Transcurridos nueve meses desde que estalló el caso $LIBRA, los diputados opositores que integran la comisión investigadora concluyeron, en su informe final, que tanto el presidente Javier Milei como su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, fueron engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho. Por tal motivo, recomiendan al Congreso que evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

“$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional”, advirtieron los 15 diputados opositores firmantes del documento, encabezados por el presidente de la comisión Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”, insistieron.

Además de señalar las responsabilidades políticas del Presidente y de su hermana, los opositores resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que fueron citados y se negaron a colaborar con la investigación; apuntaron concretamente contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo.

Asimismo, cargaron contra quienes llevan adelante la investigación en la Justicia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano “que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales”. También los denunciarán penalmente.

Los diputados del oficialismo, presentes en la comisión, sostuvieron que la investigación legislativa fue “un delirio”. “Incurrió en un decálogo de todos los excesos posibles, entre ellos el de autoritarismo”, asestó el diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza). “La apoteosis llega cuando se pelea con la Justicia, y después dicen que quieren colaborar con la investigación judicial. Insólito”, insistió.

El informe final, de 205 páginas, se presentó luego de tres meses de labor de la comisión investigadora, que se abocó a analizar las posibles irregularidades y responsabilidades políticas relacionadas con la promoción y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero pasado.

En esta operación participaron el presidente Milei –quien posteó el contrato para adquirir la criptomoneda en la red social X–; los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el creador del proyecto, el empresario norteamericano Hayden Davis. Karina Milei habría facilitado los encuentros entre el Presidente, los lobistas y los creadores del proyecto. La Secretaría General figura en los registros como quien autorizaba los ingresos de los empresarios cripto.

Los diputados opositores no confirmaron que se trató de una estafa, pero sí de un “esquema de fraude planificado”, compatible con una presunta estafa. El documento no precisa el monto de este fraude, pero los opositores estiman que la operatoria habría incluido transacciones por entre 100 y 120 millones de dólares.

“Creemos que hubo ardid y engaño con una típica figura, que es la de rug pull, un patrón de estafa muy común en el mundo de las criptomonedas donde hay una alta concentración inicial de ofertas; posteo de una persona pública que hace conocida la existencia de la criptomoneda; la entrada de compradores y luego un retiro de fondos por parte de quienes fondearon la cripto. Automáticamente su valor se desploma y los compradores se quedan sin nada. Este modus operandi ha sido comprobado en esta investigación”, explicó el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

Para los legisladores, el Presidente con su posteo “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” y que, contrario a lo que afirmó, el número de contrato que publicó en X no era de acceso público. “Al día de hoy, el Presidente sigue sin explicar cómo lo obtuvo”, advierten los opositores.

En el informe, los legisladores señalaron que la responsabilidad del Presidente no se limitó al postear la criptomoneda en sus redes; advirtieron, también, sobre la falta de controles estatales y la omisión de todos los protocolos. “No hubo una evaluación previa del Estado argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial”, señalaron.

La maniobra dejó como saldo pérdidas millonarias por parte de la mayoría de los que invirtieron en $LIBRA. “Un total de 114.410 billeteras sufrieron pérdidas: 498 perdieron más de US$100.000; otras 3144 billeteras perdieron entre US$10.000 y US$100.000 y solo 36 ganaron más de US$1 millón cada una”, señalaron los opositores.

Entre las conclusiones más importantes del informe final figuran las siguientes:

En el capítulo sobre recomendaciones, los diputados opositores sugieren que el Congreso evalúe el posible mal desempeño del presidente Milei en sus funciones, una decisión que eventualmente debería adoptar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión.

La resolución del Tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso llega después de que se corriera vista a todas las partes para que se pronunciaran.

En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de 6000 metros cuadrados y 19 departamentos que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, cuyo origen la Justicia determinó que está relacionado con el fraude al Estado que se juzgó en la causa.

Los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, habían elaborado a pedido del Tribunal una lista en la que identificaban más de 140 bienes “decomisables” que habían sido adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015 −el período juzgado en la causa− con cuya ejecución la Justicia podía comenzar a cobrarse los casi $685.000 millones.

La ejecución de la pena por Vialidad, que incluyó la prisión domiciliaria de la expresidenta, comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022.

El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto de este año. Pero el decomiso de los bienes, sin embargo, quedó empantanado en plazos y presentaciones de las partes.

Las defensas de los condenados señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito. Dijeron que el decomiso se estaba desnaturalizando y convirtiéndose en una suerte de “multa encubierta”.

Cristina Kirchner, por caso, pidió anular la ejecución de los bienes, además de criticar el modo en que se realizó el cálculo del decomiso y señalar que era ilegítimo decomisar bienes que fueron adquiridos antes de 2009, año en el que firmó un decreto que la vinculó a la maniobra.

Sus hijos, Máximo y Florencia, señalaron que no podían ser alcanzados por el decomiso, puesto que no guardaban relación con el proceso.

Los jueces sostuvieron que para llevar a cabo el decomiso no se sigue una “trazabilidad científica”, sino que basta con acreditar la coincidencia temporal y la razonabilidad económica.

Además, dijeron que la medida, que persigue que el delito no rinda frutos, alcanza tanto el producto directo como a “ganancias derivadas, bienes transformados, sustituidos o mezclados”, y también a personas no condenadas, como los hijos de la expresidenta o el propio Néstor Kirchner.

“Si bien es cierto que no ha existido una sentencia condenatoria sobre Néstor Kirchner −quien falleció incluso antes de que esta causa se iniciara−, ello no quita que la reconstrucción histórica de los hechos lo halló en el marco de la maniobra, celebrando múltiples negocios con Lázaro Báez», dice la resolución, que sigue: “Y que los bienes heredados por sus hijos supieron formar parte de la masa común de bienes de la sociedad conyugal que conformó con Cristina Fernández de Kirchner”.