El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó este viernes la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas en el marco de las relaciones laborales comprendidas en estos acuerdos hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos y establecen límites a los aportes y contribuciones sindicales.

Según la presentación judicial, el artículo 131 de la reforma laboral reemplaza el artículo 6 de la Ley 14.250, lo que restringe la vigencia de las denominadas cláusulas “obligacionales” tras el vencimiento de un convenio, mientras que sólo las cláusulas “normativas” (referidas a condiciones y beneficios individuales de los trabajadores) permanecerían activas.

El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto tuvo en cuenta que la nueva ley distingue entre ambos tipos de cláusulas, pero advierte que la definición legislativa resulta imprecisa, lo que, según la documentación presentada, podría generar situaciones de inseguridad jurídica sobre la vigencia efectiva de las paritarias vencidas y los aportes gremiales establecidos en ellos.

Por otro lado, el artículo 133 de la Ley 27.802 fija un tope máximo del 2% para las cuotas solidarias, aplicables tanto a trabajadores afiliados como no afiliados. El monto dse la cota solidaria actualmente previsto en el artículo 100 del CCT 130/75 es de 2,5%, por lo que el sindicato argumenta que la reducción impactaría en los recursos destinados al financiamiento de la actividad gremial y la prestación de servicios sociales, asistenciales, culturales y sanitarios en conjunto con la obra social OSECAC.

Además, el sindicato advirtió que la entrada en vigencia de ambos artículos coincide con el vencimiento del acuerdo paritario vigente, el 31 de marzo de 2026, lo cual, según su planteo, generaría efectos inmediatos en los haberes de los trabajadores a partir del mes siguiente y afectaría el desarrollo de la próxima negociación colectiva.

En su resolución, el juez consideró que los argumentos expuestos por la parte actora —“en esta etapa liminar, presentan entidad suficiente para tener por configurado el requisito de verosimilitud del derecho”— y que la inminencia en la aplicación de las nuevas disposiciones “configura un escenario en el cual la aplicación de los arts. 131 y 133 de la Ley 27.802 podría producir efectos inmediatos sobre la vigencia de cláusulas convencionales y sobre el régimen de aportes y contribuciones sindicales”.

La vigencia de la medida cautelar fue establecida por 6 meses desde la notificación de la resolución. El fallo consigna que se trata de una suspensión “provisoria y acotada a un ámbito específico”, sujeta al resultado del proceso principal, y que no se advirtió que pueda generar una afectación al interés público impeditiva de su dictado.

Según el fallo, el Estado Nacional será notificado oficialmente y deberá cumplir con la suspensión dispuesta en el ámbito de los convenios colectivos alcanzados.

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La secretaria legal y técnica del Gobierno, María Ibarzábal contó cómo fue el proceso para llegar al fallo favorable de la Justicia estadounidense sobre la expropiación de YPF. “Fue un equipo que trabajamos mano a mano, codo a codo durante estos dos años cuando justo antes de que llegue el presidente Javier Milei llegó este juicio tan en contra de la Argentina con una cifra sideral, que actuaba como una espada de damocles”, explicó la funcionaria en diálogo con TN.

En cuanto a la estrategia, Ibarzábal hizo hincapié en la decisión de “no entrar en desacato y cumplir frente al juzgado de Loretta Preska”. “Lo primero y más importante es la decisión de defender al pais con uñas y dientes”, aseguró.

Luego, la funcionaria explicó que se decidió seguir tratando de cambiar la reputación de la Argentina en el exterior para “mostrar que somos un país serio y que jugamos dentro de las reglas de juego”.

Además, Ibarzábal remarcó otro punto central en materia de política exterior: “Como en ningún otro gobierno, Estados Unidos ha apoyado a la Argentina”. También resaltó el respaldo de otros países durante todo el proceso.

Leé también: Los argumentos de la Justicia de EE.UU. para fallar a favor de la Argentina en el caso YPF

Asimismo, remarcó: “los grandes esfuerzos de Cancillería”. “A veces los resultados acompañan el trabajo súper profesional y otras no, y esta vez por suerte lo hizo”.

En tanto, la secretaria legal y técnica explicó: “Buford puede presentar un pedido para que el fallo sea revisado y también puede ir a la Corte Suprema”. Y aclaró: “Vamos a seguir trabajando con mucho profesionalismo y discreción”.

“El principal argumento de la Cámara es que Preska interpretó mal el derecho argentino. Esta decisión inclina la cancha a nuestro favor”, señaló. Y añadió: “La emoción es total, hubo brindis en Casa Rosada”.

Por último, Ibarzábal anticipó que estará presente en la cadena nacional del Presidente Javier Milei, donde hará hincapié en el fallo favorable de la Justicia de Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF.

Los argumentos del fallo de la Justicia de Estados Unidos

Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que integraron la mayoría, sostuvieron que los reclamos de los accionistas minoritarios contra Argentina e YPF “no son reconocibles según la ley argentina”.

Este punto resulta fundamental, ya que reconoce que la decisión de la expropiación de la empresa fue discutida y avalada por el Congreso de la Nación. Es decir, se realizó bajo la norma legal vigente en la Argentina.

Eso deriva en que los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados. En cambio, cumplen una función organizativa interna de la sociedad anónima y no generan obligaciones contractuales que permitan reclamar daños por incumplimiento.

Los magistrados enfatizaron que la Ley General de Expropiaciones regula de manera integral el proceso de estatización y desplaza cualquier reclamo de naturaleza contractual. Por esa razón, tampoco existía obligación de realizar una oferta pública de adquisición de acciones a los minoritarios una vez concretada la expropiación.

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