POLITICA
Jueces, fiscales y abogados inspeccionarán un submarino mellizo al ARA San Juan
EL CALAFATE.- Jueces, fiscales, defensa y abogados querellantes que forman parte del juicio oral en el que se juzga las responsabilidades por el hundimiento del ARA San Juan realizarán, en las próximas semanas, una inspección ocular a un submarino mellizo.
Se trata del ARA Santa Cruz, que actualmente se encuentra para desguace en el astillero Tandanor.
La novedosa iniciativa fue propuesta por el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, quien reveló en la audiencia que días pasados realizó una recorrida por el interior del submarino.
“Fue una inspección muy fructífera para mí, estuve en el ARA Santa Cruz, me tiré al piso y pude ver lo que era el balcón de batería, las conexiones eléctricas, la válvula ECO-19 no estaba, vi la cañería que conduce al tanque del snorkel, los recodos y por qué se pueden producir pinchaduras por la acumulación de sarro”, detalló Reynaldi en la audiencia sobre el recorrido que realizó en el astillero.
En ese lugar se realizó la reparación integral de media vida del submarino ARA San Juan, período que durante el juicio también está bajo análisis.
Si bien en un primer momento Reynaldi había propuesto realizar en junio la inspección ocular, ayer, ante solicitud del abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Villamide, la visita podría adelantarse para las próximas semanas y están convocados a participar todas las partes intervinientes en el juicio.
“Para cuando vengan los expertos se podrá aprovechar mucho más, porque ya habremos visto todos al submarino”, argumentó Vigliero durante la audiencia que se lleva adelante en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.
Uno de los temas que más interés presenta en la observación es poder conocer de primera mano la válvula ECO-19, similar a la que tenía el ARA San Juan.
La foto fue aportada a la fiscalía por la abogada querellante Valeria Carreras, quien representa a 34 de las familias de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan.
Carrerras fue parte de la inspección que realizaron en el año 2018 la jueza federal Marta Yañez y el fiscal federal, Lucas Colla durante la etapa de instrucción de la causa, la visita en el lugar ocurría al mismo tiempo que el buque Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity buscaba el submarino en mar, a la altura de Comodoro Rivadavia, donde finalmente fue hallado a más de 900 metros de profundidad.
“Es una medida con muy buena perspectiva, porque nos dará información a todos los miembros de este juicio, se podrá pasar del abstracto del papel a la palabra de los fierros”, evaluó Carreras en diálogo con , al término de la audiencia.
Por su parte, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, también apoyó la medida y explicó que en 2018 no fue parte de la recorrida judicial dado que se encontraba embarcado en el buque Seabed, como uno de los cuatro familiares que participó de la búsqueda durante más de 60 días.
Según detalló Carreras, en 2018, la válvula ECO-19 no estaba colocada, sino en otro galpón de Tandanor y detalló que verla sin colocar será la forma óptima para interpretar cómo opera el mecanismo, cómo abre y cómo cierra y si es posible que se abra en forma accidental; por lo cual, se espera que la misma pueda ser observada en la visita sobre la cual aún no se fijó fecha.
El buque ARA Santa Cruz está para desguace, suspendido por bridas y fuera del agua, cortado por la mitad. Eso permitirá que los integrantes puedan recorrer la proa, la popa, las baterías, las literas y hasta el cuarto de torpedos, donde se alojaba el personal extra. Según surge del juicio, el ARA San Juan tenía una capacidad para alojar 37 personas, pero en caso de aumentar la dotación, el personal era alojado en la sala de torpedos.
Uno de los aspectos sobre los que se vuelve en cada audiencia, es el análisis de los incidentes registrados en el ARA San Juan en el mes de julio de 2017, uno de ellos es el comportamiento de la válvula Eco-19 por donde ingresó agua al submarino y podría haber desencadenado la tragedia. Ayer, Carreras compartió con la fiscalía la foto de una válvula similar a la que tenía el ARA San Juan.
De acuerdo con el auto de procesamiento la válvula ECO 19 es un componente crítico del sistema de ventilación del submarino que actúa como un mecanismo de “bypass”. Su propósito es abrirse o cerrarse para permitir y direccionar el flujo de aire que se utiliza para alimentar los motores diésel, renovar el aire interno y recargar las baterías.
La ECO 19 se encuentra en la tubería de ventilación, conectando el exterior del submarino (a través del sistema de esnórquel) con el balcón de barras del tanque de baterías N° 3, a diferencia de otras válvulas automáticas, la E19 es de “operación manual” y se acciona mediante un volante y un tornillo, y requiere de 15 vueltas para abrirse o cerrarse por completo.
Debido a este diseño, los expertos sostienen que no puede abrirse accidentalmente por un golpe o descuido; sin embargo, algunos testigos que prestaron declaración en el juicio aseguran que puede abrirse en forma accidental.
Según los manuales del fabricante y los protocolos de la Armada que se van conociendo en el discurrir del juicio oral, esta válvula debe permanecer siempre cerrada durante la navegación. Su lugar de operación normal es únicamente en puerto, específicamente durante la carga de baterías. Si la válvula queda abierta o presenta “falta de estanqueidad” (no cierra herméticamente) mientras el submarino hace esnórquel, el agua de mar que entra por el sistema de ventilación puede filtrarse directamente hacia las baterías.
Según el auto de procesamiento de la causa, el 15 de noviembre de 2017, el submarino informó por sistema HF un “ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3”, lo que provocó el cortocircuito e incendio inicial. El Tribunal y los expertos coincidieron entonces en que la válvula ECO-19 fue la vía de entrada del agua, ya sea por una falla persistente en su estanqueidad o por haber quedado mal cerrada tras ser manipulada para ventilar el buque ante la falta de filtros efectivos. –
Mariela Arias,Submarino ARA San Juan,Conforme a,Submarino ARA San Juan,,ARA San Juan. Revelan numerosas fallas durante el juicio: un incendio y 33 tareas de mantenimiento pendientes,,ARA San Juan. Se reanuda el juicio con el foco en determinar el estado del submarino a la hora de zarpar,,ARA San Juan. El exjefe de la Fuerza de Submarinos se declaró inocente en el juicio por el hundimiento
POLITICA
El Gobierno acordó con Santa Fe y Corrientes los pagos de las importantes deudas que ANSES tiene con ambas provincias
El Gobierno nacional y las provincias de Santa Fe y Corrientes firmaron acuerdos clave que ponen fin a uno de los conflictos más sensibles de los últimos años en materia previsional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés, y el director de ANSES, Guillermo Arancibia, rubricaron los compromisos.
La Nación pagará a Santa Fe, en 12 cuotas, 120 mil millones de pesos. A Corrientes, por su parte, se le abonarán 40 mil millones de pesos.
La firma del acuerdo con Santa Fe contó con las presencias de la diputada nacional Gisela Scaglia y el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso. El entendimiento restablece la transferencia mensual de fondos, interrumpida en 2024 a partir de una disposición del decreto 280 firmado por el presidente Javier Milei. El pago se realizará en concepto de anticipo de capital correspondiente, sujeto a la auditoría del ejercicio 2026. Para los ejercicios 2020-2025, el monto final será el que surja de procesos de simulación y auditoría conjunta entre Nación y provincia.
El gobernador Pullaro celebró el acuerdo como un “triunfo de todos los santafesinos”, destacando que se reconoce y comienza a saldar lo que le corresponde a la provincia en virtud de la ley. “Se comienzan a pagar en cuotas los fondos que Nación debe aportar por ley a la provincia por la Caja de Jubilaciones”, explicó el mandatario, y remarcó la importancia de que los recursos vuelvan a quienes corresponden, fortaleciendo el sistema previsional y defendiendo el interés de Santa Fe.
Por su parte, la diputada Scaglia aclaró que el acuerdo restituye el flujo, pero la provincia no renuncia al juicio por el stock de deuda que se generó en los años en que la Nación no transfirió los fondos. “Hoy lo que restablecemos es el traspaso de los fondos, que tienen que ver con el flujo de la caja. Además, se va a realizar una auditoría de los años en que se dejó de transferir para que las dos partes resuelvan cuánto es verdaderamente el monto que se debe y cómo se va a pagar”, señaló la legisladora. El inicio de esta nueva etapa de diálogo institucional busca superar la instancia judicial como único canal de reclamo, permitiendo revisar los números reales y encontrar un mecanismo de pago consensuado.
El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, valoró el acuerdo como el inicio de “un buen camino” y subrayó que las transferencias mensuales están relacionadas con una ley específica para cubrir el déficit estructural derivado de no haber transferido el sistema previsional provincial a ANSES, situación que comparten Santa Fe y otras 12 provincias. Boasso enfatizó que Santa Fe mantendrá el proceso judicial para reclamar el pago de la deuda acumulada por las transferencias no realizadas en tiempo y forma.
El convenio tiene un impacto directo en la sustentabilidad del sistema jubilatorio de Santa Fe, que depende en gran medida de los aportes nacionales para cubrir el déficit generado por la decisión de sostener una caja previsional propia. El acuerdo también refuerza el federalismo fiscal, al reconocer las obligaciones de la Nación para con las provincias que no delegaron sus sistemas previsionales, y sienta un precedente para otras jurisdicciones en situación similar.
Este avance se produce en el marco de una larga disputa entre Nación y provincia, que motivó presentaciones ante la Corte Suprema y sucesivas gestiones políticas y técnicas. La regularización de la deuda permitirá a la provincia planificar con mayor previsibilidad el pago de haberes y la administración de los recursos previsionales, asegurando derechos adquiridos y brindando tranquilidad a los beneficiarios.
La implementación del acuerdo será monitoreada de manera conjunta y se abrirá una instancia de auditoría para determinar el monto final a pagar por los ejercicios no cubiertos, en un proceso que prioriza el diálogo y la transparencia. La resolución del conflicto es vista como un paso fundamental en la recuperación del equilibrio financiero provincial y en la defensa del patrimonio de los jubilados santafesinos.
Santa Fe, tras años de gestiones y reclamos, logra así un avance sustantivo en la recuperación de recursos indispensables para su sistema de seguridad social y sienta bases para la resolución de otros conflictos federales en materia de financiamiento previsional.
En el caso de Corrientes, Valdés catalogó lo logrado como un “acuerdo histórico”.
“Logramos un acuerdo histórico que reivindica la defensa de los correntinos, especialmente de nuestros jubilados. Firmamos un convenio con la ministra Sandra Pettovello mediante el cual ANSES reintegrará 40 mil millones de pesos de la deuda que tiene con el Instituto de Previsión Social”, indicó el mandatario provincial en sus redes sociales.
Y concluyó: “Durante años, esta situación comprometió la caja previsional y conllevaba un gran esfuerzo financiero de la Provincia para la sustentabilidad de los fondos. Hoy sentamos precedentes de una reparación histórica y restituimos a los jubilados lo que siempre debió ser suyo”.
Pettovello detalló en sus redes sociales que la deuda con Corrientes se abonará “en 10 cuotas mensuales de $4.000 millones (abril 2026 – enero 2027) como anticipo del ejercicio 2026″.
El pasado 31 de marzo, de la mano de su gobernador, Ignacio Torres, fue Chubut la provincia que acordó con el Gobierno el pago de los 48 mil millones de pesos que le adeuda ANSES.
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POLITICA
La Justicia investiga a exfuncionarios del PAMI y empresarios de la salud por montar una red para facturar prestaciones inexistentes
Una estructura delictiva funcionó durante al menos cuatro años para desfalcar al PAMI. Actores privados, intermediarios operativos y funcionarios públicos formaron lo que la Justicia investiga como una asociación ilícita para, de forma sistemática, extraer recursos de la obra social de los jubilados, lavar el dinero y pagar coimas.
Según pudo saber de fuentes judiciales, la maniobra tuvo lugar entre 2016 y 2020 en filiales del PAMI del Gran Buenos Aires. No fueron episodios aislados, sino que se montó un esquema sostenido que articuló la captación de pacientes, la manipulación de registros médicos y la facturación de prestaciones inexistentes o infladas.
El entramado se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez. En sus últimas medidas, el fiscal se concentró en el grupo de personas involucradas en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y el Sanatorio Mariano Pelliza, clausurado en 2020 por acusaciones de propagación dolosa del Covid-19.
Se trata de un caso que se repite casi idéntico -y se investiga- en otros municipios del conurbano. Los funcionarios imputados ya no forman parte de la estructura del PAMI, que realizó sus propias auditorías internas. A su vez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado debe fijar las fechas de las indagatorias solicitadas por el fiscal Domínguez.
En este caso, aparecen tres “nodos” de imputados: funcionarios del PAMI, los dueños de una empresa llamada Rophe S.A. (Benjamín Teitelbaum y Viviana Knhol) y el grupo familiar Cerezo (José, Alexis y Mónica Bertoni).
Las fuente consultadas precisaron que dos de los exjefes del PAMI imputados formalmente son Pablo Lera, en ese entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y Nicolás Siseles, asesor del organismo.
Todos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y sobrefacturación de días de internación inexistentes. Esta maniobra, que operó entre 2016 y 2020, incluía una oficina de derivación paralela para captar pacientes y el lavado de activos a través de la firma de fachada Rafael Arcángel S.R.L. y el uso de facturas apócrifas, destinando además una porción de las ganancias al pago de sobornos o “retornos” millonarios a funcionarios públicos para garantizar la continuidad del esquema.
La defraudación se materializaba principalmente a través de la sobrefacturación y la carga de conceptos ficticios en el sistema interactivo de PAMI. Es decir, se indicaba que un paciente había recibido tratamientos o medicamentos inexistentes. Para facilitar este proceso, la familia Cerezo diseñó un sistema informático denominado SIRA (Sistema Interactivo Rafael Arcángel), que permitía migrar datos de forma masiva y cargar prestaciones que nunca se habían realizado.
Las auditorías posteriores revelaron inconsistencias alarmantes en las historias clínicas de los pacientes. En una muestra de 188 casos analizados de un universo de más de 2500, se detectaron 123 expedientes con irregularidades graves en la facturación de días de internación en terapia intensiva (UTI) o unidad coronaria (UCO).
Los pacientes figuraban internados en camas de alta complejidad cuando, en realidad, se encontraban en salas comunes con costos operativos mucho menores, o incluso ya habían sido dados de alta.
La operatoria requería una capa intermedia que permitía intervenir sobre los circuitos administrativos y garantizar volumen en la derivación de pacientes. Ese rol lo cumplía la familia Cerezo, encargada de gestionar los vínculos con funcionarios, diseñar los mecanismos de carga de datos y coordinar la operatoria diaria.
Uno de los dispositivos centrales fue la creación de una oficina paralela de derivación de pacientes que operaba por afuera de los canales formales del PAMI. Esta estructura funcionaba de manera permanente y permitía direccionar afiliados hacia los sanatorios involucrados, alterando el sistema de asignación.
Las comunicaciones relevadas en la investigación —más de 15.000 entre llamadas y mensajes— evidencian que las decisiones sobre el destino de los pacientes no respondían a criterios médicos, sino a la conveniencia económica del esquema.
A través del mecanismo SIRA, se registraban internaciones en unidades de terapia intensiva o coronaria que no se correspondían con la realidad clínica de los pacientes. Auditorías posteriores detectaron que, en una muestra de 188 casos, 123 presentaban irregularidades graves, con pacientes que figuraban en camas de alta complejidad cuando en realidad estaban en salas comunes o incluso ya habían sido dados de alta.
La sobrefacturación no se limitó a internaciones. También incluyó estudios y prácticas médicas. Se documentaron casos en los que se facturaron decenas de electrocardiogramas, sesiones de kinesiología o procedimientos complejos sin respaldo en historias clínicas. La manipulación de estos registros era parte del funcionamiento regular: empleados administrativos, sin formación médica, modificaban los datos para ajustar la facturación mensual a los objetivos económicos de la organización.
El volumen económico del esquema fue significativo. Solo en el concepto de días de terapia intensiva facturados en exceso, el perjuicio estimado supera los $512 millones a valores actualizados a enero de 2026. A esto se suman las prácticas individuales infladas o ficticias, lo que amplía el impacto total sobre los recursos del sistema de salud destinado a jubilados y pensionados.
Para sostener la operatoria, la estructura incluía el pago de retornos a funcionarios del PAMI. Estos pagos, que representaban entre el 3% y el 5% de la facturación, garantizaban la continuidad de los contratos, la falta de controles efectivos y la validación de las prestaciones cargadas. La existencia de estos pagos quedó registrada tanto en comunicaciones como en anotaciones contables informales.
El circuito se cerraba con el lavado de los fondos obtenidos. Para ello se utilizó una empresa de fachada, Rafael Arcángel S.R.L., a través de la cual se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar el origen del dinero. También se incorporaban facturas apócrifas de otras firmas, con el objetivo de alimentar una caja paralela destinada tanto al pago de sobornos como al enriquecimiento de los integrantes de la estructura.
La organización, además, contaba con cobertura legal interna. Una abogada vinculada al grupo intervenía en el diseño de estrategias para afrontar auditorías o eventuales investigaciones, lo que permitía ajustar la operatoria y reducir riesgos. Este componente evidencia que el esquema no solo estaba orientado a maximizar ganancias, sino también a sostenerse en el tiempo.
En el plano judicial, el fiscal federal a cargo de la investigación solicitó la indagatoria de los principales involucrados y la ampliación de declaraciones para quienes ya estaban imputados. En su última medida, se solicitó sobre 29 personas. La acusación sostiene que existen elementos suficientes para considerar la existencia de una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y el desvío de fondos públicos.
Los delitos imputados incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa avanza ahora sobre la base de esa reconstrucción, con un volumen probatorio que incluye comunicaciones, registros contables, auditorías médicas y documentación administrativa, y con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas por la Justicia.
Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Cargos vacantes en la Justicia: el oficialismo busca avanzar en el Senado con los pliegos propuestos por Milei
Con miras a reactivar la agenda legislativa, el oficialismo acordó este martes con sus aliados convocar a una sesión en el Senado para el jueves. La agenda incluirá acuerdos diplomáticos y ascensos militares, pero el foco estará puesto en el ingreso de los pliegos judiciales enviados por el Gobierno.
En un principio, la sesión prevista para el jueves no destaca por temas conflictivos. De acuerdo al acta de labor parlamentaria, se tratará la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá, un paquete de ascensos militares y las designaciones de miembros en el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Sin embargo, la jornada tiene una particular relevancia para el oficialismo, que incluyó en la convocatoria el ingreso del paquete de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces que envió el Ministerio de Justicia comandado por Juan Bautista Mahiques.
El ingreso es una formalidad, pero necesaria para iniciar el trámite en la comisión de Acuerdos, que eventualmente elevará los nombres validados al recinto para su votación.
Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno
Así, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.
En este primer envío, el Ejecutivo busca cubrir cargos en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Una vez aprobadas estas nominaciones, se espera que el Gobierno avance con el resto de las vacantes.
Leé también: El hijo de Rosatti está entre los pliegos que envió el Gobierno para cubrir las vacantes en la Justicia
En la lista enviada por el Gobierno figuran nombres como los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; o Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa $LIBRA.
Una previa con Federico Sturzenegger que anticipa cruces con al oposición
Antes de la sesión del jueves, la Cámara Alta tendrá otro episodio que promete fuertes intercambios entre el oficialismo y la oposición.
Se trata de la visita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, que se presentará ante un plenario de comisiones para defender el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La iniciativa del oficialismo comenzará a discutirse este miércoles desde de las 16 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Será una reunión informativa, por lo que no habrá firma de dictamen, que recién podría llegar la próxima semana.
La exposición de Sturzenegger anticipa una jornada de cruces con la bancada kirchnerista que preside José Mayans, que en más de una oportunidad amenazó con pedir la interpelación del funcionario.
Además, la presentación se dará en medio de las investigaciones que atraviesa el Gobierno por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la causa $LIBRA.
Senado, Javier Milei, pliegos
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