POLITICA
Kirchnerismo huérfano: la condena también fue contra La Cámpora
La hipótesis de una candidatura de Cristina Kirchner era como apoyar un arma sobre la mesa. Su hijo Máximo y los jerarcas de La Cámpora se acostumbraron a negociar con el peronismo como si fueran los managers de la dueña de los votos, de la Jefa que podía mandar al ostracismo electoral a quien se pusiera delante de sus intereses.
Esa dinámica entró en crisis después de la condena por corrupción en el caso Vialidad y el furioso anuncio posterior de la vicepresidenta de que no será “candidata a nada” en 2023. El kirchnerismo ideológico quedó expuesto a la orfandad, que lo golpea mientras participa de un gobierno atrapado en un pantano económico.
Cristina les pidió que agarren “el bastón de mariscal” a unos oficiales acostumbrados a asistir a batallas ganadas de antemano. Sin el apellido Fernández de Kirchner en las boletas, a diferencia de lo que pasó en 2017 o en 2019, el Frente de Todos se asoma a una incierta etapa de ebullición. Gremialistas, intendentes, gobernadores y hasta el propio Presidente -experimento fallido del laboratorio cristinista- miran el futuro inmediato con ánimo de revisar el orden peronista vigente desde hace 20 años.
¿Por qué se apresuró Cristina a patear el tablero de 2023? La pregunta circula sin respuesta unificada en el entorno de la vicepresidenta. El portazo que culminó su denuncia de un “Estado mafioso” que quiere proscribirla como al Perón de los 50 y los 60 convivió con una reacción indiferente del “pueblo” cuya conducción se arroga. Sin un llamado explícito a la movilización callejera, su descargo por YouTube empezó y terminó con la lógica burocrática del calendario: no hubo 17 de Octubre, sino apenas un caluroso 6 de diciembre.
A La Cámpora le urge defender su liderazgo con la carga de no haber cumplido jamás con el mandato del recambio generacional. Pasaron más de diez años desde que Cristina dispuso la camporización forzosa del peronismo. Fue un proceso de renovación que se impuso desde arriba y se ejecutó sin piedad con los perdedores. Máximo y los elegidos de “la Jefa” crearon una logia de Estado que llegó a dominar porciones inmensas de poder, que administra fondos multimillonarios y alimenta un ejército de militantes con lealtad religiosa.
Después del triunfo de 2019, Cristina había anticipado que el 2023 iba a ser el año de “los jóvenes”. Pero la crisis económica y el descalabro de la gestión albertista atrapó a esos “pibes” que ya tienen casi 50 años en su gruesa burbuja del poder. Máximo tomó el mando del peronismo bonaerense y colocó delegados en el PAMI, la Anses, los organismos que diseñan la política energética y empresas estatales con presupuestos inmensos. La construcción electoral quedó en segundo plano.
Semanas atrás fueron ellos quienes echaron a correr el operativo “Cristina 2023″, que no era otra cosa que la asunción de la incapacidad propia para gestar candidatos atractivos.
La santísima trinidad camporista reajusta ahora los planes. Máximo hereda todo menos la intención de voto. Andrés “Cuervo” Larroque se mueve cómodo detrás de escena, mejor vocero para transmitir las demandas de la Jefa que potencial candidato a algo. Wado de Pedro, el dialoguista presentado como la cara amable del grupo, quedó enredado por la lógica de la lucha sin matices. Sus apelaciones a terminar con la grieta se vuelven caricatura cuando describe a los opositores como parte de las mafias que denuncia Cristina y los liga a la dictadura militar. Esta semana llegó a describir así a sus rivales electorales: “Muchos festejamos que el Pro y que la derecha argentina se haya convertido en una fuerza política que se presenta a elecciones. Confiábamos en que iban a respetar las reglas juego. Pero cuando les tocó gobernar lamentablemente volvieron a ser lo que eran; cayeron en la tentación, usaron los servicios de inteligencia, compraron sectores del Poder Judicial, rompieron el pacto democrático”.
Así, cuando no se reconoce la continuidad histórica de los vicios de la política, el diálogo se convierte en utopía.
Entonces, aferrado al discurso de la proscripción y de la demonización de sus rivales, La Cámpora se extravía en su crisis. Convive con dirigentes peronistas de todos los niveles a quienes el pragmatismo los inclina a defender sus posiciones de poder sin quemar puentes con sus adversarios. Y que, ante la autoexclusión de Cristina, empiezan a plantearse un destino diferente a nivel nacional. Todos cumplieron con la solidaridad burocrática de un comunicado de repudio a la condena del caso Vialidad, mientras empezaban a vislumbrar qué dice la página siguiente del libro de la historia peronista.
Fuera del microclima del oficialismo la situación social se agrava: crecen los índices de pobreza, la inflación no cede y el descontento con el Gobierno en los sectores populares es alarmante, según todas las encuestas. Cristina, pese a tener el mejor piso electoral de todos los referentes peronistas, sabe que el aura que todavía la acompaña está lejos de ser suficiente para ganar unas elecciones presidenciales.
Prefirió la ficción de un martirio a enfrentarse a la cruda realidad del voto. Los argentinos han dado señales alarmantes en 2021, con una reducción drástica del voto oficialista, una abstención sin precedente y el apoyo a opciones extremas que ponen en discusión las certezas de 40 años de democracia. ¿Qué tiene Cristina para ofrecer además de una crítica feroz al gobierno que ella misma inventó y que todavía integra? El fallo judicial la eximió de una respuesta. Aunque dispone su inhabilitación para ejercer cargos públicos, no está firme y no le impediría competir en 2023 ni gobernar en caso de resultar elegida. Pero ella bramó que no competirá en esas condiciones. Encontró una puerta para salir épicamente de una competencia que no parecía en condiciones de ganar.
Para La Cámpora el desafío es inmenso. Cuando en agosto el fiscal Diego Luciani concluyó el alegato de acusación en el juicio, Máximo y compañía habían encontrado su razón de ser en la movilización callejera. Poner el cuerpo por Cristina les devolvió el pulso vital y salieron a tomar la Bastilla en las veredas de Recoleta. La aventura terminó con el episodio trágico del intento de asesinato ejecutado por Fernando Sabag Montiel.
La vicepresidenta se recluyó y cambió de estrategia. No es la protesta lo que va a rescatarla, argumenta, sino probar que sus rivales, el macrismo en especial, manipula las instituciones, desnaturaliza la voluntad popular y opera para meterla presa. Consintió en primera instancia el pedido de La Cámpora de ponerse al frente de la campaña oficialista con la ilusión de que podía competir en 2023. “Todo a su medida y armoniosamente”, le respondió al diario Folha de São Paulo el fin de semana pasado cuando le preguntaron en una entrevista si sería candidata.
El vuelco posterior a la condena interpela a La Cámpora y a sus aliados más cercanos. Les toca representarla en las elecciones. Son dirigentes a los que la responsabilidad le ha pesado negativamente en el pasado, como cuando el voto los puso en un gobierno -el de Alberto Fernández- obligado a gestionar en la escasez.
El abanico de opciones es flaquito. Axel Kicillof, el hombre que mejor retiene el voto de Cristina, se alarma de solo pensar en que lo promuevan a la batalal y lo saquen de la más ganable competencia por la reelección bonaerense. Sergio Massa jura a quien le pregunte que no quiere ser candidato a presidente en 2023 y que lo único que tiene en mente es bajar la inflación y evitar una crisis monetaria. Los amigos de Máximo lo miran con cariño como la encarnación de esa frase que han hecho bandera en el último tiempo: “El pragmatismo es para sobrevivir”. Ven al ministro como un derechista, pero lo asimilan como hacía Roosevelt con Tacho Somoza, el dictador nicaragüense (“sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”).
La ebullición posterior al renunciamiento de Cristina hace florecer candidatos potenciales. A De Pedro lo siguen trabajando, con ingente despliegue de recursos. Asoman la cabeza gobernadores, como Jorge Capitanich, que siempre albergaron una esperanza. Juan Manzur coquetea con resurgir después de su grisácea experiencia como jefe de Gabinete. Alberto Fernández mira el desierto pasar sin abandonar el sueño reeleccionista; nada más parecido a una humillación para “la Jefa”.
Cerca de Cristina llaman a no confundirse. “Ella sigue al frente del proyecto. Su misión será que el peronismo llegue con fuerza a las elecciones. Solo dijo que no será la candidata”, aclaran.
Es un reto inmenso: debe prolongar su dominio sobre el peronismo en medio del deterioro económico, sin la amenaza de ser la candidata capaz de ordenar la interna y con la frustrante carencia de una alternativa competitiva que la represente.
Todavía no se llega a vislumbrar, además, el costo que tendrá cargar con el estigma de ser una condenada por corrupción. Una cosa es imaginarlo y otra vivir con ello.
Martín Rodríguez Yebra,Cristina Kirchner,La Cámpora,Conforme a,Cristina Kirchner,,PJ bonaerense: cambiar para que nada cambie,,Ante un Milei «fortalecido». El peronismo afloja su resistencia a la reforma laboral y proyecta negociar más adelante por la Corte,,»Terminar con algo que está terminado». D’Elía lanzó una crítica a Cristina Kirchner y llamó a votar por Kicillof
El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, como anticipó TN. La inscripción fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y formalizada a través de una resolución conjunta del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería.
La resolución conjunta 3/2026 publicada en el Boletín Oficial advirtió que la CGRI “representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”. Está firmada por los ministros, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).
La advertencia surgió de “informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que justifican la presente resolución conjunta”.
Los detalles de la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán
La resolución que formalizó la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán mencionó que “de conformidad con los precitados informes, se advierte la existencia de una amplia evidencia en lo referente a la participación directa de la organización terrorista (CGRI) en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas”.
Destacó que la inclusión del (CGRI) en el (RePET) “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en consonancia con los estándares internacionales vigentes y con las obligaciones asumidas por la República Argentina en la materia”.
Explicó que “la complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales vinculadas con el crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”.
Advirtió que el crimen organizado “constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada».
Destacó que “la colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.
El Gobierno mencionó la semana pasada en el anuncio de la medida los atentados a la Embajada de Israel en 1992, “por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, y el de 1994 en la AMIA, “el peor ataque terrorista en suelo argentino”.
Irán
POLITICA
El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza se considera refugiado político y no se entregará
Luego de que el gobierno de Javier Milei ofreciera una recompensa de $20 millones por información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, sostuvo que Apablaza es un “refugiado político en Argentina” y dijo que denunció a Chile por torturas.
“Apablaza fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional.
La declaración se dio en el marco de una entrevista que le hizo el periodista Feinmann en Radio Mitre, que estuvo marcada por fuertes cuestionamientos por su situación judicial. De hecho, Feinmann lo definió como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados al terrorismo”.
En ese contexto, Llanzón defendió la posición de su cliente y enfatizó que la discusión debe centrarse en el derecho internacional y no en consideraciones políticas o mediáticas. “En el día de la fecha hemos presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra el Estado chileno”, afirmó el abogado al inicio de la conversación.
Frente a la insistencia del periodista sobre las acusaciones en su contra, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el estatus de refugiado se mantiene vigente: “Eso implica que Apablaza es refugiado político hasta el día de hoy y desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.
Llanzón también amplió la denuncia presentada ante el organismo internacional, al señalar que los episodios de tortura no se limitarían al período dictatorial. “Entre los argumentos está la existencia de torturas durante el gobierno del señor Patricio Aylwin, cuando Pinochet continuaba siendo jefe de las Fuerzas Armadas en 1991”, indicó.
Según explicó, estas prácticas habrían sido sistemáticas en el marco de las investigaciones judiciales contra miembros de organizaciones armadas. “El organismo a cargo de la investigación en Chile ha sometido sistemáticamente a torturas a todas las personas involucradas, acusadas y en definitiva muchas de ellas condenadas por estos crímenes”, denunció.
Como ejemplo, mencionó el caso de Ricardo Palma Salamanca, quien también obtuvo estatus de refugiado en Francia. “Hoy está refugiado políticamente en los términos de la Convención de Refugiados de Naciones Unidas desde el año 2018”, precisó.
Además, el abogado subrayó que la presentación ante el Comité contra la Tortura busca garantizar la continuidad de la protección internacional de su defendido. “Lo que estamos requiriendo es mantener la protección del señor Apablaza Guerra porque, insisto, hasta el día de hoy es refugiado político”, reiteró, y añadió que en estos casos “prima un principio esencial del derecho internacional de los refugiados”. Feinmann, por su parte, criticó a las administraciones argentinas que en el pasado le otorgaron protección. “Usted me lo quiere pintar como si fuera Heidi”, lanzó en tono irónico, rechazando la caracterización del abogado.
Llanzón respondió elevando el tono del intercambio: “Aquí no se trata del señor Milei o del señor Alberto Fernández o quien fuera. El señor Apablaza Guerra es refugiado político en los términos de Naciones Unidas, no por un gobierno caprichoso”. En ese sentido, intentó desmarcar el caso de la coyuntura política argentina y llevar la discusión al plano jurídico internacional. Mientras el periodista insistía en que se trata de un prófugo, el abogado evitó referirse directamente a su paradero y cuestionó las decisiones recientes del Ministerio de Seguridad. “Usted abrió la nota hablando de una recompensa ridícula y caprichosa que envía el Ministerio de Seguridad”, criticó.
Para entender la polémica, hay que retrotraerse a 2010, cuando Cristina Kirchner le otorgó a Apablaza el estatus de refugiado político para evitar que fuera detenido y extraditado. La decisión fue revocada años después por Mauricio Macri.
Recientemente, la jueza María Servini pidió la detención del ex guerrillero con fines de extradición por los crímenes que se le imputan en Chile, entre ellos el asesinato de un senador.
El abogado destacó que el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, lo que —según su visión— refuerza la complejidad del proceso. “El juez federal que lo tomó dijo que se iba a poner a estudiar el caso porque es sumamente complejo”, explicó, en contraste con la rapidez que atribuyó a otras decisiones judiciales.
Del otro lado, el conductor insistió en remarcar el trasfondo penal del caso, recordando que Apablaza está acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán, entre otros hechos. También subrayó que distintos gobiernos chilenos, incluso de signo progresista, solicitaron su extradición en reiteradas ocasiones.
El Gobierno oficializó la convocatoria a un acto de distinción para los veteranos de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 2027, fecha en que se cumplirá el 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur.
El presidente Javier Milei había anticipado el reconocimiento el pasado 2 de abril, al plantear que “el año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario número 45 de la guerra por nuestras Islas”.
Por esa razón dio que determinaría por decreto “que en 2027 la Secretaria General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos».
La medida se oficializó a través del Decreto 218/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El texto destaca que “el Estado Nacional, a través de su máxima autoridad, tiene el deber indeclinable de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio».
Los detalles de la convocatoria a un acto para homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas
El decreto que oficializó la convocatoria a un acto para homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas, en 2027, mencionó que “por la Ley N° 24.950 se declararon ‘Héroes nacionales’ a los combatientes argentinos fallecidos durante la guerra de Malvinas, en el año 1982, en defensa de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur y, a los efectos de que estos héroes perduren en la memoria y conciencia histórica de las generaciones venideras, se dejó constancia de la nómina de aquellos».
Además, que la Ley N° 27.399 determinó como feriado nacional inamovible el 2 de abril, “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, y que “en ese día el pueblo argentino rinde homenaje a los veteranos del conflicto del Atlántico Sur, a los caídos y a sus familiares, con el fin de mantener vivo el recuerdo de nuestros héroes y reconocer su entrega y sacrificio”.
El texto oficial consideró que “resulta oportuno y necesario disponer la realización de un acto de distinción a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco de la conmemoración del 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur».
Planteó que el acto será “una expresión de memoria, reconocimiento y gratitud hacia quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional, a la vez que reafirma los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes».
El Gobierno explicó que este acto forma parte de un conjunto de acciones que el Poder Ejecutivo Nacional promovió “desde el inicio de su gestión con el fin de recomponer valores básicos y fundacionales, a fin de transmitir a las generaciones presentes y futuras el espíritu y la acción de los héroes de la Patria».
Islas Malvinas
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