POLITICA
Karina Milei activa gestiones para incidir en la próxima conformación del Consejo de la Magistratura y choca con Santiago Caputo
La renovación del Consejo de la Magistratura abrirá un nuevo frente de disputa dentro del oficialismo. Con la mirada puesta en la próxima conformación del organismo que interviene en la selección y remoción de jueces, Karina Milei empezó a mover fichas para ampliar su influencia sobre un terreno sensible: la Justicia. El avance no solo reordena el tablero institucional, sino que anticipa un choque interno con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Este año se deben renovar los 19 integrantes del Consejo de la Magistratura y en el Gobierno ya trabajan para asegurarse perfiles afines. No se trata de una estrategia aislada, sino de una definición política que se cocina en la cúpula libertaria, donde la secretaria general de la Presidencia concentra la toma de decisiones. Según pudo saber de distintas fuentes oficiales, Karina Milei quiere manejar de primera mano los hilos judiciales y ya puso a su equipo a trabajar en ese sentido.
El Consejo de la Magistratura es una pieza clave del funcionamiento del sistema judicial. Entre sus atribuciones figuran la aprobación de concursos y la remisión al Poder Ejecutivo de las ternas vinculantes de candidatos a magistrados, así como la apertura de los procesos de remoción de jueces, la suspensión preventiva y la formulación de las acusaciones correspondientes. En un contexto de numerosas vacantes en los tribunales, su integración adquiere un peso político adicional.
De los 19 consejeros -más su titular, el presidente de la Corte Suprema, hoy Horacio Rosatti-, uno representa al Poder Ejecutivo; cuatro provienen del Poder Judicial; cuatro son abogados con matrícula federal; dos pertenecen al ámbito académico y científico; y los ocho restantes corresponden al Poder Legislativo, repartidos en partes iguales entre Diputados y el Senado.
En la Cámara baja, La Libertad Avanza (LLA) aspira a quedarse con los dos representantes que le corresponden al espacio más numeroso. Los nombres ya empezaron a circular. En el oficialismo dan por hecho que el cordobés Gonzalo Roca, uno de los dos libertarios que hoy integran el Consejo, conservará su lugar. El segundo nombre aún no está definido, aunque uno de los posibles candidatos es el de Álvaro Martínez, actual suplente de Roca. La cualidad que más se destaca del mendocino es la lealtad, un atributo especialmente valorado en el armado libertario.
La negociación expone, al mismo tiempo, las tensiones internas del principal bloque opositor. Por los otros dos miembros que le corresponden a Diputados se abre un interrogante. El espacio que sigue en número al oficialismo es Unión por la Patria (UP), donde conviven el kirchnerismo, el massismo, el PJ del interior, los movimientos sociales y el sindicalismo. Hoy el kirchnerismo conserva cuatro lugares en el Consejo, todos alineados con Cristina Kirchner: Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por Diputados; Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde por el Senado.
Si bien el kirchnerismo podría retener su peso en la Cámara alta -si logra frenar el avance libertario, que está cerca de arrebatarle la primera minoría-, en Diputados parte desde una posición desventajosa. El escenario más probable es que solo pueda aspirar al lugar correspondiente al segundo bloque con mayor representación. Con un kirchnerismo en retroceso, la discusión por ese espacio amenaza con tensar aún más la convivencia interna. “Nosotros vamos a opinar”, advirtió un dirigente del Frente Renovador.
La opción que asoma como más funcional es una división del bloque. Es una posibilidad que las diferencias políticas ya anticipan, aunque el pragmatismo aparece como el argumento decisivo. En ese esquema, el kirchnerismo podría quedarse con un representante y otra fuerza peronista con el último consejero, correspondiente a la tercera fuerza. La fragmentación deberá, no obstante, ser clara y anticipada para evitar que la Justicia objete una división meramente instrumental, sin una diferenciación política explícita.
En el Senado, los libertarios también apuntan a ampliar su bloque para convertirse en la primera minoría y quedarse con dos consejeros. Allí, la candidata natural es la neuquina Nadia Márquez. A la pastora evangélica la habían tentado con la presidencia provisional de la Cámara, pero el segundo lugar en la línea sucesoria quedó, por ahora, en manos de Bartolomé Abdala. Márquez está bien considerada dentro del ecosistema libertario: probó su alineamiento como secretaria parlamentaria del bloque de Diputados y es una dirigente de confianza de Karina Milei y de los Menem. Reúne todos los requisitos que el oficialismo busca ponderar.
El nombre del segundo aspirante a consejero en el Senado -si finalmente logra ese lugar- dependerá de los acuerdos políticos que el oficialismo consiga cerrar para ampliar su base parlamentaria.
La puja por el Consejo de la Magistratura también anticipa un nuevo capítulo en la interna del poder libertario. Hoy, el representante del Poder Ejecutivo en el organismo es Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de confianza de Santiago Caputo. Su continuidad abre una disputa directa con Karina Milei, que busca encapsular el margen de maniobra del asesor presidencial en el terreno judicial.
En ese contexto, empezó a circular el nombre del abogado Santiago Viola como posible reemplazante de Amerio. Viola es el apoderado de LLA y ya había sido considerado para integrar otro organismo clave, la Auditoría General de la Nación (AGN). En ese caso, sin embargo, terminó relegado por Mónica Almada, la candidata libertaria con pasado en Pro y la UCR, cuya designación no estuvo exenta de polémica.
Los movimientos en el Ministerio de Justicia, que todavía conduce Mariano Cúneo Libarona, no serán inmediatos. En el oficialismo prevén postergar esa discusión hasta marzo, una vez concluido el período de sesiones extraordinarias, durante el cual esperan avanzar con las reformas laboral y penal juvenil.
La secretaria general, no obstante, ya prepara el terreno para lo que vendrá. El 20 de enero, Manuel Adorni -uno de sus principales aliados dentro de la administración libertaria- formalizó un incremento del 280% del presupuesto del Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Según informaron fuentes judiciales, tanto la Corte Suprema como el Consejo encontraron en Adorni “un canal de diálogo” para atender las necesidades de infraestructura y tecnología de los tribunales federales y nacionales de todo el país.
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POLITICA
La Justicia realizó un nuevo operativo en el aeropuerto de San Fernando por los vuelos de los helicópteros a la mansión de Pilar
Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información por los vuelos a la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino.
Concretamente, los agentes se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar para obtener documentación clave: órdenes de vuelo y listados de pasajeros, que podrían esclarecer quiénes viajaron a la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa.
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En el lugar, los miembros de la PSA fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, el titular de la empresa, quién entregó la documentación solicitada.
Este operativo es el segundo realizado en el mismo lugar. El pasado 30 de enero, el juez ordenó buscar en las oficinas de Flyzar los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la mansión de Pilar.
El foco de la investigación está en esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, compraron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero la tasación oficial es de 17 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de Toviggino o de terceros, ya que su perfil patrimonial no se condice con semejante inversión.
La Justicia también busca reconstruir quiénes fueron los pasajeros frecuentes de los helicópteros y qué tipo de carga se transportó a la mansión. El foco está puesto en determinar si hubo vuelos con dirigentes de la AFA y si se movieron bienes o dinero de manera irregular.
La causa, que investiga el patrimonio y los movimientos de la cúpula del fútbol argentino, había iniciado -por impulso de la Coalición Cívica- en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Y ahora, tras una movida polémica, el expediente recaló en Campana.
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Aguinsky ya les había tomado declaración a dos pilotos que hicieron viajes rumbo a la mansión de Pilar. Uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta diciendo que hacía “vuelos de entrenamiento”, pero ambos negaron haber transportado bultos o paquetes. Sin embargo, los investigadores detectaron que entre los dos sumaron más de 60 viajes a la propiedad de Pilar.
El juez también les mostró fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Toviggino como pasajeros. Los pilotos aseguraron que no podían identificarlos, lo que generó escepticismo, sobre todo porque no existen listas de pasajeros ni registros formales de carga que respalden sus dichos.
AFA, San Fernando, Justicia
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Congreso: con la reforma laboral en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias
Este lunes, el Congreso de la Nación da comienzo al período formal de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo y previsto hasta el 27 de febrero, previo al inicio de las reuniones ordinarias. El temario legislativo concentra iniciativas de alto impacto institucional, con la reforma laboral en el centro de la atención.
La agenda legislativa incluye, entre otros, proyectos vinculados a la ley penal juvenil, la protección ambiental de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Principales proyectos de la agenda
- El eje central del debate será la reforma laboral. Desde el Ejecutivo se proponen modificaciones en materia de despidos, indemnizaciones y contrataciones, por ejemplo. Los legisladores también deberán discutir cambios en el sistema de cargas y aportes.
- Respecto de la reforma del régimen penal juvenil, se busca reemplazar el sistema vigente desde 1980. El proyecto propone, sobre todo, la reducción de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años, a 13 o 14, según las versiones en debate.
- Otro de los proyectos que debatirán diputados y senadores es la modificación de la Ley de Glaciares y del régimen de protección del ambiente periglacial. La propuesta apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobada.
- El temario se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación legislativa resulta necesaria para su eventual entrada en vigor.
- Las sesiones extraordinarias podrían incluir la consideración de designaciones diplomáticas y otras iniciativas puntuales, cuya incorporación dependerá de los consensos que se logren durante el desarrollo del período.
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POLITICA
El Gobierno salió a defender la reforma laboral en el inicio de las sesiones extraordinarias: “No se pierden derechos y se regularizan los litigios”
En el arranque del período de sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno salió a respaldar públicamente la reforma laboral incluida en el temario enviado por el presidente Javier Milei.
En este caso, la defensa estuvo a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien hoy sostuvo que la iniciativa no implica una quita de derechos adquiridos y apunta a ordenar el sistema laboral para incentivar el empleo formal, en un contexto de fuerte debate y resistencias parlamentarias.
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En diálogo con Radio Rivadavia, Pettovello afirmó que “la ley es pro trabajador” y rechazó las críticas que señalan a la reforma como regresiva. Según planteó, el objetivo central del proyecto es garantizar el primer derecho básico: “Poder trabajar”. En ese sentido, remarcó: “Hay muchas mentiras sobre la reforma; los derechos ya adquiridos no se pierden. No se tocan las vacaciones ni otros derechos históricos”.
La ministra insistió en que el problema central del mercado laboral argentino es el estancamiento del empleo formal, una situación que, de acuerdo con sus dichos, se arrastra desde hace más de una década.
Para fundamentar esa afirmación citó datos del tercer trimestre de 2025: mientras la economía acumuló un crecimiento del 5,2%, el empleo asalariado (tanto formal como informal) apenas aumentó un 0,1%. En contraste, el trabajo autónomo creció un 6,3%. “El trabajo autónomo sí creció y creemos que esto es resultado de los cambios normativos”, explicó, al vincular esa dinámica con las modificaciones introducidas por la Ley Bases.
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Desde su perspectiva, el marco legal vigente desincentiva la contratación en relación de dependencia, en particular entre las pequeñas y medianas empresas. Pettovello señaló que el temor a la litigiosidad y a indemnizaciones elevadas paralizó la creación de empleo y empujó a muchos empleadores hacia esquemas informales o directamente a no incorporar personal. Por eso, sostuvo que la reforma busca “ordenar e incentivar la formalización del trabajo” y reducir la conflictividad judicial.
En ese marco, defendió la creación de un fondo de asistencia laboral incluido en el proyecto. Según expresó, se trata de un mecanismo “que representa un resguardo tanto para el trabajador como un incentivo para el empleador”, al brindar previsibilidad frente a eventuales conflictos.
La reforma laboral, en el centro del debate
Las declaraciones de Pettovello se dieron en un contexto político marcado por la apertura de las sesiones extraordinarias, convocadas por decreto presidencial hasta el 27 de febrero. La reforma laboral es uno de los ejes centrales del temario habilitado, junto con la Ley Penal Juvenil y otras iniciativas que generan tensiones con gobernadores y bloques opositores. En la Casa Rosada buscan avanzar con estos proyectos antes del inicio del período ordinario, previsto para el 1 de marzo.
Más allá del debate laboral, la ministra también se refirió a las políticas sociales impulsadas por su cartera. Pettovello destacó la eliminación de intermediarios en el cobro de planes sociales y aseguró que esa decisión permitió que “la gente cobre el plan social con independencia”. Según afirmó, ese esquema previo “condenaba a personas a la esclavitud” y estaba asociado a la extorsión política. “No damos subsidio a la vagancia”, sentenció.
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En relación con la situación social, señaló que la pobreza impacta con mayor fuerza en niños y adolescentes, a quienes definió como “la franja etaria más pobre” del país, con niveles que alcanzan al 70%. En ese sentido, afirmó que el Gobierno amplió la cobertura de la canasta básica alimentaria del 50% al 100% y extendió la protección de los programas hasta los 17 años. “Lo que estamos haciendo es sacar a niños y adolescentes de la pobreza; pensamos en el futuro para que no se multiplique la pobreza”, sostuvo.
Al cerrar, la ministra resaltó el liderazgo de Javier Milei, a quien describió como una figura de convicción “inquebrantable”. “Él hace que todos, quienes trabajamos con él, no tengamos dudas en seguir adelante, más allá de las dificultades que presentan los cargos públicos y la oposición”, concluyó.
Sandra Pettovello, reforma laboral, sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza
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