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POLITICA

Juan Manuel Valdés cuestionó los anuncios del Gobierno sobre discapacidad: “Que no nos tomen por tontos”

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El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Legislatura porteña, Juan Manuel Valdés, criticó enérgicamente al Gobierno nacional tras el anuncio de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y los nuevos anuncios relacionados con el Presupuesto 2026.

En este sentido, sostuvo que “lo que no quieren es financiar el sistema donde las personas con discapacidad son las víctimas y el eslabón más chico de la cadena”. En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Valdés profundizó su preocupación por la ausencia de soluciones concretas, alertando sobre el deterioro que atraviesan quienes dependen de prestaciones, tratamientos o pensiones.

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Durante la entrevista, Valdés remarcó que el debate sobre la discapacidad es un punto de consenso nacional, pero advirtió sobre los anuncios económicos realizados por las autoridades: “Este gobierno pisó el costo de la hora profesional y, por ejemplo, una escuela que tiene que dar tres comidas al día, puede solamente facturar tres mil pesos por día por chico. ¿Quién puede darle de comer a su chico por esa suma? Esos valores los fija el Estado nacional».

Valdés se refirió además a los anuncios del Presidente de la Nación, Javier Milei, sobre aumentos presupuestarios en discapacidad para 2026 y cuestionó: “Quisiera saber por qué no lo reglamenta ya. Lo que fijen para la discapacidad va a estar por debajo de la inflación, que no nos tome por tontos”.

Además, consideró que el estilo agresivo y la comunicación presidencial son más estrategia política que preocupación genuina: “Las personas con discapacidad no tienen cómo autoabastecerse en materia de tratamientos. La gente está con hambre y eso genera un voto castigo”.

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Consultado sobre la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Valdés fue contundente: “De ahí a que las partidas empiecen a aparecer y que se convoque al directorio para establecer los nomencladores para todas las terapias y valores, no pasa. La tiene que promulgar porque sino es un delito si no lo hace”. Además, puso la lupa sobre la narrativa oficial de “fraude” en el otorgamiento de pensiones: “El gobierno dice que ahí hay un curro. Cuando todos vimos el verdadero curro que son el 3% que pedían a las droguerías”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Valdés defendió la compatibilidad entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensión y discapacidad: “No debería ser incompatible, no están mal. ¿Quién se hace millonario? Hay plata para pagarlas, el universo que se abarca es de 1.100.000 personas. Son sectores muy vulnerables y no corresponde cortarles los beneficios ni señalarlos como delincuentes”.

Sobre el acceso a la pensión por discapacidad, el parlamentario informó está sujeto a dos condiciones: un porcentaje de discapacidad laboral que impida la integración plena al mundo del trabajo, y una situación socioeconómica por debajo de la línea de pobreza. “La emergencia tiene un valor de 0,025% del PIB. Lo que dice Adorni es ridículo. Lo que discutimos son fondos que el gobierno tiene y puede reasignar si hubiese voluntad”, apuntó el diputado, en relación con los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni.

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El legislador remarcó que, a nivel regional, Argentina dispone de un sistema de seguridad social que, pese a dificultades, aún garantiza mejores condiciones que otros países. “El sistema nacional de prestadores permite a la mayoría acceder a tratamientos y terapias que de otra manera serían impagables. Una escuela especial puede atender tanto a chicos de barrios populares como de sectores acomodados, porque la prestación está cubierta por el sistema y no depende del ingreso familiar. Por eso es vital el nomenclador, para que la prestación sea igual para todos”.

Al referirse a la situación durante los picos de inflación, Valdés admitió que nunca se pudo resolver del todo la cuestión de fondo: “Resuelta no está nunca. Yo creo que hubo conflictos. pero no creo que esto haya llegado al centro de la agenda política porque la política se subió, sino por la torpeza y la crueldad presidencial”.

El legislador porteño fue terminante al referirse a los episodios donde el propio presidente fue acusado de hostigar públicamente a un joven con trastorno del espectro autista: “Un presidente que se dedica a hostigar a un pibe con autismo es horrible. Eso no es política, fue hostigar a un ciudadano en lugar de tomarlo como ejemplo de superación. Conozco a Ian Moche y a su madre, y son luchadores y ejemplos para la sociedad. Lo contrario a lo que hacen el presidente y su hermana, que estafan a un sector vulnerable”.

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A modo de cierre, el legislador porteño remarcó el peso que tiene la discapacidad en la sociedad: “Estamos hablando de casi cinco millones de familias, porque no solo hay que contabilizar a las personas con discapacidad, sino también a sus familias, que son quienes se ponen al hombro los tratamientos y todo lo que implica acompañarlos”. Y concluyó: “La comunidad con discapacidad es el eslabón más débil de la cadena. Necesitamos que el Estado cumpla de verdad”.

La entrevista completa a Juan Manuel Valdés

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• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

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Irán desmintió a Donald Trump y negó haber pedido un alto al fuego: máxima tensión y sin señales de tregua

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La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que Irán negara de manera categórica haber solicitado un alto al fuego a Estados Unidos, en respuesta directa a las declaraciones del presidente Donald Trump.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, calificó como “falsas y sin fundamento” las afirmaciones del mandatario estadounidense, quien había asegurado que Teherán buscaba frenar el conflicto. Desde el régimen iraní, en cambio, endurecieron su postura y dejaron en claro que no hay negociaciones en curso.

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En la misma línea, el canciller Abbas Araghchi afirmó que “no se puede hablar al pueblo de Irán con el lenguaje de las amenazas y los plazos”, y remarcó que el nivel de confianza hacia Washington es “cero” en el actual contexto.

La desmentida llega en un momento crítico del conflicto, marcado por una fuerte escalada militar. En las últimas horas, se registraron ataques con misiles iraníes sobre el centro de Israel, que dejaron al menos 14 heridos, entre ellos una niña en estado crítico.

Donald Trump condiciona la tregua con Irán: exige reabrir el Estrecho de Ormuz para frenar los ataques

Además, la ofensiva de Teherán se extendió a otros puntos estratégicos de la región, con acciones sobre infraestructura en Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como el ataque a un petrolero vinculado a intereses israelíes en el Golfo Pérsico.

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En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán ratificó que el Estrecho de Ormuz continuará cerrado a sus “enemigos”, desafiando una de las principales exigencias planteadas por Trump para considerar cualquier tregua.

El mandatario estadounidense había sido claro al respecto: “Consideraremos cuando el Estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, estamos atacando Irán sin descanso”, sostuvo en sus redes sociales.

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Mientras tanto, el conflicto también impacta en el plano económico global. A pesar de la violencia en aumento, los mercados internacionales muestran un optimismo moderado ante la expectativa de un anuncio clave que Trump realizará desde la Casa Blanca, donde podría delinear los próximos pasos de la estrategia estadounidense.

Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. El endurecimiento del discurso iraní, sumado a la falta de avances diplomáticos concretos, aleja por ahora cualquier posibilidad de desescalada inmediata.

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La Justicia confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Chiqui Tapia y Toviggino

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La Cámara en lo Penal Económico confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La resolución se da en el marco de la causa que revisa deudas millonarias de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que ambos dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravada, por un lado, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, por el otro.

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Uno de los argumentos esgrimidos por los camaristas que firmaron la resolución, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, es que la prohibición no es “absoluta”, puesto que los dirigentes pueden pedir permiso a la Justicia para salir del país. Fue lo que hicieron, de hecho, en ocasiones previas, aunque con resultados dispares.

Los camaristas indicaron que la medida, ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante, está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.

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La Justicia suspendió la aplicación de la reforma laboral en el sector docente: qué implica la medida

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La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 100 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.

El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.

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“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.

En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general».

“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.

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De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva».

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