En las últimas horas se difundieron los resultados de una encuesta que arrojó resultados abrumadoramente positivos para la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Según el estudio, más del 70% de los consultados están a favor de la medida, e incluso el 63,6% apoya la idea original del oficialismo de que la edad mínima se fije en 13 años, y no en 14, como se acordó con la oposición dialoguista en el Congreso de la Nación.

La encuesta realizada por Giacobbe Consultores respecto de la Reforma Penal Juvenil indica que el 63,6% de quienes respondieron están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 13 años, mientras que un 9,5% coincide con el proyecto que finalmente será tratado esta semana en la Cámara de Diputados, que estipula la edad mínima en 14 años. Del otro lado, un 20,1% sostiene que debería mantenerse en 16 años, como establece la ley actual.

El proyecto que sigue en pie en el Congreso, tras los acuerdos con parte de la oposición, contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado originariamente en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.

La reunión de comisiones está fijada para este miércoles a las 11. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11.

El estudio, además, consultó a los encuestados por otras tres reformas que impulsa el Gobierno. En ese sentido, hubo dos en los que el oficialismo quedó con saldo a favor y otra en la que sufrió un ajustado traspié.

En cuanto a la Reforma Laboral, un 45,6% manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por la administración central, mientras que un 42,7% se opone.

La Reforma Tributaria dejó un resultado aún más contundente, con un 36,4% a favor y un 27,2% en contra, aunque con un 20,7% que afirmó no contar con la información suficiente como para emitir un juicio de valor.

Fue en la Reforma Previsional que se dio vuelta el panorama, ya que un 35,6% se pronunció en contra y un 32,1% a favor. En ese punto también se destacó que un 16,3% dijo no contar con la información suficiente para responder de la manera adecuada.

En otro punto de la encuesta que el Gobierno mira con preocupación, la imagen de Javier Milei sufrió una ligera recaída.

El jefe de Estado. en la última medición, contó con un 42,8% de imagen positiva, contra un 47,1% de imagen negativa.

Entre los demás políticos puestos a consideración de los encuestados, ninguno obtuvo saldo favorable, y la única que cosechó mejores números que el Presidente fue la senadora nacional Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva y un 45,8% de imagen negativa.

Los opositores, quedaron muy lejos. Mauricio Macri obtuvo un 23,2% de imagen positiva contra un 51,2% de imagen negativa y Axel Kicillof quedó con un 25,6% verde frente a un 57,1% en rojo.

Cristina Kirchner, presa en su domicilio por corrupción, no solo tuvo un pobre 21,9% de imagen positiva contra un 60,5% de imagen negativa. Además, en una pregunta aparte del cuestionario, el 67% de los encuestados consideraron que la ex presidenta es “una figura del pasado”. Lejos, un 20,2% creen que aún es un personaje relevante en la política argentina.

Solo un 11,2% identifica a la referente del peronismo como “una figura del futuro”.

Lo que está claro, al menos desde estos números, es que no se vislumbra de momento una figura que esté en condiciones de disputar el poder político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Encuesta

El Gobierno presentó este martes la versión de la reforma laboral que se tratará durante el miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bulllrich, realizó una conferencia de prensa y aseguró: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”.

El debate está previsto que inicie cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta, donde afuera se espera una importante movilización de diferentes gremios, encabezados por la CGT, como de partidos políticos y movimientos sociales. En ese marco, Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales: “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”

“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.

En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.

“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.

Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.

A todo esto, durante la mañana de este martes, la mesa política se reunió en la Casa Rosada antes de la apertura del debate en el recinto. Allí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Además, como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse. Esto se debe a que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

El encuentro de mesa política duró una hora y 45 minutos. Una fuente que participó del encuentro marcó a Infobae que “no se tomó una determinación sobre qué hacer con Ganancias”. O al menos es lo que hacen trascender. Otro integrante que estuvo en las oficinas de la Jefatura de Gabinete también se comportó con un fuerte hermetismo.

En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.

El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.

El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.

Mesa Política

El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de 2.870.729.545,61 pesos.

La decisión judicial también incluyó el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta de Olivos. En conjunto, el fallo apunta a un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.

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El pronunciamiento fue dictado por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente. Allí resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, un estrecho colaborador de Alberto Fernández durante su gestión presidencial.

Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.

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También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.

En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.

En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas se beneficiaron económicamente de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban formal o informalmente y que no adoptaron medidas adecuadas para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no denunciaron los hechos investigados a partir de mecanismos internos de control y no implementaron programas de integridad ni sistemas de supervisión orientados a prevenir ilícitos.

El magistrado remarcó, además, que ninguna de las compañías procedió a la devolución de los beneficios que habría obtenido de manera indebida, a pesar de los riesgos evidentes que implicaban sus contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en el esquema investigado.

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La causa Seguros ya había tenido un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían elementos suficientes para sostener que el entonces Presidente intervino en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.

Según lo señalado por el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, generó un aumento exponencial de los negocios derivados de esa relación. Esa situación, indicaron los jueces, fue aprovechada por intermediarios privados, con la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.

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