La Confederación General del Trabajo (CGT) cerró el año con un mensaje en redes sociales orientado a reforzar la unidad del movimiento obrero y a reafirmar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. “No es un año más; es un año que nos necesita más unidos”.

En el mensaje, la central planteó que el inicio del nuevo año estará marcado por desafíos que requieren mayor compromiso y organización colectiva.

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La CGT también remarcó que lo que está en juego no se reduce a una discusión normativa, sino que involucra condiciones de vida, empleo y expectativas de futuro para los trabajadores y sus familias. La consigna apuntó a consolidar la unidad como herramienta frente a un contexto adverso.

Un mensaje político de fin de año

En el video difundido, la CGT planteó que comienza un año de desafíos que requiere un esfuerzo colectivo mayor.

“Un nuevo año, no es un año más; es un año que nos necesita más unidos para defender la fuerza del trabajo y los derechos conquistados con décadas de lucha. Derechos que no son números: son personas, familias y futuro”, comienza el video.

Luego plantea que desde el sindicalismo y desde la política, “este año se enfrenta con unidad, organización y lucha colectiva”.

En su cuenta de la red social X, la CGT acompañó el video con un mensaje hacia el interior del movimiento obrero, pero también hacia el peronismo. “Empieza un año de desafíos, un tiempo que exige más compromiso, más organización y más unidad. Lo que está en juego son los derechos construidos con décadas de lucha, son familias, trabajo y futuro”.

La reforma laboral como eje de conflicto

El posicionamiento de la central obrera se inscribe en una estrategia más amplia frente al proyecto de reforma laboral. La CGT busca apoyos políticos para frenar la iniciativa que ingresó el oficialismo en el Senado.

El Gobierno descartó abrir una instancia formal de negociación y relativizó el impacto de las acciones gremiales, pero aseguró que si la cúpula de la central obrera pide una reunión estaría dispuesto a recibirla.

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La CGT viene de impulsar una movilización el 18 de diciembre y anunció la posibilidad de un paro nacional para el día en que la Cámara Alta trate la reforma. Desde el Ejecutivo reconocieron que intentarán evitar enfrentamientos si se concreta una nueva protesta.

Si bien celebró la decisión oficial de postergar el tratamiento del proyecto en el Senado hasta febrero, advirtió que, de avanzar sin consensos, la iniciativa podría terminar judicializada. Desde la conducción sindical atribuyeron la postergación a la presión gremial, al trabajo político previo y a la falta de votos suficientes, aunque aclararon que la discusión de fondo sigue abierta y que la estrategia de diálogo y movilización continuará en el nuevo año.

CGT, reforma laboral

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El Congreso de la Nación cierra un 2025 muy marcado por la estrategia del oficialismo y la oposición. La Libertad Avanza buscó durante todo el año sostener alianzas que venían “golpeadas” por promesas incumplidas y, con eso, apostar a aguantar el embate de la oposición que luego del primer año libertario -en donde se mostró dialoguista- empezó a moverse en busca de alianzas “temáticas” para contener el avance de un Gobierno que -aún con minoría parlamentaria- mostró un modelo de hacer política desprejuiciado y poco común para los parámetros del Palacio Legislativo.

En este esquema, mientras el Poder Ejecutivo seguía con su política de “acelerar en las curvas”, el Congreso trabajó durante el 2025 con el “freno de mano”, lo que tuvo como consecuencia uno de los peores años en lo que se refiere a la sanción de leyes. En los números fríos de las estadísticas el Congreso 2025 cerró su período de sesiones con 11 leyes aprobadas, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados.

Según el relevamiento que realizó el sitio web especializado Directorio Legislativo, en el 2025 que tuvo 52 semanas se realizaron 22 sesiones. Pero lo que muestra que los libertarios fueron con el freno de mano y que a la oposición le costó encontrar puntos de encuentro fue que el 50 % de las veces que se abrió el recinto fue por sesiones especiales, es decir, a pedido de los legisladores y no por la propia agenda parlamentaria.

Esto fue consecuencia de la estrategia libertaria que decidió cerrar las comisiones, lo que obligó a la oposición a tener que realizar emplazamientos para poder ir a debatir los temas. Esto generó una dificultad mayor para el tratamiento parlamentario ya que la oposición necesitaba abrir el recinto para obligar a abrir las comisiones que comanda el oficialismo e hizo que el camino para la aprobación de una ley se hiciera mucho más largo.

A la hora de explicar el por qué de esta baja producción legislativa -la menor en los últimos 10 años- un diputado opositor hizo referencia a lo difícil que fue el proceso parlamentario. «Primero hay que juntar el número para abrir el recinto, después los votos para emplazar a la comisión. Ir a la comisión y obtener dictamen, volver a conseguir los 129 diputados para tener el quórum e ir al recinto, los votos para aprobarlo. Ir al Senado, pasar por el mismo proceso; para que el Ejecutivo lo vete y empezar todo de nuevo“.

Esta estrategia parlamentaria que impulsó La Libertad Avanza que significó un freno importante a la actividad parlamentaria y que incluyó el cierre de las comisiones -hubo 20 emplazamientos a las comisiones solo en Diputados en 2025, un récord histórico– también quedó reflejada en las autorías de las leyes que se trataron y aprobaron.

En 2025 el Congreso sancionó 11 leyes, de las que 3 son acuerdos internacionales que habían quedado pendientes de la presidencia de Alberto Fernández, y ocho iniciativas las cuales fueron todas presentadas por los bloques de la oposición y varias fueron vetadas por el Ejecutivo. En este esquema aparecen la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad (votada 4 veces), la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales (votada 4 veces), la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás.

Uno de los pocos movimientos que impulsó el oficialismo en el período de sesiones ordinarias fue la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. En abril de este año el Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para el Máximo Tribunal de Manuel García-Mansilla, que primero asumió en comisión vía un Decreto presidencial y luego renunció, y Ariel Lijo. Ninguno de los magistrados obtuvo el acuerdo del Senado y eso dejó sin efecto la única decisión parlamentaria que empujó la administración de La Libertad Avanza durante el período de sesiones ordinarias en el 2025.