Con proyectos de alto impacto social, un amplio sector de la oposición -tanto dialoguistas como el ala dura- logró este miércoles alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados y reactivó el debate sobre los haberes jubilatorios y la prórroga de la moratoria previsional.

La sesión se desarrolló en medio de una fuerte tensión con el oficialismo. El bloque Encuentro Federal propuso crear una prestación proporcional por vejez y el Gobierno ya anticipó que vetará las iniciativas si se convierten en ley.

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Ante la sorpresa de sus propios diputados, Unión por la Patria logró imponer en el recinto de la Cámara Baja la prórroga por dos años de la vigencia del capítulo II de la ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional. El plazo señalado podrá ser prorrogado por igual lapso por el Poder Ejecutivo Nacional. La votación de la moratoria previsional resultó aprobada con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones.

Los diputados de Encuentro Federal Nicolás Massot y Alejandra Torres consensuaron durante toda la sesión los acuerdos correspondientes para sumar los mayores acompañamientos a su propuesta de prestación para la vejez si la moratoria previsional no lograba su aprobación. En esa mesa de conversaciones también se integraron Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, e incluso los aportes de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda, quienes trabajaban paralelamente la moratoria previsional, que finalizó el pasado 23 de marzo.

UxP buscó consensos con el diputado Nicolás Massot sobre la prestación proporcional por vejez, trabajaron los diputados Victoria Tolosa Paz, Ricardo Herrera, Itaí Hagman y Julia Strada, todos en contacto con el jefe de su bancada Germán Martínez.

Incluso Massot conversó en el recinto con la radical Pamela Verasay para que la UCR aporte a la iniciativa. Recordando que su correligionaria Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión Social, impulsó el año pasado la ley de Movilidad jubilatoria que luego vetó el presidente Javier Milei.

“Se trata de crear una prestación proporcional, donde contemple que las personas que aportaron entre 10 y 29 años puedan tener una proporción de ese aporte, de ese esfuerzo. Lo que queremos hacer es reconocer el esfuerzo contributivo de las personas. Proponemos una fórmula específica, que es tener en cuenta una porción de la Prestación Básica Universal más el 1,5 adicional por cada año de aporte”, señaló la diputada Gabriela Bouwer, y fue la propuesta radical. También acompañaron los radicales Lisandro Nieri, Soledad Carrizo y Natalia Sarapura.

en el transcurso del debate sobre el aumento previsional votaron a favor de los jubilados los tres diputados de Tucumán, del bloque Independencia, Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina. Los legisladores responden al gobernador Osvaldo Jaldo y, por primera vez, se desmarcaron de la estrategia de los libertarios. La misma postura realizaron los diputados por Salta, que responden al mandatario Gustavo Sáenz, Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes.

Por su parte, los diputados de UxP Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera defendieron el dictamen que otorga por única vez, y de manera excepcional, un incremento del 7,2 en las jubilaciones como un acto de reconocimiento para la clase pasiva. Además, se elevó el bono de las jubilaciones mínimas de 70 mil a 110 mil pesos, aportando por parte del diputado Nicolás Massot las fuentes de financiamiento para poder llevarlo adelante.

La iniciativa plantea la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa y la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca. “Proponemos que se destine el ahorro presupuestario por haber logrado que el FMI nos quite los recargos a los intereses. Proponemos nacionalizar los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor. Proponemos un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU se le asignaron a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que totalizan solo para este año más de 33.000 millones de pesos”.

Desde el oficialismo, el diputado libertario Lisandro Almirón le dijo a TN: “Esta situación se dará durante todo el año los pedidos de sesiones especiales, generando las discusiones sobre el equilibrio fiscal. Es una posición muy fuerte que tiene el Gobierno frente a esto, nosotros somos conscientes de que acá hay un escenario electoral, hay gestiones provinciales muy malas, muy desfasadas en los tres pilares que tiene el Estado que son, las prestaciones de salud, educación y seguridad. Hay un doble discurso de un sector de la política que trata de deslindarse de las responsabilidades y apunta al Gobierno nacional”. Lisandro Almirón recordó que “el presidente ya adelantó que va a vetar estas sanciones. Es una decisión del Poder Ejecutivo y nosotros somos respetuosos y entendemos que lo prioritario para la Argentina es mantener el equilibrio fiscal, ser un país creíble y evitar estos dobles discursos”.

Desde La Libertad Avanza y del Poder Ejecutivo, estimaron que las propuestas de la oposición tendrán un costo fiscal de 1,8% del PBI. La suba de las jubilaciones y pensiones del 7,2% en todas las escalas, y un aumento del bono extraordinario -que pasa de 70 mil pesos a 110 mil- y su actualización por IPC, generarían un costo de 1,3% del PBI. En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló en los últimos días que el costo fiscal de estas iniciativas alcanzará los 12 mil millones de dólares, el 1,8% del PBI. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, cuestionó.

Estrategias ante un posible veto presidencial

Aunque el debate recién comenzó en el Congreso, los proyectos tuvieron origen en la Cámara de Diputados y, si el Senado los aprueba, se convertirán en ley. En ese escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el presidente Javier Milei recurrirá al veto presidencial, amparado en las facultades que le otorga la Constitución Nacional.

El radical Lisandro Nieri señaló en el recinto: “No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días para que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”

El diputado de la Democracia Cristiana Juan Brügge sostuvo que esta es una regla que establece la Constitución, son las reglas democráticas, cada uno tendrá que hacerse cargo de cómo las utiliza. El presidente (Javier) Milei tiene la facultad de vetar estas leyes, nosotros tenemos la facultad de insistir, veremos qué van a hacer los bloques del PRO y la UCR, de La Libertad Avanza, ya sabemos que sigue las directivas del presidente, en el caso de que haga uso de esas facultades Javier Milei”.

El diputado socialista Esteban Paulón afirmó: “Tenemos la obligación de que el Congreso no quede cerrado. La amenaza de veto por parte del Gobierno buscó desalentar el quórum de esta sesión con la intención de que el Congreso solo funcione para lo que el oficialismo quiere. Tenemos la responsabilidad de representar a un sector de la sociedad que está esperando respuestas”.

El antecedente más reciente se remonta al 2 de septiembre de 2024, cuando el Poder Ejecutivo vetó la nueva fórmula de Movilidad Jubilatoria aprobada por amplia mayoría en el Congreso. La norma preveía un incremento de ocho puntos en las jubilaciones, pero el Gobierno logró blindar el veto: 87 diputados respaldaron la decisión del presidente Javier Milei, quien luego los calificó como “héroes”.

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