Mientras en Buenos Aires las autoridades nacionales atraviesan momentos de tensión por el avance de la causa $LIBRA y las denuncias contra Manuel Adorni -y tratan de dejar atrás la polémica-, en el resto del país los gobernadores se muestran ajenos a esos conflictos y a la interna que atraviesa desde hace tiempo a la Casa Rosada, y continúan reclamando más fondos para sus provincias.

A pesar de la incertidumbre que se generó a partir de las causas que involucran al jefe de Gabinete, que enfrenta acusaciones penales por supuesto enriquecimiento ilícito, los mandatarios locales, en su mayoría, sostienen que no ha afectado el vínculo.

La cúpula libertaria viene sosteniendo desde el inicio al funcionario, que recibió el apoyo explícito del presidente Javier Milei y de la secretaria general, Karina Milei, luego de que se conociera que compró un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country que no figuran en su última declaración jurada.

De hecho, el lunes se volvió a reunir la mesa política del oficialismo para terminar de planificar la estrategia legislativa de cara a abril y, luego del encuentro, varios de sus integrantes aseguraron que el ministro coordinador “sigue 100% firme en el cargo”.

Si bien surgieron varias especulaciones sobre el futuro de Adorni, e incluso trascendieron algunos nombres de personas que podrían reemplazarlo en caso de que decidiera renunciar, esto es algo ajeno para muchos gobernadores, que llevan adelante sus negociaciones con otros actores nacionales.

“Todo lo que está pasando no complica, la verdad. Nosotros teníamos buena relación con Guillermo Francos, no con Adorni. Tenemos otros interlocutores de la Casa Rosada con los que hablamos por los temas del Congreso”, explicó a Infobae una fuente de diálogo fluido con uno de los mandatarios patagónicos.

Al respecto, en esta región señalaron que “las conversaciones se dan más con (el ministro del Interior, Diego) Santilli y con (su par de Economía, Luis) Caputo para solucionar cosas puntuales”.

“No es que sean ellos los referentes principales, pero con Guillermo sí el gobernador hablaba y buscaba arreglar cosas. Ahora, depende lo que se necesite va hablando o utiliza diferentes interlocutores. Y si tiene que hablar con el jefe de Gabinete, lo hace. Pero no es que arregle todo con él”, indicó.

Esta es la misma posición que toman en otros lugares del país, donde remarcan que “lo único que les preocupa es la merma de recursos coparticipables por la caída del consumo y la actividad económica”.

“Yo creo que todos están con sus propios problemas, generalmente asociados al cierre de paritarias, a la caída de los ingresos, a la falta de definiciones sobre las cajas previsionales, a la paralizaciín de las obras públicas”, resumió alguien que conversa con varios gobernadores “dialoguistas”.

En este sentido, remarcan que los mandatarios locales “son pragmáticos” y se van a adaptar para hablar con el funcionario nacional que les toque, por lo que no se sienten afectados por la interna entre Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En el norte, en tanto, aseguran que la relación con la Casa Rosada “sigue igual que siempre” y no les preocupa el futuro de Adorni, sino avanzar con algunos de los reclamos que vienen expresando desde el año pasado.

“El problema más acuciante de este país sigue siendo económico, no mediático. Sin un mínimo de aceleración económica, no se recauda. Sin recaudación para solventar gastos clave, el Estado se vuelve innecesario», cuestionaron.

En las últimas semanas, Santilli retomó sus viajes por la Argentina y ya se reunió con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, con el objetivo de conseguir sus apoyos a las reformas que la Nación va a plantear en el Congreso.

El ministro del Interior hará una pausa y volverá con su agenda de encuentros provinciales a partir del lunes que viene, luego de los feriados del 2 y 3 de abril.

En la última reunión de la mesa política se definió el orden de prioridades para las iniciativas parlamentarias: en primer lugar se buscará aprobar la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción, luego Hojarasca, para después continuar con propiedad privada y los pliegos de los jueces.

Por este motivo, se prevé que haya una fuerte actividad en la Cámara de Diputados, que tiene en su poder los dos primeros proyectos, y la discusión en el Senado se va a demorar un poco más.

También hay en carpeta un paquete de medidas para endurecer las penas de ciertos delitos y crear otros -que viene a reemplazar al nuevo Código Penal, cuya discusión se dejó para un futuro- y las modificaciones de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario.

Por su parte, los gobernadores vienen pidiendo alguna compensación por la caída de los ingresos generada por la baja del consumo, puntualmente a través de cambios en la distribución de la recaudación de algunos impuestos, como al cheque.

En junio del año pasado, en el momento de mayor tensión con la Nación, tras el fracaso de varias negociaciones, las provincias presentaron un proyecto para modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos.

La primera de estas iniciativas fue aprobada por el Congreso, pero luego vetada por Milei, quien subrayó que la propuesta iba a perjudicar el equilibrio fiscal, mientras que la segunda nunca llegó a tratarse.

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El Gobierno activa gestiones para llevar al Congreso en abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), uno de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Según pudo saber TN, el Ejecutivo busca avanzar en la votación en la Cámara de Diputados en medio de diferencias internas sobre el encuadre legislativo y de presiones del sector farmacéutico.

La decisión responde a la necesidad de destrabar uno de los capítulos más sensibles del entendimiento bilateral con Washington. En la Casa Rosada sostienen que el frente de propiedad intelectual es el más complejo del acuerdo y reconocen que la discusión se aceleró en las últimas semanas por los plazos de implementación comprometidos con la administración estadounidense.

La trastienda expone también diferencias internas sobre el tratado. En un sector de Balcarce 50 aseguran que el expediente que obtuvo media sanción del Senado en 1998 quedó “obsoleto” frente al nuevo escenario y a los compromisos asumidos en el acuerdo con Estados Unidos. En otro espacio interno sostienen, en cambio, que ese antecedente parlamentario sigue vigente y que lo central pasa por empujar su tratamiento en Diputados sin reabrir toda la ingeniería legislativa.

El tratado habilita un sistema internacional administrado por la WIPO que permite centralizar la presentación de solicitudes de patente con efectos en múltiples jurisdicciones. La adhesión quedó incorporada como una de las señales que el oficialismo busca mostrar en el plano comercial e institucional frente a la Casa Blanca.

El movimiento se inscribe además en la estrategia de alineamiento que Javier Milei profundizó con los Estados Unidos desde el inicio de su gestión. El Gobierno ya avanzó por vía administrativa en capítulos del acuerdo que no requerían ley inmediata, como el reconocimiento de certificaciones y la eliminación de algunas barreras no arancelarias.

El Ejecutivo ya empezó a mover fichas en el plano regulatorio local. La última señal fue la resolución 75/2026 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que actualizó los aranceles del organismo y creó la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI), que comenzará a aplicarse desde mayo con ajustes mensuales atados al IPC.

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La medida se complementa con la reciente eliminación de las restricciones de 2012 sobre patentabilidad farmacéutica que guiaban el examen de patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas. El organismo deberá ahora resolver caso por caso según la Ley 24.481, sin quedar atado a ese filtro previo más específico.

En la Casa Rosada advierten que el frente interno más delicado está puesto en los laboratorios. Los internacionales empujan la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), mientras que los laboratorios locales resisten por el posible impacto sobre la competencia, los genéricos y el mercado interno. Esa tensión cruza la mesa política de Balcarce 50, donde conviven sectores más alineados con la agenda externa de Estados Unidos y otros que plantean dudas sobre el costo político y económico de avanzar sin reparos.

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Una investigación periodística reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió un departamento en el barrio de Caballito por 230 mil dólares mediante una hipoteca no bancaria contraída con las vendedoras del inmueble.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, las acreedoras del crédito de 200.000 dólares son dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Sin embargo, al ser consultadas por Clarín sobre el vínculo con el funcionario, Viegas respondió: “No, la verdad que no”, negando también haberle cedido dinero, mientras que desde el entorno de Sbabo afirmaron: “No, ni idea de esas cosas”.

La operación, realizada en noviembre del año pasado, despertó sospechas en el diputado Esteban Paulón debido al “desfasaje entre los valores de mercado del inmueble y los que pagó el ministro coordinador”.

El legislador señaló que el funcionario abonó aproximadamente 1.155 dólares el metro cuadrado, casi la mitad del valor de mercado tasado entre 300 y 350 mil dólares. Paulón planteó que la situación “parecería una intermediación ya pautada por el breve lapso de tiempo que estas mujeres la tuvieron en su poder antes de venderla a Adorni”, tras haber pertenecido previamente a un exfutbolista.

Este incremento patrimonial se suma a la escrituración de una casa en el country Indio Cuá a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, por la que paga expensas de casi 700 mil pesos.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo investigan el caso, considerando que la hipoteca representa el 87% del valor de la vivienda de la calle Miró. Sobre la capacidad financiera del vocero, el diputado denunciante cuestionó que “con su salario no sabemos cómo hará para pagar las cuotas”, en un contexto donde las supuestas prestamistas niegan conocer al titular de la propiedad.

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