Un departamento valuado en 165 millones de pesos (unos 120.000 dólares al cambio oficial) fue decomisado por la justicia al fallecido exsecretario de los Kirchner Daniel Muñoz en una causa donde se lo investiga, junto con su familia, por lavado de dinero.

El decomiso anticipado fue logrado por la Unidad de Información Financiera, que es el organismo antilavado y que está dirigido por el exfiscal Paul Starc, según informó el organismo en un comunicado oficial.

El inmueble, ubicado en Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, fue adquirido con fondos de origen ilícito y su confiscación fue autorizada por la Justicia tras el pedido formal de la UIF, respaldado por pruebas de lavado y debido la muerte del imputado.

La causa incluye además decenas de propiedades en la Argentina y el extranjero, como cuatro parcelas en las islas Turks & Caicos, que reflejan la magnitud y sofisticación del circuito internacional de lavado de dinero que integraba Muñoz.

El decomiso anticipado es una herramienta para recuperar bienes obtenidos ilegalmente antes de que exista una condena definitiva. Su aplicación refleja la urgencia de impedir que los activos desaparezcan durante el proceso judicial.

Esta figura se encuentra en concordancia con la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que insta a los países a implementar medidas legales y operativas para identificar, rastrear, congelar y decomisar bienes delictivos.

Asimismo, destaca la importancia de habilitar el decomiso sin necesidad de una condena firme, garantizando así una respuesta eficaz contra el lavado de activos y la corrupción.

“Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar. Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales. La UIF está comprometida con una política activa, concreta y eficaz contra el lavado de dinero, en articulación con la Justicia y otros organismos del Estado”, afirmó Starc.

La Justicia ya había ordenó el “decomiso” de los terrenos valuado en 30 millones de dólares de Muñoz, en las paradisíacas islas Turks & Caicos, en el Caribe, comprados con parte de la plata de la corrupción que el exfuncionario sacó del país y colocó en los Estados Unidos en inversiones inmobiliarias.

El monto total del dinero fugado sería de 75 millones de dólares.

Muñoz, quien murió en 2016, dio a entender al exministro de Economía santacruceño Juan Manuel Campillo que ese dinero lavado en el exterior era de Néstor y Cristina Kirchner.

“Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba “en el aire” que eran de Néstor y Cristina. Yo le repetía, reintreintegrarlos te solucionan todos los problemas”, contó Campillo en su declaración de 2018 como arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

El total del dinero lavado en el exterior fueron al menos 75 millones de dólares con las que compró departamentos de lujo en Miami y en Nueva York. El resto fue dinero lavado en inversiones en la Argentina con las que adquirió al menos 113 inmuebles, que incluyen dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20.000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa la Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, inmuebles en Río Gallegos, edificios de cocheras, una cadenas de farmacias, un restaurante, casas y departamentos en Buenos Aires.

Cuando estalló el caso de los Panamá Papers y se supo que el nombre de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y sus abogados estaban detrás de estas propiedades, rápidamente desarmaron las posiciones en los Estados Unidos y mediante una trama de sociedades fantasma vendieron los inmuebles y compraron estos lotes con costa de mar en el Caribe por 30 millones de dólares para desarrollar un complejo internacional.

Ese emprendimiento, para el que hubo un proyecto arquitectónico, era de 500 millones de dólares con 100 habitaciones y 50 villas junto al mar, donde se iba a cobrar casi 1000 dólares la noche.

“Muñoz fue un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de los titulares del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales [se logró individualizar más de 60 entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por Muñoz], su derivación a los jefes y organizadores [incluyendo el traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones oficiales de la Agrupación Aérea Presidencial desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz] o la aplicación de esos fondos a otras actividades delictivas”, consideró el juez Julián Ercolini en la causa relacionada con el decomiso de estos bienes.

Buena parte de los 70 millones de dólares de Muñoz se perdió y no se sabe nada del dinero. Los acusados dicen que se los quedaron los abogados. Solo una parte menor, la que se invirtió en las parcelas de Turcas y Caicos , una isla del mar caribe, pudo ser congelada a pedido de la Justicia argentina en 2019. Pero se adoptó esa medida solo para una de las cuatro parcelas adquiridas. Ahora todas serán decomisadas.

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura avanzó en la suspensión y destitución del juez federal Martín Poderti, de un tribunal oral federal de Mar del Plata, acusado de quedarse con 144 monedas de oro que estaban bajo custodia del tribunal valuadas en 200.000 dólares.

Se reunió hoy la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación que, por unanimidad, con los votos de los consejeros diputado Álvaro González (PRO), César Grau (abogado), Luis Juez (senador PRO), Alberto Maques (abogado) y Rodolfo Tailhade (diputado UP), decidieron impulsar el dictamen para enjuiciarlo.

Los consejeros decidieron poner a consideración del Plenario del Consejo el dictamen que propone la elevación al jurado de enjuiciamiento del proceso seguido contra el juez Poderti.

Además, propusieron al plenario que disponga su inmediata suspensión, dada la gravedad de los hechos imputados.

La Comisión de Acusación, acreditó que entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, el juez, quien a ese tiempo era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad Nº 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en una investigación judicial.

El funcionario tenía el deber de resguardo sobre esas monedas. Actuó por fuera de sus obligaciones e incluso encontrándose de licencia en alguna oportunidad, sin que esos accesos estuvieran justificados en el expediente donde se incautaron las monedas.

También se tuvo en cuenta que por esos hechos se encuentra procesado por el juzgado federal de San Martín, confirmado por la Cámara Federal de San Martín, por malversación de caudales públicos.

También se dispuso el embargo sobre sus bienes por 190 millones de pesos. Ese caso, ya se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.

Los consejeros rechazaron las múltiples y disimiles explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación dirigida.

También la defensa formal que hizo cuando argumentó que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario.

Allí, la Comisión de Acusación recordó su jurisprudencia y la del jurado de enjuiciamiento, en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez.

Si esos hechos hubiesen sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como en caso presente, sí se puede avanzar con el juicio político y la destitución.

Para la elevación del caso al jurado de enjuiciamiento y su suspensión hasta que finalice ese proceso, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes de todo el Cuerpo en reunión Plenaria.

“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, dijeron los consejeros.

“Obsérvese, sobre el punto, que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón”, señalaron.

Y por eso justificaron su “inmediata suspensión” en la inteligencia de que todas “las imputaciones formuladas guardan relación directa con su actuación funcional y revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”.