POLITICA
La AFA salió en defensa de Chiqui Tapia y denunció intromisión política
Con un extenso comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) busca despegar a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, de las denuncias judiciales por presunto lavado de activos y retención indebida de tributos.
“Nuestro Presidente resultó investigado por la justicia federal de Campana por denuncias de contrabando y lavado de dinero, que luego derivaron en el fuero penal económico de la Capital y siendo finalmente sobreseído”, dice un fragmento del mensaje, subido en las redes sociales de la entidad.
El Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), denunció el viernes pasado a la AFA y a Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude. Además de Tapia, está en la mira judicial Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y presunto propietario de una quinta de lujo en Pilar que está siendo investigada.
Tapia logró el apoyo de los clubes para activar su descargo la semana pasada. En una reunión en Ezeiza, hizo una suerte de memoria y balance de sus ocho años de gestión y dio indicios de que preparaba una contraofensiva ante lo que considera una intromisión de los gobiernos. Llamó a la dirigencia a “defender la gestión”.
En un repaso de sus años como titular de la AFA, cargo al que llegó en 2017, Tapia hizo referencia a los intentos de los diferentes gobiernos de turno en involucrarse en la vida interna de la entidad. Denunció intentos fallidos de intervención y acusaciones por lavado de dinero y cohecho, que no lograron ser probadas en la Justicia, según el comunicado.
“En la Presidencia de Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino. Este claro accionar no fue casual ni inocente, probablemente defendían intereses particulares», planteó la AFA en su mensaje. Y añadió: “Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente”.
“Más acá, ya durante la presidencia de Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de la diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich. Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención», señaló la AFA.
Cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara.
Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso “38-38” en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La FIFA tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando y nuestras Selecciones pudieran seguir compitiendo.
La imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta nuestros máximos referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado. Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad.
Eso fue lo que encontramos: una AFA acéfala, desfinanciada y desprestigiada. Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece.
Desde ese día a la fecha, la AFA, no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del estado.
Se mantenían deudas de hasta tres meses de sueldos a los Cuerpos Técnicos que precedieron a la actual conducción, todo lo cual fue regularizado. En la actualidad, con una plantilla de 1.300 personas (incluidos Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, Personal auxiliar, Administrativos, Árbitros, Veedores, Inspectores) la AFA afronta mensualmente, en término, una erogación mensual en concepto de sueldos de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Reiteramos, ello sin subsidios del Estado Nacional.
Nuestro Predio “Lionel Andrés Messi”, es de nivel internacional. Allí entrenan 24 Seleccionados, femeninos y masculinos, de todas las disciplinas, once, Futsal y Fútbol Playa. Aproximadamente 1.000 personas transitan el Predio y 400 atletas diariamente se alimentan en los comedores.
Con iniciativa, creatividad y esfuerzo propio y de quienes nos acompañan en estos emprendimientos, llevamos la profesionalización a todas las Categorías del fútbol masculino e incluimos a la Primera División “A” del fútbol femenino.
Se iniciaron los proyectos y trabajos en el nuevo Predio que será destinado a las distintas Selecciones femeninas de nuestra Asociación. Nunca antes se había dado este impulso, totalmente merecido, al fútbol femenino. También es cierto y así lo entendemos, que aún hay mucho por hacer y en ese camino estamos enfocados.
En este punto es interesante destacar, contra creencia, tal vez por falta de información o por una interesada desinformación, que de los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes, en la medida de las posibilidades y porcentajes de distribución dispuestos por la dirigencia del fútbol. Si hilamos fino, para cubrir estos costos, que deben entenderse como una inversión y no como un gasto, la AFA debe recurrir a otros recursos tales como acuerdos comerciales con sponsors y partidos amistosos de la Selección mayor (a estos últimos ingresos se le deben descontar los gastos / inversión para afrontar la preparación continua y la logística de la participación de todas nuestras Selecciones y en las distintas competiciones).
Todo eso, se hizo gracias al esfuerzo de los actuales dirigentes del fútbol argentino y del Comité Ejecutivo que desde ya hace 8 años y medio viene trabajando incansablemente para hacer más y mejor para el desarrollo federal de nuestro deporte.
Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas.
En la Presidencia del Ing. Mauricio Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino. Este claro accionar no fue casual ni inocente, probablemente defendían intereses particulares.
Luego, durante el gobierno del Dr. Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente.
Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen, la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos (aquí el detalle de algunas de las referidas denuncias:1.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 2- Juzgado Criminal y Correccional N° 12. 3- acumulada, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 4.- Juzgado Penal Económico N° 7. 5.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6. 6.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. 7.- Juzgado en lo Criminal y Correccional N°33. 8.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 9.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1. 10.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 11.- en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 12- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10. 13.- Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional N° 6. 14.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. 15.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. 16.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.).
Nuestro Presidente resultó investigado por la justicia federal de Campana por denuncias de contrabando y lavado de dinero, que luego derivaron en el fuero penal económico de la Capital y siendo finalmente sobreseído.
Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich. Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación.
No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención.
Nuevamente se presentaron denuncias por desbaratamiento de derechos acordados ante la Justicia Federal de la Capital Federal. En todas y cada una de las oportunidades, ajustado a derecho, fueron brindadas las explicaciones correspondientes. Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.
No contento ni de acuerdo en admitir la libre decisión de los clubes, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger expresó públicamente su estrategia para continuar con su plan de acción: empobrecer a los clubes aumentando la alícuota del Decreto 1212. Siempre en defensa de nuestros clubes y nuestras Ligas de todo el país la AFA acudió ante los estrados judiciales competentes y una vez más la justicia puso límite a ese nuevo y desesperado intento del Gobierno Nacional a través de uno de sus Ministros.
Como si lo antedicho fuera poco, la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formuló una denuncia intentando vincular insólitamente a nuestro Tesorero con una supuesta red de espionaje ruso, algo a todas luces descabellado.
Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos préstamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país.
#Institucional,https://t.co/Mvmy36fCVK,pic.twitter.com/G5kMQW2Vrc,December 15, 2025,denunció el viernes pasado,una reunión en Ezeiza,AFA,Conforme a,AFA,,Análisis. De quién es la plata de Chiqui Tapia,,»¿Dónde está la plata?». Bullrich denunció al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol,,LN+. El titular de la IGJ explicó por qué el organismo decidió avanzar contra la AFA ahora y no antes
POLITICA
Ley de Glaciares: el titular de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales aseguró que “el resultado será la judicialización”
En una entrevista con Infobae a la Tarde, el director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, calificó de “inconstitucional” el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, tras participar en la primera audiencia pública, donde se registró la inscripción de más de 100 mil personas para exponer su preocupación por la protección del agua.
En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Nápoli mostró la cintita con sello de la Cámara de Diputados que lo acreditaba como expositor y destacó: “102 mil personas se inscribieron para participar. Es un estadio de River y un poco más”. Remarcó el carácter federal de la convocatoria: “Vimos testimonios de gente de todas las provincias, de todos los lugares”.
El conflicto por la nueva ley de glaciares y la masiva respuesta social
La jornada en el Congreso se inició con la presencia de 102 mil inscriptos para participar de las audiencias sobre la Ley de Glaciares, aunque solo 300 personas pudieron exponer en forma presencial. Napoli contextualizó: “Lo razonable hubiera sido reestructurar eso. Se podrían haber hecho audiencias simultáneas en el interior del país, en los lugares donde están las cuencas hídricas que más provisión de glaciares tienen”. Según explicó, la dimensión del interés social superó por mucho las expectativas iniciales: “Nosotros calculábamos 10 mil personas aproximadamente. Esto se expandió y da una idea del interés que representa”.
Durante la audiencia, Napoli subrayó la preocupación por el impacto de la minería de alta montaña: “No es que es no a la minería, es el 0,3% no a minería sobre glaciares, porque los glaciares no son compatibles con la actividad minera. Cuando la minería llega, el glaciar vuela por los aires”. Detalló que ese porcentaje del territorio nacional resulta clave para la provisión de agua en provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca, donde se concentran proyectos de cobre que podrían habilitarse con la nueva ley.
En ese sentido, advirtió: “El resultado va a ser una judicialización, porque se van a judicializar cuando las provincias eventualmente planteen que este glaciar no es sujeto de protección porque no es reserva estratégica de agua, y después cuando se habilite el proyecto”. Criticó la urgencia política con la que se impulsa la reforma: “No estamos discutiendo ciencia, ni ambiente, ni minería. Estamos discutiendo política. Es una decisión política del Gobierno llevarla adelante”.
Riesgos constitucionales y acuerdos internacionales
El director de FARN sostuvo que el proyecto viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según la Constitución. “Hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no pueden hacer cualquier cosa con ellos porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección”, explicó.
Además, Napoli mencionó que la iniciativa contradice acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que exige no retroceder en los niveles de protección ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones. “Estamos haciendo una apuesta de muy corto plazo que puede traer muchos problemas para adelante”, afirmó.
Consultado sobre la seguridad jurídica que buscan las empresas mineras, fue contundente: “No la va a haber, porque además las provincias están conscientes de que eso es así”.
El rol de IANIGLA y las dudas sobre el control provincial
Uno de los puntos más polémicos del debate es la transferencia de competencias al ámbito provincial. Napoli expresó su preocupación: “Si hoy tenemos un instituto que ha sido reconocido internacionalmente, no solamente por el trabajo, sino por el propio Inventario Nacional de Glaciares, su metodología es pública, todos la conocemos, y eso se lo pasamos a las provincias y no sabemos cómo van a operar”.
Describió la falta de transparencia en la selección de oradores para las audiencias y la incertidumbre sobre los criterios aplicados: “No se sabe por qué ni cómo le llegó ni de qué manera. Planteamos que la cuestión de la transparencia es muy importante en esto”.
Finalmente, recordó antecedentes negativos de la minería en zonas de glaciares, como el caso de Pascua Lama, clausurado en Chile por afectar ríos y vegas. “Esperemos que no se den acá”, advirtió.
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POLITICA
Antes de $LIBRA, Javier Milei y Mauricio Novelli promocionaron otra criptomoneda que terminó en fracaso
El teléfono de Mauricio Novelli, peritado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, es una caja de Pandora. Investigado en el marco del escándalo $LIBRA, no solo contiene documentos reveladores de los nexos creados entre los implicados y el entorno presidencial más cercano, sino que además expone una larga lista de acuerdos y convenios que terminaron rumbo al fracaso. Y $LIBRA no es el único.
En las voluminosas carpetas del peritaje al celular de Mauricio Novelli hay suficiente información sobre un proyecto que se gestó en 2021 y se lanzó en 2022: VULCANO.
En este caso, el negocio se presentaba como un videojuego que permitiría ganar dinero a través de su propia criptomoneda, el token $VULC. El videojuego nunca llegó a existir y fue calificado posteriormente como un fraude similar a otros de la época. Tras una breve subida de precio impulsada por la promoción, el valor del token colapsó y los desarrolladores abandonaron el proyecto, dejando a numerosos inversores perjudicados.
Cuando Milei ya era diputado nacional, el 18 de febrero de 2022, en uno de sus habituales posteos en X se dedicó a promocionar el activo digital de la empresa de videojuegos Vulcano, el emprendimiento de Novelli y su socio Jeremías Walsh
“Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, escribió.
Semanas después del posteo de Milei, $VULC perdió todo su valor.
El documento más antiguo data del 14 de diciembre de 2021 y es un acuerdo de locación de servicios por 60 días entre N&W Professional Traders y un programador, para que realice el desarrollo de software y programación del juego bajo la tecnología blockchain (“VULCANO”)
El pago por el trabajo fue en especies: 500.000 unidades de los activos digitales (tokens de VULCANO)
Quince días más tarde, el 29 diciembre de 2021, hacían alardes de contar con la figura de Milei para promocionar el negocio, vía redes sociales.
En uno de los documentos hallados dentro de los peritajes oficiales, a los cuales Infobae tuvo acceso, se detallan también los términos de un compromiso de adquisición de Tokens, fechado en enero de 2022.
Las partes son N&W Professional Traders (la empresa de Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) y un adquirente futuro. Es el modelo de contrato para el negocio.
Advierten los riesgos para quien acepte el acuerdo: “El adquirente reconoce y acepta que las inversiones en criptomonedas se encuentran sujetas a una serie de riesgos particulares entre los que se incluyen sin limitación: riesgos informáticos, técnicos o tecnológicos derivados de la funcionalidad, característica, uso y otras propiedades técnicas de las criptomonedas, así como de la tecnología subyacente de estos; riesgos por cambios regulatorios y legales propios de las criptomonedas ya que las operaciones con criptomonedas no cuentan con respaldo regulatorio o supervisión alguna de organismos gubernamentales en razón de que no han sido reconocidos como monedas de curso legal o medios de pago autorizados por las autoridades gubernamentales que regulan los sistemas monetarios y sus correspondientes tratamientos legales, los cuales pueden modificarse negativamente con relación a operaciones con criptomonedas así como riesgos económicos, financieros y de volatilidad en el valor de las criptomonedas, ya que los mismos no son considerados moneda de curso legal y su valor no está respaldado por ningún gobierno o institución financiera”
También hay presentaciones en PowerPoint en el que N&W Professional Traders se autodefine como sponsor de varios influencers, entre ellos Javier Milei, que por esas horas ya había sido elegido como diputado nacional.
Maximiliano Firtman, periodista de tecnología y director en Codemia, ya había alertado a través de su cuenta en X, a poco de desatado el caso $LIBRA, los antecedentes de VULCANO.
“El juego nunca existió. La cripto $VULC promocionada por Milei diciendo que es “un diagrama económico sostenible en el tiempo”, tuvo unas semanas después un comportamiento parecido a $LIBRA, pero a muchísima menor escala. Cuando bajó la cotización, abandonaron todo”, sostuvo.
Y señala un detalle no menor: “Cuando saltó lo de $LIBRA, Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, borró de su canal de YouTube el video donde anunciaba ”el nuevo juego play to earn apoyado por Javier Milei y Agustín Laje».
En otro caso: CoinX
Dos meses antes de que Milei promocionara el proyecto VULCANO, hizo algo parecido: pero esta vez no eligió X, su red social preferida, sino Instagram. Lo hizo para publicitar CoinX, una plataforma de inversión que terminó siendo denunciada como una posible estafa piramidal.
“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @coinx.world de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió el entonces diputado.
La cuenta que mencionó Milei no existe más.
Un año y medio después de la promoción lanzada por el ahora presidente, en agosto de 2023, allanaron por estafa a la empresa, en un procedimiento que fue ordenado por el Juzgado Federal N°12 de Ariel Lijo. La investigación había iniciado en 2022.
CoinX había sido intimada en junio de 2022 por la Comisión Nacional de Valores para que “cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables (a través de su sitio web, canal de YouTube y redes sociales)”.
Ninguna de esas publicidades fue gratis. No hay demasiadas constancias escritas de estos pagos. Pero sí existe un resumen del Banco Galicia de transferencias de la cuenta de N&W Professional Traders, que revela un pago de 200.000 pesos a Karina Milei, realizada en julio de 2023, pocos meses antes de que su hermano se convirtiera en presidente de la Nación.
LIBRA, MILEI, NOVELLI, VULCANO
POLITICA
El Gobierno no intervendrá en el conflicto electoral de la UOM y espera un fallo que aclare la situación de Abel Furlán
El Gobierno no intervendrá en el conflicto desatado en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) luego de que su titular, Abel Furlán, realizó el congreso para elegir autoridades nacionales sin acatar la suspensión ordenada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Así lo revelaron a Infobae fuentes oficiales, que aseguraron que la Secretaría de Trabajo no cederá ante las presiones de los opositores a Furlán para que se declare la acefalía de la UOM ni ante la intención del líder metalúrgico de que le extiendan el certificado de autoridades para darle legitimidad a su designación.
En el entorno de Julio Cordero, el titular de Trabajo, consideran que el conflicto en la UOM nacional está judicializado y por eso decidieron esperar una decisión de los magistrados laborales en un sentido o en otro antes de dictar alguna resolución acerca de la validez del congreso nacional de los metalúrgicos, que se realizó el miércoles pasado en abierto desafío al fallo dictado por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Como anticipó este medio, los camaristas laborales María Dora González y Víctor Arturo Pesino suspendieron la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospusieron la elección del Secretariado General del sindicato a nivel nacional tras una denuncia por presuntas irregularidades en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en aquella filial gremial.
Sin embargo, Furlán realizó igual el congreso de la UOM, en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza ubicado en Brasil 780, donde obtuvo el 80 % de los votos de los congresales (215 sobre 270), “configurando un respaldo mayoritario a su estrategia sindical y confirmando una estructura de conducción alineada a su gestión”, según informó el gremio metalúrgico en un comunicado.
Entre los principales novedades del nuevo secretariado figura la designación de Daniel Daporta, líder de la seccional Avellaneda, como secretario adjunto de la UOM, reemplazando a Naldo Brunelli, titular de la Seccional San Nicolás, que quedó afuera de la conducción nacional del gremio.
La Cámara de Apelaciones del Trabajo consideró que la verosimilitud de las presuntas irregularidades en la votación de UOM Zárate-Campana está acreditada prima facie con la prueba presentada en el expediente y que el peligro en la demora se vincula con la elección nacional.
La resolución advirtió que la falta de pronunciamiento de las autoridades internas de la UOM ante la denuncia produce, en la práctica, una denegación y permite la intervención de la vía judicial directamente.
Por eso se ordenó la suspensión del acto electoral nacional hasta que el tribunal adopte un pronunciamiento definitivo sobre la nulidad planteada. El artículo 49 del estatuto de la UOM establece que el Secretariado Nacional debe ser elegido por un Colegio Electoral cuyos integrantes surgen de cada seccional y, según los camaristas, la validez de ese proceso queda en cuestión si no se resuelve previamente la situación de la Seccional Zárate-Campana.
Tras el acto de desobediencia de Furlán al realizar igual el congreso nacional que lo reeligió, sus opositores creen que los camaristas dictarán otro fallo que le quitará validez legal a la designación del líder de la UOM y que Trabajo deberá actuar en función de esa sentencia.
“La Seccional Campana-Zárate está acéfala y el congreso nacional de la UOM que votó a Furlán es nulo”, interpretaron en el sector disidente de esa filial, que lidera Angel Derosso, el candidato opositor que denunció fraude e irregularidades en la elección.
En el furlanismo, sin embargo, advirtieron que “son varios los gremios sin el reconocimiento del certificado de autoridades, como en el caso del SOMU, pero no van a tardar mucho en entregárselo a la UOM”.
Señalaron que las autoridades elegidas en el congreso metalúrgico “tomaron posesión de sus cargos y desde este miércoles ya ocupan sus oficinas” en la sede de la UOM nacional, ubicada en Alsina al 400, en Capital.
Desde la Secretaría de Trabajo, mientras, aclararon que no intervendrán en el conflicto hasta que se expida la Justicia: “Nosotros tenemos que ajustarnos al decreto que directamente nos quita la competencia en materia electoral, salvo en casos de acefalía”, dijeron.
La fuente consultada aludió así al decreto 342, dictado en mayo pasado, que limitó la injerencia del Estado en los procesos electorales sindicales, “priorizando la autonomía y autodeterminación de los gremios”. El Gobierno impulsó esa norma para adecuarse a los convenios sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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