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Kicillof reunió a más de 60 intendentes, criticó a Milei y se comprometió a mejorar el envío de fondos

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Este jueves se llevó a cabo una multitudinaria reunión en la gobernación bonaerense, donde Axel Kicillof recibió a más de 60 intendentes. En su mayoría fueron peronistas, aunque se acercó una delegación de radicales con algunos pedidos puntuales para el Gobernador.

El motivo del encuentro era realizar una suerte de diagnóstico de la actualidad y no faltaron las críticas al gobierno nacional de Javier Milei. “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”, aseguró Kicillof en la cumbre.

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En la misma línea, el Gobernador agregó: “El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”. Y remarcó: “Hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios”.

Axel Kicillof responsabilizó al gobierno de Javier Milei de la crisis que atraviesan la Provincia y los municipios. (Foto: AP y NA).

Y un mensaje claro: “Lamentablemente no podemos esperar más que un agravamiento y un deterioro del bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo. Ante eso, debemos ser claros a la hora de establecer cuáles son las responsabilidades: la culpa no es de la familia que se queda sin ingresos ni de los empresarios que ven cómo caen sus ventas; la culpa es de las políticas económicas de Milei”.

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Si bien la mayoría de los jefes comunales presentes eran peronistas e incluso más cercanos al sector que responde al Gobernador, hubo mucha presencia opositora. Fundamentalmente radicales, pero también varios intendentes que responden a Cristina Kirchner, hoy enfrentada a Kicillof. “Todos estamos muy complicados”, apuntó a TN un intendente peronista con buen diálogo con los distintos sectores del PJ.

No obstante, pese a la numerosa presencia de intendentes, la cumbre tuvo solo dos oradores: Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. Aun así, los alcaldes radicales se las ingeniaron para acercar una serie de pedidos y reclamos a través de un documento escrito.

Los planteos del radicalismo

El comunicado del Foro de Intendentes radicales plantea una serie de reclamos centrados principalmente en la situación financiera y de gestión en la provincia. En primer lugar, los intendentes advirtieron sobre las dificultades crecientes de los municipios para sostener los servicios públicos, en un contexto donde los ingresos por coparticipación no logran acompañar la inflación ni las paritarias.

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El Foro de Intendentes de la UCR de la provincia de Buenos Aires le acercó un comunicado con distintos pedidos al Gobernador Axel Kicillof. (Foto: Prensa UCR).
El Foro de Intendentes de la UCR de la provincia de Buenos Aires le acercó un comunicado con distintos pedidos al Gobernador Axel Kicillof. (Foto: Prensa UCR).

Allí remarcaron una necesidad imperiosa: “El diálogo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Bonaerense es imprescindible para abordar los problemas estructurales que afectan a los municipios”. Y aseguraron: “La Nación, la Provincia y los Municipios forman parte de un mismo entramado institucional. Estamos todos en el mismo barco y ninguno puede resolver en soledad los desafíos actuales”.

También señalaron la necesidad de mejorar la gestión provincial y fortalecer la administración de áreas clave como educación, salud, seguridad, IOMA e IPS, con el objetivo de garantizar mejores respuestas a los vecinos en los distintos distritos.

Además, el Foro plantea formalmente la necesidad de abrir una instancia de trabajo con el gobernador y el ministro de Economía, para abordar en profundidad las problemáticas específicas de los municipios radicales, destacando que estas difieren de las realidades de las grandes ciudades de la provincia. En concreto, le pidieron una reunión a Kicillof pero también a López, para poder profundizar sus reclamos.

Los anuncios de Kicillof a los intendentes

En la reunión, el Gobernador informó que tras haber tenido una primera audiencia en la Corte Suprema por el reclamo en torno a los fondos de la Caja de Jubilación, el próximo 21 de abril habrá un segundo encuentro allí con autoridades nacionales para seguir discutiendo “la necesidad de que cumplan con sus obligaciones y nos devuelvan lo que nos robaron”. Pidió que los municipios acompañen ese reclamo.

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Pese a la situación de crisis que narró el Gobernador, aseguró que la Provincia “va a hacer su mayor esfuerzo para cumplir y pagar en tiempo y forma las cuotas que corresponden al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal votado junto con el presupuesto provincial”. La primera cuota se pagará el 30 de abril.

Pero hay más, Kicillof convocó a los intendentes a adherir a una normativa que les permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. “En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”, aclaró.

Axel Kicillof, Javier Milei, intendentes

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El gobernador de Corrientes echó a su ministro de Economía por un conflicto con los gremios docentes

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Una gran cantidad de docentes de la provincia de Corrientes se encontraron con fuertes descuentos en sus haberes durante el último fin de semana. La razón que estaba explicada en el recibo de sueldo fue la adhesión al paro nacional convocado el 2 de marzo pasado. La situación generó un tembladeral político en la gestión provincial que terminó con la salida del ministro de Economía de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini.

Todo esto se da en el marco de que Corrientes cuenta con al menos cinco sindicatos docentes y a los que se sumaron los autoconvocados, que no tienen representación en esas organizaciones. La medida de fuerza fue para acompañar una decisión nacional que se replicó en gran parte del país.

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El miércoles, primer día hábil tras la novedad, el gobernador Juan Pablo Valdés salió al cruce y dijo: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva”. Los dos renglones estaban vinculados al presentismo. “Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”, que motivó la medida, agregó.

Valdés, tras poner la cara por el conflicto, adelantó que podría haber cambios en el gabinete. “Hay que esperar”, dijo. “Vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y corresponda”, añadió.

El ministro de Economía saliente, Marcelo Rivas Piasentini

No hubo que aguardar mucho tiempo para que se dieran las condiciones del recambio. A primera hora de la tarde del mismo miércoles, el Gobierno correntino dejó trascender que Valdés había pedido la dimisión a Rivas Piasentini. Tras una danza de nombres para la sucesión, el jueves por la mañana el Ejecutivo provincial confirmó a Héctor Grachot al frente de Economía.

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Se trata de un funcionario que venía desempeñándose como subsecretario de Finanzas de Corrientes. Antes ocupó otros lugares en el diagrama provincial. Uno de ellos fue el Instituto de Vivienda correntino.

La salida de Rivas Piasentini fue un hecho significativo en la vida política de la tierra del chamamé. Se trata de un funcionario que estuvo 8 años al frente de la cartera. Es decir: los dos mandatos de Gustavo Valdés, hermano y antecesor del actual gobernador. Llegó al cargo para reemplazar a Enrique Vaz Torres, un hombre de confianza de Ricardo Colombi, mentor y luego enemigo político declarado de Gustavo Valdés.

La decisión que tomó el ahora exministro fue técnica. Pero necesitó de un respaldo político. Rivas Piasentini pagó el precio de ambos factores.

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El relevo

Valdés puso en funciones al nuevo funcionario durante el mediodía del jueves. Habían pasado menos de 24 horas de la renuncia de su antecesor. El acto se realizó en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno provincial. Rivas Piasentini ocupó un asiento en las primeras filas.

Tras el acto protocolar, el gobernador tomó el micrófono para darle la bienvenida formal a Grachot. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.

Juan Pablo Valdés sucedió a su hermano en la gobernación de Corrientes

Con respecto al recambio de funcionarios, el mandatario expresó: “Es una decisión importante que llevará tranquilidad a todos los correntinos. Es un mensaje claro de que seguiremos trabajando con mucho compromiso y entusiasmo. El norte está puesto en el futuro y el desarrollo de Corrientes”, agregó.

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Luego, mirando al lugar donde estaba el Ministro saliente, le dirigió un mensaje. “Te agradezco, Marcelo, por habernos acompañado este tiempo”, expresó. Un fuerte aplauso de los demás asistentes cortó las palabras del Gobernador, quien solo agregó un “gracias” a lo que venía diciendo.

Trascartón se dirigió al flamante funcionario. “Te deseo que con una visión clara y mucho compromiso hacia el futuro de los correntinos encares los días por venir”, soltó. “Sigamos construyendo. Sigamos trabajando con este equipo en lo que estamos convencidos: Corrientes tiene un futuro grande y promisorio”, redondeó.

Antes de retirarse del salón, Valdés se estrechó en un abrazo con su exfuncionario.

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El Gobierno envió al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto de Sturzenegger para eliminar más de 70 normas

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El gobierno nacional envió este jueves al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desde 2024 que propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento presentado, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.

En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes según el motivo por el cual las quiere dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.

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“Sea porque son meramente declamativas, las circunstancias históricas en las que fueron dictadas quedaron en el pasado, esas regulaciones han sido superadas por leyes posteriores o por los cambios que experimentó la sociedad en lo tecnológico o social, existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Ejecutivo, que indicó: “Los derechos no requieren leyes”.

En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: «Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.

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Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto

Noticia en desarrollo.


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El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

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El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.

Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.

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En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.

El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.

Leé también: Se dilata el debate por la Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros

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Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.

Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

Noticia que está siendo actualizada.-

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