Luego de las quejas por la falta de celeridad y presencialidad del debate, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por los Cuadernos de las Coimas, decidió sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre y pedir la sala especial donde se hizo el Juicio a las Juntas para hacer sesiones “híbridas”, esto es, semipresenciales.

No obstante, los magistrados destacaron en una extensa resolución de 14 carillas que se leyó al comienzo del juicio esta mañana, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli salieron así a responder a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, que los citaron para la semana que viene con la intención de pedirles que el juicio se realice con mayor frecuencia que una vez a la semana y que sea presencial −no por Zoom−. Algunos magistrados incluso sugirieron que se corten las vacaciones de verano para este proceso.

Los camaristas defendieron la modalidad virtual, pero al mismo tiempo dijeron que van a imprimir mayor celeridad y presencialidad.

Con todo, hicieron público un extenso listado de carencias y reclamos insatisfechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, que datan desde 2019.

Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.

En cuanto a la modalidad, aunque las audiencias iniciales se realizan por Zoom, los jueces dispusieron que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados se lleven a cabo de manera híbrida.

Eso implica que en la sala estén presentes físicamente tanto los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, junto a sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público.

Para concretar esta mayor presencialidad, el tribunal dijo que le pedirá a la Corte Suprema, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales.

Se trata, en rigor, de una gran sala de juicios que hoy no se usa: es el lugar donde se realizó el juicio a las Juntas Militares, como así también el juicio por la tragedia del boliche Cromagnon y donde se tomaron indagatorias por el fraude en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Es una gran sala, revestida con boiserie oscura, con un estrado imponente, con vitraux detrás de los sillones de los jueces, escritorios para la fiscalía, las defensas, un lugar para que los acusados pasen al frente a declarar y bancos largos, tipo Iglesia en la planta baja y en dos bandejas superiores, que ofician como palcos.

El TOF 7 es el único que no tiene oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Allí se encuentran todo el material de la causa. Por eso pidieron no moverse de ahí para seguir el juicio y contar con una oficina en la planta baja.

Los jueces Méndez Signori y Canero dijeron que ya usaron esta modalidad híbrida en varios juicios y que no fue cuestionada hasta ahora.

Castelli adhirió a estas posturas y añadió una fuerte defensa de la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sostuvo que, con el debate ya iniciado, un cambio repentino de las reglas de juego “sin un fundamento novedoso”, impulsado por el “reclamo de un sector de la opinión pública”, aparecería como caprichoso.

El magistrado enfatizó que tal acción iría en desmedro del principio de independencia y perjudicaría la seguridad jurídica.

“Los jueces no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima”, dijo Castelli y solicitó públicamente que, dada la posibilidad de que la convocatoria de la Superintendencia de Casación para “coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación” implique eventuales cambios en el modo del juicio, se incluya a los abogados y a la fiscalía en ese encuentro. Pero esto no ocurrirá, ya que solo se les sugerirán medidas para aligerar la carga del tribunal.

Los magistrados, en su lamento sobre la falta de colaboración, dijeron que desde el sorteo del expediente, en septiembre de 2019, hicieron múltiples reclamos de recursos que solo fueron satisfechos de manera parcial.

Las necesidades solicitadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Pena no fueron concedidas o fueron insatisfactorias, dijeron.

Por ejemplo, señalaron que a pesar de no contar con una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial la semana pasada, decidieron arrancar por Zoom.

Señalaron que en 2022 y en 2024 pidieron al Consejo de la Magistratura contratos y que fueron insuficientes. Las peticiones se reiteraron al menos seis veces entre 2019 y 2021, remarcaron.

Agregaron que, en 2022, le pidieron a la Corte más espacio físico y que no tuvieron respuesta. Dijeron que le pidieron a la Casación que no le manden más causas, pero que esta solicitud les fue denegada y que hoy tienen 122 expedientes en trámite y 39 en condiciones de fijar fecha de juicio (tres de ellas con detenidos).

Indicaron que el 15 de julio de 2025 le pidieron a la Corte Suprema −a través de la Dirección de Relaciones Institucionales− una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, que los mandaron a hablar con la Casación y que la petición fue archivada.

Reconocieron que el presidente de la Casación, Daniel Petrone, les ofreció utilizar la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hizo el juicio a la AMIA, que cuenta con capacidad para 200 personas y nueva tecnología.

Pero indicaron que la sala tiene “dos problemas insolubles”: aún no terminaron las por remodelaciones y que los jueces no tienen oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia.

El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, se entregó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, donde quedó formalmente detenido. La medida judicial responde a la confirmación de su condena por la Tragedia de Once por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que habilita el inicio del cumplimiento de la pena. El exfuncionario arribó al edificio minutos antes de las ocho, casi media hora antes de su citación oficial.

La detención del exfuncionario se produjo porque la Corte Suprema de Justicia rechazó el miércoles un último recurso de su defensa, lo que dejó firme la sentencia a cuatro años de prisión por administración fraudulenta. Con esa decisión, el máximo tribunal validó el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4, que en 2018 lo había condenado a cinco años de cárcel. La Cámara de Casación redujo más tarde la pena a cuatro años.

El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel, citó a De Vido a presentarse este jueves a las 8.30. El exministro llegó al edificio judicial en un vehículo Volkswagen Nivus, evitó el contacto con la prensa y subió directamente al sexto piso. Tras su ingreso, quedó formalmente bajo custodia.

El exministro de Planificación se presentó en el sexto piso del edificio de Comodoro Py, donde funciona el tribunal que lo sentenció. Un operativo especial de seguridad, con agentes del Servicio Penitenciario, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, cerró parcialmente el acceso al área. Desde allí, De Vido se conectó de forma remota a la segunda audiencia del juicio por la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en la que está imputado como organizador de una asociación ilícita.

La citación original era para las 10 de la mañana, pero el tribunal la adelantó para las 8.30 con el fin de asegurar su participación en el otro proceso judicial. Tras la finalización de la audiencia, se dispuso su traslado al penal de Ezeiza. La defensa del exministro, de 75 años, solicitó el cumplimiento de la condena en su domicilio por motivos de edad y salud. El TOF 4 debe resolver este pedido en las próximas semanas.

Luego del fallo de la Corte Suprema, la defensa del exfuncionario, a cargo de Maximiliano Rusconi, interpuso un recurso de reposición in extremis. Alegó que todavía estaba pendiente de resolución un planteo sobre la prescripción de la acción penal.

Los jueces del TOF desestimaron este intento y afirmaron que “los motivos esgrimidos no encuadran en ninguno de los supuestos legales” para suspender una condena firme. En su resolución, los magistrados advirtieron que “el cumplimiento de la sentencia es una obligación de esta judicatura”.

Rusconi criticó en un comunicado la decisión del máximo tribunal. La calificó de tener una “velocidad sospechosa y oportunismo evidente”. El abogado sostuvo que la Corte no tenía jurisdicción para pronunciarse mientras el planteo de prescripción estaba pendiente. La defensa adelantó que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Esta es la primera de tres condenas contra De Vido que queda firme. El exfuncionario también tiene una pena de cuatro años por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y otra por fraude en la adquisición de gas natural licuado.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.