POLITICA
Jorge Triaca: “Esta reforma laboral da previsibilidad y certezas, lo que favorecerá la creación de empleo”

El exministro de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) Jorge Triaca asevera que el proyecto de “modernización laboral” que presentó el Gobierno al Congreso es una oportunidad para insuflarle mayor dinamismo a un mercado laboral estancado y que, advierte, hace 12 años que no genera empleo formal en el sector privado.
En diálogo con , Triaca señala que uno de los puntos positivos del proyecto es que establece parámetros claros para la incorporación y despido de trabajadores, lo que redundará en una reducción de la llamada “industria del juicio” y, por consiguiente, en un incentivo para la contratación.
Sin embargo, también señala algunos puntos grises de la iniciativa –como el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral− y tiene dudas sobre la conveniencia de eliminar las polémicas cuotas sindicales y empresarias.
−¿Cree que el proyecto impactará positivamente en la generación de empleo formal? ¿Por qué?
−Yo creo que sí: da previsibilidad, establece elementos claros para la incorporación y para la salida de los trabajadores, que son las demandas más importantes del sector empleador. Además, incluye cláusulas que apuntan a reducir la litigiosidad y la industria del juicio. El motivo central por el cual los sectores empresarios deciden tomar un trabajador nuevo está vinculado a que tenga un rédito en relación a la inversión que realiza tanto en capital como en recursos humanos; cuando ve que eso se pone en riesgo a partir de la litigiosidad se retrae la voluntad de contratar a una persona nueva. Dispone, también, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para atender las futuras indemnizaciones. Entonces, este proyecto busca resolver y dar previsibilidad al sector empleador, que es el sector que contrata, para que tenga certeza en relación a sus costos. No alcanza solamente con arreglar la macroeconomía; también hay que darle previsibilidad al empresario a la hora de contratar a los trabajadores. Me parece que todas estas reformas van a impactar positivamente en el mediano plazo y, sobre todo, le darán dinamismo a uno de los sectores más castigados del mercado laboral, que son las pequeñas y medianas empresas.
−¿Qué ventajas le ofrecería esta reforma a los futuros trabajadores?
−El proyecto ofrece un dinamismo que va a ayudar a los futuros trabajadores a conseguir un trabajo formal de otra manera. Hace doce años que no se genera empleo en el sector privado formal, y si esta ley se aprueba, le va dar una dinámica distinta al mercado laboral. Sobre todo para las empresas nuevas y aquellas que se sumen al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que quiere llevar adelante el Gobierno. Además, el proyecto propone que la negociación de los convenios colectivos (entre empresarios y gremios) sea por empresa, con un reflejo regional, lo que da la posibilidad de analizar situaciones particulares de los procesos productivos.
−¿Qué aspectos del proyecto quedan, a su juicio, a mitad de camino o bien perjudican a los trabajadores?
−Creo que el proyecto pudo ser más claro y preciso en lo referido a la negociación colectiva, entendiendo que entran en conflicto algunos criterios, como el de la negociación universal. Me parece que el proceso de negociación colectiva tiene que estar profesionalizado, tiene que tener financiamiento para que las partes (gremios y empresas) puedan llevarlo de manera técnicamente responsable y dé certezas de lo que finalmente se negocie. Entiendo que el Gobierno pretende reducir costos (al establecer en el proyecto fuertes limitaciones al cobro compulsivo de las denominadas cuotas solidarias que gremios y cámaras acuerdan en los convenios colectivos y que aplican a trabajadores no afiliados y empresas de sus actividades respectivas). También que ha habido abusos tanto de la representación gremial como trabajadora, pero tengo alguna diferencia sobre este punto.
−¿Cree que esta reforma debería eliminar las llamadas “cuotas sindicales”?
−Está relacionado justamente con lo anterior. Si el beneficio de una negociación es universal, es lógico que se considere al afiliado haciendo los aportes con los beneficios adicionales que puede dar el sindicato. Pero hay que considerar los costos de la negociación, la profesionalización de los dirigentes, los recursos técnicos que se utilizan, los procesos de fortalecimiento de la representación gremial, tanto de trabajadores como empresarios. Me parece que el proyecto es bastante agresivo y eso le quita chances de que los procesos de negociación, que son correctos, se puedan llevar adelante. Me parece que el texto está más basado en casos muy particulares o en situaciones donde hubo abusos extremos.
−¿Qué puntos quedaron fuera del proyecto y deberían ser incluidos?
−Creo que pudo haberse trabajado también sobre otro tipo de relaciones de trabajadores independientes, los regímenes tributarios vinculados a autónomos y a monotributistas. Debió calibrarse, además, el impacto fiscal que (este proyecto) tendría sobre los servicios de la salud y el sistema previsional (porque un porcentaje de las contribuciones patronales que van destinadas a la Anses y a las obras sociales pasará, con esta ley, a financiar el FAL para pagar las futuras indemnizaciones). Es algo que debería analizarse.
−¿Cree que éste es el momento oportuno para discutir una ley de modernización laboral?
−Yo creo que sí, siempre es oportuno. Tenemos que acostumbrarnos a que discutir el marco laboral. Tiene que ser habitual. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos nos obligan a pensar formas de trabajo distintas, como puede ser el de la economía de las plataformas, el impacto de la inteligencia artificial. Y eso nos obliga a estar revisando permanentemente de qué manera podemos ser más productivos, de qué manera podemos ser más competitivos, porque eso va a generar más trabajo para los argentinos. El Gobierno tiene la oportunidad para poder hacerlo; hay un nivel de consenso generalizado y lo que tenemos que tratar de hacer es que lo que se escriba tenga no solo la sustentabilidad política y la sustentabilidad legislativa, sino sobre todo sustentabilidad judicial, que es donde mayores trabas ha tenido el Gobierno.
Laura Serra,Reforma laboral,Conforme a,Reforma laboral,,Senado. El oficialismo confía en aprobar la reforma laboral en diciembre, pero crecen las suspicacias por la interna oficialista,,Reforma laboral. Proyectan que los juicios por riesgos del trabajo serán récord y estiman un costo de $2,3 billones,,Reforma. Cómo es el plan de Milei para desarmar el fuero laboral, una trinchera residual del kirchnerismo
POLITICA
Cómo continúa la causa Cuadernos luego de la declaración de Cristina Kirchner

Este martes declaró la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, donde es la principal imputada, pero no la única. En este sentido, las audiencias continuarán en los próximos días, con gran actividad el jueves, donde se harán presentes exfuncionarios del gobierno de CFK.
El 19 de marzo se presentarán en Tribunales exfuncionarios de la titular del PJ nacional, entre ellos, el exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que fue quien dio origen a la causa.
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También harán lo propio el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens (que estaba prevista para hoy, pero se reprogramó); del extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner; del financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y del exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra.
En tanto, el 26 de marzo será el turno del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello; el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez; el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián Ezequiel García Ramón; y el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Walter Fagyas. También declararán los empresarios Carlos José Mundin, presidente de BTU S.A.; Claudio Javier Glazman, exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI); y Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A..
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Finalmente, el 31 de marzo, se indagará a los industriales Raúl Víctor Vertúa, presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.; a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.; a Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A.; a Néstor Emilio Otero, accionista mayoritario de TEBA S.A.; a Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.; Raúl Víctor Vertúa, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Roberto Armando Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.; al exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río; y a Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.
Todavía no fueron informadas las fechas en que serán convocadas a declarar las restantes personas imputadas.
Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución política
Tras presentarse en forma presencial en los tribunales de Comodoro Py, Cristina Kirchner volvió a referirse como “farsa judicial” a la causa cuadernos y dijo que esa investigación “es algo más que persecución política… es convalidar la mafia”.
En su indagatoria en la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución: “Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá”. Y agregó: “Desde el 6 de noviembre me tocó, hasta que me enfermé, escuchar que había recibido 204 hechos de coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, de quién? Además, ¿dónde está esa plata?”.
La exmandataria cuestionó: “Me dieron vuelta, me allanaron, me rompieron la casa de El Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? ¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá”.
“Estoy cumpliendo una condena injusta”, afirmó en relación a la sentencia por Vialidad. La expresidenta hizo su descargo de manera presencial en los tribunales federales de Retiro. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.
En su indagatoria en la causa Cuadernos, volvió a denunciar una persecución: “Hubo prácticas mafiosas de jueces para apretar a empresarios”. La expresidenta criticó: “Estamos ante una causa donde el juez de Instrucción, Claudio Bonadio, y el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, son directamente mafiosos. Ya no estamos ante persecución política”.
Cuadernos de las coimas, cristina kirchner, Justicia
POLITICA
El ministro de Justicia se reunió con los miembros de la Corte Suprema por las vacantes

El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primer encuentro con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con quienes dialogó por la gran cantidad de vacantes que existen en al ámbito de ese poder del Estado.
Según trascendió, en la reunión de la que participaron, además del funcionario recientemente designado por Javier Milei, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se trató el tema de la escasez de recursos humanos en el Poder Judicial.
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“Durante la reunión, el ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, publicaron en las redes sociales oficiales de la cartera nacional.
A través de un mensaje en X (ex Twitter), desde el Ministerio de Justicia señalaron: “También se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares”.
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“En ese sentido, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”, concluyó el comunicado de Mahiques.
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POLITICA
El capo narco y el fiscal al que habría planificado matar estuvieron frente a frente en un juicio cargado de tensión

Leonardo Airaldi declaró este martes en el juicio que afronta por narcotráfico. A pocos metros de él, se encontraba el fiscal José Candioti, una de las tres personas que el acusado habría planeado asesinar, según el testimonio de un recluso, que derivó en una nueva investigación sobre el ex presidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante.
El acusado fue trasladado este martes desde el penal de máxima seguridad de Ezeiza a Paraná. Para ello, se dispuso un fuerte operativo. El esquema incluyó un vehículo blindado. Airaldi llegó custodiado por agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la tropa de élite del Servicio Penitenciario federal.
El objetivo era que cumpliera con su identificación en el debate. Además, tendría la chance de declarar en el juicio que se le sigue en el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana. Enfrenta cargos por organizar y financiar una banda narco y por almacenar estupefacientes.
Por otro lado, la investigación por el plan criminal para asesinar a Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recién da sus primeros pasos en Gualeguaychú. La pesquisa está a cargo del fiscal Pedro Rebollo.
Luego de que Noemí Berros, presidenta del TOF, terminó con las preguntas de rigor, el acusado pidió hablar. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal Candioti”, soltó. El funcionario judicial no se inmutó, aunque la frase cortó el ambiente de la sala.
En un cuarto intermedio posterior, el comentario nervioso que circulaba era que el acusado no negó el complot, sino que se solidarizó con una de las víctimas potenciales. Las expresiones, en rigor, confirmaban la existencia del plan criminal. En Diamante se comenta que el acusado es una persona de hablar de más. Ahora podría haber cometido el mismo error.
“En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona”, agregó Airaldi. “Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, completó.

El acusado se sentó junto a otros imputados. En todo momento tuvo colocado su chaleco antibalas A su lado, se apostó un integrante del GEI. La entrada y salida de la sala de audiencias implicó un despliegue inusitado. Airaldi entró esposado por la espalda. Lo escoltaba un grupo de agentes del GEI protegidos por escudos antibalas y cascos. Al frente iba otro uniformado con un arma larga.
El plan criminal que habría diseñado el acusado se conoció el viernes 20 de febrero. Una semana después se lo declaró preso de alto riesgo a pedido de la Justicia. Esto motivó su traslado desde la cárcel de Gualeguaychú, una granja penitenciaria provincial, al penal de Ezeiza. Allí pasa sus días en aislamiento.
El principal acusado fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, una localidad ubicada a 40 km sur de Paraná. Su familia tenía actividad agropecuaria desde hacía décadas en esa zona.
En qué consiste el supuesto complot
Otro preso por narcotráfico fue quien reveló a la Justicia el presunto plan criminal. Se trata de Daniel “Tavi” Celis, otro capo enfrentado con Airaldi. Ambos convivían en el Pabellón “E” de la cárcel de Gualeguaychú. Allí están los condenados y procesados por la Justicia federal por causas vinculadas al narcotráfico.
Según Celis, Airaldi se habría jactado de haber contratado sicarios uruguayos para liquidar a Candioti y Ríos. El lugar de ejecución sería Punta del Este. Con ese fin, habría pagado USD 40 mil. La razón es que ambos funcionarios judiciales habrían actuado en las causas por las que sería sometido a juicio, consignó en su declaración.
Además, el esquema criminal también comprendía la ejecución de Roncaglia. Antes de ser ministro de Seguridad, el funcionario provincial ocupó la Jefatura de la Policía Federal y, en forma previa, la de Drogas Peligrosas de la fuerza.
Celis hizo esta revelación ante el fiscal federal Pedro Rebollo sin solicitar ninguna medida de resguardo. No pidió, por caso, ser testigo protegido. Lo mismo ocurrió con otros dos internos que declararon en igual sentido.
Tres a cero

Durante la audiencia, la jueza Berros informó que el cuerpo había tomado la decisión de habilitar la participación de la PROCUNAR como órgano acusador. La Fiscalía especializada en narcocriminalidad se había presentado al juicio con su titular, Diego Iglesias. La defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, impugnó su presencia.
El TOF consideró que no debía “invadir las atribuciones” del Ministerio Püblico Fiscal. Tampoco le competía “inmiscuirse en las decisiones que, en el ejercicio de sus facultades legales, ha adoptado el Procurador General de la Nación” al designar a Iglesias, detalló Berros al comunicar la decisión.
En ese orden, el Tribunal consideró una atribución del MPF asignar “dos o más” de sus integrantes para participar en el debate. Esto se gritó como un gol en la Procuración. Es que otros Tribunales Federales han limitado a un par de fiscales las acusaciones en los juicios. Algunos son procesos relevantes, como el caso del ARA San Juan en Santa Cruz.
La voz áspera de Berros resonó una vez más en la pequeña sala de audiencias. Fue para anunciar que se había rechazado la nulidad del procesamiento y del requerimiento de elevación a juicio de las dos causas contra Airaldi. Estas eran las últimas acciones que tenía la defensa para frenar el enjuiciamiento. Por eso Fiscalía festejó como una goleada 3 a 0 las decisiones del Tribunal.
Fueron, en total, casi 9 horas de debate. La próxima audiencia será el jueves 26 de marzo. Airaldi seguirá las alternativas por videoconferencia desde Ezeiza.
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