El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, abrió el ciclo lectivo en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) ubicado en Villa Soldati y destacó el trabajo de la Policía de la Ciudad: “La época del vale todo se terminó”.

En la presentación, el alcalde porteño dirigió el curso ante los futuros miembros de la fuerza de seguridad y afirmó: “Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. En este camino, siempre los vamos a respaldar”.

La ceremonia marcó el inicio formal de las actividades académicas para 2.152 cadetes de Policía y 197 aspirantes a bomberos en el ISSP. Más de la mitad egresará en julio y se incorporará a las tareas en la calle, reforzando la presencia y el trabajo preventivo en la ciudad.

El ISSP, situado en un predio de 10 hectáreas, cuenta con un Centro de Monitoreo Urbano destinado a la formación continua de policías y bomberos. En el acto desarrollado en la Plaza de Armas del ISSP, Macri estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía, Diego Casaló; el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta —próximo a asumir como Fiscal General de la Ciudad—; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi; y la legisladora Laura Alonso, entre otros funcionarios. La presencia de las máximas autoridades del área de seguridad subrayó el respaldo institucional a la nueva camada de cadetes y bomberos.

Durante el discurso, Macri subrayó la decisión política de mantener el orden y la seguridad: “Asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”. Luego enfatizó: “La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”.

En 2026, el Gobierno de la Ciudad destinará 15,4 % del presupuesto a políticas de seguridad, lo que representa USD 2,6 billones. Según lo anunciado por el jefe de Gobierno, este compromiso presupuestario permitió alcanzar una baja sostenida en los índices delictivos y la recuperación de espacios públicos. Entre los logros mencionados se destacan la devolución de más de 600 propiedades y el retiro de vendedores ambulantes de la vía pública. Estas medidas forman parte de una estrategia integral, que incluyó el despeje de piquetes y acampes para garantizar la circulación y el orden en los principales puntos de la ciudad.

La formación de los futuros agentes contempla un trayecto académico y práctico exigente. Los aspirantes a policía cursan dos años, obteniendo el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. Los primeros seis meses se desarrollan en modalidad de clases regulares, seguidos por un año de internado en el Instituto y una etapa final de prácticas en terreno, articuladas con los últimos módulos de la tecnicatura.

Desde 2017, 11.034 policías egresaron en 13 promociones. Por su parte, quienes buscan integrar el Cuerpo de Bomberos realizan un año de internado intensivo y, en paralelo a su desempeño en servicio, pueden acceder al segundo año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios. Esta etapa se centra en la prevención y combate de incendios, manejo de técnicas operativas y utilización de herramientas especializadas. En los últimos nueve años, 1.097 bomberos completaron su formación.

Los refuerzos para la Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad cuenta actualmente con más de 27.000 agentes. Durante la actual gestión de Macri, 3.839 nuevos oficiales se sumaron a las tareas operativas y de prevención. Además, se incorporó equipamiento móvil: 120 patrulleros, 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, unidades para el traslado de detenidos y 200 bicicletas distribuidas en las comisarías.

En materia de tecnología y protección, se sumaron 7.000 chalecos antibalas con geolocalización en tiempo real para el rastreo de efectivos y 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. La red de 400 Puntos Seguros permite a los vecinos comunicarse rápidamente con la Policía ante una emergencia. El sistema de videovigilancia dispone de 16.000 cámaras, mientras que se reforzaron la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, responsables de secuestrar más de 4.000 vehículos no habilitados en los ingresos y egresos a la Ciudad.

El Cuerpo de Bomberos, con más de 2.000 profesionales, fue equipado recientemente con 340 trajes ignífugos, 125 cascos para emergencias y un simulador de incendios que reproduce situaciones reales de riesgo, mejorando la capacitación y seguridad de los efectivos.

Baja en la criminalidad

En el último año, la Ciudad de Buenos Aires alcanzó una baja histórica en los índices de criminalidad. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad porteño, en 2025 se registró una disminución cercana al 30 % en el total de delitos, ubicando la cifra de robos en el nivel más bajo de los últimos 25 años. El índice de robo de vehículos cayó 92 % respecto del pico registrado en 2002, consolidando a la capital como una de las jurisdicciones urbanas con mayor reducción de delitos en América Latina. Las autoridades subrayaron que estos resultados se lograron mediante una combinación de inversión, decisión política y profesionalización de las fuerzas de seguridad.

evento,discurso,autoridad,público,ceremonia,orador,exterior,banda,audiencia,gestión de eventos

El Gobierno presentará en los próximos días ante la Justicia el informe elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el paquete que explotó el 20 de febrero en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el barrio de San Telmo. “Todavía no lo presentamos. Se está trabajando”, expresan en Nación.

En el Ejecutivo sostienen que la intención oficial es remitir el documento al juzgado federal que lleva el expediente durante la semana que viene. El trabajo del informe comenzó luego de que la Justicia solicitara formalmente la intervención de la central de inteligencia para profundizar el análisis del posible origen del ataque.

Leé también: El titular de la IGJ rechazó la movida de Kicillof que busca proteger a Chiqui Tapia: “La mudanza de la AFA a Pilar no tiene validez”

Según pudo saber TN, el objetivo central es descartar la hipótesis de que el hecho haya sido ejecutado por una organización local con eventuales contactos o apoyos en el extranjero. El expediente está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8.

Por disposición judicial, las pericias técnicas quedaron en manos de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que intervino en el lugar tras la detonación. La explosión ocurrió a las 13.49 del viernes pasado en el piso 11 del edificio ubicado en Av. Paseo Colón 533, sede de la Escuela “General de Brigada Manuel María Calderón” de la Gendarmería Nacional Argentina.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el estallido se produjo cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que había sido recibida meses atrás y permanecía a resguardo en la dependencia. Dos efectivos fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras leves y otros resultaron asistidos en el lugar.

El paquete estaba dirigido al comandante mayor Diego Gasparutti, exdirector de la Escuela entre diciembre de 2021 y mediados de 2024. La encomienda permaneció almacenada cerca de cuatro meses antes de ser abierta, un dato que forma parte del análisis pericial y que abrió interrogantes sobre el circuito de recepción y control interno de correspondencia.

Lee También: Uruguay se convirtió en el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo de libre comercio con la UE

En el Gobierno sostienen que por el momento no impulsarán una nueva denuncia judicial paralela y que concentrarán la estrategia en presentaciones formales ante el juez de la causa. “La vía es aportar información al expediente”, expresan. La intención es que el informe de la SIDE quede incorporado como elemento de prueba y contribuya a orientar la calificación jurídica del hecho.

El análisis de inteligencia incluye el relevamiento de eventuales vínculos, comunicaciones y antecedentes que permitan establecer si se trató de un accionar aislado o si existió algún tipo de planificación más amplia. En Nación remarcan que la prioridad es determinar si hubo algún grado de coordinación externa o financiamiento desde afuera del país.

Gobierno, SIDE, Explosión

Con el inicio del año legislativo, el bloque de Unión y Libertad presentó un proyecto para incorporar la reiterancia en la provincia de Buenos Aires mediante una modificación del Código Procesal Penal. El objetivo es que la administración bonaerense adopte normas aprobadas en el Congreso de la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto señala que, cuando una persona tiene múltiples causas penales en trámite, esa situación pueda considerarse por la Justicia bonaerense como un indicador de riesgo de fuga o de obstaculización del proceso, lo que permitiría restringir el acceso a la excarcelación. La iniciativa, impulsada en la Cámara Alta bonaerense por el bloque de senadores de Unión y Libertad, introduce la figura de la reiterancia delictiva en la legislación procesal provincial. El propósito declarado es brindar a los magistrados y fiscales provinciales herramientas para valorar con mayor rigor la situación judicial de los imputados que enfrentan varias investigaciones abiertas, limitando la posibilidad de obtener la libertad durante los procesos penales.

El texto presentado apunta a modificar artículos clave de la Ley 11.922, que regula el Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires. De aprobarse, la Ley 11.922 pasaría a considerar la reiterancia como uno de los parámetros formales a ponderar por los jueces al decidir sobre la excarcelación de personas sometidas a juicio, junto con elementos como antecedentes y gravedad del hecho imputado. De este modo, la Justicia bonaerense podría restringir la libertad de acusados que, sin condena firme, acumulen varias causas en curso, bajo el argumento de que dicha acumulación representa un signo objetivo de riesgo procesal.

Desde el bloque expresan que la medida busca terminar con la llamada “puerta giratoria”, situación en la que personas con reiteradas detenciones o imputaciones recuperan rápidamente la libertad y reinciden en hechos delictivos. “La llamada ‘puerta giratoria’ termina perjudicando a los bonaerenses que todos los días conviven con la inseguridad”, señalaron fuentes legislativas del Senado bonaerense al fundamentar la necesidad de la reforma.

El proyecto de ley deja constancia de que la reiterancia no implica una condena anticipada ni vulnera el principio de inocencia; otorga a los jueces un criterio adicional para prevenir riesgos procesales como la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Se indica que, actualmente, la ausencia de este instrumento da lugar a interpretaciones restrictivas que favorecen la libertad de acusados con múltiples procesos abiertos, lo que debilita el sistema de control y la confianza de la ciudadanía en la justicia penal.

La reforma, si fuera aprobada, alinearía a la provincia de Buenos Aires con criterios adoptados previamente en el Congreso de la Nación y en otros distritos del país, que ya cuentan con normativas similares. Los impulsores argumentan que la medida reforzaría la protección de las víctimas y ofrecería una medida concreta ante el problema de la reiteración delictiva.

En la práctica, la ley de reiterancia concedería a los magistrados la facultad de denegar la libertad provisional a imputados que acumulen varias causas penales sin sentencia, considerando esa condición como suficiente para presuponer el peligro de que obstaculicen la investigación o evadan el accionar de la Justicia. La iniciativa procura equilibrar el respeto a las garantías individuales con la necesidad de respuestas procesales eficaces ante la reiteración delictiva y la demanda social de mayor seguridad.

El trámite parlamentario continuará con el tratamiento en comisiones y, de avanzar, será debatido en el recinto del Senado bonaerense. El futuro de la propuesta dependerá del consenso entre los distintos bloques y de las opiniones emitidas por los actores del sistema judicial y las organizaciones civiles.