El clima de optimismo que se respiraba durante los últimos días en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía tras el contundente respaldo político del presidente Donald Trump no tiene correlato en el Congreso, donde los libertarios enfrentan varias ofensivas opositoras que van desde el intento de interpelar a Karina Milei y el proyecto para restringir los DNU, al rechazo a los vetos por Garrahan y Universidades, entre otros temas incómodos.

En la Cámara de Diputados el malestar opositor con el Gobierno alcanzó un nuevo pico tras el anuncio oficial de que la ley de emergencia en discapacidad, que Milei vetó, pero el Congreso sostuvo, no será aplicada tras su promulgación por falta de recursos presupuestarios. De hecho, la oposición le advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que están decididos a recurrir a una moción de censura que podría eyectarlo de su cargo.

Se trata de un mecanismo, incorporado en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución, mediante el cual el Congreso puede remover al jefe de ministros por cuestiones políticas. Francos es considerado el principal representante del ala “negociadora” del Gobierno y se encarga personalmente del vínculo con las provincias y algunos aliados, por lo que una moción de censura en su contra representaría un golpe devastador para la estructura de funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Este procedimiento tiene dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras; y segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado. La oposición tiene previsto avanzar en la próxima sesión (que podría ser el 2 o el 8 de octubre) con un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para iniciar el camino hacia la interpelación y la eventual remoción de Francos.

Sin embargo, la eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete no es la principal preocupación de los libertarios, que están mucho más enfocados en aceitar el diálogo con los gobernadores para bloquear la posibilidad de que se reforme la ley de DNU.

Hace dos semanas el Senado aprobó de manera repentina y con una amplia mayoría (56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones) un proyecto para reformar la ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Esa norma impulsada por Cristina Kirchner en 2006 estipula que los decretos sólo pueden ser rechazados con el voto mayoritario negativo de las dos Cámaras del Congreso. Es decir, el oficialismo de turno sólo necesita juntar una mayoría simple en Diputados o en el Senado para evitar que cualquier DNU sea rechazado.

El proyecto, que ya tiene sanción del Senado y la oposición buscará sancionar en la próxima sesión, pone un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Si el tema no es tratado, los decretos caen. Además, se necesita la aprobación explícita de las dos Cámaras para que se mantengan vigentes. Es decir, a la inversa de lo que ocurre actualmente, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos de Milei.

La oposición no oculta su apuro por avanzar con este tema porque sabe que el Presidente la vetará y luego deberán buscar la insistencia en las dos Cámaras con una mayoría especial de dos tercios de los votos. Todo esto debe lograrse antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, ya que un buen resultado electoral le permitirá a La Libertad Avanza tener asegurado un tercio del recinto para sostener cualquier veto.

Por otro lado, esta semana comenzó a funcionar la comisión especial investigadora de las muertes por fentanilo contaminado y la Comisión de Salud avanzan con los dictámenes para interpelar a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud Mario Lugones por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Esta semana también tuvo su tercera reunión la comisión investigadora del caso $Libra. Como el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y la responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno, María Florencia Zicavo, se ausentaron por segunda vez consecutiva para declarar como testigos, la comisión hizo una presentación ante la Justicia Federal que los obliguen a ir con “auxilio de la fuerza pública”. Todavía no hubo respuesta del juez de turno, pero en caso de ser favorable, la oposición ya adelantó que también recurrirá a esta misma herramienta para obligar a Karina Milei (que igualmente podrá negarse a contestar preguntas amparándose en que ya existe una causa penal en curso).

Al Presidente también le esperan batallas determinantes en ambos recintos del Congreso. En principio, el próximo jueves el Senado buscará terminar de rechazar los vetos presidenciales a la declaración de emergencia en pediatría y el financiamiento universitario.

La primera ley otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y estipula una recomposición de los salarios de los trabajadores de la salud en base a la inflación, mientras que la segunda actualiza los gastos de funcionamiento de las Universidades por el Índice de Precios y también ordena reabrir la paritaria del sector. En ambos casos el Gobierno las vetó porque el costo fiscal pondría en jaque el superávit fiscal.

Dado el contundente apoyo que tuvo la insistencia en Diputados y el amplio consenso que lograron los dos proyectos en su primer paso por el Senado, todo indica que los libertarios no tienen ninguna posibilidad de festejar un éxito para la Casa Rosada.

En tanto, Diputados prepara el temario de la próxima sesión y entre los temas en negociación se destacan el rechazo al veto de la ley que propone un reparto automático por goteo diario -y según los porcentajes de la coparticipación- de los ATN y la media sanción del proyecto para repartir lo que se recauda por el impuesto a los combustibles líquidos.

Se trata de dos reclamos impulsados por los gobernadores, que buscan fortalecer las arcas provinciales quitándole discrecionalidad al Ejecutivo en el reparto de fondos, y su inclusión en el temario de una sesión no es inocente: la oposición busca obligar a las provincias a acompañar otras iniciativas, como reforma de DNU. Mientras tanto, la Casa Rosada busca recomponer la relación con los gobernadores para acallar las dudas sobre la gobernabilidad en la previa de las elecciones legislativas.

Finalmente, la primera reunión de la comisión de Presupuesto estuvo plagada de cruces entre opositores y libertarios en torno a la necesidad de citar al ministro Luis Caputo para que explique el plan económico del Gobierno y el reclamo de que el rescate financiero de la Administración Trump pase previamente por el Congreso.

La negociación del plan de gastos e ingresos será el terreno donde se expresarán las tensiones con los gobernadores y el oficialismo apunta a sancionarlo en diciembre, con la nueva composición de las Cámaras. Por su parte, la oposición ya adelantó que buscará emplazar a la comisión que preside José Luis Espert para bloquear cualquier intento de sabotear el tratamiento y volver a prorrogar (ya se prorrogó dos veces) el Presupuesto de 2023.

A contramano de lo que suele ocurrir durante los años electorales, en los que la actividad del Congreso registra sus mínimos históricos porque la mayoría de los diputados y senadores prefiere concentrarse en las campañas, el actual período legislativo estuvo plagado de iniciativas legislativas de altísimo impacto político. Y la recta final antes de los comicios del 26 de octubre al parecer sólo aumentará la centralidad del Parlamento.

Las listas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad mantienen en cortocircuito a Provincias Unidas. Aunque parecía que las diferencias se habían disipado tras el cierre de listas, la foto de Ignacio “Nacho” Torres con Ricardo López Murphy reavivó las tensiones con la propuesta de Martín Lousteau, candidato a diputado para el 26 de octubre. El dirigente radical insiste en que su nómina es la referencia porteña de los gobernadores, pero la jugada del mandatario chubutense despertó dudas. Sin embargo, todos los actores buscan bajarle el tono o directamente evitar pronunciarse. Con ese trasfondo, el próximo martes habrá un encuentro en la Patagonia para mostrar unidad.

Cerca de Torres aclararon a Infobae que la foto con López Murphy respondió más al pragmatismo que a una actitud confrontativa. Creen que después del 28 de octubre “hay que sumar a todos” y en esa lista mencionan tanto al Bulldog como al presidente de la UCR, Facundo Manes, y a Graciela Ocaña, con el objetivo de construir una alternativa para 2027. El radicalismo porteño no comparte esa visión, sobre todo por la conformación de un posible bloque en el Congreso y su funcionamiento.

Uno de los principales objetivos de los gobernadores al crear Provincias Unidas fue la conformación de un bloque “compacto” en el Parlamento: legisladores que voten en función de las necesidades del interior y, sobre todo, que no haya rebeldes que lo hagan por fuera. En ese punto aparecen las contradicciones entre Lousteau y López Murphy. “Siempre votó todo con el Gobierno y Martín no. Queda fuera del esquema”, ejemplifican en Evolución.

Los radicales recuerdan que el referente del liberalismo se fue del bloque de Encuentro Federal y se abstuvo en la votación de las leyes de Financiamiento Universitario. En cambio, resaltan el rol opositor de Lousteau en el Senado, que incluso le generó varios dolores de cabeza dentro de su propio partido. Más allá de los planteos de Ciudadanos Unidos, algunos gobernadores señalan —en tono de reproche— que cada “uno está haciendo lo que quiere” por fuera de las provincias que gobiernan. “Había libertad de acción”, dicen.

Esas declaraciones apuntan a Juan Schiaretti, el candidato de Martín Llaryora en Córdoba. El ex gobernador fue el principal impulsor de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y de Lousteau en la Ciudad. Coincide con los analistas electorales en que esos territorios son indispensables para instalar una fuerza nacional. Pero sus aliados en Provincias Unidas vaticinan una derrota en octubre, similar o incluso peor que la que sufrió Somos Buenos Aires en septiembre.

“Estamos en un proceso de construcción”, afirman cerca de Schiaretti, para bajarle el tono a las diferencias, y hasta aprueban la idea de sumar esos actores al espacio después de los comicios. Para fortalecer la idea de unidad y encolumnarse en un discurso frente a Javier Milei, el 30 de septiembre se mostrarán juntos en Chubut. Repetirán el 9 de octubre en Jujuy y el 15 en CABA, en la previa de las elecciones, ¿con Lousteau? Según pudo saber este medio, Guga prepara —sin fecha confirmada— otro acto en territorio porteño con todos los referentes del espacio de centro, excepto los mandatarios patagónicos.

El evento de Chubut se dará en medio de la tensión con el gobierno nacional, que recibió respaldo del Tesoro de Estados Unidos condicionado a recuperar el control político en el Congreso y acercar posiciones con los gobernadores. Ninguno de los integrantes de Provincias Unidas está dispuesto a reunirse con la Casa Rosada antes de las elecciones. Creen que sería “regalarle” una foto en clave electoral.

Además, Milei decidió polarizar la campaña en Córdoba con Schiaretti, acusándolo de subir impuestos y exigir medidas que implican desequilibrio fiscal. En La Libertad Avanza creen que el anuncio de la eliminación de retenciones al campo lo dejó sin fundamentos, aunque la polémica por el beneficio, limitado a las principales cerealeras, abrió expectativas sobre el pronunciamiento de Provincias Unidas. Hasta ahora, solo pidieron que la medida sea permanente y no atada a tiempos proselitistas.

Los gobernadores de Provincias Unidas no son los únicos que arrastran malestar con la Casa Rosada. Como reconstruyó este medio, durante el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías un grupo de mandatarios intensificó sus reclamos por el incumplimiento de obras, la falta de envío de fondos, la ausencia de diálogo y la exclusión del Presupuesto 2026. Dejaron en claro que la promoción de Lisandro Catalán al rango de ministro del Interior no resolvió el problema de fondo: la necesidad de terminar con el centralismo y abrir un verdadero canal de diálogo.

La mayoría de los mandatarios, más allá de sus alianzas, esperan al 26 de octubre para tener un diagnóstico certero de hasta qué punto los argentinos están disconformes con las políticas libertarias. Los resultados en sus propios territorios pueden ser la llave para presionar por cambios de estrategia y medidas concretas. Será un desafío, porque muchos apuestan a espacios de centro o frentes locales que los colocan en desventaja frente a la polarización.

El contundente respaldo obtenido por la Lista Verde en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) marcó el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo de Sergio Escalante, quien fue elegido como secretario general con 2.611 votos frente a los 720 sufragios alcanzados por la opositora Lista Unidad, piloteada por la izquierda.

Este resultado, que refuerza el poder del oficialismo que Daer encabezó durante 40 años, se produce en medio de un duro conflicto salarial. El líder saliente, sin embargo, seguirá en el STIA a cargo de la Secretaría Tesorería y representante ante la CGT.

A su vez, quedan debilitadas dos tradicionales fracciones del sindicato que lideraron la oposición: los maoístas del PCR, de donde proviene Jorge Penayo, el candidato de la nómina Unidad, y los trotskistas del PTS, que aportaron a su secretario adjunto, Javier “Poke” Hermosilla.

Escalante, de 58 años, que integra el triunvirato que conduce la Regional San Martín de la CGT, trabajó en Panificadora Balcarce y es delegado desde 1999. Se incorporó a la conducción de STIA en 2008. Proviene de una familia que no se interesaba por la política y suele decir que “encontró al peronismo” en la fábrica.

En sus primeras declaraciones tras la victoria, el secretario general electo subrayó la continuidad de la lucha gremial por aumentos salariales y mejores condiciones laborales: “Trabajaremos arduamente en el plano gremial para conseguir mejores condiciones laborales y defender cada puesto de trabajo y en el campo político porque necesitamos un país con industria y trabajo en lugar de timba financiera y la deuda”.

El proceso electoral fue valorado positivamente por Escalante, quien destacó la importancia de la participación del afiliado en la votación. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la democracia sindical -dijo-, estamos contentos con el proceso eleccionario y el resultado, pero seguimos en conflicto salarial y seguiremos trabajando para lograr un aumento que dé respuesta a las acuciantes necesidades de nuestros trabajadores, redoblando las medidas todo lo que sea necesario hasta alcanzarlo”.

En relación a la negociación salarial, el dirigente instó a los empresarios a alcanzar un acuerdo que contemple las demandas del gremio. “Quiero instar a nuestros empleadores a aprovechar la conciliación obligatoria para llegar un acuerdo salarial justo, en lugar del 3 por ciento de hambre ofrecido, para que podamos seguir trabajando en esta industria indispensable para la Argentina en vez de profundizar un conflicto que no nos interesa y que no les conviene”, señaló el sucesor de Daer.

Además, dirigió un mensaje a la Casa Rosada: “Al Gobierno le recuerdo que la Argentina tiene enormes problemas que requieren su atención; deberían ocuparse de solucionarlos en lugar de trabar acuerdos libres entre privados si tanto pregonan la libertad y la no injerencia estatal”.

Además de agradecer a los afiliados y a los militantes de la Lista Verde, Escalante también hizo extensivo su gratitud a su “compañero y maestro Rodolfo Daer por la confianza y el trabajo que viene realizando hace años y por su visión del trasvasamiento generacional, consciente de que la organización vence al tiempo”.

Finalmente, el nuevo secretario general reconoció la importancia de la pluralidad y la competencia interna, al saludar a las listas opositoras que participaron en la elección. “Saludo y celebro la participación de los compañeros y compañeras de la Celeste y Blanca, la Bordo, Transparente y Blanca y Negra, que presentaron su lista opositora, ya que la diversidad de propuestas y la elección democrática muestran el dinamismo del STIA -destacó-. Pasado ya el fragor de los comicios debemos trabajar unidos en pos de los derechos e intereses de nuestros representados y de todos los trabajadores del país en este duro momento que nos toca atravesar”.