POLITICA
La Argentina de Milei, ante la sombra larga del kirchnerismo
Del affaire YPF de Kicillof y los Kirchner al triunfo de Gildo Insfrán en Formosa y de ahí a la profecía económica maldita como la herramienta política preferida de Cristina Kirchner: entre el fin de semana y este lunes, la larga sombra del kirchnerismo que pende sobre la Argentina de Milei acaba de saltar al primer plano. Ayer, ese legado oscuro adquirió nueva vigencia a partir de una última noticia, la orden de la jueza Loretta Preska al Estado argentino para que se desprenda del 51% de sus acciones en YPF y compensar así a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner, con el Ministerio de Economía en manos de Axel Kicillof.
De todos los eventos fortuitos que pueden traer obstáculos a la recuperación económica de la Argentina, tanto externos como internos, el menos esperado era un fallo judicial que, de cumplirse, puede llegar a quitarle una de las joyas de la abuela. YPF y su rol en la extracción del potencial de Vaca Muerta son una pieza central del modelo productivo de la Argentina de Milei, hecho por ahora de dólares de la energía y minería y commodities del agro.
Los tres episodios, YPF, Insfrán y la maldición de Cristina Kirchner lanzada al modelo económico de Javier Milei, son la punta de un iceberg gigante que mantiene encallada a la Argentina en una pregunta difícil que todavía no encuentra respuesta: ¿cómo producir un cambio de régimen político que logre un desempate entre una Argentina irracional y a contrapelo de los países más desarrollados de la región y una Argentina subida a un ritmo lógico y sostenido según la experiencia de los países que más se le parecen? ¿Cómo llegar a una lógica política, económica y social que contemple la alternancia ideológica en el poder sin que signifique poner en riesgo un ciclo necesario de ilusión sin desencanto, hecho de racionalidad macro y microeconómica? Si la Argentina encuentra esa respuesta, cada fuerza política en el poder puede producir modificaciones importantes pero marginales con relación a ese cimiento fundacional logrado.
El pacto necesario no está hecho de retórica políticamente correcta y “ñoña”. Es un acuerdo tácito o explícito sobre una visión contante y sonante: los principios de la macroeconomía que deben regir en la Argentina, el consenso de todos los consensos. Una racionalidad macro que no se ponga en duda aun con la alternancia ideológica en el poder. Una vez alcanzada esa plataforma de despegue, después se pueden llevar adelante todos los acuerdos en torno a visiones de almas bellas. Pero sin volver naturaleza una visión compartida sobre lo macro, difícil pasar a lo segundo.
El espejo de Chile y de Uruguay están al alcance de la mano. Los dos comparten la conciencia clara de que el orden macroeconómico con equilibrio fiscal y crecimiento es la clave para el desarrollo y la calidad de vida, la baja de la pobreza y de la desigualdad. Chile lo llevó al extremo: con el regreso de la democracia en 1990, la Concertación chilena no se aportó de lineamientos macroeconómicos fijados en los ’80 por la segunda generación de Chicago Boys que logró bajar la inflación y entrar en el camino del crecimiento. Desde entonces, las presidencias de centroizquierda o centroderecha o de izquierda compartieron esos fundamentos. El mismo Gabriel Boric, con una coalición más a la izquierda que nunca, que incluye al Partido Comunista, consagró un principio ni bien asumió el poder, en 2022: “Desde la izquierda, tenemos que dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derechas. La responsabilidad fiscal debe ser una política de Estado”.
En Uruguay, de la izquierda del Frente Amplio entre 2005 y 2020 a la centroderecha de Lacalle Pou, está el convencimiento de que la salida de la pobreza es una combinación justa entre macro ordenada y crecimiento y políticas sociales eficientes, inteligentes y alejadas de cualquier disposición clientelar o de una voluntad patrimonialista de políticos preocupados por cajas y enriquecimiento personal.
El caso de YPF es una muestra de lo contrario. Una cadena de acuerdos espurios, con motivaciones personalistas de guita y poder, que cruzan los intereses de Néstor y Cristina Kirchner con los de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, y un Kicillof listo para cometer errores de apreciación macroeconómica a la luz del sol, sin prever las consecuencias legales. “No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, decía Kicillof en 2014. Fue la justificación para violar una cláusula del estatuto de YPF que hoy les da el argumento central a los fondos Burford y Eton Park y a la jueza Preska para fallar en su favor. YPF fue la ruptura kirchnerista de un ciclo de privatizaciones. La narrativa kirchnerista dijo basarse en una voluntad de recuperación de soberanía energética. Se trató más bien del disfraz necesario para vaciar YPF, primero, y, luego, para sumarla como caja tan propia como discrecional.
En el mejor de los casos, el gobierno de Javier Milei apelará y logrará revertir la decisión de Preska y, al mismo tiempo, le permitirá capitalizar política y electoralmente la herencia kirchnerista. El intrincado proceso que llevó a la estatización de YPF y la idea de Kicillof de desconocer el estatuto de YPF lo exponen al gobernador bonaerense en plena marcha hacia la elección provincial y la legislativa nacional que le disputa La Libertad Avanza.
Con Cristina Kirchner en prisión, el nuevo contendiente del mileísmo es Kicillof: la sombra de YPF lo pone en el centro del debate y del descrédito. Ayer, ni bien conocida la decisión de la jueza, el presidente Milei siguió tirando munición gruesa contra Kicillof: “Es responsabilidad directa del inútil soviético”, dijo.
Desde el fondo Burford mantienen un diálogo frecuente con dirigentes argentinos y funcionarios del Gobierno para tratar puntos de avance. O al menos así lo manifestó una fuente, mientras otras advirtieron que esos encuentros aún no se lograron concretar.
El encargado de las negociaciones es un conocido de Milei y su círculo. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, un argentino de Wall Street, basado en Nueva York desde hace años, exjefe de Global Banking Americas del HSBC, contratado en mayo de 2024 por Burford para ocuparse de las negociaciones con el Estado argentino en el caso YPF. Meses antes, cuando todavía no trabajaba para Burford, en septiembre de 2023, Mato recibió en su casa de Nueva York a Darío Epstein y Juan Nápoli, que en aquel momento, en plena campaña electoral, hacían de asesores y emisarios de Milei. En casa de Mato, expusieron las ideas económicas de Milei ante unos ochenta inversores. Hoy, Mato y su equipo hacen visitas regulares a la Argentina para representar los intereses de Burford.
En el caso YPF se sintetiza buena parte de los problemas de conceptualización económica del kirchnerismo y muchos de los vicios de una construcción de poder opaca, si no oscura. Esa mirada estrábica sobre la macroeconomía vuelve en estos días en la única herramienta política que le queda a Cristina Kirchner en la cárcel: la politización de la profecía, el mal augurio de que “el modelo se cae”. Una anticipación distópica que en otra época de la Argentina habría sonado a destituyente. Hoy suena a manotazo de desesperación política. Una interpretación del modelo económico de Milei que pierde de vista la percepción de una evidencia que por ahora le juega a favor al Gobierno y opta por interpretarlo todo a la luz de un deseo político que no necesariamente se va a volver realidad. El kirchnerismo encarcelado en una ceguera que le impide adaptarse y cambiar, y jugado a un futuro en forma de maldición. Una muestra de que no tiene mucho para ofrecer.
El triunfo de Insfrán el domingo en las elecciones legislativas, y constituyentes, de Formosa apunta al mismo registro: un caso extremo de la acumulación de poder sostenido con el que soñaron Néstor y Cristina Kirchner, y todos los males que se derivan de esa vieja “estatalidad”, en palabras de Cristina, dominante: un Estado hipertrofiado y cooptado por el poder político eterno, y una sociedad rehén de ese poder. La provincia con menor cantidad de empleados del sector privado formal: Formosa solo tiene 57 trabajadores privados registrados cada mil personas en edad laboral. El capitalismo libera, pero el capitalismo de Estado genera clientelismo y dependencia: es la lógica del Estado presente llevada a la máxima expresión de sus efectos nocivos.
Una provincia gobernada ininterrumpidamente por el peronismo desde el regreso a la democracia, hace cuarenta y dos años, y por Insfrán desde 1995, también sin interrupciones. Es el modelo kirchnerista vuelto política de Estado más duradera que el mismo kirchnerismo.
El triunfo de Insfrán repone la gran pregunta: con ese voto inelástico a la crisis del peor legado kirchnerista, ¿hay chances de un cambio de régimen macroeconómico perdurable que conduzca al crecimiento y el desarrollo? La respuesta está pendiente.
juan monteverde, elecciones 2023
POLITICA
Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave
El Gobierno de Javier Milei empieza este lunes una semana cargada de definiciones. En pocos días confluirán tres frentes sensibles para la administración libertaria: la difusión del dato de inflación de enero, una movilización de la CGT contra la reforma laboral y el primer debate de peso del año en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en medio de la tensión que dejó la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de postergar la aplicación de una nueva metodología de medición. Al mismo tiempo, el miércoles, la CGT volverá a la calle frente al Congreso para rechazar el proyecto de modernización laboral.
Leé también: A pesar de la resistencia de la CGT y el kirchnerismo, el Gobierno tiene los votos para darle media sanción a la reforma laboral
Ese mismo día comenzará una de las discusiones legislativas más relevantes del verano político. El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta y avanzar, en paralelo, con la baja de la edad de imputabilidad en Diputados.
Inflación bajo la lupa y ruido por el Indec
El primer dato fuerte de la semana llegará desde el frente económico. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los analistas estimaron que la inflación de enero se ubicará en torno del 2,4%, con proyecciones privadas que oscilaron entre el 2,4% y el 2,8%. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Radio Mitre que el IPC de enero “seguramente esté en torno del 2,5%” y sostuvo que la inflación “va a tender a bajar”.
De ser como proyectan el Gobierno y las consultoras privadas, enero se convertiría en el quinto mes consecutivo por encima del 2% y sería una cifra incluso mayor al mismo mes de 2025, cuando alcanzó el 2,2%.
El índice se difundirá con la metodología vigente, luego de que el Gobierno decidiera frenar la actualización de la canasta del IPC tras la salida de Lavagna del organismo estadístico. Según economistas que analizaron ambos esquemas, las diferencias entre el índice actual y el que estaba previsto aplicar eran acotadas: en 2025, la inflación oficial fue de 31,5% y con la nueva metodología hubiera sido de 32,4%, de acuerdo con estimaciones privadas.
La discusión técnica se cruza con un escenario de presión en alimentos. Consultoras privadas detectaron una aceleración en los precios en la primera semana de febrero, con subas fuertes en carnes, verduras, bebidas y panificados. Ese comportamiento introduce ruido en las expectativas de corto plazo y vuelve a poner el foco sobre uno de los rubros más sensibles para el Gobierno en términos políticos y sociales.
La CGT vuelve a la calle sin paro general
En paralelo al frente económico, el Gobierno enfrentará esta semana una nueva demostración de fuerza sindical. La CGT resolvió movilizarse el miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, en el que no hubo consenso para avanzar con un paro general.
La definición expuso las tensiones internas dentro de la CGT. El sector mayoritario, integrado por los dialoguistas, priorizó una movilización sin medida de fuerza unificada para no romper los canales de diálogo político, según pudo saber TN. Aunque la conducción cegetista doce rechaza “íntegramente” la reforma laboral, el objetivo del ala moderada es lograr introducir cambios al proyecto del oficialismo y frenar los artículos más sensibles para los gremios, en particular los vinculados al financiamiento de las obras sociales.
En cambio, los sindicatos más combativos, en especial los del transporte, presionaron para avanzar con un paro de 12 o incluso 48 horas, una postura que no logró respaldo suficiente para ser aprobada por el Consejo.
En ese contexto de disputa interna, la conducción de la CGT apela a los senadores y gobernadores, a los que les reclama que “cumplan con los compromisos con las provincias y los ciudadanos”.
Tras varios intentos, la dirección de la central obrera no logró volver a reunirse con los mandatarios provinciales dialoguistas y teme que, con el apoyo de esos gobernadores, el Gobierno logre conseguir los votos necesarios para darle media sanción a la reforma laboral. En Balcarce 50 están convencidos de que tienen los números.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que, si no son escuchados los reclamos sindicales, “puede escalar la conflictividad”. La amenaza de paro general está latente, aunque con poca fuerza.
En tanto, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto propio de reforma laboral, que contempla la reducción de la jornada de trabajo, una legislación para los trabajadores de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa la elaboró la exministra y actual diputada Kelly Olmos y cuenta con el respaldo de varios sectores sindicales.
Otra de las alternativas que la oposición tiene en carpeta es la judicialización de la ley si se aprueba. El exdiputado Claudio Lozano advirtió que la reforma laboral “es también reforma tributaria”, por lo que debe ingresar por la Cámara de Diputados. “El Senado, al tratar este proyecto, que es una reforma tributaria, viola la Constitución Nacional”, alertó.
El Congreso, la primera prueba del año para el Gobierno
El tercer frente que se activará con fuerza esta semana es el legislativo. El Congreso transita el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente hasta el 27 de febrero, con una agenda acotada y bajo control del Ejecutivo. La reforma laboral es el eje central del temario y también el proyecto que concentra mayores resistencias políticas.
La Casa Rosada busca aprobar este miércoles la iniciativa en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con los votos para abrir la sesión y avanzar en la votación en general, pero las negociaciones se tensan en el tratamiento en particular, especialmente por el capítulo fiscal.
El principal foco de conflicto con los gobernadores está en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los recursos coparticipables. Según varias estimaciones, la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en la recaudación total durante 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.
Según pudo saber TN, el Gobierno evalúa mecanismos de compensación para las provincias a partir de 2027 si la ley se sanciona. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, anticipó que todos esos puntos se debatirán en el recinto y no antes.
En paralelo al debate en el Senado, la Cámara de Diputados se prepara para una semana de actividad clave. El oficialismo prevé avanzar este jueves con el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, con respaldo del PRO, la UCR y sectores del massismo. Además, el Gobierno buscará sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al temario de la sesión.
Leé también: El Gobierno busca sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a la sesión que tratará la baja de la edad de imputabilidad
El proyecto será discutido en un plenario de comisiones y el Gobierno anticipa un debate extenso, con la posibilidad de que la iniciativa no se convierta en ley durante las extraordinarias y continúe su tratamiento en las sesiones ordinarias a partir de marzo. La propuesta original del Ejecutivo planteaba una baja a 13 años, pero en la Casa Rosada admitieron que el consenso político hoy se ordena en torno de los 14.
Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos para aplicar la reforma, mientras que el peronismo anunció que dará pelea en el recinto para frenar la iniciativa. El tema volvió a ganar centralidad política luego de casos recientes de delitos cometidos por menores, que el oficialismo utiliza como argumento para acelerar el debate.
Javier Milei, Congreso de la Nación, Senado, Diputados, Inflación, reforma laboral, imputabilidad
El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.
A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente del Indec tras la salida de Marco Lavagna
El Gobierno oficializó la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aceptó la renuncia de Marco Lavagna al cargo. La decisión se formalizó mediante el Decreto 91/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y fija el recambio de autoridades con fechas precisas para la salida y la asunción.
La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Lavagna rige desde el 2 de febrero. A su vez, dispone que Lines asuma la conducción del organismo a partir del 4 de febrero. En uno de los artículos del decreto, se manifiesta agradecimiento al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión.
Esta publicación en el Boletín Oficial llega una semana después de que se haga pública la salida de Lavagna. La renuncia se da, a su vez, en un marco creciente tensión al interior del Gobierno por cómo medir el proceso de desinflación.
La salida de Lavagna tuvo que ver, informó , con la actualización del IPC, un dato de suma sensibilidad para el oficialismo. Lo confirmó luego el propio Caputo en una entrevista en donde además detalló que se seguirá utilizando el antiguo indicador.
En Casa Rosada criticaron la cercanía de Lavagna con Sergio Massa, pese a que hace dos años que está en el cargo, y, por eso, cuestionaron su perfil para implementar un nuevo índice de inflación.
“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.
Luego, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual índice. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.
“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo, en diálogo con Luis Majul, por LN+.
Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos».
En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.
Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.
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