donde “la jefa” cumple prisión domiciliaria, en San José 1111, para acompañarla durante el traslado hacia los tribunales.

La consigna difundida en la convocatoria sostiene que el proceso judicial forma parte de una “persecución política” y cuestiona al gobierno de Javier Milei.

Un juicio clave por presunta corrupción

La causa de los Cuadernos se originó a partir de los manuscritos del exchofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestos traslados de dinero vinculados a empresarios y funcionarios.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el expediente investiga la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Estado para recaudar dinero ilegal a partir de contratos de obra pública y otros beneficios otorgados por la administración nacional.

En ese esquema, los fiscales sostienen que Cristina Kirchner habría tenido un rol central dentro de la estructura investigada.

El juicio oral comenzó de manera virtual en noviembre de 2025 con la lectura de los requerimientos de elevación. A partir de esta semana, el proceso entra en una nueva etapa con las declaraciones de los imputados.

Además de la expresidenta, también fueron citados para declarar otros exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, quien actualmente se encuentra detenido por la condena en la causa de la Tragedia de Once.

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A través del Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno dio luz verde a una nueva estrategia para enfrentar las crecientes amenazas de delitos informáticos. La iniciativa se conoció este lunes en Boletin Oficial y se denominó Plan Federal de Lucha Contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027).

Con este programa en materia de seguridad, publicada bajo la resolución 231/2026, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva estableció un marco de acción integral para la prevención, investigación y respuesta al fraude asistido por tecnologías digitales, con la coordinación de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos.

Junto a otros sistemas similares, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027) –que se puso en marcha hace exactamente dos meses-, y el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC), el Gobierno busca reforzar las respuestas ante incidentes cibernéticos.

La resolución convoca a las jurisdicciones a adherir a la iniciativa para “fortalecer la colaboración interinstitucional y el intercambio de información entre las autoridades competentes a nivel federal, provincial y municipal, así como con organismos internacionales para lograr una respuesta coordinada y efectiva ante los fraudes ciberasistidos”, y alcanzar “un ciberespacio seguro, confiable y resiliente para todos”.

Entre los ejes principales el plan incluye “acciones de concientización, educación, desarrollo de marco normativo, vinculación con organismos reguladores, anticipación de fraudes masivos mediante esquemas piramidales, canalización de denuncias, análisis estadístico y proceso de detección proactiva del fraude ciberasistido.

Además, prevé la capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad federales, así como la articulación con otras áreas, gestión estratégica de la ciberseguridad en todo el país, detención de transacciones indebidas, articulación con el sector privado, entre otras acciones.

En el anexo que acompaña la normativa destacan que la prevalencia de estos hechos se ha incrementado por la masificación del acceso a internet, el uso de redes sociales y la digitalización de transacciones, lo que ha diversificado las modalidades delictivas. “Desde el phishing y las estafas bancarias hasta los fraudes con criptomonedas y la suplantación de identidad, los delincuentes emplean sofisticadas estrategias para manipular a sus víctimas y obtener información sensible o beneficios económicos», argumenta el texto.

En materia de prevención, el plan contempla campañas de concientización y educación, diseño de materiales audiovisuales y charlas formativas en instituciones educativas y organizaciones sociales. Se prevé también la colaboración con organismos reguladores para el desarrollo de normativas, la anticipación de fraudes masivos mediante alertas tempranas y acciones conjuntas con otros organismos para investigar esquemas piramidales.

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Para la detección, se promueve la actualización de formularios de denuncia, el análisis estadístico de datos provenientes de víctimas y otras fuentes, la gestión proactiva de indicadores de riesgo, y la capacitación de las fuerzas federales en fraudes ciberasistidos.

En la fase de respuesta, el plan establece la optimización de la gestión de denuncias a través de la línea 134, correo electrónico y formularios web; la articulación con entes bancarios para el bloqueo de cuentas utilizadas en fraudes; la participación en mecanismos de bloqueo dinámico de transacciones ilícitas en colaboración con el sector privado; y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 8 de enero se implementó el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad, para coordinar la acción de todas las fuerzas federales bajo una única estrategia que busca proteger tanto la seguridad nacional como la infraestructura crítica del país. Este programa, que también centraliza la prevención e investigación de delitos informáticos, fue publicado mediante la resolución 72/2025.

Entre las características distintivas se destaca una estructura transversal a toda la seguridad federal, instruyendo tanto a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria como al Servicio Penitenciario Federal.

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