POLITICA
Juicio por YPF: el jefe de los abogados del Estado durante el macrismo se refirió a la decisión de la jueza Loretta Preska
“A mí no me gusta. No me gusta que se entre a la intimidad de funcionarios argentinos que están tomando decisiones relevantes para el país”. De ese manera, el exprocurador del Tesoro durante el macrismo, Bernardo Saravia Frías, se refirió al pedido de la jueza Loretta Preska de acceder a chats y conversaciones de altos funcionarios en el marco de la causa por la expropiación de YPF en 2012. “Sé también que hay que cumplir las órdenes de la justicia”, matizó el abogado.
Fue durante su paso como orador invitado en un almuerzo organizado por el tradicional Rotary Club en el centro porteño. El exfuncionario expuso sobre el caso YPF que tramita en los Estados Unidos, contó su experiencia como jefe de todos los abogados del Estado durante el macrismo y sostuvo que el país, en este momento, debe dirigir sus esfuerzos en delinear una estrategia que apunte a reducir los más de 16.000 millones de dólares que impuso como indemnización la jueza Preska y a deslindar a la petrolera del Estado, para evitar embargos.
“La causa en primera instancia está perdida. Creo que no tenemos que perder ni energía en este momento con la jueza Preska. Nuestra energía tiene que estar en la Cámara de Apelaciones”, dijo Saravia.
El exfuncionario ofreció un discurso cuidado, que mezcló altas dosis de pragmatismo con aspectos técnicos y cierta luz de esperanza, por lo que considera son “errores técnicos” y de “actualización” en la determinación del monto a pagar.
“El tipo de cambio que aplica la jueza es el del momento del dictado a la sentencia y no el del momento del incumplimiento. Hay una diferencia sustancial que le hace achicar el monto enormemente”, advirtió, y agregó: “Si se aplica adecuadamente el tipo de cambio, por más que nos condenen, no estamos hablando de esa cifra sideral”.
“Se suma algo que hace reducir más el monto, que es la tasa aplicable. Son dos argumentos muy simples, pero tan potentes, que por lo menos nos llevarían a otra situación”, sumó.
“Boca cerrada”
La última decisión de la jueza Preska de acceder a conversaciones entre funcionarios se dio en el marco de un discovery, una instancia judicial de amplia apertura de pruebas. Corrió en línea con la estrategia del fondo Burford, que apunta a demostrar que las empresas argentinas carecen de autonomía operativa y financiera y se comportan como una extensión del Estado.
El fondo adquirió ante la Justicia española una parte de los derechos para litigar del grupo Petersen -perteneciente a la familia Eskenazi- en el marco de un proceso de quiebra, luego de que YPF dejara de girar dividendos tras la expropiación. La intención de Burdford es poder embargar activos soberanos.
“Son dos sociedades separadas”, contrastó Saravia Frías. “El Estado, si bien es accionista y tiene incluso el control mayoritario, es [distinto] a una empresa que cotiza en bolsa”, dijo respecto a YPF. “Es una cuestión independiente. El problema es que ya la jueza ha dado una orden de entregarle el 51% a la acción”, explicó.
“No hay varitas mágicas, ni ábrete sésamo. La concentración y la estrategia debe estar en los alegatos. Es allí donde se va a definir el destino del juicio, y créanme que soy optimista”, dijo, aunque advirtió que durante el desarrollo de pleito hay que “mantener la boca callada”, en alusión indirecta a posibles declaraciones públicas que puedan chocar con esta estrategia.
“Es un proceso en curso y uno no puede descuidar el objetivo principal que, a mi gusto, tiene que ser reducir el monto de esta sentencia, porque son 16.000 millones de dólares…”, remarcó en varios tramos de su discurso.
Al ser consultado por la periodista Clara Mariño −quien ofició de moderadora− sobre los responsables del derrotero judicial adverso, el exfuncionario se refirió de modo elusivo a la “tercera fase” del proceso histórico que delineó en su introducción, donde describió el proceso de expropiación por parte del “kirchnerismo” en 2012, cuando se incumplió con un artículo del estatuto de la compañía que establece que si alguien compraba más del 15% de la empresa, debía realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de las acciones, algo que no ocurrió.
“Ahí está la responsabilidad técnica jurídica, técnica económica y política”, se limitó a señalar. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que no fue nombrado por Saravia Frías, en un debate sobre el proceso de expropiación sostuvo que hubiese sido “estúpido” respetar el estatuto de la empresa. Sus declaraciones forman ahora parte de los elementos presentados por el fondo Burford.
El exfuncionario también ofreció una respuesta lacónica a la pregunta por la marcha de la causa penal en la justicia local, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. “Digamos que avanza lentamente, para ser elegantes”, devolvió, despertando una corta ola de aplausos entre los comensales.
Saravia Frías dejó buenas sensaciones entre los más de 100 rotarios que lo escucharon en un salón del Hotel Libertador. Algunos destacaron su poder de “síntesis” para bosquejar un recorrido histórico de la empresa; otros su “sólida” formación jurídica; y algunos, incluso, su “gracia salteña” para exponer, condición que el propio Saravia Frías confesó intentar utilizar a su favor ante la jueza Preska, durante su primer encuentro. “Intenté hacer unos mayores despliegues de libre simpatía salteña”, deslizó.
Durante su charla, el exfuncionario fue crítico respecto al impacto que tuvo el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía -cuyos recursos fueron redireccionados- aunque evitó machacar sobre los presuntos errores no forzados del pasado y puso el foco en gestionar los daños. “Uno tiene que despojarse de eso y poner la cabeza en evitar que la sentencia sea completa condena. En este caso y en muchos otros casos se trata de defender al Estado argentino, que va más allá de los gobiernos”, indicó sobre el cierre.
altos funcionarios,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
VIDEO | Durísima denuncia contra Marcela Pagano por un presunto episodio de maltrato laboral
Un conjunto de versiones difundidas en redes sociales en las últimas horas menciona a la diputada Marcela Pagano y a su pareja, Franco Bindi, en relación con un presunto episodio de maltrato laboral ocurrido en su vivienda de Punta del Este.
De acuerdo con lo que trascendió en el video donde una empleada doméstica cuenta lo sucedido, el hecho habría terminado en su despedido luego de un desacuerdo vinculado al cuidado de una mascota.
“Se termino el ciclo, gente de mierda, gracias a Dios encontré dos personas que nos llevan hasta la entrada”, comienza el testimonio de la mujer que denunció a la legisladora.
La Justicia rechazó un recurso de Marcela Pagano en la causa por espionaje contra Karina Milei
En el video en el interior de una camioneta, detalló: “Anoche nos cortaron internet, no comimos, estamos sin desayunar, y simplemente por a la perra la meo un zorrino y fue nuestra culpa de no cuidarla. Simplemente por eso”.
“¿Qué culpa tengo yo si la perra salió y le meo un zorrino?“, se preguntó, y agregó: “Llegamos y nos dijo ‘vayanse a la habitación’. Nos cortaron internet. No nos preguntaron por la comida. Nos retaron porque comimos al otro día”.
“Eso es Marcela Pagano y Franco Bindi, eso es, la diuptada y todo“, concluyó el relato de la mujer que según circulo en redes social, sería Laura Silvia Báez.
Hasta el momento, no existen presentaciones judiciales confirmadas ni declaraciones oficiales por parte de los involucrados. El caso se mantiene en el plano de versiones que comenzaron a circular recientemente y cuya veracidad, hasta el momento, no ha sido corroborada.
El video
Hablando de mucamas, estás durisimas quejas llegan de una mucama (Laura Silvia Baez) que limpiaba la casa en Punta del Este donde pasaron el verano Marcela Pagano y Franco Bindi! Ambos kirchneristas, afines a Irán, Rusia y al eje castro-chavista. pic.twitter.com/FYHUNmEhhH
— Artem Joyero Ucraniano 💍 🇦🇷🇺🇦🇮🇱🇬🇧🇫🇷🇪🇺 (@ArtemJoyero1) March 17, 2026
El oficialismo cruzó a Cristina Kirchner: “Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado”
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Salida de la OMS: qué pierde Argentina en asistencia técnica y la clave para sostener vacunas y fondos en la OPS
Argentina salió de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayer, tras un año de espera establecido por la Convención de Viena. La decisión se tomó después de que el país expresara su disconformidad con las políticas de la entidad durante la pandemia. El gobierno nacional formalizó la salida y mantiene su participación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, el doctor Guillermo Capuya brindó detalles acerca de las consecuencias y la importancia de la permanencia en la OPS.
“Hace un año, Argentina tomó la decisión, justamente coincidiendo con la visita del ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Junior”, recordó el médico y afirmó: “La OMS está compuesta por gente de diferentes países con diferentes bolsillos. Argentina contribuye con muy poco dinero para la OMS. No significa que sea poco dinero para el país”. El especialista calculó que la cuota anual ronda entre cuatro y cinco millones de dólares.
El doctor señaló: “¿Es un drama haber salido de la OMS? La verdad no, no parece ser.” Según el médico, la pandemia de COVID-19 generó malestar en el gobierno y en la población por las prolongadas cuarentenas y la gestión de los medicamentos.
Capuya detalló: “Hubo mucha disconformidad de parte del Gobierno y también de la gente en general, no solamente de Argentina, sino en el mundo, con la pandemia de COVID”. El médico aclaró que Argentina paga una cuota fija determinada por el PBI y la población, y la salida tiene componentes económicos, políticos y sanitarios.
Al mismo tiempo aseguró que Argentina “no tiene un beneficio». En este sentido reflexionó sobre las consecuencias: “Posiblemente te falte asistencia técnica”, pero precisó que en la actualidad la ayuda “está llegando en tiempo real a cualquier lugar del mundo.”
La continuidad en la OPS y las vacunas
Capuya fue enfático sobre la continuidad en la OPS: “Es importante decir que Argentina no sale de la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que va a seguir teniendo asistencia técnica, va a seguir teniendo fondos, sobre todo el fondo rotatorio para compra de vacunas”.
El médico precisó: “La OPS lo que hace es una compra mayoritaria para conseguir mejores precios y distribuir esas vacunas de acuerdo a la necesidad de cada país”. Capuya ejemplificó que Brasil compra cincuenta millones de dosis, Argentina diez millones y Uruguay quinientas mil, lo que permite obtener precios más convenientes.
Asimismo remarcó: “Se compra a un valor más económico las vacunas que si yo negociase de manera individual. Es una compra continua.” El médico aclaró que los créditos que recibe Argentina provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no de la OMS.
¿Decisión económica, política o sanitaria?
El especialista aseguró que la médida está compuesta por consideraciones políticas, económicas y sanitarias. Y resaltó que pertenecer a la OMS implica una cuota elevada y que el país puede reforzar la vigilancia epidemiológica mediante acuerdos bilaterales y la información en tiempo real.
El médico agregó: “Argentina dice va a reforzar la vigilancia epidemiológica y va a tener acuerdos bilaterales. Esto significa que yo puedo un acuerdo con algún país de la región”. Capuya sostuvo que no ve una catástrofe por la salida de la OMS y que la decisión responde a una combinación de factores.
“No sé si veo tan importante que se vaya de la OMS, porque Argentina en realidad los créditos que recibe creo que no eran de la OMS, sino era a través del BID”, reafirmó. El especialista consideró que la pertenencia a la OPS garantiza la continuidad en la asistencia técnica y la compra de vacunas para el país.
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Por la Ley de Inocencia Fiscal, la Justicia benefició a Lázaro Báez en una causa por presunta evasión
La vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno benefició al empresario K, Lázaro Báez, a sus hijos y a otras 11 personas, que tuvieron un sobreseimiento parcial en una causa por evasión de la empresa Austral Construcciones.
El expediente es por la falta de pago de Austral Construcciones del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y la tasa prevista en el artículo n°37, de la ley de Ganancias, durante los períodos fiscales de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por evasión millonaria.
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Inocencia Fiscal elevó de $1,5 millones a $100 millones para la evasión simple y de $15 millones a $1000 millones la agravada. A partir de la vigencia de esta nueva legislación los abogados del empresario K pidieron los sobreseimientos de sus defendidos, al plantear que los montos de evasión estaban por debajo de los $100 millones.
El fiscal general Diego Velasco rechazó los pedidos de las defensas y dijo que la ley representa solo una actualización de montos con el fin de compensar la depreciación de la moneda. Por eso pidió el avance de la realización del juicio oral y público.
Mientras que el abogado que representa a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Nicolás Dertinopulos, adelantó que no se opondría si los montos quedaban por debajo del piso. Aunque aclaró la vigencia de la acción penal para los períodos fiscales con cifras superiores a la base.
Las claves del fallo que sobreseyó parcialmente a Lázaro Báez por evasión a partir de una ley impulsada por el Gobierno
Los jueces Fernando Machado Pelloni, Karina Perilli y Jorge Zabala, del Tribunal Oral Económico Nº 3, dispuso el sobreseimiento parcial en la causa de Báez y sus hijos, Martín y Luciana, y el sobreseimiento total de su hijo menor, Leandro Báez. Además de otras once personas, a partir de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno.
Los magistrados rechazaron el planteo del fiscal y dispusieron los sobreseimientos únicamente por los períodos cuyos montos de evasión quedaron por debajo del nuevo piso. El derecho penal local obliga a aplicar la legislación vigente en caso de que sea más favorable para los acusados. Incluso de manera retroactiva, y esa fue la interpretación del tribunal.
La jueza Perilli citó el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que acompañó el proyecto original: “Racionalizar la normativa penal tributaria vigente con el fin de ordenar el ejercicio del poder punitivo” y “castigar de manera proporcional, efectiva y focalizada aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública”.
El fallo mencionó los montos exactos, año por año, de evasión de Austral Construcciones S.A.: $23.959.038 en IVA y $ 46.461.367 en Ganancias en 2010, $99.964.224 en IVA y $90.014.387 en Ganancias en 2011, $8.753.187 en IVA y $8.495.232 en Ganancias en 2013 y $59.954.725 en IVA y $22.860.611 en Ganancias en 2014.
El único año que excedió el piso de $100 millones, a partir de la vigencia de la nueva legislación, fue 2012, con deudas por $113.190.286 en IVA y $178.037.143 en Ganancias. Es por eso que se mantiene la causa a partir de esta acción, la evasión impositiva de la empresa por el ejercicio 2012.
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