El mundo de los derechos humanos despidió a una de sus figuras más relevantes: la ex jueza María del Carmen Roqueta. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al Plan de apropiación de menores.

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar desde diferentes organismos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, quienes destacaron su compromiso y agradecieron por el rol de Roqueta en su lucha.

La ex magistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Así, bajo la presidencia de Roqueta en el Tribunal Oral Federal N°6, la Justicia dio por probada la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Así lo declaró la jueza al comunicar la sentencia en 2012.

Este fallo estableció un precedente fundamental al reconocer por primera vez en sede judicial la existencia de este sistema de apropiación, una de las demandas históricas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

El impacto de esta resolución fue inmediato: sentó las bases para otros procesos judiciales y contribuyó a la identificación y restitución de la identidad de decenas de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se realizó el 10 de junio en el Salón San Martín, con la presencia de familiares, colegas y referentes de organismos de derechos humanos. La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Montenegro.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos.

La despedida de sus restos se realizó durante la noche del domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1.

En sus últimas apariciones públicas, Roqueta participó el 31 de mayo de 2025 en un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su vínculo con los espacios de memoria. Además, en junio de 2025, compartió reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia a debates académicos y sociales.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, continúa con los cambios dentro de la cartera y se espera que esta semana concrete una modificación en la Subsecretaría de Derechos Humanos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, Joaquín Mogaburu dejará su cargo a pocos tres meses de haber iniciado su gestión y será reemplazado por Leonardo Szuchet, un abogado penalista que ya ocupó puestos en el área durante la administración de Mauricio Macri en la Ciudad y la Nación.

El relevo ocurre en el marco de la reconfiguración impulsada por Mahiques, quien busca consolidar un equipo propio en áreas clave tras su reciente asunción. Mogaburu, que había ingresado por su cercanía con Sebastián Amerio, ex número dos del ministerio en la gestión de Mariano Cúneo Libarona.

Szuchet se desempeñó como jefe de gabinete de Claudio Avruj durante la gestión nacional de Cambiemos y fue director de atención a las víctimas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Actualmente, es vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. El cambio sería oficializado el próximo miércoles.

La noticia se conoce días después del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. En este contexto, pese al cambio, desde el Gobierno deslizaron que no habrá variaciones en su postura respecto a los derechos humanos.

La semana pasada, se conoció la salida de un funcionario clave. Se trata de Alejandro Melik, quien fue designado en diciembre de 2023 al frente de la Oficina Anticorrupción. Finalmente, su renuncia fue oficializada el pasado 27 de marzo a través de la publicación del decreto 194/2026.

Una de las apariciones más relevantes de Melik ocurrió cuando explotó el caso $Libra, dado que firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. El texto se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto.

En su lugar, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

Inició su carrera judicial en 1989 y, desde entonces, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial e integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales del derecho.

Durante cuatro años formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde representó a los jueces en procesos de evaluación y control. A lo largo de su carrera, la magistrada combinó la labor jurisdiccional con la docencia, participando en distintas instancias de formación y actualización dentro del ámbito jurídico.

En paralelo, designaron a la subsecretaria de Acceso a la Justicia que remplazará a Tristán Arturo Corradini, quien estuvo al frente hasta el 6 de marzo pasado.

Al igual que con Melik, con el decreto 195/2026, agradecieron al funcionario por haber desempeñado dicho cargo y procedió con el nombramiento de la politóloga Jimena Belén Capece.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio. Entre sus principales funciones, se encuentra la tarea de diseñar, planificar e implementar políticas públicas federales de acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.

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En una semana que volverá a ser corta como la anterior, esta vez por los feriados del 2 y 3 de abril, el Gobierno intentará mostrar que está compenetrado en la gestión para cambiar de página y tratar de dejar atrás la polémica que envuelve desde hace días a Manuel Adorni.

Luego de haber dado una primera conferencia en la que buscó despejar las dudas sobre su patrimonio y viajes al exterior, aunque sin dar demasiadas explicaciones bajo el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones judiciales, el jefe de Gabinete planea retomar los encuentros periódicos con la prensa en Casa Rosada.

La próxima convocatoria está prevista para el miércoles, aunque el funcionario tiene en mente utilizar ese espacio para enumerar cuestiones de la administración y no para seguir hablando de las causas en las que se lo involucra, que su entorno quiere instalar como “algo terminado”.

De todas formas, en el corto plazo su intención es concentrarse en las reformas que va a impulsar el Poder Ejecutivo en esta primera etapa de las sesiones ordinarias a nivel legislativo, y es por eso que este lunes reunirá una vez más a la mesa política.

Con la interna en pausa para resistir los cuestionamientos, Adorni se verá nuevamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

“Probablemente establezcamos la agenda con el Congreso de cara a abril y, después, también van a ir apareciendo, seguramente, temas que vayan a poner sobre la mesa cada integrante”, explicó a Infobae uno de los miembros de ese grupo.

Al respeto, precisó que, si bien los proyectos ya fueron anunciados, “la idea es ver en detalle cómo estamos y cómo avanzamos con cada asunto, sobre todo con lo dinámicas que están las cosas”.

Originalmente, la lista de iniciativas que iba a enviar el oficialismo estaba integrada por un paquete de medidas sobre propiedad privada, el nuevo Código Penal y las modificaciones de las leyes de glaciares, de discapacidad y de financiamiento universitario.

Sin embargo, a partir de gestiones de último momento, al temario se agregó el proyecto de “Hojarascas”, que terminó de armar el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Asimismo, tras la llegada de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, se decidió suspender la discusión sobre el Código Penal para revisarlo en profundidad y hacer otra redacción.

Según trascendió, uno de los cambios que se analizan tiene que ver con una supuesta reducción de las penas para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, que previamente se planteaba endurecer.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron a este medio que esas versiones “son mentira” y que “nadie habló de ese tema aún”, porque el texto recién va a comenzar a ser estudiado en los próximos meses.

En lo inmediato, esta cartera está terminando de preparar los proyectos que ya anunció y que fueron pedidos por el presidente Javier Milei, para reemplazar el debate por el Código Penal, como son la creación de nuevos delitos.

Por su parte, el flamante secretario de Justicia -virtual viceministro-, Santiago Viola, tiene en su poder una acordada presentada por la Corte Suprema para modificar el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura a la hora de entrevistar a los candidatos a jueces.

La propuesta del máximo tribunal, a la que accedió Infobae, establece un nuevo “Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” con el objetivo de “corregir déficits estructurales” y mejorar la “eficacia, transparencia y agilidad del sistema”.

En los fundamentos se argumenta que esta reforma pretende que el acceso de los aspirantes a ese cargo se base en “criterios objetivos de mérito e idoneidad” y en un procedimiento “abierto al control ciudadano e institucional”, y no tanto en cuestiones políticas o coyunturales.

Para ello, el texto establece que la duración total del proceso de selección “no podrá exceder de noventa días hábiles judiciales”, contados a partir de la prueba de oposición, con una prórroga excepcional de treinta días adicionales.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la implementación de la “Prueba de Oposición Escrita (POE)”, la cual consta de dos instancias diseñadas bajo “estrictas condiciones de transparencia, anonimato y control”.

En cuanto a la valoración de los candidatos, el reglamento establece un sistema de calificación de antecedentes con un “máximo de cien puntos”, donde se pondera la formación académica, los antecedentes profesionales y los académicos, incluyendo publicaciones y docencia.

De acuerdo con un cuadro comparativo que, aunque no es oficial, circula en los pasillos de los tribunales, el nuevo sistema invierte la lógica operativa actual al establecer que “la regla son los concursos anticipados” en lugar de los especiales.

Según el documento, esta modificación busca que el proceso “no corra detrás de las vacantes, sino que anticipe el hecho”, con el objetivo primordial de “evitar los largos tiempos de vacancia en los tribunales”.

El objetivo declarado de esta nueva modalidad es alcanzar una “mayor amplitud y objetividad” en la ponderación de las aptitudes jurídicas y prácticas de los concursantes, asegurando que el proceso de evaluación sea más integral.

Finalmente, se destaca la limitación de la “discrecionalidad política” en la etapa de la entrevista personal: a diferencia del régimen actual, donde la Comisión de Selección posee facultades discrecionales que “muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes”, el nuevo reglamento “limita la capacidad de convocatoria de la Comisión”.

Ahora, es el plenario del Consejo de la Magistratura el que tiene en su poder la acordada y debe decidir si la analiza, y eventualmente la somete a votación, o si prefiere no tratarla. Los miembros de la Corte Suprema le entregaron un borrador de la propuesta a Viola, que es el representante del Poder Ejecutivo ante ese cuerpo, durante el encuentro de la semana pasada, del que también participó Mahiques.

El secretario de Justicia considera que la iniciativa tiene muchos puntos interesantes y positivos, aunque hay varios expedientes abiertos para modificar el reglamento interno del Consejo que todavía no prosperaron.

Hasta el momento, el funcionario no se sentó a estudiar en profundidad el texto y también espera una opinión del resto de los integrantes del organismo, compuesto por referentes del Congreso y del mundo judicial y académico, tanto del oficialismo como de la oposición.

Su titular es Horacio Rosatti, por ser el presidente de la Corte Suprema, mientras que por el Poder Judicial participan Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero.

Por el Poder Legislativo están los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Anabel Fernández Sagasti, y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Gonzalo Roca.

Por los abogados con matrícula federal, Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, y por el ámbito académico y científico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi.

Si bien provienen de diferentes sectores, Viola cree que la composición actual del cuerpo permite un buen diálogo y llegar a concensos, aunque todavía no se empezó a discutir esta acordada.

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