La oposición buscará exponer este miércoles en la Cámara de Diputados la fragilidad parlamentaria de Javier Milei y marcar un hito: revertir por primera vez un veto del actual presidente. La ley en disputa es la que declaró la emergencia en Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo. En paralelo, se abrirá la pulseada por el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

El efecto, de concretarse, será más político que económico. El Ejecutivo asegura que ya envió a Bahía Blanca los $200.000 millones mediante un decreto, pero la oposición quiere consagrar el fondo por ley para limitar la discrecionalidad presidencial. Será relevante el voto de los diputados que quedaron “heridos” tras el cierre de las listas para las elecciones del 26 de octubre, porque no tuvieron lugar en el oficialismo.

“El Fondo Especial apunta a reconstruir infraestructura y reactivar el circuito económico local, algo que no cubre el decreto”, argumentaron el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi (UCR). El golpe pondría en cuestión el escudo legislativo de Milei, sostenido hasta ahora por los llamados “87 héroes”.

Los números siguen siendo inciertos. De los 153 diputados que acompañaron la iniciativa en su primera votación, 15 pertenecen a Pro y difícilmente repitan el gesto tras el acuerdo electoral con los libertarios. Pero aquella vez también hubo 71 ausencias, en su mayoría opositoras, que ahora estarán para insistir con la ley. El balance parece inclinarse hacia la oposición, aunque nada garantiza el resultado.

El segundo capítulo de la pulseada se centra en la emergencia en discapacidad, otro proyecto vetado por el Ejecutivo, que actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio.

La oposición estuvo a un voto de sancionarla con dos tercios: obtuvo 148 a favor frente a 71 rechazos y 3 abstenciones. El margen luce favorable: varias ausencias claves de ese día -incluidos dos diputados de UP, dos del MID de Oscar Zago y dos radicales de Democracia- ya anticiparon que esta vez jugarán con la oposición. El oficialismo llega debilitado.

El tercer frente es el aumento del 7,2% a los haberes previsionales, que elevaría el bono de $70.000 a $110.000. Aquí la trama es más incierta. La oposición necesitará quebrar las 19 abstenciones de la votación original, entre ellas 9 de Pro y 9 de la UCR.

La exgobernadora María Eugenia Vidal ya se desmarcó y acusó al Gobierno de falta de gestión. En la lista de “prescindentes” figuran también Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas, Gabriela Besana, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero, legisladoras que en las últimas votaciones se alejaron de la sintonía entre su bloque y los libertarios.

El radicalismo, a su vez, juega dividido. Siete de sus diputados quedaron fuera del acuerdo con Milei en el cierre de listas y son la gran apuesta de la oposición para quebrar el veto: Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Konig, Soledad Carrizo, Rodrigo De Loredo, Roxana Reyes y Martín Tetaz. Este último ya adelantó que votará contra el Gobierno. Los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, en cambio, tejieron alianzas con los libertarios.

Más cuesta arriba para la oposición aparece la moratoria previsional, cuya prórroga por dos años divide a la oposición. Solo el kirchnerismo y la izquierda están decididos a sostenerla, por lo que difícilmente avance. Se trata de una iniciativa que permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido.

El temario también incluye las dos iniciativas que unieron a los 24 gobernadores: coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional y lo recaudado por el impuesto a los combustibles, además de eliminar fideicomisos. Ya cuentan con media sanción del Senado y podrían convertirse en ley de inmediato.

Los mandatarios insisten en que no implican gasto adicional sino recursos que pertenecen originariamente a las provincias. La Casa Rosada, sin embargo, negocia contra reloj para desactivar la ofensiva y evitar que la agenda federal se convierta en un nuevo frente de desgaste político.

La oposición volverá a la carga, también, con otra iniciativa que crispa a la cúpula libertaria por sus implicancias judiciales: la pesquisa del caso $LIBRA. Buscarán aprobar un proyecto de resolución para resucitar la comisión investigadora del criptoactivo, un escándalo que salpica al primer mandatario y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, en el recinto de la Cámara baja se discutirán este miércoles tres proyectos para modificar el huso horario en verano con el objetivo de ahorrar energía. No tienen dictamen, por lo que se buscará emplazar a las comisiones correspondientes.

También se pondrá sobre la mesa una actualización de los montos por evasión fiscal en la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario. Se trata de dos iniciativas impulsadas por Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, y el liberal Ricardo López Murphy.

El pulso de la sesión se definirá antes de que empiece, en la reunión de labor parlamentaria, donde se acordará la lista de oradores y los tiempos de debate. Al Gobierno le conviene estirarla: dilatar los golpes y apostar a que el quorum se desvanezca. La oposición, en cambio, quiere un trámite exprés que transforme la votación en un golpe directo al corazón del proyecto económico de Milei.

Un conglomerado de senadores del kirchnerismo, la UCR y el Pro impusieron su mayoría y le dieron dictamen favorable a los proyectos de ley de financiamiento universitario y de emergencia sanitaria pediátrica, que obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar insumos, servicios y aumentos al personal del Hospital Garrahan.

Las iniciativas fueron aprobadas en sendos plenarios de las comisiones de Salud, de Población y Desarrollo y de Presupuesto y Hacienda y de Educación y de Presupuesto y Hacienda. Quedaron, así, en condiciones de ser discutidas la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

Sin embargo, no se descarta que su debate se pueda acelerar para este jueves. Es lo que pretende el kirchnerismo, aunque la posibilidad comenzaba a perder peso con el paso de las horas, ya que muchos legisladores de la oposición dialoguista no están de acuerdo en sumarse a la estrategia de Unión por la Patria.

“Hagamos las cosas bien. No podemos usar la autoconvocatoria a sesión como un método”, afirmó a este diario un legislador de la UCR que comparte el apoyo al Garrahan y a las universidades, pero pretende mantener la institucionalidad y respetar el Reglamento.

A eso se suma el hecho de que, resignado a que no tiene forma de parar la sanción de las leyes, desde el oficialismo estarían dispuestos a convocar a una sesión el miércoles de la semana próxima.

Tras la firma del dictamen, se espera que corra la misma suerte el proyecto de ley de financiamiento universitario, que será discutido en otro plenario, en este caso de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. Al igual que en el caso del Garrahan, el texto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y si recibe el visto bueno del Senado se convertirá en ley. En previsión a este escenario, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará ambas normas.

“No estamos hablando de un hospital cualquiera, con más de 580 camas, más de 20 unidades de cuidados intensivos, es el hospital más federal”, afirmó la presidenta de la Comisión de Salud, la kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), al fundamentar la necesidad de apurar la firma de los dictámenes.

En ese sentido, la legisladora aseguró que no puede dilatarse el tratamiento del proyecto porque “efectivamente estamos ante una emergencia” y “queremos que el hospital siga funcionando”.

“Los trabajadores del Garrahan no sólo han sido sometidos a un recorte que afectó sus bolsillos sino que también fueron sometidos al maltrato de ser calificados de vagos, que quieren sacar beneficios”, remató Corpacci.

Salvo del oficialismo, no se escucharon voces contrarias al la iniciativa, pero sí hubo planteos para introducirle cambios a la versión aprobada por la Cámara de Diputados, y para analizar con mayor detenimiento algunas de las disposiciones del proyecto.

La propuesta de cambios fue formulada por la radical del bloque Las Provincias Unidas Edith Terenzi (Chubut), quien pidió eliminar la exención de Ganancias para los empleados de la salud, entre otras modificaciones, como forma de evitar “el muro del veto del Poder Ejecutivo. “Cuando vamos por todo, perdemos todos”, argumentó la senadora patagónica.

La propuesta fue descartada desde el kirchnerismo y otros sectores por considerarla una maniobra dilatoria, ya que obligaría al proyecto a volver en segunda revisión de Diputados.

“El proyecto declara la emergencia, es decir, ya, ahora. Nuestro bloque quiere tratarla ya en el recinto. Este aporte (por el de Terenzi) lo que hace es modificar por completo la media sanción, y entonces tiene que volver a Diputados”, le salió al cruce José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista.

Se sumó el porteño Martín Lousteau (UCR), quien advirtió que “no hay ninguna garantía de que el Ejecutivo, aún con los cambios, no la vaya a vetar”. En la misma línea se expresó Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quien aseguró que “estamos ante un Gobierno que considera que es más urgente facilitar la compra y venta de autos que atender la emergencia en la asistencia pediátrica en la Argentina”.

La única voz que se alzó en contra de la iniciativa fue la de la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), quien rechazó la afirmación del kirchnerismo que responsabiliza al gobierno de Milei por la crisis en el área de salud. “La crisis de la salud no es nueva, tampoco la crisis médica y pediátrica. Por supuesto es que es una bola de nieve, cada vez es peor”, afirmó la legisladora alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y sumó una frase polémica: “Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”.

El debate subió en temperatura durante el plenario en el que se discutió el financiamiento a las universidades, cuando el jefe del bloque oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), salió al cruce de Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria-Mendoza), que había elogiado la política universitaria de las administraciones kirchneristas.

“Cuando llegó este Gobierno llevaban 14 meses sin actualizar el presupuesto universitario. Con un índice de inflación de 240 puntos, estaban calladitos porque era su gobierno, ahora están acá gritando”, afirmó Atauche.

El jefe de la bancada libertaria defendió la política de ajuste fiscal del Gobierno y la contrapuso con los indicadores que dejó la gestión de Alberto Fernández. “Sacamos 10 millones de personas que ustedes llevaron a la pobreza, entonces no nos vengan a ensañar como gobernar”, afirmó Atauche en dirección a los senadores kirchneristas. “Quieren volver al pasado, solamente ese logro muestra que estamos por el camino correcto”, remató el legislador oficialista.

Antes, el peronista pampeano Daniel Bensusán había acusado al Gobierno de desfinanciar a las casas de altos estudios como parte de un plan, negando que su rechazo a inyectarles fondos obedezca a la necesidad de la Casa Rosada de sostener el superávit. “Lo de las universidades es una decisión política de Milei, no es una decisión fiscal”.