Julio Gabriel Cordero formalizó su ingreso al Gobierno el 14 de marzo de 2024, pero desde hacía mucho tiempo antes asesoraba a La Libertad Avanza. Mientras estaba contratado a sueldo en Finma, una financiera vinculada al Grupo Techint, participó en diciembre de 2023 de la elaboración de la letra chica del capítulo IV del decreto 70/23 con el que Javier Milei intentó avanzar con una reforma laboral sin la necesidad de pasar por el Congreso de la Nación.

Dos años después, el contenido de ese mismo DNU, que está aún pendiente de una definición de la Corte Suprema por haber sido declarado “inconstitucional” en instancias judiciales inferiores, esta subsumido en el ambicioso proyecto de “modernización laboral” que el jueves pasado obtuvo dictamen en el Senado y que el oficialismo espera debatir en el recinto en febrero próximo.

“Tengo la certeza de que esta ley nos va a permitir crear empleo y que va a revertir las pérdidas y los cierres de empresas que hubo; queremos bajar los costos laborales”, dice Cordero en una entrevista con en la que admite que la normativa desfinanciará el sistema previsional y el de salud, como también que limitará el poder de acción y recaudación de los sindicatos.

El funcionario de Milei defiende la cración del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se nutrirá del 3% de los aportes patronales, y que servirá para hacer frente a las indemnizaciones. “Este fondo va a permitir una dinámica real de trabajo porque habrá financiamiento para las desvinculaciones”, naturalizó Cordero.

-¿Por qué cree usted que este proyecto de reforma laboral va a creer empleo genuino?

–Es una certeza porque es un proyecto muy trabajado, que en vez de salir de nosotros hacia afuera, viene de afuera hacia nosotros. Son muchos años de haber escuchado las necesidades y planteos de distintos sectores.

– ¿Se refiere al Consejo de Mayo? –

– Sí, pero además hubo conversaciones con las pymes, con abogados.

-La mayoría de los representantes del Consejo de Mayo son aliados electorales del Gobierno…

– Sí. Pero cada uno tiene su propia perspectiva. No hay un pensamiento unificado. Todos están de acuerdo en los principios básicos: bajar la inflación, cuidar el equilibrio fiscal y disminuir el rol del Estado. Cada uno tiene su propia visión. Al mismo tiempo se trabajó con profesionales que están en la Secretaría, como Guillermo Comadira, que lo hizo ad honorem.

-Tengo entendido que también ayudaron estudios jurídicos privados: el de Julián de Diego, Brouchou-Funes de Rioja…

-Esos estudios, pero también estudios vinculados al sindicalismo, colaboraron con propuestas. Mandaban propuestas y nosotros las revisábamos. Hubo una colaboración en el período de tomar la información. Ellos saben qué pasa en los tribunales.

-¿No cree que puede haber algún conflicto de interés entre esos estudios y que la ley después termine beneficiando a algunos de sus clientes? Es similar a lo que sucedió con usted cuando participó de la redacción de la letra chica del DNU 70/23 …

-Desconozco la intención de estos estudios, no creo que su intención haya sido beneficiar a algún cliente en particular. Pero sí dieron su visión de los problemas cotidianos de sus clientes. Cuando yo colaboraba nunca pensé en ser funcionario. Las personas y las empresas para las que yo trabajaba no sabían porque lo hacía en mi tiempo libre.

– ¿Le preocupa que el debate del proyecto se haya postergado a febrero?

– No cambia nada. Inclusive es preferible para el proceso legislativo.

-¿En caso de que el proyecto se convierta en ley, a partir de cuándo se aplica y quiénes están abarcados bajo el paraguas de esta legislación? Usted habló de derechos consagrados…

-Cuando la ley menciona especialmente que va a haber una aplicación retroactiva, entonces ahí hay una aplicación retroactiva. Por ejemplo, en los juicios pendientes. En general, cuando no dice nada, la ley por regla no tiene aplicación retroactiva.

-¿Y las indemnizaciones?

-Lo único que se hizo con el artículo 245 es incorporar algunos criterios jurisprudenciales mayoritarios. Por ejemplo, que el aguinaldo no forma parte del salario normal y habitual mensual. Esto era la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales nacionales y de muchos tribunales provinciales. Entonces, ¿qué sucedió? Se incorporaron. Nunca estuvieron las vacaciones. Eso no es mensual, es un plus vacacional. Tampoco estuvieron los premios semestrales o los premios anuales.

-Pero hay jurisdicciones que si toman en cuenta esos ítems en las indemnizaciones…

-Son minoritarias. Se tomó una decisión de ir por lo que eran las jurisdicciones mayoritarias para dar claridad y para evitar justamente estos conflictos.

-Entonces hay una rebaja en el cálculo…

-No, no, no ninguna rebaja. Es una jurisprudencia mayoritaria y se dijo que no había más discusión. Si la empresa quiere poner el aguinaldo, lo pone. Como cosa compulsiva no se pone.

-¿El empleador puede disponer de las vacaciones del empleado?

-No puede disponer, es por común acuerdo. Es como el banco de horas. La ley continúa y lo que se abre es una posibilidad libre de convenir con el empleador. Lo del banco de horas se hace por convenio colectivo, por sector.

-En cuanto a los salarios, ¿el Estado puede intervenir en la paritaria de un sector por considerarla excesiva?

-No hay ningún cambio sobre las homologaciones. Lo que hacemos es revisar el orden público y el interés general en los convenios. Las partes, que pueden ser la cámara empresaria y el sindicato, acuerdan y tienen la obligación de cumplirlo, pero hay algunos que no están ahí representados. Pero por el esquema jurídico están encuadrados en la actividad y les van a aplicar esas condiciones con la homologación. Entonces, si yo homologo le impongo a otros sectores. Ese el poder del Estado, es como una ley.

-¿El “salario dinámico” no tiende a que la paritaria sea a la baja?

-No, al contrario. El artículo dice que debe estar por encima de los salarios de convenio.

-La experiencia que hubo es la de los 90, con Cavallo, que terminó con la paralización de las paritarias…

-Es distinto. En los 90 era por productividad y esto es otra cosa. Este salario dinámico es un plus que necesariamente es por encima de los salarios básicos y que tiene la característica de la temporalidad. La temporalidad le gana a la ultraactividad del convenio. Se hizo para que el empleador o la actividad que pueda hacerlo, cuando tenga alguna baja o se le complicó la situación, pueda modificarlo a un monto menor o quitarlo.

-Los senadores en la comisión manifestaron sus dudas por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). ¿Cómo va a funcionar? ¿Reemplaza al fondo de cese impulsado en la Ley Bases?

-El fondo de cese de la Ley Bases tiene una característica de libertad muy amplia. Federico Sturzenegger piensa que es lo suficiente atractivo y creía que todos lo adoptarían.

-Tan atractivo no fue porque en más de un año ningún sector lo adoptó…

-Ninguno se sentó a negociarlo de manera atractiva, como quería Federico.

-Y el FAL, ¿cómo va a funcionar? ¿Es como una AFJP? ¿El Estado financia los despidos del sector privado?

-Había temor de volver a las AFJP. Esta reforma es novedosa, no tiene nada del pasado. Las jubilaciones y las pensiones ya no pueden ser más financiadas por el trabajo activo. Se busca a que sean financiadas con otras cosas. Como cada vez se prolonga más la vida y hay más natalidad, es necesario explorar a cómo sostener el sistema. El financiamiento necesita de diversas fuentes. En el pasado se subieron tres puntos del IVA, del 18 al 21 por ciento, para eliminar o bajar las contribuciones patronales. Después, volvieron a subir. Ahora se definió devolverles a los empleadores ese porcentaje que venía aportando y que generaba una carga muy fuerte en el contrato de trabajo. Las cargas son muy superiores a las de otros países de la región. Se busca beneficiar a los empleadores, pero también a los trabajadores sin tocar el equilibrio fiscal. Por eso se pensó en este fondo, porque uno de los pedidos era que bajen las indemnizaciones. En vez de devolverles el dinero a los empleadores y que se lo gasten en cualquier cosa, se decidió crear este fondo que no es más que una obligación porque si no se cumple, el 3% va al Sistema Previsional (SIPA). Es una obligación conveniente porque estas creando un fondo que te cubre para las indemnizaciones.

-¿Quién lo manejaría?

-La Comisión Nacional de Valores va a decir cuáles son las inversiones convenientes en el mercado de capitales, pero el que decide es el empleador. El Ministerio de Economía tendrá el control de que el esquema funcione y ARCA va a supervisar. No se podrá invertir en un fondo vinculado a la propia empresa. Se invierte en el mercado de capitales para conservar el valor de los fondos, por lo que creemos que hará bajar las tasas y los créditos. Este fondo va a permitir una dinámica real de trabajo porque habrá financiamiento para las desvinculaciones. Hay que evitar llegar a juicio.

-También se reducen los aportes a la salud. Se deriva un punto menos de aporte a las obras sociales…

-Efectivamente, pero hay que ver a partir de cuándo. Queremos que las obras sociales funcionen bien y no siempre es dándole más dinero. Que administren mejor los recursos. Cuando se logra bajar la inflación y el equilibrio fiscal, todos tienen que ser más eficientes.

-En el proyecto se limita el derecho a huelga hasta un 75% en algunos sectores. ¿No viola las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?

-Una cosa es lo que sucede en Ginebra y otra acá. La OIT tiene establecido que hay actividades esenciales y otras que son de importancia trascendental que no pueden ser interrumpidas. Acá ni siquiera te sentabas a negociar y ya había un paro.

-Pero hay actividades que en caso de conflicto solo se las habilita a parar un 25%. Eso es una limitación del derecho a huelga…

-Ya es un impacto importante para que se sienta sin resentir derechos de los ciudadanos. Se garantiza el derecho de huelga hasta un 25%. La OIT toma el derecho a huelga con pinzas.

-¿El proyecto entonces limita la acción sindical? También establece condiciones para las asambleas…

-La acción sindical no es la huelga. Cuando las asambleas son recurrentes y son utilizadas como un método de paralización de la actividad, o cuando se dice que se está en estado de asamblea permanente, se trata de desvíos que hay que corregir. Antes, bajo la excusa de la huelga, se aceptaba cualquier cosa: asambleas, bloqueos.

-¿Cómo afectará a los sindicatos su sistema de recaudación? La cuota de afiliación y la solidaria.

-El afiliado deberá manifestar su deseo de que le retengan la cuota de afiliación de su recibo de haberes.

-¿Y la cuota solidaria?

-Se mezcla con la ultraactividad de los convenios colectivos. Desaparecen algunos ítems. Entonces, las partes deberán ahora negociar de nuevo y tendrán un plazo de un año para pactar el nuevo trato. Si hay acuerdo, ahí sí se descuentan los aportes.

-¿De esta manera el sindicato principal de la actividad pierde fuerza y queda relegado?

-La OIT, en lo relativo a la libertad sindical, pide que haya diversidad. Van a continuar los sindicatos de actividad, pero deberán tener un diálogo inter e intra sindical más fuerte.

-¿Por qué se busca derogar el estatuto del periodista? ¿Por el refuerzo que establece en caso de indemnización?

-Los periodistas que ya están continúan con todos sus derechos. Lo que se está viendo en el sector es que no había incorporaciones nuevas bajo el esquema de ese estatuto, que había quedado antiguo. No es por el refuerzo de la indemnización.

-Se incrementa el período de prueba del personal de casas particulares de uno a seis meses. ¿Por qué?

-Permitir un mayor período de prueba hace que pueda emplearse a la persona.

-¿A los trabajadores de plataformas se les reconoce su vínculo laboral?

-No hay vínculo laboral. Hoy no hay un instituto del autónomo que proteja sus beneficios. El proyecto permite que haya autónomos registrados, sin cambiar la calidad. No quieren cumplir horarios.

-Pero no van a tener los derechos de un trabajador formal…

-Está pensado para que tengan más derechos de los que tienen hoy.

-En lo que va de la gestión de Milei se perdieron más de 250.000 empleos y cerraron más de 20.000 pymes, según informes privados. ¿Cree que este proyecto va a revertir esta situación a pesar de la apertura de las importaciones?

-Estoy convencido de que se va a revertir. Al mismo tiempo hay empresas que se van creando y que nosotros fomentamos la creación de empleo. Antes estaba el plan Potenciar Trabajo que tenía a 1.300.000 personas impedidas de entrar al mercado formal salvo que perdieran el plan. Nosotros lo transformamos en el plan Volver, que se puede seguir cobrando y trabajar.

-Son $78.000 que están congelados desde diciembre de 2023.

-Sí, pero es importante. Es una ayuda para ingresar al mundo del trabajo. Hay 950.000 personas buscando trabajo que antes no lo hacían y se quedaban en su casa.