Agosto fue el peor mes de la gestión libertaria de Javier Milei si se lo juzga a la luz del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella sobre la base de un estudio de campo de Poliarquía Consultores. La medición registró una caída de 13,6% respecto del mes anterior.

El dato enciende una luz de alarma en la Casa Rosada que se agranda ante el hecho de que la encuesta fue elaborada en la primera quincena del mes, antes de que se difundieran los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo sobre supuestas irregularidades en el área de Discapacidad.

El índice evalúa a los gobiernos con un puntaje del 0 al 5: obtuvo 2,12 (16,5% menos que el mismo mes de 2024). En comparación con los gobiernos anteriores a estas alturas del mandato, el ICG de agosto 2025 se ubica 16,3% por debajo de lo que registraba Mauricio Macri en 2017 y 14,3% más que Alberto Fernández en este mes de 2021.

La Universidad Di Tella evalúa a los gobiernos en cinco categorías: Capacidad para resolver los problemas del país; Honestidad de los funcionarios, Eficiencia en la administración del gasto público, Evaluación general del gobierno y Preocupación por el interés general.

“La confianza en el gobierno alcanza, así, su valor más bajo desde el comienzo del mandato de Javier Milei, e interrumpe la relativa estabilidad que observó en los cuatro meses anteriores”, señala el informe de la Universidad Di Tella. Rescata que hubo un precedente en septiembre del año pasado de una caída intermensual de 14,8%, aunque el ICG terminó algo arriba que el actual.

La media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei es de 2,48 puntos, un poco menos que el promedio para el mismo período del gobierno de Macri (2,58), y muy por encima del de Fernández en esos 20 meses (2,17).

En la comparación intermensual, el ICG cayó en sus cinco componentes: Honestidad de los funcionarios (2,54 puntos, -9,9%); Capacidad para resolver los problemas del país (2,46 puntos, -14,6%); Eficiencia en la administración del gasto público (2,10 puntos, -13,2%); Evaluación general del gobierno (1,78 puntos, -12,8%); y Preocupación por el interés general (1,73 puntos, -18,2%).

La medición se hizo de forma telefónica entre mayores de 18 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El tamaño de la muestra es de 1000 casos en 41 localidades y el trabajo de campo se completó entre el 1 y el 14 de agosto.

En el ambiente político se sigue con atención el ICG porque ha mostrado a lo largo del tiempo una buena correlación con los resultados electorales.

En línea con lo que se registra desde que asumió Milei, el ICG de agosto fue mayor entre los hombres (2,42 puntos, con una variación negativa del 8,3%) que entre las mujeres (1,80 puntos, con una caída mayor, del 20,0%).

En contraste con los meses anteriores -señala el reporte-, el ICG de agosto no mostró diferencias significativas entre grupos etarios. Registró su valor máximo en el segmento conformado por personas mayores de 50 años (2,16 puntos, con una disminución del 14,6%). Después se ubicó el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años, que solía tener el ICG más alto en meses anteriores (2,11 puntos, con un fuerte descenso, del 24,4%). Por último, se encuentra el segmento de personas de entre 30 y 49 años (2,08 puntos, con una variación negativa de 8,0%).

Milei mantiene siempre una mejor valoración entre quienes viven en el interior del país y así se repitió en agosto (2,39 puntos, con una caída del 7,4%). En la ciudad de Buenos Aires la caída fue dramática: 28,2%, y mientras que el conurbano -donde habitualmente peor le va- descendió un 23,3%. Un dato relevante de cara a las elecciones provinciales del próximo domingo 7 de septiembre.

La Universidad Di Tella discrimina los datos además por el nivel educativo de los consultados. El valor del ICG de agosto fue mayor entre quienes alcanzaron la educación terciaria y/o universitaria (2,31 puntos, con un decrecimiento del 7,6%). Les siguen quienes alcanzaron hasta la educación secundaria (1,96 puntos, con una caída del 20,0%), y por último, quienes alcanzaron hasta la educación primaria (1,50 puntos, con un marcado descenso, del 30,2%).

El ICG de agosto fue nuevamente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,15 puntos, con un decrecimiento del 0,5%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,46 puntos, con una caída del 12,5%) o que empeorará (0,56 puntos, con un aumento del 1,8%).

En una ajustada votación, el Senado de la Nación aprobó el ascenso de 21 militares que habían sido pasados a retiro durante el gobierno kirchnerista. La decisión se tomó el jueves pasado, luego de una sesión maratónica, donde objetivo era reparar una situación que se originó en 2010, cuando el Ministerio de Defensa impidió la promoción de estos oficiales al grado inmediato superior. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la llamada “portación de apellido” respondía al parentesco de los militares con personas que actuaron durante la última dictadura militar.

Se trata de 15 tenientes coroneles del Ejército y seis capitanes de fragata de la Armada. A todos ellos se les reconoce ahora el ascenso, con retroactividad, a 2018, aunque permanecerán en situación de retiro. La medida fue impulsada por el actual ministro de Defensa, Luis Petri.

Los tenientes coroneles del Ejército que ascenderán al grado de coronel son:

Los capitanes de fragata de la Armada que serán promovidos a capitanes de navío son:

La decisión de negar el ascenso a estos oficiales se basó en la política de “portación de apellido” implementada durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa. Esta política implicaba que se consideraban los vínculos familiares de los militares con personas que participaron en la última dictadura militar como un factor determinante para impedir su promoción, independientemente de su desempeño profesional.

La política de “portación de apellido” generó controversia y malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Muchos oficiales se sintieron discriminados y vieron truncadas sus carreras profesionales debido a esta medida. En señal de protesta, el general de brigada Alejandro Díaz Bessone y el contraalmirante Carlos B. Castro Madero solicitaron su propio pase a retiro en desacuerdo con la decisión de “cortarles la carrera” a oficiales bajo su mando.

El presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, calificó la medida del Senado como una “reparación tardía y parcial, tras años de atropellos y persecución”. En un comunicado, Lucero Torres argumentó que “Estos oficiales, propuestos en su momento por las juntas de calificaciones, fueron injustamente postergados durante la gestión de la entonces ministra Nilda Garré, no por su desempeño profesional, sino por ser familiares de oficiales que revistieron durante el gobierno militar. A esta discriminación arbitraria se sumó la imposición del retiro obligatorio, cercenando carreras y aspiraciones legítimas en un hecho de persecución sin precedentes”

Un oficial retirado, consultado por , celebró la medida y afirmó: “Se les cortó la carrera por un motivo ajeno a su desempeño profesional y ahora, aunque sea tarde, llega la reivindicación”.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano De Vedia.