POLITICA
En pie de guerra: la emergencia financiera unió a las provincias y se abren dudas sobre la gobernabilidad de Milei
CÓRDOBA.- Con una situación que definen como de “emergencia financiera”, por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei los 24 gobernadores coincidieron en impulsar un proyecto de ley para eliminar dos fondos fiduciarios que se sostienen con aportes del impuesto a los combustibles y, además, repartir entre Nación y las provincias el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los mandatarios aseguran que se unieron porque son recursos que les corresponden a todos, que “no ponen en riesgo el superávit fiscal” y su llegada significaría un “alivio” para las provincias.
“Está la firma de los 24; ahora no se pueden sacar los pies del plato”, define ante un gobernador que viene acompañando a la Casa Rosada en la mayoría de los temas. La falta de definiciones de los funcionarios que rodean al presidente Milei aceleró los tiempos.
Hay un elemento más: las cuentas públicas suman todos los ingresos y todos los gastos. Si, por ejemplo, los ATN no se distribuyen o los fondos fiduciarios no se ejecutan, colaboran con el superávit. De ahí que la cuenta nacional que hace la administración libertaria es una carga para las provincias.
Así, gobernadores que venían practicando una política de cercanía o directamente de amistad con la Casa Rosada, como el macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) o el radical Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros, terminaron firmando una declaración conjunta con colegas marcadamente opositores como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Sergio Ziliotto (La Pampa). En el medio se recorrió un largo camino de “promesas incumplidas”, advirtieron en las provincias.
Como los gobernadores venían siendo un apoyo clave para la administración libertaria en el Congreso, este principio de rebelión abre dudas sobre la gobernabilidad que tendrá el presidente Milei para la segunda mitad de su mandato. De ahí que los libertarios apuesten a aumentar su representación legislativa en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Entre los mandatarios circula un cálculo respecto a la pérdida de fondos de las provincias desde noviembre del 2023 -cuando ya Sergio Massa había dejado de cumplir- y mayo pasado: nada menos que $30 billones. La estimación es que por coparticipación recibieron $13,4 billones menos, $7,7 billones se restringieron las transferencias no automáticas y $9,3 billones los fondos no ejecutados.
La decisión de los mandatarios de avanzar llegó después de dos reuniones de todos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el medio, un grupo se encontró con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
conversó con ocho gobernadores, de diferentes partidos, que participaron del último encuentro. Todos coincidieron en que en el arranque había varias alternativas, algunas “más extremas” y que se consensuó avanzar por una que −insisten− “no tiene costo fiscal para la Nación y, para las provincias, es un alivio importante”.
Los no peronistas-kirchneristas consultados aclararon que las posiciones más duras no vinieron del bonaerense Axel Kicillof. Y en lo que pareciera ser un acuerdo tácito, prefirieron no detallar quiénes las hicieron.
La presentación de demandas ante la Corte Suprema de Justicia fue la posibilidad más de fondo que se conversó. En mayo del 2024, el pampeano Sergio Ziliotto interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad para que los recursos pertenecientes al 1% asignado al Fondo de ATN integren la masa de los fondos coparticipables que recibe el distrito de manera automática.
Por diferentes causas, la mayoría de las provincias tienen demandas contra Nación en la Corte Suprema, por distintos fondos que se cortaron, contra leyes que así lo disponían. Hasta ahora los gobernadores venían manteniendo las negociaciones con Nación de manera individual o en grupos chicos.
“Estamos con más obligaciones, con menos recursos no automáticos, con pérdida de coparticipación y con gestiones que hacen un recorrido larguísimo y terminan en Economía para que, después, Luis Caputo lo lleve a Milei», repasó el gobernador de una provincia grande.
La modalidad de la negociación individual y en tono componedor, reconocieron varios gobernadores consultados por este medio, no derivó en más cumplimientos por parte de Nación. “Estamos todos iguales, los que dialogamos y los que no”, resume un allegado.
Cuando los ánimos estaban más caldeados, hubo quien enfatizó que las provincias son “preexistentes a la Nación”, un punto que “debe ser tenido en cuenta” por la Rosada. “Sin provincias no hay país”, advirtió. Ese ítem tiene como antecedente la escalada de tensión que hubo a comienzos de 2024, cuando las provincias patagónicas anunciaron que blindarían sus recursos naturales si la Nación las seguía presionando.
Fue una respuesta en bloque a la decisión unilateral de retenerle más de un tercio de la coparticipación mensual a Chubut a raíz de una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en lo que se leyó como una represalia a que los legisladores de Ignacio Torres no apoyaran la primera versión de la Ley Bases. La Justicia le dio la razón a Chubut y ordenó a la Nación que cesara la retención.
Ese momento fue, precisamente, uno de los de más tensión entre los gobernadores y Milei. Ignacio Torres recibió el apoyo de varios de sus pares y el Presidente contraatacó con una denuncia penal contra Torres por “chantaje y extorsión” y “abuso de autoridad”, además de maltratarlo en las redes sociales.
Poco antes, en represalia a otros gobernadores cuyos legisladores no apoyaron en el Congreso el proyecto original de la Ley Bases, les había pedido la renuncia al titular de Anses, el cordobés Osvaldo Giordano, y a la salteña Flavia Royón, que estaba a cargo de Minería.
El lunes pasado, en el CFI, la mayoría de los gobernadores se inclinó por no ir a fondo y terminaron de estructurar la propuesta de ley que ya venían conversado y que se presentará en los próximos días. Hace meses que vienen reclamando por obras como el mantenimiento de rutas nacionales, con foco en que Vialidad no recibe la totalidad de recursos derivados del impuesto a los combustibles que ordena la ley.
Esta vez fueron más allá: directamente impulsan eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos. Lo que plantean es que esos recursos vayan a la coparticipación y que tanto Nación como provincias los usen “según las prioridades que cada una defina”.
Desde el arranque de su gestión, Milei consideró a los fiduciarios como una “caja de la política” que había que eliminar. Hasta ahora, su administración terminó con 26 de ellos. El razonamiento lógico de los mandatarios es que la Rosada no tiene forma de rechazar su propuesta porque se ajusta a lo que el mismo Presidente argumentó.
El pedido de reparto del remanente de los ATNs viene de larga data y se reactualiza periódicamente. Las provincias quieren que lo que no se distribuye del fondo se haga “de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria”, teniendo en cuenta el «marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del gobierno nacional como de las provincias“.
En los contactos con este diario, los gobernadores rechazaron que le estén pidiendo “más plata” a la Casa Rosada, como insisten los funcionarios nacionales. Un opositor dialoguista apuntó: “Absolutamente no es así. Acompañamos, apoyamos y la reacción siempre es la misma, que ellos ajustan y nosotros no. Si no quieren eliminar los fondos fiduciarios será por algo, lo tendrán que explicar”.
Los mandatarios del radicalismo y Pro −en general más cercanos al Presidente− remarcan que no hubieran acompañado “ninguna decisión que hubiera puesto en jaque el superávit fiscal”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que habrá “una contrapropuesta” bajo la premisa de preservar el equilibrio fiscal. Desde Economía ya habían dejado trascender que “la plata correspondiente al impuesto a los combustibles es para obras viales”, pese a que Milei y Caputo paralizaron esas obras. “Si las provincias se llevan las rutas, también la plata. Pero no podemos darles la plata y mantener nosotros las rutas”, insistían en Economía, pese a que las provincias reclaman ambas. Amén de lo anterior, en Economía aprovecharon para presionar: “Si quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.
El planteo de los gobernadores no abarca todo el dinero que Nación debe, por ley, destinar a mantenimiento y obras viales. De hecho, números oficiales muestran que a Vialidad, el año pasado, le llegó un tercio de lo que correspondía a partir del impuesto a los combustibles.
El fondo de los ATN se constituye de manera automática a partir del 1% de la masa coparticipable bruta. Es decir, son recursos que les corresponden a las provincias, pero su distribución la hace desde siempre de manera discrecional el gobierno central. Según Politikon Chaco, entre 2017 y 2024, se distribuyó 32% del fondo ATN; el piso fue con el macrismo y el techo en medio de la pandemia.
Los remantes del fondo sin ejecutar en ese período alcanzan los $4,3 billones, medidos a precios constantes de mayo; de la actual gestión son $1,2 billones.
Si se aplicara la fórmula propuesta por los gobernadores, entre enero y mayo se deberían haber repartido $214.949 millones a precios corrientes en lugar de los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente. Ocho distritos nunca recibieron ATN desde la asunción de Milei: CABA, Córdoba, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Formosa y La Pampa.
“No entendemos por qué no salieron a agradecer. Estamos repartiendo algo que podría quedar solo para las provincias y reclamando solo lo de este año, nada de lo anterior”, ironiza un gobernador de los de mejor vínculo con Nación.
Desde un partido provincial, un mandatario puntualiza que la Nación “va eliminando asistencias, no solo algunos fondos destinados directamente a las provincias, sino que hay carencias que estamos cubriendo nosotros y eso presiona sobre nuestras cuentas”.
Si bien las provincias en su conjunto pasaron de déficit fiscal de 0,3% del PBI en 2023 a un superávit fiscal de 0,1% del PBI el año pasado, los consultores que siguen esos números creen que este 2025 podría haber una reversión porque hay más presión sobre el gasto, incluso porque en la mayoría de los casos deben atender cuestiones que antes atendía Nación y que dejó de hacerlo.
POLITICA
Aceleración oficialista en el Congreso: giro al “realismo libertario” y golpe al discurso anticasta
Patricia Bullrich usó un dicho de la política tradicional para destacar que fue una larga negociación lo que le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Senado. “El tango se baila de a dos”, escribió en X. El diputado Benegas Lynch lo sostuvo de otra forma, más directa. “Cuando vos te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, dijo en una entrevista con este medio. ¿A quién le hablaban? Sonó, especialmente en boca del legislador, a mensaje para la propia tribuna. Una especie de justificación para sostener el giro al “realismo libertario” y amortiguar el golpe al discurso anticasta.
Entre las muchas consideraciones que pueden ser hechas sobre el texto aprobado en el Senado -y enviado 48 horas después a Diputados, para acelerar el trámite-, se anotan las decenas de puntos que decidió modificar el Gobierno en tren de reunir votos. No fue tampoco una novedad absoluta, aunque esta vez prefirió evitar lo ocurrido con el Presupuesto 2026, en las vertiginosas sesiones de fin del año pasado. Aquella vez, el oficialismo perdió en Diputados una votación de alto impacto, por el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Procesó su enojo, no insistió en el Senado y pudo celebrar la sanción de la ley.
Visto de entrada que la reforma laboral demandaba negociaciones y cambios, enfrentó la prueba del Senado -y la pasó con comodidad numérica- en base a tratativas que tuvieron como foco a los gobernadores pero que, con menor visibilidad mediática, incluyó señales a los jefes sindicales y no sólo al mundo empresarial. Traducido según los criterios básicos de su “batalla cultural”, se trataría de un arreglo con “la” política (los jefes provinciales) y con la casta sindical.
Por supuesto, la trascendencia del proyecto laboral podrá ser medida por sus efectos prácticos en las relaciones de trabajo. Habrá que esperar la sanción definitiva, la reglamentación, la aplicación que demandará tiempo. Pero en lo inmediato, los primeros ruidos se registraron en un terreno que durante bastante tiempo el oficialismo asumía como propio o, al menos, cómodo: las redes sociales, con particular foco en X.
En ese circuito que tiende al reduccionismo y la chicana, los puntos destacados fueron el trato cerrado con los gobernadores y, más aún, la modificación de artículos que afectaban a la estructura sindical. En el primer caso, fue un acuerdo de necesidad compartida: finalmente, fue liquidado el punto de la baja de Ganancias. Ni a las provincias ni al Gobierno les convenía. La recaudación viene cayendo de manera sostenida desde hace seis meses, con el consiguiente impacto en las cuentas nacionales y, según el impuesto, en la coparticipación federal.
Los gestos hacia los jefes sindicales -expresión de negociaciones más reservadas, entre otras razones por cuestión de imagen– terminó siendo un dato potente, provocado en buena medida por desmanejo discursivo del oficialismo. Puso énfasis en adjudicar al proyecto un sentido de combate con el sindicalismo, casi como elemento mayor, y las concesiones terminaron destacando eso mismo, pero al revés. Los aspectos que sí podrían haber afectado a las organizaciones gremiales -y su dirigencia- fueron dados de baja. No hubo rebaja de aportes a las obras sociales y también quedó en el camino la idea de bloquear los aportes “solidarios” a los sindicatos y el modo de recaudar la cuota gremial, a través de las empresas. Mal momento para Federico Sturzenegger.
Desde el lado sindical, el elemento inquietante tuvo poco que ver con las advertencias de movilización y medidas de fuerza. En ese juego, quizás haya pesado más la latente posibilidad de demandas para judicializar algunos aspectos de la reforma. El sindicalismo peronista carece prácticamente de poder legislativo. Es una tendencia que, en rigor, se profundizó en era K. Pero a los jefes cegetistas le quedan otros recursos. Algunas municiones del oficialismo sobre el fuero nacional del trabajo alimentan todo tipo de especulaciones.
Más visible resultó la afirmación del poder de negociación de los gobernadores. Fue notable en el pasado capítulo del Presupuesto y determinante en un tema como la ley laboral. El Gobierno los terminó poniendo en el centro de la discusión con la propuesta de la baja en Ganancias para empresas, que corrió el eje del tema a pesar de que Economía sabía de su propia debilidad en ese frente. La decisión de llevar a la larga el asunto terminó para agrandarlo. Y, más allá de la combinación de necesidades, quedó como una cesión del oficialismo.
El Gobierno, entre tanto, apuesta a capitalizar el momento legislativo. Avanza con otros temas y anuncia más. En esa movida, se destaca el proyecto de régimen penal juvenil, una iniciativa recreada por el oficialismo y que, al menos mediáticamente, quedo teñida exclusivamente por la baja de la edad de imputabilidad. Ese punto fue acordado con socios y aliados. Pasó de Diputados al Senado, que debe apurar el paso la semana que viene para llegar al recinto antes de fin de mes. Una cuestión que generó algo de debate en el trámite inicial podría plantear otra prueba y tratativas con las provincias: los fondos para ir adecuando los servicios penitenciarios a la letra de la iniciativa.
La actitud negociadora aparece insinuada además en la intención de incorporar a la agenda un proyecto que de algún modo cierre el tema de los fondos para universidades. Existe una necesidad generada por el frente judicial abierto ante el incumplimiento de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso, vetó Javier Milei y sigue en pie por la insistencia legislativa. Trascendieron conversaciones con los rectores. Y esas tratativas están a cargo de Carlos Torrendel y Alejandro Alvarez. El encargado de Políticas Universitarias es sin dudas el funcionario del área que encaró con mayor dureza mileista su tarea. Ahora, al parecer, las necesidades son otras.
En cualquier caso, este momento de “realismo libertario” -cuya extensión en el tiempo nadie podría asegurar- es similar a otros “realismos” que han expuesto las debilidades prácticas de las ideologías rígidas.
Los sindicatos presionan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados. Aseguran que “sobran motivos para llamar a una huelga” y que no hay posibilidades de “frenar” el proyecto de ley sin un plan de lucha.
La iniciativa recibió media sanción el miércoles pasado en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. El objetivo del Gobierno es sostener el proyecto en Diputados tal como fue aprobado en la Cámara Alta.
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El día previo a que el Senado tratara la reforma laboral, la CGT logró cambios clave en el proyecto. El texto oficial tuvo 28 modificaciones y dos de ellas eran exigidas por la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias y se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Frente a ello, este sábado, el titular de la UOM, Abel Furlán, apuntó contra la CGT y adelantó que le pedirán al triunvirato que convoque a una huelga general durante el tratamiento del proyecto en Diputados.
“La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó Furlán a Futurock.
Ahora, el oficialismo busca obtener dictamen de mayoría para tratar la reforma laboral el miércoles 18 de febrero y llevarla el jueves 19 al recinto de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Furlán adelantó: “Hemos decidido llevar un pedido a la CGT para pedir un paro general con movilización”.
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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE.
Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha».
Reforma laboral: el sindicalismo volverá a las calles y realizará una medida de fuerza
Este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integra la UOM, Aceiteros, las dos CTA y ATE, entre otros, anunció un nuevo plan de lucha.
La decisión incluye la convocatoria a movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.
“El Frente de Sindicatos Unidos definió un nuevo paro general con movilización al Congreso el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados”, señala el comunicado.
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Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores. No es una utopía voltear la ley o al menos que se empantane su tratamiento”.
De este modo, además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, irán a un paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Molineros, CONADU y Viales.
CGT, Paro, reforma laboral, Diputados, Gremios
POLITICA
Semana negra para el PJ: un posible quiebre en el Senado, el enojo entre gobernadores del norte y las derrotas en el Congreso
El peronismo afrontó su peor semana política desde que comenzó el año. Perdió dos votaciones clave en el Congreso -la reforma laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados-; y votó dividido en la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europa.
Las malas noticias continuaron ayer, cuando la Cámara de Casación Penal rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin horarios y cantidades pautadas, además de poder utilizar la terraza y que se le saque la tobillera electrónica que lleva puesta desde el momento en que quedó detenida.
La única novedad positiva fue que en el Senado el interbloque con diferentes sectores del peronismo votó en unidad. Una rareza en estos tiempos de múltiples fragmentaciones que afectan al peronismo. Fue un hecho circunstancial. La unidad política se quebró hace tiempo. El peronismo del interior tiene cada vez más diferencias con el kirchnerismo. El entrelazado dirigencial en el Senado subsiste porque peor es estar fragmentados.
De todas formas, durante la votación uniforme contra la reforma laboral pudieron achicarse algunas diferencias internas que, en muchos casos, tienen más que ver con posicionamientos ideológicos y formas de construir poder, que con la postura en temas esenciales de la discusión de fondo que ha propuesto dar Javier Milei.
La semana que viene puede haber novedades en el Senado. Existe la posibilidad de que, finalmente y después de varios cortocircuitos, el interbloque del peronismo se rompa definitivamente. Miércoles y jueves serán días importantes para el futuro del armado que aglutina a las diferentes ramas del Justicialismo. Los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) están analizando cuál es el momento para quebrar un lazo que ya no tiene sustento.
Aún no hay acuerdo uniforme entre ellos. La idea principal que tienen es seguir unidos como bloque, pero hay diferencias en la cúpula que tensionan todas las negociaciones. La principal es que existe un fuerte enojo de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz con el riojano Ricardo Quintela. ¿El motivo? En los días previos a la votación de la reforma laboral, según aseguran fuentes parlamentarias al tanto de las negociaciones, el “Gitano” llamó a Jalil para decirle que si no votaban en contra, iban a intervenir los PJ de sus provincias.
“El Gitano pasó de enfrentar a CFK, a ser su vocero. Justo con Jaldo y Sáenz que fueron quienes les prestaron avales cuando intentó competir con ella por la presidencia del PJ Nacional”, advirtió a Infobae un dirigente muy cercano a los gobernadores. La referencia es la feroz pelea que Quintela y CFK tuvieron por la renovación de autoridades del partido y que terminó con la imposibilidad del riojano de poder competir.
De la situación conflictiva entre los gobernadores del norte provino la denuncia pública del mandatario salteño, cuando aseguró que el kirchnerismo estaba amenazando gobernadores y legisladores. El futuro de Rejal, que responde a Quintela, es incierto. Como también es la posibilidad de sumar a un nuevo bloque a la salteña Flavia Royón.
Por el momento, no hay gestiones del sector kirchnerista para evitar la ruptura que, de concretarse, puede abrir la puerta a un proceso de desbande que está latente desde hace más de un año. Y la posibilidad de que eso suceda, en un 2026 clave para la construcción de un nuevo proyecto, es alta.
El quiebre simbólico más importante de las semana que pasó tal vez haya sido el que tuvo lugar cuando se debatió el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque allí quedaron bien expuestos los perfiles ideológicos de cada tribu. El sector más de izquierda, como La Cámpora o Patria Grande, de Juan Grabois, votó en contra, mientras que la mayoría de los diputados del peronismo del interior y el massismo votaron a favor.
La iniciativa para que un sector del bloque votara a favor del acuerdo la tomó el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. El santafesino planteó su apoyo a la iniciativa durante la primera reunión de bloque que hubo en la previa de la votación. En un primer momento tuvo pocas adhesiones, pero para el segundo encuentro ya había ganado el respaldo de varios diputados del interior.
La postura inicial de Rossi la terminó complementando Germán Martínez, presidente del bloque justicialista, quien buscó un acuerdo integral pero, al tercer encuentro previo de todo el bloque, advirtió que la división estaba marcada y había que votar por separado como espacio. Finalmente, se sumaron distintos legisladores, de diferentes campamentos, que aportaron un número importante para que el acuerdo se retifique,
Entre algunos dirigentes del PJ federal hay cada vez más contactos cruzados, buscando acercar posiciones con dirigentes que están fuera de los límites de Unión por la Patria (UP), pero que, según muchos piensan en ese universo, serán necesarios para sumar fuerzas contra Milei en el 2027. La dinámica parlamentaria será importante este año para descubrir por donde van a contribuir al armado político c
En el peronismo hay muchos caminos paralelos que se recorren al mismo tiempo. Cristina Kirchner está dando una batalla milimétrica contra la Justicia Federal para que le den mayores libertades dentro de su prisión en San José 1111. Hasta ahora, no lo ha logrado. Sus limitaciones se van acrecentando al mismo ritmo que baja su nivel de influencia dentro del esquema justicialista.
La campaña “Cristina libre” es, mayoritareamente, un ejercicio semanal del kirchnerismo duro. Un sector que se ve obligado a encontrar un nuevo lugar en el mapa de poder, aunque para todas las tribus resulte difícil, a esta altura del calendario, posicionarse con exactitud debido a la horizontalidad del debate. Hay un puñado de nombres que han dado señales claras de su intención electoral y un bloque enorme de dirigentes que quieren empujar un cambio de ciclo. Hay ruido y hay movimientos.
Por otro camino transita Axel Kicillof, que cada vez juega más con su potencial candidatura presidencial y que está haciendo un nuevo esfuerzo por posicionarse tras el sube y baja de poder que implicaron el triunfo de septiembre y la derrota de octubre del año pasado. En el mientras tanto, dio un paso adelante al consensuar con el cristinismo su desembarco al frente del PJ Bonaerense. Camina hacia adelante. A su tiempo y a su modo, pero con una única dirección.
Detrás del acuerdo de cúpula por la conducción partidaria quedaron cerca de treinta distritos donde el PJ no se pudo ordenar e irá a elecciones internas. Un mano a mano que en el peronismo esquivan con frecuencia por temor a que se desbarranquen las dañadas estructuras que se edificaron durante las tres gestiones kirchneristas. Si no hay síntesis, entonces que se resuelva por los votos. Eso sucederá en varios municipios bonaerenses donde las expresiones territoriales de CFK y Kicillof no pudieron darse la mano.
En otro camino, van los gobernadores, que tantean la posibilidad de empujar un armado federal, que reestructure lo que supo ser el Frente de Todos en el 2019, y que sea la columna vertebral de una nueva propuesta electoral. Es muy reciente, pero el momento de que la rosca de construcción política tome más velocidad está cada vez cerca. Porque los acuerdos transversales, como los que se analizan negociar en el corazón del peronismo, necesitan tiempo.
En el PJ hacen lo posible para resistir la embestida libertaria tras el recambio de las dos Cámaras y la sensación triunfalista que le dejó al oficialismo la victoria electoral que pintó gran parte del país de violeta. Hacen lo que pueden, en esta instancia donde son minoría y el Gobierno mantiene fuerte sus alianzas provinciales.
Esta semana los legisladores que responden a los dos gobernadores peronistas aliados a Milei se pusieron en la vereda de enfrente al Gobierno. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo jugaron en contra de la reforma laboral. Algunos justicialistas que conviven con la desconfianza impregnada en la piel creen que lo hicieron solo porque el número para la aprobación estaba asegurado con las manos del PRO, la UCR y los aliados provinciales. Todo es posible.
El peronismo de UxP tiene el deber de mirar hacia Tucumán y Catamarca para ver cómo hacen convivir esas lógicas provinciales cercanas a la Casa Rosada con una construcción opositora para el año que viene. Es uno de los desafíos que tienen por delante los articuladores que flotan por las distintas terminales del armado político. Ganarle a Milei será una tarea extremadamente complicada, aunque varios pastores de las catástrofes anuncien la caída en desgracia del modelo libertario.
La semana de sinsabores que tuvo el PJ puede repertirse en el corto plazo si el Gobierno logra sancionar los dos proyectos que trató en estos últimos días. La capacidad de buscar acuerdos amplios con las fuerzas del centro será más importante que la búsqueda de sumar gente a la calle. Un recurso que ha pasado de moda. El peronismo necesita abrirse, flexibilizarse y acomodarse al nuevo tiempo. Es una realidad que algunos ya digirieron y otros aceptan a regañadientes.
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