POLITICA
Kicillof mantiene a Tapia al frente de la Ceamse, pese al escándalo por los negocios paralelos de la AFA
Claudio Chiqui Tapia continuará al frente de la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) pese al escándalo público que provocó el avance de las investigaciones judiciales por el supuesto manejo irregular de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene en la picota al presidente de la entidad desde noviembre pasado.
Así lo confirmaron a fuentes de la administración bonaerense de Axel Kicillof, que negaron la existencia de cortocircuitos políticos entre Tapia y algunos referentes centrales del axelismo, como trascendió en los últimos días. “Nada de nada, todo ok en la Ceamse”, aseguraron en La Plata.
Además de encabezar la AFA, Tapia preside desde hace un año el ente autárquico encargado de la deposición de la basura en la región metropolitana -donde maneja una caja a la que aportan la Provincia, la ciudad de Buenos Aires y 45 municipios bonaerenses- por iniciativa del propio Kicillof, luego de que fuera removido del cargo de vicepresidente por el alcalde porteño, Jorge Macri.
Originalmente, Tapia había sido funcionario de la Ceamse por un acuerdo histórico entre el macrismo y Hugo Moyano en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando ese pacto se rompió, Tapia -que también se distanció de su propio yerno- pasó a abrevar en el PJ bonaerense. De ahí que su designación en la presidencia del organismo, por parte de Kicillof, fue considerada su revancha contra Pro.
Al presidente de la AFA, sin embargo, la interna a cielo abierto en el peronismo provincial le trae fuertes dolores de cabeza, aunque no tantos como las investigaciones judiciales y periodísticas de los últimos meses. Ocurre que los partidarios del gobernador Kicillof están enfrentados con el kirchnerismo por la conducción partidaria. Y esa interna está más caliente que nunca.
A tal punto, que se expandieron rumores de que la cabeza de Tapia podía rodar en la Ceamse, por demanda de tres hombres fuertes del entorno del gobernador que aconsejarían tomar distancia del presidente de la AFA. Ya se sabe que un diferencial que tiene Kicillof con el kirchnerismo es que no arrastra casos de corrupción, un dato considerado clave para su proyectada carrera presidencial.
Según pudo saber , la opinión de los laderos de Kicillof -expresada en reserva- se filtró en cercanías de Tapia, que además no tomó de buen grado el acercamiento del intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los más encolumnados con el gobernador, con el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, archienemigo del mandamás de la AFA.
Antes de esa foto, conocida en los últimos días, Tapia había retomado una ronda de contactos con los jefes comunales que pueden blindarlo en su cargo en la Ceamse, pese a que su figura pierde adhesión a raíz del escándalo en la AFA. Uno de esos encuentros fue con Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), ambos enrolados con Máximo Kirchner.
Tanto Granados como Mantegazza forman parte de un grupo de intendentes, al que también suman a Federico Achával (Pilar), como parte de una movida de dirigentes sub 50 del peronismo bonaerense que entiende que es momento de renovar el partido para que Máximo Kirchner le abra paso a uno de ellos: el candidato de este nucleamiento es Federico Otermín, el jefe comunal de Lomas de Zamora.
Las reuniones de Tapia con los intendentes del PJ, de las que suele participar Dante Majori, presidente del club Yupanqui y hombre de máxima confianza del jefe de la AFA, se llevan a cabo tanto en las oficinas de la Ceamse en Pompeya -cerca de la cancha de Barracas- como en el predio de la entidad del fútbol argentino en Ezeiza. Por allí habrá un desfile de jefes comunales en las próximas semanas.
“El Chiqui viene armando fotos con intendentes para mostrarle a Axel que los intendentes lo bancan”, deslizó un dirigente con amplio conocimiento de la interna peronista. El punto de conflicto sería que la mayoría de esos jefes comunales aparecen más alineados con Máximo Kirchner que con Kicillof en el PJ provincial, pese a la intención de los axelistas de desplazarlo del cargo.
Cuando les preguntas de qué lado están, los intendentes sub 50 responden: “Del lado peronismo”. En las filas del gobernador sostienen que analizan “las dos opciones”: armar una lista propia para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones partidarias del 15 de marzo -con fecha límite para presentarse el 8 de febrero- o integrarse en una nómina conjunta que requiere el esquivo apoyo de Cristina Kirchner. “No vemos mucha voluntad del otro lado”, admiten.
En el axelismo vienen especialmente resentidos por lo que consideran un cúmulo de operaciones del kirchnerismo en contra del gobernador: advierten que la última de ellas fue la publicación de la dolorosa historia del suicidio del padre de Kicillof muchos años atrás. “Se pasaron tres pueblos, es de mal gusto y de malas personas. Pero habla más de ellos que de Axel”, dicen en el entorno del mandatario.
En el kirchnerismo no se quedan atrás. La propia Cristina publicó el jueves un mensaje en X en el que se refirió sugestivamente a “algunas ingratitudes y olvidos convenientes”, una frase que fue interpretada como un teledirigido a la interna peronista. El propio Tapia experimenta, desde hace semanas, cómo algunos intendentes encuentran excusas para no sumarse a sus convocatorias.
Una actitud similar se había empezado a desparramar en el entorno de Kicillof, pero el gobernador optó por no soltarle la mano al presidente de la AFA y mantenerlo al frente de la Ceamse. Ya había adoptado una postura similar en el caso de Jorge D´Onofrio, quien fue denunciado por el caso de las VTV mientras era ministro de Transporte y lo mantuvo ocho meses en el cargo, hasta que el funcionario renunció.
Con la colaboración de Manuel Casado
Mariano Spezzapria,Conforme a
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POLITICA
Con audiencias semanales y lectura de acusaciones, se reanuda el juicio por la causa Cuadernos
El juicio por la denominada Causa Cuadernos, se reanudará el martes 3 de febrero, tras la feria judicial, con un ritmo de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud.
La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.
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El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León.
Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9.
Según lo informado en la última audiencia antes de la feria judicial, el 3 de febrero será el turno de las defensas de la expresidenta, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista Ernesto Clarens, titular de la firma Inverness S.A.
En tanto, el jueves 5 de febrero expondrán los abogados defensores de Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti, exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente. Ese mismo día será el turno de los empresarios Gerardo Luis Ferreyra —exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.—; Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, exdirectivo de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.
El 10 de febrero se escucharán los planteos de las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
Las audiencias continuarán el 12 de febrero, con las exposiciones de las defensas de Jorge Sergio Benolol (JCR S.A.); Guillermo Escolar (Cleanosol Argentina S.A.); Eduardo Luis Kennel, gerente administrativo financiero de José Chediack S.A.I.C.A.; Silvio Mion (Equimac S.A.); Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A.; y Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos.
El tribunal informó que los días martes 17 y jueves 19 de febrero no habrá audiencias, y que el debate se retomará el 24 de febrero con los planteos de las defensas de Mario Ludovico Rovella, responsable de Rovella Carranza S.A.; Oscar Abel Sansiñena, representante de Cleanosol Argentina S.A. y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Cuadernos de la coima, cristina kirchner, Justicia
POLITICA
Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.
En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.
La semana pasada, a través de la resolución 40/2026, el ministro de Economía fueguino dispuso un aumento de dicho porcentaje que -según señalan en la municipalidad de Ushuaia- escaló al 8,75% y derivó en un recorte de los fondos que reciben las ciudades tanto para el pago de salarios como para inversión pública.
“Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de $1500 millones que se le va a recortar a los municipios”, explicó a el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte.
Hasta ahora, solo su municipio cuestionó públicamente los cambios impulsados por la administración provincial: a diferencia de Vuoto, ni Martín Pérez (Río Grande) ni Daniel Harrington (Tolhuin) salieron a cruzar al gobernador.
“Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad», aseguró el intendente de la capital provincial en su cuenta de X.
Y agregó: “Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”.
En el gobierno de Tierra del Fuego desmienten que la medida haya sido inconsulta y apuntan contra la gestión de Ushuaia. “En el año 2022, se aprobó una ley que cada vez que hay un aumento del GLP que es el gas envasado, se puede aumentar el índice de fondos que vienen a la provincia previo a la distribución de la coparticipación”, dijo Melella a .
El mandatario provincial destacó que Ushuaia es el municipio más favorecido por el subsidio -3591 vecinos contra 1832 de Río Grande y 471 en Tolhuin- y que el aumento cuestionado no se utiliza para gastos generales de la provincia, sino que regresa como contraprestación para sus residentes.
“El monto que significa de quita en Ushuaia es de $32 millones por mes, para el municipio de Río Grande son $48 millones por mes, que tiene menos vecinos y no dijeron nada, y Tolhuin $4 millones y tampoco dijo nada. El municipio de Ushuaia debe estar con alguna complicación”, continuó el gobernador.
En la municipalidad de Ushuaia aseguran que la obra pública es una prioridad en el distrito y que el recorte que -según Iriarte, “deben ser como diez cuadras de asfalto”- podría afectar, entre otras cuestiones, la inversión en salud, educación y pavimentación de calles. Todo ello en un contexto en el que vecinos de la capital fueguina se quejan por el mal estado de las veredas y calzadas.
La semana pasada, maquinaria municipal trabajaba en el centro comercial para repavimentar algunas de las calles que recorren de manera asidua los turistas. Es una obra que -según los comerciantes y residente de la zona- se repite todos los años, mientras los senderos de zonas más alejadas continúan sin mejoras y desgastan el tren delantero y los neumáticos de sus vehículos.
La disputa entre Melella y Vuoto por los fondos abrió un nuevo foco de conflicto para los aliados de Fuerza Patria. En 2025, Melella, de origen radical y referente de FORJA en la provincia austral, y el intendente kirchnerista habían llegado a un acuerdo para trabajar en unidad para fortalecer el armado peronista en la provincia frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas elecciones nacionales, el sello violeta cosechó un 39,66%, frente al 30,63 de Fuerza Patria.
El silencio por el puerto
Ahora, ese acuerdo empieza a mostrar signos de debilidad. A la batalla por el envío de fondos coparticipables se suma el silencio de la intendencia de Ushuaia tras la intervención del puerto provincial que opera sobre sus costas. Las instalaciones portuarias fueron intervenidas el 20 de enero por fallas en materia de infraestructura e irregularidades en el uso de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
La decisión del gobierno nacional generó un inmediato rechazo de la gestión de Melella, que denunció una violación a autonomía provincial. “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”, sostuvo el gobierno fueguino.
En los municipios de Río Grande y Tolhuin se hicieron eco de las críticas a la intervención libertaria. “Intervinieron el puerto de Ushuaia, sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial”, expresó Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande en una publicación que compartió luego el intendente Pérez. Harrington, en tanto, advirtió: “No creo que la intervención sea el camino. Creo que la soberanía y en administraciones estables que den previsibilidad, cuiden las instituciones y los recursos públicos”.
Vuoto, en cambio, no se refirió el tema en sus redes sociales. “La actividad turística depende 100% de ahí, ya sean los catamaranes o los cruceros, con lo cual o puede no operar el puerto. Pero también entendemos que había cosas que solucionar. Lo de la auditoría lo conocemos hace tiempo”, aseguró su secretario de gobierno durante la visita de a la municipalidad.
intervención del puerto de Ushuaia,January 28, 2026,fueron intervenidas,#PuertoDeUshuaia,pic.twitter.com/8FL0AAj7qD,January 22, 2026,Abigail Contreiras Martínez,Ushuaia,Gustavo Melella,Conforme a,Ushuaia,,Tierra del Fuego. Un puerto intervenido, protestas y empleo en recesión en una provincia dominada por la grieta entre el peronismo y Milei,,»Es un atropello». Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia,,Denunciante y empoderado. Quién es el sindicalista que el Gobierno dejó a cargo de la operación del puerto de Ushuaia
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