POLITICA
Milei defendió a los funcionarios que tomaron créditos del Banco Nación con una curiosa frase
El presidente Javier Milei defendió ayer a los funcionarios que tomaron créditos del Banco Nación, durante una entrevista en TV Pública en la que volvió a criticar a la prensa. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, afirmó.
Sobre los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y diputados aliados, que generó dudas por presuntas condiciones favorables, con tasas del 4,5% y plazos de hasta 30 años, dijo: “Los créditos se tomaron a la tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada”, afirmó.
Y añadió, con una insólita explicación: “Vamos a poner en estos términos, si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es…, nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente?“.
Estas declaraciones del mandatario se dieron durante una conversación en la Televisión Pública realizada por Antonio Aracre -economista, ex CEO de Syngenta Latam Sur y exjefe de asesores de Alberto Fernández- y su colega Ramiro Castiñeira.
Además, respaldó a Manuel Adorni en el marco del avance de la causa judicial en la que se investiga el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. Lo describió como un “maravilloso jefe de gabinete”. El respaldo es uno más de una sucesión de gestos y mensajes de Milei para sostener al jefe de Gabinete, que está en la mira de la Justicia por sus viajes y propiedades.
Por otra parte, sobre la inflación, Milei aseguró que en materia de suba de precios, el primer trimestre de 2026 “fue difícil”. “Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”, sostuvo.
“La actividad a partir de abril va a mejorar. Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, indicó. En ese sentido, también sostuvo que “se va a empezar a recomponer el deterioro que hubo en el primer trimestre”.
Por otra parte, en relación al programa económico, aseguró: “No voy a resignar el equilibrio fiscal, voy a seguir manteniendo la dureza fiscal, la motosierra sigue encendida”. Y agregó: “El BCRA tiene que seguir apretando la política monetaria hasta vencer la inflación”.
En cuanto a lo económico, también le preguntaron sobre la posibilidad de que la Argentina tenga atrasado el tipo de cambio y el por qué de que economistas que no pertenecen al Gobierno afirmen eso. “Dicen eso porque son brutos o porque tienen a sus clientes comprados en un tipo de cambio más alto”, planteó.
Consultado por la posibilidad de abordar un proceso de dolarización, el Presidente respondió que lo que impide que eso suceda es principalmente que “la gente no quiere dolarizar”. En ese sentido, señaló que su gestión le dio la opción a los argentinos de usar dólares pero que la decisión fue seguir utilizando pesos.
En otro momento de la charla, Milei habló sobre la campaña de espionaje ruso cuyo objetivo era desacreditar a su gestión: “No vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose en un país tratando de desestabilizar a un gobierno”.
A lo largo de la conversación con Aracre, señaló a parte del periodismo como factores que operan en su contra. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, afirmó. En ese mismo listado, mencionó a los empresarios Javier Madanes Quintanilla y a Paolo Rocca. “Como yo no cedo a los privilegios del statu quo, me tiran basura”, dijo, sin dar pruebas o precisiones para reforzar su acusación contra el dueño de Fate y el CEO del Grupo Techint.
También hizo mención a los logros del oficialismo en cuanto a la agenda legislativa: “Hicimos avances que durante 40 años la política no había podido avanzar un ápice”, aseveró. En ese sentido, mencionó “15.000 reformas estructurales”, la Ley Bases, la Ley de Inocencia Fiscal y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre otras.
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Tras anotarse una nueva victoria legislativa con la aprobación de los cambios a la Ley de Glaciares, el Gobierno busca mantener el envión en el Congreso. Para ello, el oficialismo avanza con una agenda doble en la Cámara de Diputados y el Senado que incluye proyectos como la Ley Hojarasca, un tratado internacional sobre propiedad intelectual, la ley de propiedad privadas, entre otros.
Las iniciativas forman parte de una amplia batería de proyectos que el Ejecutivo tiene en carpeta y que busca movilizar para recuperar la iniciativa política, luego de varias semanas de parálisis por las investigaciones judiciales y periodísticas que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En ese contexto, el triunfo del miércoles por la noche con la Ley de Glaciares fue celebrado con énfasis por el presidente y sus ministros.
Para aprovechar el impulso, en Casa Rosada adelantaron una probable reunión de la mesa política para la próxima semana para continuar la planificación de la agenda legislativa. Según pudo saber TN, los primeros proyectos a discutir ya tienen fecha.
La agenda que impulsará el Gobierno en la Cámara de Diputados
Dentro de dos semanas, el Gobierno se propone discutir la Ley Hojarasca, la iniciativa redactada por Sturzenegger para derogar alrededor de 70 leyes vigentes que el ministro desregulador considera obsoletas.
Entre ellas aparecen medidas insólitas como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo y una inhabilitación a funcionarios públicos para azotar personas, pero también puntos sensibles como la eliminación de los aportes estatales a entidades como la Federación Argentina de Municipios, un enclave del peronismo bonaernse, entre otros.
Leé también: Ley de Glaciares: qué diputados votaron a favor y quiénes en contra
De acuerdo a los planes del Ejecutivo, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para debatirse el miércoles 22 en la Cámara de Diputados.
En esa misma sesión también se prevé discutir el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una medida que la Argentina se comprometió a aprobar antes del 30 de abril en el acuerdo de libre comercio firmado con los Estados Unidos.
La iniciativa, que comenzará a tratarse en comisión la próxima semana, busca que el país se ajuste a los parámetros internacionales en materia de propiedad intelectual. Se trata de una demanda histórica de entidades norteamericanas que abarcan desde laboratorios hasta la industria textil, con sus frecuentes reclamos por las falsificaciones vendidas por ferias ambulantes en el barrio porteño de Once o en el mercado bonaerense de La Salada.
En ese contexto, el oficialismo se propone avanzar recuperando un proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado en 1998, pero que nunca fue votado en Diputados. Si bien por regla general una iniciativa vence un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.
Actividad paralela en el Senado: propiedad privada y falsas denuncias
Mientras tanto, el Gobierno también planea impulsar en el Senado otros dos proyectos que ya comenzaron a discutirse en las comisiones de la Cámara Alta. En primer lugar, la denominada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, uno de los proyectos surgidos del Pacto de Mayo que Javier Milei firmó con los gobernadores dialoguistas.
Entre sus principales puntos, la iniciativa propone modificar normas sobre expropiaciones y desalojos; cambios en la Ley de Tierras Rurales para eliminar las restricciones vigentes a la compra de campos por parte de capitales extranjeros; modificar la Ley de Manejo del Fuego para eliminar las prohibiciones actuales que impiden el cambio de uso de suelo en tierras quemadas; y delegar en provincias y municipios la regularización de los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Leé también: Con foco en las internaciones involuntarias: así es el proyecto de Salud Mental que presentará el Gobierno
El proyecto tiene como principal defensor a Federico Sturzenegger, quien este miércoles protagonizó varios cruces con la bancada kirchnerista cuando se presentó para explicar la ley en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
A la propuesta del oficialismo se sumará una ley impulsada por la senadora radical Carolina Losada para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión por falsas denuncias en materia de violencia de género o abuso sexual.
“Estamos evaluando, pero podrían tratarse para principios de mayo”, reconocieron a este medio desde la mesa política del Gobierno.
Lo que se viene y lo que falta
Luego, en el Ejecutivo evalúan enviar para tratar por esas fechas el anunciado proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. La iniciativa, elaborada por la cartera que conduce Mario Lugones, busca cambiar los artículos más cuestionados de la norma vigente como los relacionados a las internaciones involuntarias, el cierre de los hospitales especializados, entre otros.
Con esa primera oleada de proyectos, el Gobierno apuesta a consolidar la mayoría que ha logrado construir en el Parlamento con la colaboración de sus aliados, a la par que muestra signos de hiperactividad política.
Mientras tanto, siguen bajo llave otros proyectos más complejos como los proyectos de Financiamiento Universitario y la emergencia en Discapacidad, la reforma política y electoral -que se plantea la elminación de las PASO y modificar el financiamiento de los partidos políticos-; o la actualización del Código Penal, con nuevos delitos y penas más duras.
En ese grupo también entran la Ley de Seguridad Nacional -que abarca defensa, inteligencia y seguridad-, las reformas de los códigos Aduanero y Civil y Comercial; y tratados internacionales como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la adhesión al Consejo de la Paz de Donald Trump.
Gobierno, Congreso
POLITICA
TRAICIÓN Y ÉXODO: La promesa rota de Monteoliva que desató una ola masiva de bajas en la Policía Federal
Denuncian que la Ministra pactó un aumento del 35% «a puertas cerradas» que nunca llegó. Con sueldos que no cubren ni la mitad de una canasta básica, los agentes huyen a las policías provinciales donde ganan el doble.
Por: Redacción Noticias del Momento
La crisis en la Policía Federal Argentina (PFA) ha pasado de ser un malestar salarial a un colapso institucional sin precedentes. Mientras la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mantiene un discurso de «orden y profesionalización», en los pasillos de la fuerza crece la indignación por lo que califican como una estafa histórica.
La promesa del 35% que se volvió humo
Fuentes de máxima confianza dentro de la cúpula policial revelaron un dato explosivo: en una reunión privada a finales de 2025 entre Monteoliva y el Jefe de la PFA, Luis Rollé, la ministra habría garantizado un aumento extraordinario del 35% para el primer trimestre de 2026. Este compromiso buscaba frenar el descontento y evitar la sangría de personal.
Sin embargo, la realidad fue un balde de agua fría. En lugar del 35% prometido, los efectivos recibieron migajas:
- Enero: 2,5%
- Febrero: 2,2%
- Marzo: 2%
- Abril: 1,7%
- Mayo: 1,5%
- Total acumulado: Un 10% que, frente a una inflación que ya superó el 30% en lo que va del año, significa un hambre programada para la familia policial.
Humillación salarial: Un Federal vale «medio» policía provincial
La brecha salarial es hoy una cachetada al federalismo. Mientras un Agente de la PFA cobra un haber mensual de apenas $878.108,49 (un monto que lo ubica peligrosamente cerca de la indigencia), sus pares de otras jurisdicciones viven una realidad opuesta:
- Policía de Santa Fe: Tras el último aumento del gobernador Pullaro, un suboficial operativo supera los $1.900.000 (incluyendo plus operativos). Un Federal gana menos de la mitad que un santafesino.
- Policía de la Ciudad (CABA): Un oficial inicial ya ronda los $1.400.000, con beneficios adicionales que la Federal perdió hace años.
- Policía de Entre Ríos: Un agente con solo un año de antigüedad percibe $1.302.000.
«Estamos en situación de calle con uniforme», graficó un sargento con 12 años de servicio. El valor de la hora adicional para un federal en mayo será de apenas $17.838, una cifra que no alcanza ni para un kilo de carne de calidad.
Bajas récord y trámites «pisados»
El impacto de esta gestión es devastador. Se estima que el número de efectivos que piden la baja por día es trece veces mayor al promedio histórico. Ante este éxodo, la orden del Ministerio es clara: frenar los trámites de retiro.
La estrategia de Monteoliva es burocratizar las salidas para forzar al personal al abandono de servicio. «Si abandonás, perdés tus años de aporte y tu obra social. Nos tienen como rehenes de un sueldo miserable», denuncian desde los grupos de familiares autoconvocados.
Un Ministerio en silencio
Hasta el momento, Alejandra Monteoliva no ha dado explicaciones sobre la promesa del 35% ni sobre la abismal diferencia salarial con las provincias. Mientras tanto, la seguridad federal se desmorona: sin personal motivado, sin sueldos dignos y con una conducción que, según los propios efectivos, les ha soltado la mano.
POLITICA
El Gobierno fue a la Justicia por las denuncias por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios
Tras varios días de silencio, el directorio del Banco Nación, que encabeza Darío Wasserman, se puso a disposición de la Justicia por las denuncias por el otorgamiento de millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores libertarios.
Horas después que el propio presidente Javier Milei saliera a defender, de manera curiosa y enfática, el otorgamiento de los créditos, que generaron rechazo y tres denuncias, funcionarios y abogados del Banco Nación completaron la estrategia del Gobierno: se presentaron ante la Justicia para ponerse “a disposición” y entregar “toda la documentación” que requieran el juez Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita, que impulsa las denuncias de diputados opositores como Pedro Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI), más la del abogado Alejandro Díaz Pascual.
Altas fuentes del Gobierno explicaron que “se aportaron los resultados de diez de los casos que fueron difundidos” a través del sitio Cuanto Deben, que reveló el listado de los beneficiarios. Desde la banca estatal reiteraron que luego de las auditorías internas “no se detectó una sola irregularidad” en los créditos otorgados. “Nos presentamos antes que nos convoquen, con lo cual seguramente haya requerimientos y tendremos que complementar la información”, dijeron desde el Banco Nación. Estaría en preparación un documento que contesta “punto por punto” las acusaciones de irregularidades difundidas por los medios, y agrega información sobre otros 30 casos mencionados.
“El banco no le prestó nada a nadie que no estuviera justificado. No hubo línea vip”, explicaron desde el edificio de la calle Rivadavia, frente a la Casa Rosada. Aclararon que, por una normativa vigente, el Banco Nación otorga “una tasa preferencial” del 4,5 por ciento anual a los empleados públicos que, luego de una licitación en la que compitió con otros bancos, cobran su sueldo en esa entidad bancaria, un 94 por ciento del total de la planta estatal.
Repitieron, como lo harán ante la Justicia, todos los préstamos “están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. Solo los créditos mayores a $5000 millones son revisados por el directorio de la banca estatal, afirmaron desde el organismo.
En la misma línea defensiva se expresó el Presidente. “La pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente?”, se preguntó el Presidente en la conversación con el exempresario Antonio Aracre en la TV Pública. Ante la respuesta negativa del entrevistador, el Presidente continuó: “No. Con lo cual…, desde nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada”. Le siguió una larga explicación, que apuntó a la “legalidad” de los créditos e incluyó una confesión: el domingo, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, defendía la operatoria en televisión, Milei miraba la emisión de LN+ desde la quinta presidencial de Olivos junto a Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Felipe Nuñez (director del Bice), dos de los funcionarios con los créditos más abultados. También estaba allí el consultor Cristian Buttié a quien –según dijo el propio Presidente-le recriminó en broma, “que no hubiera sacado un crédito”, según palabras del propio mandatario.
“Estamos muy tranquilos, no hay nada de nada. Se dieron miles de créditos, sin errores”, reafirmaron desde el oficialismo. Incluyen los créditos de Núñez, también asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. También el de Federico Furiase, exdirector del BCRA, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo el domingo Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario, quien según un informe del canal C5N habría tomado el crédito para la compra de una tercera propiedad, cuando en general esos créditos apuntan a los aspirantes a su primera vivienda. Desde el Gobierno explicaron que “la famosa tercera propiedad de Furiase es una donación de sus padres y sus hermanos, con usufructo. Tiene un tercio de la propiedad de sus padres”.
Caputo habló luego de que el canciller Pablo Quirno se iba a encargar de defender la cesión de esos créditos. Distinta fue la reacción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, luego de enterarse de que también había gestionado un crédito hipotecario.
La lista inicial de los tomadores de créditos del BNA incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el joven director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero. En relación a Menem, fuentes con conocimiento del caso aclararon que su madre, que trabaja en la Auditoría General de la Nación, actuó como garante.
En diálogo con , Madero, el funcionario de Defensa beneficiado, afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. “Me inscribí sin privilegios en septiembre de 2025″, dijo. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad.
Con parecidos argumentos, los diputados libertarios Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni (también tomadores de créditos) se defendieron de las críticas. “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo”, escribió Bongiovanni, mientras otros legisladores en la misma situación, como Lorena Villaverde, se mantuvieron en silencio.
Con las explicaciones que dieron los funcionarios, y la que dio y dará el banco, el Gobierno espera cerrar la polémica.
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