POLITICA
Jorge D’Onofrio presentó un escrito para despegarse de las acusaciones en su contra por las fotomultas y la VTV

El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, presentó un escrito ante el fiscal platense Álvaro Garganta y se sometió a una ronda de preguntas del investigador, para defenderse de las acusaciones por fraude, asociación ilícita, enriquecimiento y cohecho que pesan sobre él. La causa investiga un supuesto esquema de gestores que, por fuera de la legalidad, eliminarían fotomultas, y presuntas irregularidades en la concesión de las áreas de explotación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
D’Onofrio, un dirigente alineado con Sergio Massa que perdió el respaldo del Frente Renovador, renunció al cargo de ministro en diciembre de 2024 (había asumido tres años antes). A principios de abril de 2025, Garganta lo imputó como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo.
El exfuncionario de Axel Kicillof hizo ayer una presentación espontánea en la fiscalía de Garganta. En un escrito, al que tuvo acceso , se defendió de cuatro acusaciones: el “supuesto ‘borrado’ de multas por infracciones de tránsito”; las “supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para adjudicar el servicio público de VTV”; las “supuestas irregularidades en la contratación de un inmueble” y “en la instalación de cinemómetros”.
En su escrito, D’Onofrio subrayó que la hipótesis delictiva “fue la apropiación de fondos públicos por parte de funcionarios del Ministerio de Transporte y jueces de faltas provinciales quienes, actuando en connivencia con gestores que captaban infractores ofreciéndoles reducción de las multas, eliminaban del sistema las infracciones apoderándose así de las sumas destinadas al pago de las multas”. Y añadió: “Evidentemente, el señor agente fiscal ha entendido que tal supuesto delito contó con mi intervención”. A D’Onofrio lo representan los abogados Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde.
Según el texto del exministro, el fiscal incurre en una “inaceptable manera de imputar imaginarios delitos de los que no hay prueba”.
“Se intenta incluir dentro del ámbito penal hechos lícitos que, por lo demás, son totalmente ajenos a la esfera de mis funciones como ministro. No soy gestor ni juez de faltas”, indicó D’Onofrio.
Al puntualizar sobre la presunta existencia de un esquema de gestores que captaban infractores para ofrecerles eliminarles las multas a cambio del pago de un porcentaje de la infracción, D’Onofrio planteó que “la promoción de servicios de gestoría no es otra cosa que la oferta de un servicio perfectamente lícito” por el que el gestor tiene derecho a un pago. “Hechos que me son completamente ajenos”, sostuvo.
El exfuncionario argumentó que las multas no pueden eliminarse porque el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (Sacit) “determina que las formas de resolver son: sentencia absolutoria, nulidad, prescribir y condenatoria”, lo que lo que implica, “que no se ‘eliminan multas’ ni hay modos anormales de terminación de proceso que no sean los enunciados”. Sostuvo que las multas pueden morigerarse y tomó como ejemplo una infracción de tránsito que redujo su valor protagonizada por el particular damnificado en esta causa: Leandro Camani, titular de Secutrans, empresa que brinda equipos y sistemas para el cobro de infracciones de tránsito.
D’Onofrio argumentó que no hubo perjuicio para la administración pública por el accionar de los presuntos gestores, ni para los municipios cuando “los juzgados provinciales asuman la competencia de infracciones” porque “la distribución de ingresos por infracciones se encuentra reglamentada”.
En la causa, al juez de Faltas Mario Quattrochi se lo considera clave por su participación en el registro y procesamiento de las infracciones sospechadas. Es señalado como socio de Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y una dirigente de confianza de D’Onofrio. Tanto Quattrochi como Pombo están también imputados junto al exministro.
La presentación espontánea que hizo D’Onofrio por escrito incluye un pasaje en el que el dirigente se desvincula de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, firma que preside Sebastián Desio, considerado en la causa un “militante de D’Onofrio”. La firma cobra a las concesionarias el 8,5% de cada verificación vehicular por brindarles sistemas informáticos. Según el expediente de la causa, la empresa fue contratada previamente por cada firma que, luego, ganaría los contratos para explotar las plantas de verificación.
“No existía ninguna ‘garantía’ de ‘que se cumpla la promesa de adjudicación’. La cláusula que citan lo único que hace es garantizar a los aceptantes de la oferta que tal aceptación [la de la empresa de Desio como proveedora] solo sería vinculante en el caso que el ministerio aprobara formalmente las innovaciones tecnológicas que se estaban ofreciendo. Si no fueran aceptadas por la administración tales innovaciones, los contratos firmados por las empresas con ‘Soluciones’ quedaban sin vigor alguno”, argumentaron los abogados de D’Onofrio en el escrito.
D’Onofrio planteó que el 8,5% que cobra la empresa de Desio “es una suma que se encuentra exclusivamente a cargo de las empresas prestatarias del servicio” y “no sale un solo centavo del erario público”, por lo que “no existe ningún desvío de fondos”. Y añadió en el texto: “Tengo entendido que en la ciudad de Buenos Aires las prestadoras del servicio de VTV han firmado un convenio con otra empresa por un porcentaje mayor”.
El exfuncionario denunciado también negó vinculaciones con Desio por el alquiler de un edificio en La Plata que utiliza el Ministerio de Transporte provincial (la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, en calle 6 entre 44 y 45) y que tendría como titular a personas vinculadas a un hermano de Desio. “No tuve ningún tipo de intervención en parte alguna del trámite”, remarcó.
En el cierre de su escrito, D’Onofrio se desligó de otra acusación. “Se me imputa que, al menos desde el 3 de enero de 2022, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”. Señaló que “solo uno” de esos equipos que miden la velocidad en tiempo real puestos en cuestión “fue habilitado a partir del año 2022″.
La aprobación para instalar cinemómetros es “responsabilidad de cada municipio”, se defendió D’Onofrio, que lanzó una sospecha en el escrito: “Se excluyó de la imputación sin razón alguna los aproximadamente 50 cinemómetros pertenecientes a Secutrans, que se ha erigido en mi perseguidor penal y a quien se exime ostensiblemente de cualquier responsabilidad”.
Además del escrito presentado, el exministro contestó algunas preguntas de Garganta. En su entorno, consideraban que dejó “demostrado la inexistencia de delito en cada una de las imputaciones”
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Imputaron a exdirigentes de Camioneros por una presunta estafa millonaria y crece la interna sindical

La Justicia avanzó en la investigación por un presunto fraude millonario dentro del sindicato de Camioneros y formalizó la imputación de dos exdirigentes, en una causa que ya genera fuertes tensiones internas y abre interrogantes sobre el alcance de las responsabilidades.
El expediente, que tramita en Mar del Plata, apunta a una supuesta estafa cercana a los 10 millones de dólares vinculada al funcionamiento del hotel 15 de Diciembre, propiedad del gremio. La denuncia había sido impulsada meses atrás por el propio líder sindical, Hugo Moyano, tras detectar inconsistencias en las cuentas.
Los imputados son Claudio Balazic y Paulo Villegas, quienes hasta el estallido del escándalo ocupaban cargos clave dentro de la estructura del sindicato como secretario Administrativo y tesorero, respectivamente. Ambos fueron notificados recientemente de la formación de la causa, en una decisión judicial que busca evitar eventuales planteos de nulidad.
Hotel 15 de Diciembre (Mar del Plata).
La medida coincidió con el inicio de la pericia contable, un paso considerado central para determinar si efectivamente existió un perjuicio económico y cuál fue su magnitud. El estudio estará a cargo de un perito oficial, acompañado por especialistas designados tanto por el gremio como por las defensas.
Según fuentes judiciales, el análisis no tiene un plazo definido y podría derivar en informes conjuntos o separados. Recién una vez finalizado ese trabajo, la Fiscalía estará en condiciones de avanzar con eventuales llamados a indagatoria.
La causa se originó a partir de sospechas de sobreprecios en servicios y gastos operativos dentro del hotel sindical ubicado en Mar del Plata. De acuerdo a la presentación inicial, se habrían detectado irregularidades en contrataciones y en el manejo de fondos destinados a su funcionamiento.
El avance judicial tuvo impacto inmediato en la interna de Camioneros. Tras la imputación, crecieron las versiones sobre un endurecimiento de las decisiones dentro del gremio y posibles nuevas medidas contra los involucrados. Balazic y Villegas ya habían sido apartados de sus cargos, pero ahora la situación judicial agrega un nuevo nivel de tensión.

Claudio Balazic, exdirigente del Sindicato de Camioneros.
En paralelo, dentro del sindicato surgieron especulaciones sobre la información que podrían manejar los exdirigentes, especialmente por el rol que ocupaban en la administración de los recursos. Su eventual declaración en la causa es vista como un punto clave para determinar el alcance de las responsabilidades.
Otro aspecto que generó expectativa es la ampliación de la pericia contable. Por decisión judicial, el análisis no se limitará al hotel, sino que también abarcará cuentas del propio sindicato. Esta medida podría abrir nuevas líneas de investigación en función de los resultados que arroje el informe técnico.
La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, que interviene por tratarse de hechos ocurridos en esa jurisdicción. No obstante, si surgieran irregularidades que excedan ese ámbito, podría evaluarse la competencia de otros tribunales.
Mientras tanto, el expediente sigue su curso con el foco puesto en la pericia contable, que será determinante para establecer si hubo fraude y quiénes fueron los responsables. En ese contexto, la situación mantiene en alerta a la conducción del gremio y alimenta la incertidumbre sobre su impacto político y sindical.
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El Gobierno oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud

A un año de que el presidente Javier Milei anunciara la salida de la República Argentina, esta madrugada se oficializó el fin de la participación del país en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según explicaron las autoridades, la medida se tomó con la intención de poder definir políticas sanitarias propias sin la intervención del ente internacional.
Por medio de una publicación en el Boletín Oficial, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, asentó los detalles de la renuncia por parte del Gobierno nacional. Así, registró que la fecha de denuncia de este instrumento multilateral fue el 17 de marzo de 2025, mientras que estableció que la relación con la organización terminó por disolverse este martes.
De la misma manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Nación había adherido a la OMS el 22 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos. No obstante, este tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, día en que se aprobó la Ley N° 13.211.
La decisión de retirarse de la OMS fue anunciada el 5 de febrero de 2025, cuando el jefe de Estado instruyó al ex canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida. El motivo de base se debió a las diferencias que el Gobierno nacional profesó respecto a las medidas sanitarias adoptadas por el organismo durante la pandemia por el COVID-19.

A través de un comunicado, el Gobierno argentino había cuestionado el desempeño de la Organización Mundial de la Salud al acusarla de haber impulsado “cuarentenas eternas sin sustento científico”. Por este motivo, el Poder Ejecutivo consideró que el organismo “falló en su mayor prueba de fuego” al gestionar la crisis sanitaria.
“La evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”, apuntaron. De la misma forma, señalaron que el ente internacional presentaría una “inflexibilidad para cambiar su enfoque”, evitaría reconocer errores, “continúa asumiendo competencias que no le corresponden” y afectaría la soberanía de los países.
En línea con esto, propusieron “repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembros”.
Tras cumplirse un año de la ratificación de la salida del país del tratado, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que la misión sería “priorizar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas sanitarias”.
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En una publicación realizada en la red social X, el titular de la cartera sanitaria retomó los cuestionamientos hacia la OMS al asegurar que durante años “avanzó con una agenda marcada por sesgos ideológicos, alejándose de la evidencia y promoviendo políticas que tuvieron consecuencias profundas”. Así, apuntó que “las cuarentenas eternas son el ejemplo más claro de un enfoque que priorizó la política por sobre la ciencia”.
Ante los cuestionamientos por esta medida, el ministro de Salud afirmó que “la Argentina no recibe financiamiento de la OMS y esta medida no afecta la calidad del sistema sanitario”. Y subrayó que esta nueva vía adoptada “permite implementar políticas propias y administrar los recursos con criterios acordes a la realidad del país”.
Finalmente, Lugones concluyó: “Seguimos cooperando en salud con países y organizaciones que respetan nuestra soberanía y se basan en evidencia científica. Las decisiones en la Argentina las tomamos los argentinos”.
En línea con esto, la Argentina reforzó los lazos de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que contemplaría la participación activa en la compra conjunta de medicamentos de alto costo y consolida el acceso a vacunas para millones de habitantes de América Latina.

Hasta el momento, el Fondo Rotatorio de la OPS, herramienta central de cooperación regional, ha operado durante más de cuarenta años, garantizando vacunas a precios competitivos y asegurando la distribución para más de 170 millones de personas en América Latina y el Caribe.
La reciente extensión de estos mecanismos incluyó productos farmacéuticos de alto costo como tratamientos oncológicos y medicamentos para enfermedades crónicas. Esta ampliación fue producto de la última reunión entre el director de la OPS, Jarbas Barbosa, Lugones y demás autoridades argentinas, entre ellos, ministros, entes reguladores y representantes de más de cuarenta laboratorios nacionales e internacionales. Allí, se pactaron nuevos cupos de exportación, ampliando la tradicional cartera de compras conjuntas de vacunas a segmentos estratégicos de medicamentos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció una medida que simplifica de manera sustancial los trámites regulatorios dentro del bloque. De esta manera, las autorizaciones serán automáticamente válidas para compras en conjunto dentro de la región.
Según Barbosa, la consecuencia directa de estas reformas y acuerdos será un incremento significativo del volumen de exportación del país. “Si sumamos la producción de la vacuna PCV 20 y la de influenza —fruto de un acuerdo entre Sinergium y Seqirus—, Argentina va a exportar más de USD 250 millones por año. De ser un país que exportaba muy poco al mercado regional, ahora recibirá divisas que generarán empleos de alta calidad y fortalecerán el desarrollo productivo”, señaló el director de la OPS durante un diálogo con Infobae.
En este sentido, la integración con la OPS, junto a la facilitación regulatoria y el aumento previsto de exportaciones, configuró un escenario en el que la Argentina apuntaría a consolidar su papel como proveedor regional de insumos sanitarios y a fortalecer el entramado científico y tecnológico nacional.
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De “en tu gestión aumentaban los pobres” a “este modelo no funciona”: el cruce entre Gianni y Zabaleta

El exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y la concejal de La Matanza por La Libertad Avanza Leila Gianni protagonizaron un duro cruce por la situación económica, durante el debate en A Dos Voces, por TN.
Los dirigentes discutieron sobre el aumento de la pobreza, el cierre de empresas y el rol del Estado en la asistencia social, en medio de críticas al gobierno actual y a la gestión anterior.
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Durante el intercambio, Zabaleta reconoció errores del gobierno anterior y apuntó contra la actual política económica. “Nosotros fracasamos”, afirmó, al referirse a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y agregó que dejaron “111% de inflación”.
Sin embargo, centró sus críticas en la actualidad: “Este modelo económico no funciona”, sostuvo. Según detalló, hay “20.000 empresas que han cerrado y más de 270.000 puestos de trabajo perdidos”.
También cuestionó la falta de protección del mercado interno: “Un modelo económico concentrado que golpea mucho”, describió, y mencionó señales sociales visibles como más personas en situación de calle y mayor informalidad.
“Estamos viendo un problema económico importante, gente que se queda sin laburo. Y, como decía Horacio Rodríguez Larreta (estuvo antes en una entrevista en el piso), los de Fate no encuentran laburo en la minera todavía, porque no hay desarrollo de trabajo en ese sentido”, dijo.
En relación a su paso por el Ministerio de Desarrollo Social, defendió su gestión y aseguró: “Fui el ministro con más acampes porque me enfrenté a todas esas bandas que venían a porotear planes sociales”, en alusión a las organizaciones sociales.
Además, criticó las políticas actuales de asistencia: “Cierran un plan social y hablan de un voucher para capacitar para trabajar no sé dónde”, ironizó, y puso como ejemplo la falta de inserción laboral formal.
La respuesta libertaria: críticas a los planes sociales y a los municipios por las tasas
Por su parte, Gianni respondió con dureza y apuntó tanto contra la gestión nacional anterior como contra los gobiernos municipales. En ese sentido, denunció que “en la provincia de Buenos Aires han aumentado en más de un 40% las tasas municipales”, lo que, según dijo, asfixia a comerciantes y pymes.
“Te llenan de tasas, ahogan a los vecinos y también a los empresarios”, afirmó, y sostuvo que eso provoca el cierre de negocios o su traslado a otros distritos.
En relación a la gestión de Zabaleta, fue aún más directa: “En tu gestión los pobres aumentaban de una forma muy alta”, lanzó, y cuestionó el programa Potenciar Trabajo. Según la concejal, “no pudieron llevar a los argentinos al trabajo formal”.
También denunció irregularidades: “Un gran porcentaje no cumplía con los requisitos, compraban autos 0 kilómetros, dólares o viajaban al exterior”, afirmó. Y le reclamó explicaciones: “Si supiste, contales a los argentinos por qué no denunciaste”.
También participaron del debate Manuel Quintar, Waldo Wolf y el economista Federico Poli.
El sorpresivo intercambio por la “factura” que encendió el final del debate en A Dos Voces
Al final del debate, Zabaleta sacó de su bolsillo una factura. “Esta es la factura que hace Doña María en Hurlingham. Siete lucas la docena. A vos que te gusta ser vocera”, sorprendió el exjefe comunal.
“Me encanta cuando me traen regalitos”, ironizó Gianni.
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Y Zabaleta continuó: “Esta es la factura de Adorni, del viaje que hizo a Punta del Este. Acá yo traje la factura de Doña María, que no vende nada. Me hubiese gustado que trajeras la factura de Adorni».
Juanchi Zabaleta, concejal, La Libertad Avanza, A dos voces
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