POLITICA
Kirchnerismo huérfano: la condena también fue contra La Cámpora
La hipótesis de una candidatura de Cristina Kirchner era como apoyar un arma sobre la mesa. Su hijo Máximo y los jerarcas de La Cámpora se acostumbraron a negociar con el peronismo como si fueran los managers de la dueña de los votos, de la Jefa que podía mandar al ostracismo electoral a quien se pusiera delante de sus intereses.
Esa dinámica entró en crisis después de la condena por corrupción en el caso Vialidad y el furioso anuncio posterior de la vicepresidenta de que no será “candidata a nada” en 2023. El kirchnerismo ideológico quedó expuesto a la orfandad, que lo golpea mientras participa de un gobierno atrapado en un pantano económico.
Cristina les pidió que agarren “el bastón de mariscal” a unos oficiales acostumbrados a asistir a batallas ganadas de antemano. Sin el apellido Fernández de Kirchner en las boletas, a diferencia de lo que pasó en 2017 o en 2019, el Frente de Todos se asoma a una incierta etapa de ebullición. Gremialistas, intendentes, gobernadores y hasta el propio Presidente -experimento fallido del laboratorio cristinista- miran el futuro inmediato con ánimo de revisar el orden peronista vigente desde hace 20 años.
¿Por qué se apresuró Cristina a patear el tablero de 2023? La pregunta circula sin respuesta unificada en el entorno de la vicepresidenta. El portazo que culminó su denuncia de un “Estado mafioso” que quiere proscribirla como al Perón de los 50 y los 60 convivió con una reacción indiferente del “pueblo” cuya conducción se arroga. Sin un llamado explícito a la movilización callejera, su descargo por YouTube empezó y terminó con la lógica burocrática del calendario: no hubo 17 de Octubre, sino apenas un caluroso 6 de diciembre.
A La Cámpora le urge defender su liderazgo con la carga de no haber cumplido jamás con el mandato del recambio generacional. Pasaron más de diez años desde que Cristina dispuso la camporización forzosa del peronismo. Fue un proceso de renovación que se impuso desde arriba y se ejecutó sin piedad con los perdedores. Máximo y los elegidos de “la Jefa” crearon una logia de Estado que llegó a dominar porciones inmensas de poder, que administra fondos multimillonarios y alimenta un ejército de militantes con lealtad religiosa.
Después del triunfo de 2019, Cristina había anticipado que el 2023 iba a ser el año de “los jóvenes”. Pero la crisis económica y el descalabro de la gestión albertista atrapó a esos “pibes” que ya tienen casi 50 años en su gruesa burbuja del poder. Máximo tomó el mando del peronismo bonaerense y colocó delegados en el PAMI, la Anses, los organismos que diseñan la política energética y empresas estatales con presupuestos inmensos. La construcción electoral quedó en segundo plano.
Semanas atrás fueron ellos quienes echaron a correr el operativo “Cristina 2023″, que no era otra cosa que la asunción de la incapacidad propia para gestar candidatos atractivos.
La santísima trinidad camporista reajusta ahora los planes. Máximo hereda todo menos la intención de voto. Andrés “Cuervo” Larroque se mueve cómodo detrás de escena, mejor vocero para transmitir las demandas de la Jefa que potencial candidato a algo. Wado de Pedro, el dialoguista presentado como la cara amable del grupo, quedó enredado por la lógica de la lucha sin matices. Sus apelaciones a terminar con la grieta se vuelven caricatura cuando describe a los opositores como parte de las mafias que denuncia Cristina y los liga a la dictadura militar. Esta semana llegó a describir así a sus rivales electorales: “Muchos festejamos que el Pro y que la derecha argentina se haya convertido en una fuerza política que se presenta a elecciones. Confiábamos en que iban a respetar las reglas juego. Pero cuando les tocó gobernar lamentablemente volvieron a ser lo que eran; cayeron en la tentación, usaron los servicios de inteligencia, compraron sectores del Poder Judicial, rompieron el pacto democrático”.
Así, cuando no se reconoce la continuidad histórica de los vicios de la política, el diálogo se convierte en utopía.
Entonces, aferrado al discurso de la proscripción y de la demonización de sus rivales, La Cámpora se extravía en su crisis. Convive con dirigentes peronistas de todos los niveles a quienes el pragmatismo los inclina a defender sus posiciones de poder sin quemar puentes con sus adversarios. Y que, ante la autoexclusión de Cristina, empiezan a plantearse un destino diferente a nivel nacional. Todos cumplieron con la solidaridad burocrática de un comunicado de repudio a la condena del caso Vialidad, mientras empezaban a vislumbrar qué dice la página siguiente del libro de la historia peronista.
Fuera del microclima del oficialismo la situación social se agrava: crecen los índices de pobreza, la inflación no cede y el descontento con el Gobierno en los sectores populares es alarmante, según todas las encuestas. Cristina, pese a tener el mejor piso electoral de todos los referentes peronistas, sabe que el aura que todavía la acompaña está lejos de ser suficiente para ganar unas elecciones presidenciales.
Prefirió la ficción de un martirio a enfrentarse a la cruda realidad del voto. Los argentinos han dado señales alarmantes en 2021, con una reducción drástica del voto oficialista, una abstención sin precedente y el apoyo a opciones extremas que ponen en discusión las certezas de 40 años de democracia. ¿Qué tiene Cristina para ofrecer además de una crítica feroz al gobierno que ella misma inventó y que todavía integra? El fallo judicial la eximió de una respuesta. Aunque dispone su inhabilitación para ejercer cargos públicos, no está firme y no le impediría competir en 2023 ni gobernar en caso de resultar elegida. Pero ella bramó que no competirá en esas condiciones. Encontró una puerta para salir épicamente de una competencia que no parecía en condiciones de ganar.
Para La Cámpora el desafío es inmenso. Cuando en agosto el fiscal Diego Luciani concluyó el alegato de acusación en el juicio, Máximo y compañía habían encontrado su razón de ser en la movilización callejera. Poner el cuerpo por Cristina les devolvió el pulso vital y salieron a tomar la Bastilla en las veredas de Recoleta. La aventura terminó con el episodio trágico del intento de asesinato ejecutado por Fernando Sabag Montiel.
La vicepresidenta se recluyó y cambió de estrategia. No es la protesta lo que va a rescatarla, argumenta, sino probar que sus rivales, el macrismo en especial, manipula las instituciones, desnaturaliza la voluntad popular y opera para meterla presa. Consintió en primera instancia el pedido de La Cámpora de ponerse al frente de la campaña oficialista con la ilusión de que podía competir en 2023. “Todo a su medida y armoniosamente”, le respondió al diario Folha de São Paulo el fin de semana pasado cuando le preguntaron en una entrevista si sería candidata.
El vuelco posterior a la condena interpela a La Cámpora y a sus aliados más cercanos. Les toca representarla en las elecciones. Son dirigentes a los que la responsabilidad le ha pesado negativamente en el pasado, como cuando el voto los puso en un gobierno -el de Alberto Fernández- obligado a gestionar en la escasez.
El abanico de opciones es flaquito. Axel Kicillof, el hombre que mejor retiene el voto de Cristina, se alarma de solo pensar en que lo promuevan a la batalal y lo saquen de la más ganable competencia por la reelección bonaerense. Sergio Massa jura a quien le pregunte que no quiere ser candidato a presidente en 2023 y que lo único que tiene en mente es bajar la inflación y evitar una crisis monetaria. Los amigos de Máximo lo miran con cariño como la encarnación de esa frase que han hecho bandera en el último tiempo: “El pragmatismo es para sobrevivir”. Ven al ministro como un derechista, pero lo asimilan como hacía Roosevelt con Tacho Somoza, el dictador nicaragüense (“sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”).
La ebullición posterior al renunciamiento de Cristina hace florecer candidatos potenciales. A De Pedro lo siguen trabajando, con ingente despliegue de recursos. Asoman la cabeza gobernadores, como Jorge Capitanich, que siempre albergaron una esperanza. Juan Manzur coquetea con resurgir después de su grisácea experiencia como jefe de Gabinete. Alberto Fernández mira el desierto pasar sin abandonar el sueño reeleccionista; nada más parecido a una humillación para “la Jefa”.
Cerca de Cristina llaman a no confundirse. “Ella sigue al frente del proyecto. Su misión será que el peronismo llegue con fuerza a las elecciones. Solo dijo que no será la candidata”, aclaran.
Es un reto inmenso: debe prolongar su dominio sobre el peronismo en medio del deterioro económico, sin la amenaza de ser la candidata capaz de ordenar la interna y con la frustrante carencia de una alternativa competitiva que la represente.
Todavía no se llega a vislumbrar, además, el costo que tendrá cargar con el estigma de ser una condenada por corrupción. Una cosa es imaginarlo y otra vivir con ello.
Martín Rodríguez Yebra,Cristina Kirchner,La Cámpora,Conforme a,Cristina Kirchner,,PJ bonaerense: cambiar para que nada cambie,,Ante un Milei «fortalecido». El peronismo afloja su resistencia a la reforma laboral y proyecta negociar más adelante por la Corte,,»Terminar con algo que está terminado». D’Elía lanzó una crítica a Cristina Kirchner y llamó a votar por Kicillof
POLITICA
Denunciaron a Alberto Fernández luego de que una ex Gran Hermano revelara que le adjudicaron obras públicas durante su gobierno
Tras el escándalo que desataron las declaracioines de la exGran Hermano Lorena González, los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe presentaron una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas del programa PROCREAR durante el gobierno de Alberto Fernández.
El escrito, presentado ante el Juzgado en lo Criminal Federal, apuntan directamente contra el expresidente, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la empresaria Lorena González del Valle, conocida por su paso por “Gran Hermano” y vinculada a la firma Niro Construye S.A.
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Los denunciantes también pidieron que se investigue a cualquier otro funcionario o particular que pudiera estar vinculado a la causa.
El pedido de investigación surgió a partir de las declaraciones en las que González del Valle reconoció que mantuvo una relación personal con Alberto Fernández.
De acuerdo con la denuncia, la empresaria habría contactado al entonces mandatario y, tras ese vínculo, fue derivada al ministro Jorge Ferraresi. Poco después, su empresa constructora comenzó a participar en licitaciones del programa PROCREAR, resultando adjudicataria de varias obras públicas financiadas con fondos nacionales.
Los abogados detallaron que, según la información difundida, la empresa participó en nueve procesos licitatorios y ganó al menos cuatro de ellos, en desarrollos habitacionales de municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda (Wilde y Piñeyro), Luján y Martín Coronado.
Según detalla la página web de Niro Construye S.A., la empresa construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández, y otras 512 viviendas en el barrio de Wilde, municipio de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Además, sumaron dos contratos adicionales en esa misma localidad: “Piñeyro Rivadavia” con 321 unidades habitacionales y “Piñeyro Entre Ríos” con 128 unidades. La empresa también obtuvo contratos para el desarrollo de viviendas Procrear en los municipios de Luján y Martín Coronado.
Para los denunciantes, si se comprueba la existencia de influencias personales para obtener contratos estatales, se trataría de una situación de “particular gravedad institucional”, ya que podría implicar el uso de vínculos personales con autoridades del Poder Ejecutivo para direccionar fondos públicos.
Sospechas de direccionamiento y fraude en las licitaciones
En la denuncia advirtieron que la contratación pública es una de las áreas más sensibles del Estado, ya que involucra grandes sumas de dinero y exige transparencia, igualdad de condiciones y selección objetiva de las mejores ofertas.
Los abogados sostuvieron que la secuencia de hechos constituye un “indicio razonable” que amerita una investigación judicial exhaustiva.
En ese sentido, solicitaron que se analice si las licitaciones en las que participó Niro Construye S.A. se desarrollaron en condiciones de competencia real, si los criterios de evaluación fueron objetivos y si existieron influencias externas para favorecer a la empresa.
De comprobarse estas maniobras, podría configurarse el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ya que se habrían desviado recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
Los denunciantes consideraron que corresponde la intervención de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, ya que están involucrados fondos públicos nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Alberto Fernadez, Jorge Ferraresi, PROCREAR, licitacion
POLITICA
A 50 años del Golpe: siete de cada diez argentinos condenan la dictadura militar y apoyan los juicios, según una encuesta
A medio siglo del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina, la memoria social sobre aquel período sigue siendo intensa y mayoritariamente condenatoria. Además, persiste un respaldo significativo a las políticas de justicia por los crímenes cometidos bajo el régimen. Un estudio nacional elaborado por el observatorio Pulsar.UBA de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que accedió Infobae, revela que la mayoría de los argentinos mantiene una valoración negativa del gobierno militar que se extendió entre 1976 y 1983, y que aproximadamente siete de cada diez personas apoyan la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la investigación, titulada Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después, que combinó una encuesta nacional de 1.136 casos y ocho grupos focales en distintas regiones del país, el 71% de los argentinos tiene una visión negativa de la dictadura: el 45% la define como “muy mala” y el 26% como “mala”. Solo una minoría mantiene una evaluación positiva o neutral del período. El estudio también indica que alrededor del 70% de la población respalda que continúen los juicios por crímenes de lesa humanidad, según el relevamiento realizado por Pulsar.UBA y el CELS.
El rechazo social se expresa en la percepción de las causas del golpe: el 63% de los encuestados sostiene que no existieron motivos que justificaran la intervención militar de 1976. En la identificación de responsabilidades, el 39% señala directamente al gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como los principales responsables del quiebre institucional.
El informe sintetiza este punto como uno de los consensos centrales: “La evaluación negativa de la dictadura es ampliamente mayoritaria”, afirman los investigadores.
Interpretaciones históricas y transmisión de la memoria
Aunque predomina el rechazo, la interpretación histórica del período no resulta completamente uniforme. Ante la consulta sobre cómo describir el accionar del gobierno militar entre 1976 y 1983, el 61% considera que fue una dictadura que implementó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% sostiene que se trató de una lucha contra el terrorismo en la que hubo “excesos”.
Este resultado muestra que, pese al consenso condenatorio, una parte de la sociedad aún interpreta el período como un enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones armadas de los años setenta. Los investigadores afirman que esta diferencia evidencia cómo el sentido histórico de aquel período sigue siendo objeto de debate en la Argentina.
En los grupos focales surgen explicaciones diversas. Un participante de entre 20 y 29 años del área Metropolitana expresó que “no fue una guerra en realidad”, ya que fueron secuestradas personas que no podían ofrecer resistencia, agregando: “Una guerra es cuando ambas partes se pueden defender”. Otro participante describió la época desde otra perspectiva: “Era otra vida… de los niños yendo a la escuela y ver gente armada, de ir a meterse en las casas rápido por miedo”.
Las frases recogidas en la investigación cualitativa ponen en evidencia que la memoria social sobre el período está atravesada por recuerdos familiares, relatos transmitidos y representaciones culturales presentes en la sociedad.
El estudio también explora los elementos más inmediatos que surgen al pensar en la dictadura. Ante una pregunta abierta sobre qué es lo primero que viene a la mente al recordar el período 1976-1983, las respuestas se concentran en términos como desaparecidos, represión, violencia y tortura.
En el informe se informa que “los desaparecidos, la represión y la violencia institucional están en el centro de la memoria” sobre la dictadura. Este resultado indica que el terrorismo de Estado permanece como el eje central de la memoria colectiva sobre el régimen militar.
El nivel de conocimiento declarado sobre el período se mantiene elevado: siete de cada diez personas afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. Ese conocimiento, sin embargo, ya no se origina principalmente en experiencias directas.
Uno de los hallazgos del estudio es que la educación aparece como el principal canal de transmisión de la memoria histórica. La escuela y la universidad son identificadas como las fuentes principales de información sobre la dictadura, seguidas por las conversaciones con familiares o amigos.
Este dato expresa una transformación generacional: a medida que avanzan las décadas, la memoria sobre la dictadura se transmite cada vez más por la educación formal, los contenidos culturales y relatos familiares. La experiencia directa con la represión es cada vez más limitada.
Según el estudio de Pulsar.UBA y el CELS, solo tres de cada diez encuestados dicen tener un familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido durante la dictadura. La existencia de ese vínculo personal tiene un impacto relevante en la percepción del período.
El informe describe “la experiencia personal funciona como un ancla moral”. Entre quienes tienen familiares o conocidos víctimas de la represión, las evaluaciones negativas del régimen militar se refuerzan y el reconocimiento del carácter sistemático del terrorismo de Estado resulta más claro.
La investigación también analiza la percepción de distintos actores vinculados al período. La imagen de estos colectivos está marcada por la experiencia personal con la dictadura. Aquellos con familiares o conocidos desaparecidos o perseguidos tienden a tener una visión más favorable de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Para quienes no cuentan con ese vínculo directo, la valoración de las Fuerzas Armadas es relativamente mejor. El informe resume esta dinámica: “La imagen de los colectivos asociados a la dictadura militar tiene su condicionamiento personal”.
Justicia, democracia y memoria en la Argentina actual
El respaldo social a los procesos judiciales por los crímenes cometidos durante la dictadura se sostiene. Alrededor del 70% de los encuestados está de acuerdo en que el Estado argentino debe seguir juzgando a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos.
Este porcentaje expone que el proceso de justicia transicional iniciado en 1985 con el Juicio a las Juntas, y reanudado en 2006 tras la anulación de las leyes de impunidad, cuenta con apoyo social continuo. Los investigadores afirman: “La demanda por justicia está activa” en la sociedad argentina.
La encuesta también indagó sobre la estabilidad del sistema democrático. Una mayoría considera que el regreso de una dictadura militar es muy poco probable: el 83% cree que es poco o nada probable que vuelva a producirse un golpe de Estado en la Argentina.
En los grupos focales fue frecuente la impresión de que la sociedad argentina no toleraría una ruptura institucional. Así lo expresó un participante: “Yo creo que hoy en día la gente estaría reclamando en todos lados”.
El informe también indica una tensión: muchas personas confían en la reacción social ante un golpe, aunque no hayan participado nunca en marchas o acciones públicas vinculadas a los derechos humanos.
A cincuenta años del golpe de 1976, el estudio de Pulsar.UBA y el CELS muestra que la condena a la dictadura y el respaldo a los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen siendo puntos de acuerdo mayoritarios en la sociedad argentina. El informe revela que las interpretaciones sobre aquel período no son completamente uniformes y que la transmisión generacional de la memoria resulta clave para comprender cómo se recuerda hoy el terrorismo de Estado.
En ese marco, los investigadores concluyen: “La memoria es una experiencia social que organiza nuestro modo de comprender el presente, nuestras creencias y nuestros compromisos democráticos”.
Cinco décadas después del golpe, la manera en que se interpreta el pasado argentino forma parte central de su cultura política y de la democracia actual.
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POLITICA
Los sindicatos combativos se desmarcan de la CGT y planean marchas en distintos puntos del país
El clima sindical empezó a recalentarse en distintas provincias mientras la discusión por la reforma laboral y los salarios vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero. En paralelo a la estrategia judicial que sostiene la Confederación General del Trabajo (CGT), los sectores más combativos del sindicalismo buscan ganar protagonismo en la calle y reactivar protestas que ya empiezan a multiplicarse.
El escenario combina conflictos sectoriales con una disputa política más amplia. A los reclamos docentes por recomposición salarial se suman protestas en la industria y en organismos estatales, mientras distintas organizaciones sindicales plantean que el ajuste económico y la reforma laboral profundizan el deterioro de los ingresos.
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En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -un espacio que reúne a gremios como ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos- comenzó a desplegar una estrategia de federalización de los conflictos con movilizaciones y plenarios en distintas provincias.
La dinámica vuelve a marcar una diferencia dentro del mapa sindical. Mientras la CGT prioriza el camino institucional y judicial contra la reforma laboral, los sindicatos combativos intentan construir una agenda propia de protestas con eje en la confrontación abierta con el modelo de país de Javier Milei.
La CGT mantiene la ofensiva judicial contra la reforma laboral
Mientras los sindicatos combativos buscan ganar las calles, la CGT mantiene su estrategia legal para cuestionar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, aunque esta semana recibió un primer revés en los tribunales.
La Justicia rechazó un planteo de la central obrera contra algunos artículos de la norma vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo desestimó el pedido cautelar que buscaba frenar la aplicación de esos puntos mientras se resolvía el fondo del litigio.
Aunque el expediente seguirá su trámite, el rechazo de la cautelar marcó el primer obstáculo judicial para la estrategia de la conducción cegetista.
El FreSU impulsa protestas y busca federalizar el conflicto sindical
En paralelo, los sindicatos que integran el FreSU comenzaron a intensificar su actividad territorial con movilizaciones y actos en distintas provincias.
Una de las acciones más recientes se realizó en Tierra del Fuego, donde dirigentes de ATE, la UOM y la Federación Aceitera encabezaron una movilización al puerto de Ushuaia para reclamar el fin de su intervención por parte del Gobierno nacional.
“El poder político no tiene que mirar para otro lado o serán cómplices frente a esta intromisión extranjera. Vamos a profundizar la lucha en defensa de todos los puestos de empleo y para que la bandera que vuelva a flamear en el puerto sea la Argentina”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, uno de los dirigentes más combativos en estos últimos meses.
La movilización formó parte de una agenda más amplia del frente sindical, que también participó en Río Grande de un conflicto laboral por la quiebra de la empresa Aires del Sur, donde 140 trabajadores reclaman la continuidad operativa de la planta y el pago de salarios adeudados.
En ese contexto, Aguiar lanzó una de las definiciones más duras: “No hay que cumplir con la reforma laboral. Tenemos que convocar a la desobediencia en los sectores de trabajo”.
Conflictos docentes y reclamos salariales en varias provincias
El malestar sindical también se refleja en el frente educativo, donde los gremios docentes comenzaron a advertir sobre posibles nuevas medidas de fuerza ante la falta de acuerdo salarial. Los docentes universitarios evalúan no comenzar las clases, en espejo con lo que sucedió en el nivel primario y secundario, después de que en 17 provincias los gremios lanzaron una huelga y volvieron al aula un día después de la fecha pautada.
Este jueves, los sindicatos docentes rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de elevar el salario mínimo docente a $650.000 y reclamaron una oferta superadora en la próxima reunión paritaria.
“No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”, afirmó Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, al cuestionar la propuesta oficial.
El conflicto se suma a reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores recursos para infraestructura y comedores escolares. Las protestas se replican en varias provincias, entre ellas Jujuy y Catamarca.
Un frente sindical que sale a disputar la agenda gremial
En ese marco, el FreSU intenta consolidarse como un espacio de coordinación de conflictos laborales a nivel nacional.
La estrategia incluye movilizaciones en provincias, plenarios sindicales y la elaboración de indicadores económicos propios que, según adelantaron, buscarán contrastar con los datos oficiales del Indec para fortalecer los reclamos salariales. Este viernes presentan su propio índice de inflación. También acompañaron a los trabajadores despedidos de Fate.
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“El 2026 será el año más conflictivo de la era Milei”, advirtió Aguiar durante una de las actividades del frente sindical.
Por ahora, el mapa gremial muestra dos dinámicas que conviven, pero avanzan por carriles distintos: la conducción de la CGT mantiene la batalla judicial contra la reforma laboral, mientras los sindicatos combativos -sin romper con la central obrera- empiezan a reorganizar protestas en distintos puntos del país y buscan recuperar la calle como principal herramienta de presión.
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