POLITICA
Jorge Macri señaló que hay “mucho exitismo” y consideró que el resultado electoral “no es un cheque en blanco”

Jorge Macri analizó la forma en que el Gobierno asumió el respaldo que recibió el pasado 26 de octubre en las urnas. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño señaló que percibe “mucho exitismo” y dijo que los resultados obtenidos no implican un “cheque en blanco”.
“Una elección intermedia no define todo y ya nos equivocamos muchas veces con eso en la Argentina, no nos comamos esa curva”, aseguró en diálogo con Luis Majul, por LN+, en La Cornisa.
Recordó que el peronismo perdió las elecciones intermedias en 2009, 2013, 2017 y las de este 2025, y que eso no necesariamente refleja el ánimo de la gente para una elección general. En ese marco, señaló la necesidad de “trabajar juntos” -en referencia a La Libertad Avanza y el Pro- para “definitivamente emprender un camino de transformación”.
El jefe de Gobierno sostuvo que la discusión en 2027 será otra cosa. “Está bien que LLA tenga sus candidatos y el PRO tendrá los suyos”, manifestó. Y añadió: “La Libertad Avanza no se va a comer al PRO”.
Jorge Macri tiene que negociar los fondos que la Ciudad le reclama a la Nación por el recorte que le aplicó Alberto Fernández para otorgarle a la provincia.
Por otra parte, el jefe de gobierno dijo que observa un cambio en la forma de abordar las negociaciones con los gobernadores por parte del Gobierno. En ese sentido, señaló la reunión que se llevó a cabo recientemente con los mandatarios provinciales y aseguró que el Presidente señaló su voluntad de tener presupuesto, lo que, indicó, implica tener diálogo para alcanzar consensos.
Macri también sostuvo que el gobierno nacional está incumpliendo un fallo de la Corte Suprema vinculado a la coparticipación. Explicó que la voluntad del gobierno porteño es que se cumpla el acuerdo alcanzado en 2024 y que sea incluido en el presupuesto 2026. “Lo he hablado con todos los diputados que integran la comisión de presupuesto y es uno de los requerimientos que tenemos”, afirmó.
Respecto a la agenda legislativa, el jefe de gobierno también aseguró que coincide con la necesidad de una modernización laboral y aclaró que no debería ser para la gente que cuenta con un empleo formal si no para aquellos que no lo tienen. “Para los que están en blanco hay que trabajar sobre la industria del juicio”, señaló.
En cuanto al debate sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma impositiva, otro de los temas que el Gobierno nacional buscará abordar en el Congreso, sostuvo que se trata de una reforma “imprescindible”. “Si tenemos la mitad de la economía -o más- en negro, bajemos impuestos para ampliar la base imponible”, propuso.
Respecto a ese tema, también indicó que este martes por la mañana se reunirá con el ministro Luis Caputo y Carlos Guberman, secretario de Hacienda de esa cartera, con el objetivo de destrabar ese atraso en el pago de lo acordado. “Entiendo que los últimos meses han sido difíciles para el gobierno nacional entonces algun atraso es aceptable, pero son números muy grandes y espero que podamos destrabarlo rápidamente”, dijo. Y agregó: “Para mí, incumplir un fallo de la Corte Suprema no es un dato menor”.
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POLITICA
El Gobierno enfría la ofensiva contra la AFA para evitar sanciones de la FIFA y se concentra en las sesiones extraordinarias

El Gobierno enfría los embates contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se enfoca en las negociaciones por las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo sostiene que no prepara nuevas presentaciones judiciales ni profundizará los avances contra la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y argumenta que no está en el eje de prioridades.
Es por eso que en la Casa Rosada le bajan el tono a las declaraciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que pidió “estudiar la transparencia de la AFA” desde la Cámara Alta. “Hay que ver la forma bajo la que se enmarca la investigación. No está definido y no va a haber nada en el corto plazo”, expresan en Nación.
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En Balcarce 50 advierten que tienen que “definir de qué forma avanzar” y argumentan que buscan evitar una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por intromisión estatal dentro de la AFA en la previa del Mundial de Fútbol de 2026.
“Tienen una política muy rigurosa sobre el tema”, agregan en el oficialismo. El estatuto de la FIFA dispone que “no reconocerá las decisiones adoptadas por órganos que no hayan sido elegidos o nombrados de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo”, que refiere a la administración de forma independiente y sin la injerencia de terceros.
En la mesa chica del Gobierno descartan una intervención de la AFA y reconocen que no tienen en carpeta un avance judicial, más allá del que ya realizó la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejos, que es cercano a Tapia. La Justicia realizó este martes 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol.
El Ejecutivo evalúa desde la semana pasada abrirle un sumario a la AFA a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) por presuntas irregularidades en los balances contables, pero no tomó una decisión. Sí definió que presentará en los próximos días una reiteración formal de los pedidos de explicaciones que continúan abiertos en expedientes previos.
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En la Casa Rosada sostienen que se enfocarán en activar las negociaciones legislativas tras el inicio de sesiones extraordinarias en este miércoles. Las prioridades son el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el proyecto que promueve el uso de dólares del “colchón”. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, estuvo este martes con legisladores de LLA para explicar detalles técnicos.
En Balcarce 50 aseguran que convocarán reuniones con jefes de bloque aliados y no descartan mayores contactos con gobernadores. Los encargados de llevar las negociaciones son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y Bullrich.
Gobierno, AFA, sesiones extraordinarias
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¿Qué se sabe de la reforma laboral que presenta el gobierno de Milei?

El Gobierno presentará este martes 9 de diciembre la nueva normativa para regular el mercado laboral. El Poder Ejecutivo formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 31 de diciembre para el tratamiento de esta iniciativa y del Presupuesto 2026. La administración de Javier Milei apunta a obtener la media sanción de la normativa antes del cierre del año y su aprobación definitiva en febrero con el respaldo de la nueva conformación parlamentaria.
El borrador del texto, al cual pudo conocer , plantea modificaciones sustanciales en las condiciones y modalidades de trabajo. La propuesta habilita la celebración de contratos a tiempo parcial y otorga “libertad en las formas de contratación” para la contratación del personal. Un punto destacado es la posibilidad de pactar salarios en pesos, en moneda extranjera o incluso a cambio de alimentos y especias, como también fijarlos por productividad.
La iniciativa incorpora la figura del “banco de horas”, un sistema que apunta a flexibilizar la jornada laboral mediante la acumulación de horas extra en un saldo a favor del empleado. Estas se compensan con días libres o jornadas reducidas en el futuro en lugar de un pago adicional. La norma mantiene el mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
El régimen de vacaciones también sufre alteraciones. El proyecto permite el fraccionamiento del período de descanso. El empleador debe notificar la fecha con 45 días de antelación en caso de imponerla. Otro cambio relevante es la eliminación de la antigüedad ante un cambio de empleador, beneficio que existía en casos de sustitución patronal.
El Gobierno insiste con la creación de un fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones tradicionales por despido con causa, un mecanismo que requiere un acuerdo previo mediante convenio entre las partes. El empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual del trabajador. El esquema contempla un aporte del 12% del salario durante el primer año y del 8% a partir del segundo. Los fondos van a una cuenta bancaria, generan intereses y son de libre disponibilidad e inembargables.
El proyecto prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta caja se constituye con el aporte del 3% de las contribuciones patronales bajo la tutela de los ministerios de Capital Humano y Economía para afrontar “contingencias laborales”.
La reforma laboral busca reducir la “discrecionalidad” de los jueces en los conflictos. El texto establece un cálculo único para las indemnizaciones actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. La norma prohíbe de forma explícita el devengamiento de intereses sobre intereses. La iniciativa excluye ítems como el aguinaldo, las vacaciones y los premios de la base de cálculo indemnizatorio.
La ampliación de los servicios considerados esenciales figura como uno de los puntos de mayor conflicto. Los gremios interpretan esta medida como una “limitación al derecho a huelga”. Referentes de la CGT advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de la norma y anticiparon la judicialización de la ley.
El proyecto oficial no restringe el cobro de la cuota sindical. Introduce un requisito para que las empresas actúen como agentes de retención: la validación expresa del gremio y del empleado. La normativa también contempla un endurecimiento de las penas para los delegados sindicales.
Patricia Bullrich, quien asume su banca en el Senado el 10 de diciembre, defendió la iniciativa. La funcionaria calificó la ley ante el medio El Observador: “Es una ley ecuánime, moderada, que no se va a viejos proyectos que son de flexibilización laboral”. Y destacó que la norma “moderniza y genera certezas para trabajadores y empresarios”.
La Casa Rosada prevé resistencia por parte de los sindicatos y da por hecho la realización de movilizaciones. Fuentes oficiales aseguraron a : “Es una reforma pro generación de trabajo. Todo lo que no implique generación de empleo no va a estar”. El Gobierno apuesta al diálogo con sectores del radicalismo, el Pro y senadores provinciales independientes para conseguir los votos necesarios ante la negativa del bloque kirchnerista.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.
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El Gobierno enfrenta su primera prueba poselectoral: tensión por los tiempos para arrancar con el Presupuesto 2026


El oficialismo se impuso el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 como primera prueba poselectoral. El proyecto vino ganando títulos durante semanas, marcadas por una larga serie de reuniones formales y conversaciones reservadas con gobernadores, para tratar de asegurar un rápido trámite en Diputados y el paso sin modificaciones por el Senado. Llegó ahora el día de traducir las negociaciones. Este miércoles arranca formalmente el período de sesiones extraordinarias, pero hay demora y la previa anotó recelos en la Cámara baja, además de versiones sobre hilos aún sueltos en las tratativas con los jefes provinciales.
El foco apuntó en las últimas horas al despacho de Martín Menem. Se esperaba una señal sobre la inmediata recomposición de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero finalmente trascendió que recién a principios de la semana que viene sería dado ese paso, con la intención de sesionar uno o dos días después. El punto es que la demora se debería a antes que nada a cuestiones que tiene que resolver el Ejecutivo: con quiénes y cómo cerrar acuerdos, porque no habría elasticidad suficiente con todos los gobernadores.
Diego Santilli ya recorrió casi todo el circuito de las provincias consideradas para el diálogo, es decir, descontando opositores duros, por decisión de Olivos, no como fruto de desaires a una convocatoria oficial. La respuesta a las demandas es una cuestión que no se limita al ministerio del Interior, porque pesa Luis Caputo. Vale un ejemplo notorio: las tratativas con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que generó la poda de CFK -con Alberto Fernández presidente- suma una o dos reuniones por semana, pero hasta ahora sin acuerdo sellado.
Desde el oficialismo, insisten en proyectar un panorama optimista. No parece sencillo. Hablan de una negociación que finalmente le permitiría contar con el apoyo de peronistas alejados de UxP, provinciales y buena parte sino todo el interbloque armado por el PRO, golpeado por los saltos hacia LLA, y parte del radicalismo. Necesita avanzar más en el heterogéneo espacio abierto al diálogo y, a la vez, insistente con sus demandas. Le hacen falta 34 diputados para tener quórum, además de asistencia firma de su bloque, que creció a 95 integrantes.
El tratamiento a la carrera que Olivos se trazó como objetivo para coronar el Presupuesto aumentó las expectativas sobre una rápida constitución de la referida comisión de Diputados. Y tal vez por eso mismo, resultó llamativa la postergación hasta la semana que viene. El clima anotaba además algunas tensiones sobre el criterio para distribuir las 49 sillas de Presupuesto y Hacienda.
Durante la jornada, mientras se sucedían conversaciones en la presidencia de la Cámara, circuló la información según la cual podrían restarle un lugar al interbloque de Provincias Unidas y uno también al PRO-UCR. La discusión tiene antecedentes y remite al modo de considerar el peso de cada sector, como bloque exclusivamente o en función de interbloques. Pero, por supuesto, se trata de una cuestión política, que sería más evidente si termina siendo beneficiado algún socio del oficialismo.
La primera cita de PyH aprieta aún más el calendario violeta. La intención sería integrar la comisión el lunes o martes, imponer dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto veinticuatro horas después. El acuerdo político con aliados y dialoguistas debería ser repetido en el Senado, también velozmente, para aprobar la ley antes de fin de año. Ese es el plan, claro, pero antes debe ser resuelto el capítulo de las tratativas con los gobernadores.
Vinculada con ese desenlace, aunque con características propias, la apuesta violeta en el Senado está centrada en la reforma laboral. El proyecto llegaría el jueves o viernes a la Cámara alta y se estima que, en el mejor de los casos, podría tener dictamen hacia fin de año. Es un desafío que se plantea personalmente Patricia Bullrich, después de algunos pasos en falso o contratiempos como elemento desgastante.
En este caso, a diferencia del Presupuesto, el tema trasciende el terreno “estrictamente político” e involucra a organizaciones sindicales y empresariales. La CGT está a la espera del texto del proyecto, más allá de las versiones que la ponen en guardia y de los guiños que trascienden. Los jefes cegetistas comenzaron a tener encuentros con representantes de la oposición y gobernadores. Por lo demás, la agenda formal para un trámite legislativo como el que se avecina incluye la convocatoria a las entidades directamente afectadas y a expertos en la materia.
Cada uno de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias tiene artículos sensibles, desde la “modernización laboral” a la ley de glaciares y los dólares del colchón. Resulta difícil para el Gobierno articular un sistema de alianzas sólidas que funcione indistintamente frente a cualquier iniciativa. La prueba inicial, por lo pronto, está atada al Presupuesto.
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