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POLITICA

Kicillof apuesta a acordar la paritaria docente, aunque no podrá desactivar el paro en el inicio de clases

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá las sesiones ordinarias en un contexto de tensión entre los gremios docentes y el gobierno nacional, que derivó en la convocatoria a un paro para el próximo 2 de marzo dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con impacto en territorio bonaerense, ya que SUTEBA —el sindicato con mayor representatividad en la docencia provincial— adhirió. Sin embargo, distintos gremios provinciales, incluido el propio SUTEBA, también rechazaron el último ofrecimiento realizado por el Ejecutivo bonaerense en el marco de la negociación paritaria. Así, hasta el momento, en las escuelas públicas bonaerenses las clases no comenzarán en tiempo y forma.

Mientras tanto, la administración de Kicillof busca cerrar la negociación paritaria con los gremios de cara a marzo. Una instancia que se volvió compleja, pese al respaldo político que, en mayor o menor medida, los distintos sectores mantienen con la figura del mandatario provincial.

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El 2 de marzo, Kicillof abrirá las sesiones ante diputados y senadores provinciales. Será la primera vez en seis años que lo hará con una medida de fuerza del sector docente. Si bien la decisión de los representantes de los educadores responde a diferentes factores y la convocatoria de CTERA abarca a todo el país, también a nivel provincial los sindicatos anunciaron paros debido al ofrecimiento salarial dispuesto por el Ejecutivo bonaerense.

La titular de CTERA, Sonia Alesso, durante una marcha en 2018 en una marcha docente al ministerio de educacion nacional en reclamo a la apertura de paritarias. (Adrian Escandar)

En el marco de la discusión salarial, la última oferta del gobierno bonaerense fue una mejora del 3% para febrero. La propuesta fue rechazada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —además de Suteba, la FEB, Udocba, Sadop y AMET— y también por sindicatos de la administración pública enrolados en la ley 10430, como UPCN y ATE, que trabajan en la construcción de una alternativa política hacia la elección presidencial de 2027 y tienen a Kicillof como principal referente. ATE lo hace desde la CTA Autónoma y UPCN desde la CGT, con la que Kicillof viene desarrollando una alianza política.

Esta situación sugiere cierta fluidez en el diálogo. De hecho, fuentes del gobierno provincial señalaron a Infobae que la negociación “sigue abierta” y que existe “diálogo informal con los gremios”. Por el momento, el gobierno otorgó una suba a cuenta de futuros aumentos del 1,5%. Sectores sindicales indicaron que Kicillof tiene tiempo hasta el 13 de marzo para cerrar la paritaria, ya que a partir de esa fecha comienza la liquidación de sueldos.

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En relación a los docentes, el funcionamiento regular de las clases depende fundamentalmente de las negociaciones salariales. Buenos Aires cuenta con una red educativa compuesta por más de 7.000 escuelas públicas y cerca de 6.000 instituciones privadas. El 70% de los estudiantes asiste a establecimientos estatales, mientras que el 30% elige centros privados, muchos de los cuales también reciben subsidios del Estado.

La FEB fue la primera entidad gremial docente en anunciar una medida de fuerza en territorio bonaerense tras el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial. El resto de los sindicatos consideró insuficiente la propuesta y terminó sumándose a la protesta, una vez que CTERA anunció el paro nacional. A esta medida también podría sumarse UDA. En este contexto, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, quedó en una situación compleja debido a su afinidad con Kicillof.

El titular de Suteba, Roberto Baradel y Kicillof en un plenario de la CTA de los Trabajadores

Un punto clave que explica la baja en la recomposición salarial docente en Buenos Aires es la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que integraba la composición del sueldo y tenía mayor peso en los salarios iniciales. Fue uno de los primeros recortes aplicados por la gestión de Javier Milei.

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La eliminación del FONID por parte del gobierno nacional impactó directamente en los ingresos docentes de la provincia. En este distrito, el FONID representaba alrededor del 10% del salario total para la mayoría de los maestros y profesores, lo que implicó una reducción real de sus haberes mensuales. Al momento de su interrupción, la suma que debía transferirse era de aproximadamente 14.500 millones de pesos por mes, considerada clave para sostener el poder adquisitivo docente. Inicialmente, la provincia cubrió ese déficit con recursos propios, pero la situación financiera actual es distinta.

Tras la decisión del Poder Ejecutivo nacional, la administración bonaerense agotó las instancias administrativas y de diálogo en reclamo de la restitución de los fondos. Ante la ausencia de respuesta, Kicillof instruyó a la Fiscalía de Estado para iniciar una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de lograr la restitución de los fondos recortados, argumentando que la eliminación del FONID vulnera derechos laborales y compromete la continuidad de la política educativa acordada en el Congreso. El máximo tribunal aún no se expidió.

El FONID fue eliminado formalmente por el gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial. Desde esa fecha, se suprimieron del presupuesto nacional los fondos destinados a este incentivo, tras más de 25 años de vigencia ininterrumpida. Su restitución es uno de los pedidos centrales de los gremios que convocaron al paro docente nacional del próximo 2 de marzo.

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Venezuela: liberaron a más de 30 presos de El Rodeo I, pero no hay novedades de Nahuel Gallo

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Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, tras la promulgación de una histórica ley de amnistía en Venezuela. Los beneficiarios salieron del penal con la cabeza rapada y camisas blancas al grito de “¡somos libres!”, siendo recibidos por familiares que aguardaban en las inmediaciones.

Según informó el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión para el cumplimiento de la norma, el proceso ya benefició a 2021 personas con medidas cautelares y a 177 detenidos que recuperaron su libertad plena.

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Pese al avance de las excarcelaciones, el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa recluido en El Rodeo I y mantiene una huelga de hambre. Su pareja, María Alexandra Gómez, confirmó a TN que hasta el momento no recibió noticias sobre su situación.

María Gómez, esposa de Nahuel Gallo

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El efectivo argentino exige la visita de la Cruz Roja y asistencia consular como condiciones para levantar la medida de fuerza, en un contexto donde el proceso de liberaciones, según los allegados, avanza “a cuentagotas”.

La Ley de Amnistía fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La norma busca transitar hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”, aunque expertos dudan de su alcance real, ya que militares acusados de actividades terroristas podrían quedar excluidos.

No obstante, algunos de los liberados este lunes pertenecen al ámbito militar, como el cadete Javier Rivas, quien denunció haber sufrido “tortura, golpes, maltrato físico” durante su detención.

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Hasta la mañana del lunes, la ONG Foro Penal contabilizó 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley. Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que 1500 presos políticos solicitaron formalmente su libertad a través de este instrumento legal.

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AMNISTIA VENEZUELA,liberados,Nahuel Gallo,Presos Políticos

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POLITICA

El Gobierno puso en marcha el plan de retiros voluntarios en los medios públicos

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El Gobierno busca reducir la planta de empleados en los medios públicos y para eso puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, que en total tienen una dotación de más de 2200 empleados. El proceso se extenderá hasta fines de marzo próximo.

Los medios públicos están intervenidos desde comienzos de la administración mileísta y desde mediados del año pasado tienen nuevas autoridades, con el exvocero de la Sociedad Rural Carlos Curci al frente de ellos.

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La intervención fue renovada nuevamente a comienzos de este mes con la publicación del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial (BO). Está prevista que se extienda hasta febrero de 2027.

Tanto desde el inicio de la gestión libertaria, como desde que se produjo ese cambio en el área, se insistió en la idea en que el plan es reducir “a casi la mitad” la planta de empleados. Este será el primer paso.

Con el plan de retiros voluntarios, el objetivo, señalaron a dos fuentes oficiales, es que entre 500 y 600 personas abandonen sus puestos en marzo.

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En la Casa Rosada reconocen que no saben si será posible llegar a ese número debido a las distintas condiciones y funciones de los trabajadores, que podrían hacerlos elegir quedarse en el entramado de medios oficiales. Contra sus propias intenciones, admiten “que a la gente le puede convenir más que la echen antes que un retiro voluntario”.

“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de antigüedad”, añadió la fuente, que reconoció que se podría dificultar el plan oficial de reducir la plantilla.

“Apuntamos a que se sumen lo más que se puedan”, terminó reconociendo un funcionario del área.

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El retiro voluntario que se abrió alcanza a RTA (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad de Contenidos Públicos, que incluye las señales Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. “Esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible”, insistieron.

El retiro voluntario fija entre sus condiciones a quienes lo acepten que “no podrán trabajar en el Estado por cinco años” y para los que tengan mayor antigüedad, la posibilidad de cobrar en hasta tres cuotas su salida.

Una semana atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado la inminente apertura de los retiros voluntarios. Sobre la TV Pública, dijo: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.

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Adorni también se refirió a un cambio de nombre al canal estatal, que aún conserva el que quedó de la etapa kirchnerista.


Cecilia Devanna,Medios y política,Conforme a,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales,,Reforma laboral. Desafíos para una ley multipropósito,,Solo en Off. Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago,Medios y política,,Lo compraría un aliado de Trump. Terremoto político y mediático en Italia: se venden La Repubblica y La Stampa, dos de los principales diarios opositores,,“Salón de la Vergüenza”. Trump ya tiene su Fake, 7,8… en la web oficial de la Casa Blanca,,»Me pasó de todo». Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene

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El Gobierno avanza en un modelo de auditoría para fortalecer los “modelos de control internos”

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En el marco de una estrategia de modernización estatal, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Alejandro Díaz, impulsa un cambio en los controles internos del Estado y consolida la certificación de calidad en nuevas Unidades de Auditoría Interna. Este proceso toma relevancia en una coyuntura donde la profesionalización y la transparencia en la gestión pública son demandas centrales de la ciudadanía. También en momentos en que varios hechos de corrupción, como en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fentanilo mortal, dejaron expuestos fallas en las unida de control interno.

Recientemente, el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, y el titular de la SIGEN, firmaron el Acta Compromiso para implementar el Referencial IRAM N° 13 en la Unidad de Auditoría Interna de esa Secretaría. El mismo día, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, suscribió un acuerdo semejante, integrando a la institución en el esquema de gestión de calidad promovido por la sindicatura. Según información de la SIGEN, estas iniciativas buscan profesionalizar la auditoría interna y establecer procesos evaluables conforme a estándares reconocidos.

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El Referencial IRAM N° 13 es un documento normativo que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad específico para las Unidades de Auditoría Interna (UAI) del Sector Público Nacional. Esta referencia fue desarrollada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) junto con la Sindicatura General de la Nación.

El caso de la ANDIS enendió las alarmas en el Gobierno y llevó a las autoridades a pensar formas de control más estrictas

“Estamos impulsando mucho más que una certificación técnica. Estamos promoviendo un cambio cultural en el Estado. La calidad no puede ser una opción ni un atributo accesorio: debe convertirse en el estándar sobre el cual se estructure la gestión pública”, expresó Díaz durante la firma.

También señaló que profesionalizar la auditoría interna y someter los procesos a evaluación permanente permite construir un Estado que aprende, corrige y mejora. “Ese es el camino hacia una administración más eficiente, más transparente y más responsable frente a la ciudadanía”, sostuvo.

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Con estas adhesiones, cuatro Unidades de Auditoría Interna avanzan hacia la certificación: la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En 2025, estas dos últimas firmaron sus correspondientes Actas Compromiso. Además, se están formalizando acuerdos con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Operadora Ferroviaria S.A. y el Ministerio de Capital Humano.

En diálogo con Infobae, Díaz ya había opinado que la corrupción trasciende lo administrativo y financiero, considerándola “un fenómeno cultural que erosiona la confianza, debilita instituciones y ‘mata’”. El funcionario evocó la propuesta de Sandra Pettovello, quien dijo que se trata de “un experimento inédito: una prueba piloto de evaluación de políticas públicas con tablero de mando”.

Este sistema consiste en relevar los objetivos del Ministerio y establecer indicadores para controles durante el proceso, no solo al finalizar. “La idea es contar con indicadores intermedios que alerten desvíos. Sandra, por ejemplo, nos dice ‘quiero llegar a tal objetivo en determinada área’. Tal vez no lo logre, porque los indicadores intermedios ya marcan desvíos. Y si no se hace nada en el medio, no se consigue. La idea es que las medidas sean más oportunas. Esta sería una prueba piloto para empezar y después replicar en otros ministerios”, detalló Díaz.

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En ese sentido, Díaz agregó que uno de los ejes principales de la sindicatura es participar en el proceso de ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Argentina ya participa del G20, que aprueba normativas de la OCDE. Estar ahí nos permitiría incidir en su elaboración. La clave es hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción”, enfatizó el titular de SIGEN.

En palabras de Díaz, “hacer los deberes” significa actualizar procesos, transparentar circuitos, documentar decisiones, establecer indicadores y someterse a auditorías externas. En ese sentido, señaló que este enfoque “estructural” resulta fundamental para el ingreso de Argentina a la OCDE, ya que la organización promueve políticas públicas sustentadas en evidencia, integridad y buenas prácticas.

Para Díaz, el desafío de la calidad excede lo técnico y exige un cambio cultural. “La corrupción no es solo un desvío administrativo, sino un fenómeno cultural que atraviesa toda la sociedad. Sí, yo creo que la corrupción mata. Es un flagelo cultural en nuestra sociedad. Si la sociedad no logra cambiar esa cultura, terminamos siendo una sociedad corrupta que mata, que hace mal a la gente”.

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Desde SIGEN, la política de certificación se plantea como herramienta para fortalecer la gestión pública a partir de controles robustos, procesos claros y trazables, y una cultura orientada a los resultados. Ampliar la aplicación de normas de calidad responde a una decisión política: medir, evaluar y mejorar la gestión pública con estándares objetivos, trazables y verificables.

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