POLITICA
Kicillof defendió la expropiación de YPF y dijo que la volvería a hacer: “Fue una decisión muy valiente”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó la decisión de expropiar YPF durante una entrevista en Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni en LN+.
“No me arrepiento de la expropiación de YPF, estuvo bien hecho. Fue una decisión muy valiente”, declaró el titular del Movimiento Derecho al Futuro.
A lo largo de la conversación, Kicillof defendió enfáticamente la decisión de recuperar el control mayoritario de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. Argumentó que la medida respondió a una situación crítica para la Argentina, marcada por la caída de la producción de petróleo y gas y el consiguiente déficit energético. “Había que recuperar YPF porque con Repsol, cayó 50 % la producción, más o menos 40 % de gas”, explicó, haciendo foco en la merma de reservas y en la obligación de importar combustibles a precios mucho más altos para cubrir las necesidades del país.
En ese sentido, el mandatario detalló los motivos que llevaron a la expropiación, asegurando que la gestión de Repsol priorizaba otras inversiones en el exterior y que la falta de apuesta por el desarrollo local profundizó los problemas estructurales del sector. “Se negaban a invertir en exploración, en producción, decidieron que las inversiones con la plata de YPF las iban a hacer en Guyana, en el Mari del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino. Y en Vaca Muerta tampoco”, puntualizó Kicillof.
Y contextualizó con un dato histórico: “Cuando se hace una autopista, (Osvaldo) Cacciatore -el militar argentino que gobernó de facto la ciudad de Buenos Aires entre 1976 y 1982- cuando hizo las autopistas, expropió los, los edificios que había en el camino de la autopista, cuando se hace una ruta, se usa esa misma ley. Se dice: ´esto es de interés público, sujeto de expropiación y se recupera para el Estado´. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie».
El camino a la expropiación
Respecto al procedimiento, resaltó que la expropiación del 51 % de las acciones se llevó a cabo según la ley de expropiación, avalada por 208 diputados, la gran mayoría abogados. “Se decidió expropiar usando la ley, pero además por la potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar activos estratégicos para el interés nacional. No quedó un solo conflicto judicial con nadie”, enfatizó.
Para fundamentar su postura, el gobernador recordó que se siguieron mecanismos habituales, como el pago de una indemnización de acuerdo al Tribunal de Tasaciones, procedimiento usado para cualquier obra pública relevante.
Al abordar la controversia internacional surgida años después, vinculada con fondos buitres que litigan contra la Argentina en tribunales del exterior, Kicillof sostuvo que “aparece un fondo buitre que compra un presunto juicio a la quiebra” y» va a buscar un tribunal que le dé la razón». ¿Por qué comprar un juicio de 15 (mil) millones de dólares que después vale 16 mil (millones)? Porque era imposible ganarlo. Es absurdo el argumento”. afirmó el titular provincial.
Y agregó que el pleito tiene fundamentos “jurídicamente flojos” como así también cuestionó la jurisdicción utilizada, resaltando que incluso el gobierno de Estados Unidos participó en contra de esos argumentos.
Consultado por Pagni sobre si haría algún tipo de autocrítica personal sobre su papel en la operación, Kicillof fue categórico: “De eso no. Y voy a explicar por qué. La ley de expropiación está por encima de cualquier estatuto privado» sosteniendo que fue una medida amparada por la Constitución y por la mayoría legislativa. “Nunca se podría haber pagado la cifra del estatuto porque es ilegal para el derecho argentino”, señaló.
El exministro de Economía también rechazó la posibilidad de revisar la decisión tomada frente a YPF: “Nunca se podría haber pagado la cifra del estatuto porque es ilegal para el derecho argentino”. Y aclaró que la lógica empleada es la misma que aplica cuando el Estado expropia para obras de infraestructura: “No hay ninguna posibilidad de que el estatuto de una empresa privada esté por encima de la Constitución o de la ley”, remarcó.
Según Pagni, toda la discusión que hubo en el Congreso estaban de acuerdo en que la ley de expropiación era superior al convenio o al reglamento de la empresa. “Pero eso es derecho de primer año. La pirámide de Kelsen, que está primero la Constitución, después las leyes, después los estatutos privados”, enfatizó el gobernador.
El juicio
Por último, el gobernador se refirió al litigio internacional que enfrenta actualmente la Argentina en Nueva York, con el fondo Burford por USD 15 mil millones. Consultado sobre el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena al país pagar más de USD 16.000 millones o entregar parte de las acciones expropiadas, Kicillof cuestionó la validez del proceso judicial.
Argumentó que el tribunal estadounidense carece de jurisdicción, ya que la ley aplicable es la argentina, y recordó que se trata del mismo juzgado que falló a favor de los fondos buitre. “Es el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula”.
Argentina apeló ese fallo de primera instancia. Pero en paralelo se siguieron cursando medidas extra que pidió el bufete británico Burford Capital, principal beneficiario de la demanda. En uno de esos pedidos, Preska le ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la petrolera.
La noticia fue una verdadera bomba: el país va a apelar y eso “congelará” el traspaso accionario por un año y medio. Pero se trata de una noticia negativa. Tanto que las acciones de la petrolera se derrumbaron más 5%, mientras que las de Burford se dispararon más de 20 por ciento.
Un resumen muy rápido de una extensa demanda podría ser el siguiente: el kirchnerismo le pagó rápido a Repsol, la empresa que controlaba la operación, y dejó de lado a otros accionistas minoritarios.
Los accionistas que se quedaron con las manos vacías iniciaron una demanda por ese “destrato” (no es esa la figura jurídica, claro) y luego le vendieron los derechos de litigio a una empresa que se dedica a comprar ese tipo de demandas y sostenerlas por años, haciéndose cargo de los gastos e incluso vendiendo parte de las futuras ganancias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo una presentación formal ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.
La cúpula de la CGT presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.
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Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024.
El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.
La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.
En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
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También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil.
En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.
La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.
Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
CGT, reforma laboral
POLITICA
Milei inicia una nueva gira internacional: cumbre y almuerzo con Trump, inauguración del Argentina Week y visita a Chile
El presidente Javier Milei comenzará este viernes una nueva gira internacional de casi una semana en la que participará de una cumbre de mandatarios latinoamericanos propiciada por Donald Trump, con quien el argentino tendrá luego una reunión aparte. Posteriormente, encabezará el inicio del Argentina Week en Nueva York y hacia el final del viaje participará de la ceremonia de investidumbre de José Antonio Kast en Chile.
Se trata de un viaje que tiene como propósito seguir afianzando sus lazos con Estados Unidos, así como con otros líderes del centro hacia la derecha latinoamericanos. Además, la realización del evento de promoción de inversiones en la Argentina, a realizarse en Nueva York, va a concentrar una intensa actividad de parte de varios integrantes del Gabinete, que viajarán por su cuenta para disertar frente a empresarios.
La Casa Rosada comunicó la agenda oficial del presidente Milei en este viaje internacional abarca una serie de encuentros y actividades clave en Estados Unidos y Chile.
Este viernes 6 de marzo, Milei partirá a las 14:00 desde Buenos Aires en un vuelo especial con destino a Miami, donde arribará a las 22:30 (hora argentina). El Presidente estará acompañado por una comitiva reducida compuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.
El sábado 7, el mandatario participará a las 12:00 (hora local) en la Cumbre “Escudos de las Américas”. Se trata de una reunión de Trump con mandatarios latinoamericanos que busca crear un espacio de concertación bajo el liderazgo de Estados Unidos.
Además de Milei, participarán Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago.
La cumbre de Miami tiene un solo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. En particular, el foco está en evitar que China pueda ser capaz de acceder fácilmente a estos recursos y que, por el contrario, Estados Unidos tenga un trato preferencial en ese trade por mayores inversiones.
Por ese motivo, el norteamericano no invitó a importantes líderes regionales como Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), quienes, pese a la divergencia ideológica que tienen con el republicano, mantienen canales abiertos con la Casa Blanca.
El dato a destacar es que, después de realizarse ese encuentro, Trump le ofreció a la Casa Rosada hacer un almuerzo de trabajo ofrecido a las 13:15 para continuar reforzando el alineamiento geopolítico entre ambos países.
No es menor que el pasado domingo, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, Milei afirmara que el Atlántico Sur será el campo de batalla estratégico de las próximas décadas y expresara su voluntad de transformar la relación con Estados Unidos bajo el liderazgo republicano en una “política de Estado”. En su discurso declaró que se debe “crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, desde Alaska hasta Tierra del Fuego”.
Al concluir ambas actividades, Milei será distinguido en la Hispanic Prosperity Gala, y a las 19:30 partirá rumbo a Nueva York para presentar tres días después el inicio del Argentina Week.
En ese interín, para el domingo 8 solo está prevista una actividad en la mañana para visitar la tumba del Rebe Lubavitch, la cual ya visitó en otras ocasiones desde que es Presidente, ya que es uno de los referencias espirituales. En tanto, el lunes 9 de marzo, el jefe de Estado disertará a las 13:00 en la Yeshiva University y, por la noche, participará en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.
El martes 10 a las 8:50 tendrá un encuentro con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y a las 9:00 ambos inaugurarán la Argentina Week 2026, el foro en el que participarán más de 300 altos empresarios, diversos integrantes del Gabinete y una decena de gobernadores argentinos para promocionar diferentes sectores estratégicos.
La actividad es organizada por la Embajada Argentina, el JP Morgan y el Bank of America. Según indican fuentes del Gobierno, el objetivo es fortalecer la relación con inversores internacionales en rubros como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia, industria farmacéutica y nuclear.
A la delegación ejecutiva se sumará una comitiva de gobernadores de provincias argentinas, incluidos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).
Más tarde, a las 12:00, partirá hacia Santiago de Chile, donde arribará a las 23:30. El miércoles 11, a las 12:00, asistirá a la ceremonia de traspaso del mando presidencial en Valparaíso, en la que asumirá José Antonio Kast, y a las 15:00 iniciará el regreso a Buenos Aires, con llegada estimada a las 17:00.
Lo realmente significativo podría darse al día siguiente. Una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo confirmó días atrás a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaje a la Capital Federal la próxima semana. El 12 de marzo es la fecha probable de un encuentro con el Presidente y el canciller Pablo Quirno.
Sería un suceso de altísimo simbolismo político. Desde el primer ataque coordinado hacia Irán del último sábado, Rubio se encuentra ante el escenario internacional más tenso de los últimos años y el mayor desde que asumió su cargo, que tiene como función principal la de dirigir la política exterior estadounidense.
La visita plasmaría la estrecha afinidad entre ambas administraciones, algo que ya se plasmó en el salvataje financiero que la Casa Blanca realizó durante el período electoral del año pasado, así como en el viaje que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo a la Argentina justo en el marco del anuncio de las tarifas globales de Trump.
Argentina,Diplomacy / Foreign Policy,North America,United States
POLITICA
La Justicia analiza un informe sobre el supuesto desvío de $1900 millones de las fotomultas en la causa que investiga a un exministro de Kicillof
El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, procesado por presunto lavado de dinero con el sistema de fotomultas y la VTV, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.
En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.
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Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.
Según pudo saber TN, la Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín.
Meses atrás, el juez Culotta encargó un informe a la Unidad Investigativa contra la corrupción de la Policía Federal para que analizara los convenios con el objeto de determinar la existencia о no de irregularidades en las contrataciones entre los actores mencionados en el expediente, es decir, entre las municipalidades, la Universidad de San Martin, la Fundación de la Universidad de San Martin y la empresa Tránsito Seguro, del empresario Leandro Camani.
En esa documentación consta una declaración de Pablo Sanguinetti, Director de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, que confirmó los convenios entre 11 municipios y la Universidad de San Martín para administrar el sistema de cobro de multas; la prestación de servicios por empresas privadas (Tránsito Seguro); y la distribución de fondos sobre los ingresos por multas entre PBA, municipios, la universidad y la firma de Camani.
Sanguinetti está imputado en la causa que investiga el fiscal Garganta por coordinar la gestión de los gestores que reducían las multas a cambio de dinero. Esa causa la inició el propio empresario Camani.
La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que, a su vez, deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras.
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Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague a las firmas proveedoras del servicio. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones.
En este sentido, el informe que recibió Culotta, establece que se identificaron actas complementarias vinculadas a convenios de asociación estratégica celebrados entre la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología (FUNINTEC) y la firma Tránsito Seguro S.A., en el marco de la implementación del Programa de Seguridad Vial en distintos municipios bajo análisis.
En dichas actas, se otorga participación directa a la empresa Tránsito Seguro S.A. en la ejecución de tareas operativas que, conforme al objeto contractual original, habrían correspondido a la Universidad Nacional de San Martín. En rigor, esas tareas eran trasladadas a la Fundación de la universidad y luego tercerizada a Transito Seguro S.A.
De esta forma, según el informe, se verificó una cadena contractual escalonada del convenio principal celebrado entre municipio y universidad, que derivó en un segundo convenio entre la UNSAM y su Fundación (FUNINTEC), y de allí, una tercera instancia contractual mediante actas complementarias que habilitan la participación de Tránsito Seguro S.A. en tareas técnicas, logísticas y administrativas originalmente previstas para la universidad.
Asimismo, de la documentación bancaria se obtuvo una imagen que da cuenta de la existencia de transferencias realizadas desde cuentas bancarias titularizadas por la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología hacia la firma Tránsito Seguro S.A., instrumentadas a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En concreto la subcontratación se dio entre la Fundación de la Universidad San Martin con la empresa TRANSITO SEGURO. Pero para que haya podido intervenir la Fundación, tanto los municipios como la UNSAM hicieron uso de la cláusula del convenio que requería plena conformidad de ambos para la participación e integración de terceros.
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En la denuncia original, se señaló que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas.
Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.
Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.
La respuesta de Tránsito Seguro
En diálogo con TN, desde Tránsito Seguro afirmaron que en el expediente el organismo a cargo de la auditoría no detectó en el informe ningún tipo de irregularidad y se citaron a los oficiales autores del informe a prestar declaración del mismo.
A su vez, el Tribunal de Cuentas (que entre sus funciones audita y controla cuentas municipales) informó que “no existen observaciones vinculadas a la temática que nos ocupa en los Fallos de cuentas de los Municipios de La Matanza, Roque Pérez, Junín, General Rodríguez, 9 de Julio y San Isidro”.
Por otro lado, marcaron que Tránsito Seguro SA es una firma especializada en el procesamiento de infracciones de tránsito, con amplia experiencia en la implementación de sistemas tecnológicos destinados al control vial en distintos municipios y provincias del país, con equipamiento debidamente homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, así como registrado en el Registro de Proveedores de Tecnología del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
“Llamativamente, inician las citadas actuaciones en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del Dr. Kreplak, originada en el año 2011, en la cual cito textual se investigaban inconsistencias en la recaudación de multas, y se encontraban mencionados CECAITRA y la UTN. Al ser poca la información que tenía de esa causa, fue consultado (Sanguinetti) si en la actualidad aún existían estas situaciones, por lo que puso en conocimiento que advirtieron que en la actualidad había inconsistencia en la recaudación con otros actores, en donde intervenían Universidades y Fundaciones, vinculadas con dos proveedores de tecnológicas y determinados municipios. Los proveedores de tecnologías se llaman “TRANSITO SEGURO” y “SECUTRANS”, esta última no se encuentra seguro de que participe pero es del mismo grupo que “Transito Seguro”. Las empresas citadas por el Sr. Sanguinetti, si bien no tenían nada que ver con lo investigado así como tampoco se han detectado irregularidades en el curso de la investigación, no han sido señaladas casualmente por el ex funcionario hoy imputado, sino debido a la denuncia realizada por Leandro Camani en representación de SECUTRANS, denuncia que ha motivado no solo la salida de todo el gabinete del ex Ministro D´onofrio (inclusive quien origina la presente causa, el Sr. Sanguinetti), sino también el procesamiento de los mencionados en la causa FSM 23688/2024 por lavado de dinero en el Juzgado Federal de Campana, así como la imputación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito en la UFIJ 11 de La Plata (P-00-056058-23/00 caratulada “Quattrochi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública“,
Tanto la empresa TRANSITO SEGURO SA como SECUTRANS S.A. han aportado toda la documentación requerida por el Juzgado, así como los Municipios en los cuales presta servicios, sin que a la fecha se hallan detectado cualquier tipo de iregularidades. Es importante remarcar que de las auditorías realizadas por el Honorable Tribunal de Cuentas, así como del informe realizado por la División Anticorrupción de la PFA, no surgen observaciones en ninguno de los municipios referidos», agregaron en el comunicado.
Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.
En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:
- Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios.
- Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.
Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.
Distintas empresas del sector cuestionan supuestos beneficios del Ministerio de Transporte bonaerense en la utilización de radares al empresario Leandro Camani. En este sentido, aseguran que en los últimos días se publicaron en el boletín oficial provincial resoluciones firmadas por el director provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa de la Provincia, Jorge Orzali, autorizando de manera exprés a los municipios de General Pueyrredón, Punta Indio, Dolores, Exaltación de la Cruz y Mar Chiquita, a la instalación de 15 equipos de constatación de infracciones. En el entorno de Camani niegan de forma rotunda esta información.
foto multas, Provincia de Buenos Aires
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