Zárate se convirtió en el primer municipio del país en incorporar formalmente una inteligencia artificial dentro de su estructura administrativa. A través del Decreto Municipal Nº 532/2025, el intendente Marcelo Matzkin designó a ZARA – un chatbot desarrollado por la propia comuna- como Directora General de Atención al Vecino No Humana, con facultades para intervenir en expedientes, firmar resoluciones administrativas y dar respuesta autónoma a reclamos y consultas.

“A partir del Decreto Municipal Nº 532/2025, designé a ZARA como primer funcionario municipal NO HUMANO con rango de director general. Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones”, publicó @MarceloMatzkin en X, al anunciar la medida. Y agregó: “No solo apostamos a la IA para la promoción industrial, si no que confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad”.

Según precisó el jefe comunal a , ZARA depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital y opera como un agente administrativo.

Además, remarcó a este medio que la incorporación de la IA no supone la reducción de personal ni de puestos de trabajo, sino un refuerzo de las capacidades operativas. “Buscamos agilizar, automatizar y dar seguridad jurídica a determinados trámites”, explicó Matzkin a .

El objetivo central, detallaron desde el municipio a este medio, es reducir tiempos de espera, eliminar traslados innecesarios y ampliar la escala de atención sin sustituir empleos existentes. “Por ejemplo, buscamos la habilitación automática de comercios minoristas que no requieran necesidad de control previo por encontrarse dentro de una zona permitida con rubros preestablecidos. Queremos que la IA analice lo que presentas y que te otorgue la habilitación con validez de acto administrativo”, advirtió Matzkin a .

En los próximos meses, ZARA funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana. Entre sus funciones se incluyen:

• Gestión de reclamos.

• Derivación de trámites.

• Otorgamiento de turnos.

• Respuestas a consultas personalizadas.

• Canalización de consultas hacia las áreas competentes.

La decisión marca el primer antecedente formal en el país de un funcionario no humano con atribuciones administrativas. “Atravesamos todo un camino para entender cómo funciona un bot: cómo es el diálogo, consultamos con todas las empresas invitadas a ofertar, la dinámica de la IA, la información insertada etc. Todavía no está en funcionamiento. Se está capacitando y luego se pondrá en práctica”, afirmó Matzkin a .

Para la gestión municipal se trata de un paso estratégico dentro de un plan más amplio orientado a posicionar a Zárate como un polo de innovación tecnológica.

En ese sentido, Matzkin adelantó a este medio que va a incorporar un esquema de incentivos fiscales que contempla 15 años de exención tributaria para empresas de inteligencia artificial y startups que decidan radicarse en el distrito.

El objetivo, señaló, es consolidar un ecosistema productivo que genere empleo y proyecte al municipio como un hub tecnológico dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos una promoción clara en tres sectores: industrial, automotriz, y energía nuclear. No solo queremos que venga la empresa que invierta en inteligencia artificial, sino que somos un municipio que busca ser pionero en el uso de esta herramienta”, concluyó el intendente.

Luego de las quejas por la falta de celeridad y presencialidad del debate, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por los Cuadernos de las Coimas, decidió sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre y pedir la sala especial donde se hizo el Juicio a las Juntas para hacer sesiones “híbridas”, esto es, semipresenciales.

No obstante, los magistrados destacaron en una extensa resolución de 14 carillas que se leyó al comienzo del juicio esta mañana, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli salieron así a responder a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, que los citaron para la semana que viene con la intención de pedirles que el juicio se realice con mayor frecuencia que una vez a la semana y que sea presencial −no por Zoom−. Algunos magistrados incluso sugirieron que se corten las vacaciones de verano para este proceso.

Los camaristas defendieron la modalidad virtual, pero al mismo tiempo dijeron que van a imprimir mayor celeridad y presencialidad.

Con todo, hicieron público un extenso listado de carencias y reclamos insatisfechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, que datan desde 2019.

Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.

En cuanto a la modalidad, aunque las audiencias iniciales se realizan por Zoom, los jueces dispusieron que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados se lleven a cabo de manera híbrida.

Eso implica que en la sala estén presentes físicamente tanto los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, junto a sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público.

Para concretar esta mayor presencialidad, el tribunal dijo que le pedirá a la Corte Suprema, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales.

Se trata, en rigor, de una gran sala de juicios que hoy no se usa: es el lugar donde se realizó el juicio a las Juntas Militares, como así también el juicio por la tragedia del boliche Cromagnon y donde se tomaron indagatorias por el fraude en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Es una gran sala, revestida con boiserie oscura, con un estrado imponente, con vitraux detrás de los sillones de los jueces, escritorios para la fiscalía, las defensas, un lugar para que los acusados pasen al frente a declarar y bancos largos, tipo Iglesia en la planta baja y en dos bandejas superiores, que ofician como palcos.

El TOF 7 es el único que no tiene oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Allí se encuentran todo el material de la causa. Por eso pidieron no moverse de ahí para seguir el juicio y contar con una oficina en la planta baja.

Los jueces Méndez Signori y Canero dijeron que ya usaron esta modalidad híbrida en varios juicios y que no fue cuestionada hasta ahora.

Castelli adhirió a estas posturas y añadió una fuerte defensa de la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sostuvo que, con el debate ya iniciado, un cambio repentino de las reglas de juego “sin un fundamento novedoso”, impulsado por el “reclamo de un sector de la opinión pública”, aparecería como caprichoso.

El magistrado enfatizó que tal acción iría en desmedro del principio de independencia y perjudicaría la seguridad jurídica.

“Los jueces no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima”, dijo Castelli y solicitó públicamente que, dada la posibilidad de que la convocatoria de la Superintendencia de Casación para “coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación” implique eventuales cambios en el modo del juicio, se incluya a los abogados y a la fiscalía en ese encuentro. Pero esto no ocurrirá, ya que solo se les sugerirán medidas para aligerar la carga del tribunal.

Los magistrados, en su lamento sobre la falta de colaboración, dijeron que desde el sorteo del expediente, en septiembre de 2019, hicieron múltiples reclamos de recursos que solo fueron satisfechos de manera parcial.

Las necesidades solicitadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Pena no fueron concedidas o fueron insatisfactorias, dijeron.

Por ejemplo, señalaron que a pesar de no contar con una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial la semana pasada, decidieron arrancar por Zoom.

Señalaron que en 2022 y en 2024 pidieron al Consejo de la Magistratura contratos y que fueron insuficientes. Las peticiones se reiteraron al menos seis veces entre 2019 y 2021, remarcaron.

Agregaron que, en 2022, le pidieron a la Corte más espacio físico y que no tuvieron respuesta. Dijeron que le pidieron a la Casación que no le manden más causas, pero que esta solicitud les fue denegada y que hoy tienen 122 expedientes en trámite y 39 en condiciones de fijar fecha de juicio (tres de ellas con detenidos).

Indicaron que el 15 de julio de 2025 le pidieron a la Corte Suprema −a través de la Dirección de Relaciones Institucionales− una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, que los mandaron a hablar con la Casación y que la petición fue archivada.

Reconocieron que el presidente de la Casación, Daniel Petrone, les ofreció utilizar la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hizo el juicio a la AMIA, que cuenta con capacidad para 200 personas y nueva tecnología.

Pero indicaron que la sala tiene “dos problemas insolubles”: aún no terminaron las por remodelaciones y que los jueces no tienen oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia.