El Gobierno ampliará el temario de extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso. En el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.

El movimiento se da después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.

La extensión del temario fue confirmada a por una alta fuente del Poder Ejecutivo nacional. La misma ratificó asimismo la prolongación del período hasta el día previo a la apertura del nuevo año legislativo.

La decisión se da después de que en las últimas horas se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados.

Tras estos primeros logros, el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.

Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.

En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.

El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones que, tal como contó , el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.

La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.

Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.

Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.

“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.

“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a .

En un trámite expeditivo, la Cámara de Diputados dio esta noche el primer paso en la ratificación del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur firmado el 19 del mes pasado. El Gobierno aspira a que la Argentina sea el primer país en aprobar el acuerdo, para así aventajar a sus socios del Mercosur en la negociación de los cupos para la exportación de productos a Europa.

El oficialismo contó con una mayoría por demás holgada para aprobar la iniciativa: 203 votos fueron afirmativos, 42 negativos y cuatro se abstuvieron. Prácticamente la mitad de los integrantes del principal bloque opositor, Unión por la Patria, votó a favor del tratado por considerar que permitirá ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional del país.

El tratado crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. El pacto implica la eliminación progresiva de aranceles para la mayoría de los productos que comercian ambas regiones y promete impulsar inversiones y exportaciones, sobre todo de las economías regionales con base en la producción primaria.

La mayoría de los discursos de los legisladores enfatizaron el paso histórico que representa este tratado y la necesidad de su rápida aprobación.

“Después de más de 25 años venimos a votar este acuerdo que representa el esfuerzo de una gran mayoría de argentinos −exaltó el diputado Damián Arabia (LLA), presidente de la Comisión de Mercosur−. ¿Por qué es tan importante para la Argentina? Porque ganamos un acceso preferencial a un mercado muy exclusivo que nos va a permitir eliminar las tasas a las exportaciones del Mercosur en un 92% a la Unión Europea, y las tasas a las importaciones del 91% a nuestra región. Esto significa que la amplia mayoría de los aranceles podrán ser gradualmente eliminados, y en algunos sectores determinados, como el caso de nuestro sector agrícola, logrará la eliminación del 99% por ciento de los aranceles a nuestros productos».

“La urgencia es importante −enfatizó la cordobesa Alejandra Torres (Provincias Unidas)−. Este tratado contiene tres pilares: el comercial, el de cooperación y el de diálogo político. El comercial es el que abrirá un intercambio de productos en beneficio para toda la sociedad: nos permitirá una de cuatro empresas exportadores del país puedan destinar sus productos a Europa”.

“Con este acuerdo podremos triplicar el actual mercado que nos ofrece el Mercosur. Esto es vital para la Argentina, que hace una década que no crece”, enfatizó el diputado Javier Sánchez Wrba (Pro), quien enfatizó que es una “mentira” que el tratado afecte la industria argentina.

“La mayor parte de lo que importamos de Europa no son bienes de consumo final, sino bienes de capital. La reducción de los aranceles de esos bienes permitirá bajar el costo argentino”, sostuvo.

El diputado Eduardo Falcone (MID) coincidió. “Es una oportunidad para el desarrollo argentino. Se amplían las posibilidades de importar bienes de uso y maquinarias. Habrá sectores que se beneficiarán inmediatamente, como el agro, pero también prevé plazos de adaptación suficientes para la industria para encarar un proceso de modernización y capitalización”, sostuvo.

Miguel Pichetto, de Provincias Unidas, enfatizó que el tratado significa “una verdadera política de Estado”. “Abre un camino de oportunidades inédito. Si hay riesgos para la Argentina no está en la comunidad europea, sino en la avanzada china en la industria textil y automotriz”, sostuvo.

Los detractores del acuerdo advirtieron sobre los perjuicios que podría traer aparejado este acuerdo para la industria. “Es un mal acuerdo, abre de manera indiscriminada el mercado para la industria, en especial la metalmecánica, la automotriz, la textil”, advirtió Santiago Cafiero (Unión por la Patria), excanciller de la gestión de Alberto Fernández.

El diputado Agustín Rossi, también de Unión por la Patria, marcó la postura contraria de una buena parte del bloque. “Es un acuerdo que fortalece del Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia como actor político internacional. Es un acuerdo que como peronista reivindico”, enfatizó el santafecino.

“El acuerdo se hace con una Unión Europea que tensiona con el presidente [Donald] Trump. Es un acuerdo multilateral: 27 países integran la UE, cuatro integran el Mercosur; son 31 países. En un mundo donde parece que se impone la ley del más fuerte, el acuerdo tiene tiempos, porcentajes, instituciones, da legalidad en un escenario en donde el presidente Trump quiere llevarse el mundo por delante”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Martín Ardohain (Pro) destacó que el acuerdo establece un compromiso para la baja de las retenciones agropecuarias. “Los problemas que no pudimos solucionar los argentinos [en esta materia] este acuerdo ayuda a resolverlos, pues obliga a eliminar las retenciones en tres años y, para la soja, bajarlas a 14 puntos en 10 años. Esto nos da previsibilidad en un contexto global muy convulsionado y sin reglas”, sostuvo.

En las antípodas, la diputada Myriam Bregman advirtió que el acuerdo promoverá un “industricidio”. “Alienta una política primarizadora y profundiza el extractivismo con las consecuencias ambientales que trae aparejado”, advirtió.