POLITICA
La Asociación de Magistrados y constitucionalistas criticaron la presión del Gobierno sobre el juez Kreplak
La amenaza de recusación que lanzó el Gobierno contra el juez federal que interviene en la causa del fentanilo contaminado, Ernesto Kreplak, despertó una ola de advertencias y cuestionamientos entre juristas, que señalaron la veta inconstitucional del anuncio.
En un comunicado oficial, la vocería de presidencial de Manuel Adorni sostuvo el jueves que buscará apartar al juez Kreplak, en caso de que no avance “en los próximos días” con la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB, responsable de distribuir las partidas contaminadas.
Según el Gobierno, el ministerio de Salud bonaerense, liderado por Nicolás Kreplak, hermano del magistrado, es el “principal cliente” del laboratorio.
“Se rechaza toda declaración de autoridades de otros poderes que interfiera y afecte el normal funcionamiento del poder judicial y los ministerios públicos”, dijo Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), al ser consultado por .
Añadió que cualquier planteo o “disconformidad” con las decisiones judiciales deben ser canalizadas a través de los “mecanismos establecidos en la normativa procesal y por las partes legitimadas en el expediente”.
“Esa, y no otra, es la forma prevista en el sistema republicano de división de poderes que nos rige y que garantiza el respeto de la independencia judicial”, sumó el magistrado.
Todos los juristas consultados por aclararon que no conocen los detalles del expediente, pero se mostraron críticos del Gobierno, al subrayar que su comunicado tensiona fuertemente con un artículo de la Constitución, el 109, que establece que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
“Es claramente inconstitucional”, remarca sobre el anuncio el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que suele ser duro en sus críticas al Gobierno.
“La Constitución argentina es muy clara en torno a la división de poderes; el pedido de Gobierno es inconstitucional porque viola esa división, al pedirle a un juez que realice una actividad que responde a una lógica [interna] de proceso penal”, sostiene.
Agrega que intentar influir sobre la Justicia no sería algo exclusivo de este Gobierno, pero que señalar públicamente lo que debe hacer el juez “es quizás la máxima violación del artículo 109″.
Osvaldo Perez Sammartino, profesor en la Udesa, afirma que es “absurdo” intentar recusar a un juez por la discrepancia con una resolución, ya que para eso están los recursos.
“El gobierno no puede imponerle a ningún juez un determinado resultado -sostiene-; no se puede recusar en función de que dicte tal o cual medida. Es una presión incompatible con lo que establece la Constitución, que en su artículo 109 prohíbe al presidente interferir en causas judiciales”.
El constitucionalista Pablo Manili resalta el mismo renglón de la Constitución que sus colegas, respalda el accionar del juez Kreplak, y añade que el Ejecutivo no debería siquiera opinar públicamente sobre la causa. “Su rol debe limitarse a denunciar, si cree que hubo delito”, le dice a .
Por su parte, el constitucionalista Sebastián Guidi destaca que garantizar la imparcialidad de la investigación es tan importante como que las partes no puedan recusar por “razones insustanciales”.
“Extender la recusación de esta manera (a un familiar de un funcionario lateralmente vinculado con la materia) fomentaría la recusación irresponsable. Distinto seria si aparecieran vinculaciones más estrechas entre el ministro y los hechos puntuales”, asegura.
“Lo que definitivamente no procede es recusar a un juez por una decisión que toma o no toma. Es decir: la recusación tiene que ser por razones objetivas, que están o no están”, agrega.
El primero en marcar los límites de la frontera judicial fue el propio Kreplak, en un mensaje que compartió con los medios.
“Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”, sostuvo. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”, agregó.
Federico González del Solar,Conforme a,,»Kirchnerismo nunca más». Milei asoció al peronismo con el escándalo del fentanilo y criticó a Kicillof: “Son zombis, termos y cabezas de pulpo”,,Estrategia libertaria. Milei se apega al libreto de campaña en la provincia y llama a “ponerle un freno” a Kicillof,,Fentanilo. El Gobierno amenazó con recusar a Kreplak si no pide la inmediata detención del dueño del laboratorio y el juez le respondió
POLITICA
Gobernadores peronistas le reclamaron a Milei que los convoque para analizar el impacto de la reforma laboral
Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego pidieron formalmente este jueves al Gobierno nacional que convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. Las seis jurisdicciones reclaman una sesión presencial y exclusiva para analizar el alcance del proyecto.
El planteo fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a través de una nota firmada por las máximas autoridades laborales de esas provincias. En el documento, sostuvieron que la discusión no puede limitarse al Congreso y que debe incorporar la posición de cada distrito.
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El pedido se produjo en medio del debate parlamentario y luego de que los senadores del bloque peronista votaran en contra de la iniciativa. Los ministros y secretarios provinciales advirtieron que la ley tendría impacto no solo en materia laboral, sino también fiscal y en el esquema de inspección que depende de las jurisdicciones.
Entre los firmantes figura el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa, junto a autoridades laborales de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.
Un reclamo por el rol de las provincias
En el comunicado titulado “El peso de un reclamo federal”, las seis provincias señalaron que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, porque enfrentan de manera cotidiana la conflictividad laboral en sus territorios.
Además, recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, un plazo que —indicaron— debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses laborales, fiscales y de inspección de cada jurisdicción.
“El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostuvieron en la nota presentada ante la Secretaría de Trabajo.
El trasfondo político de la media sanción
El escrito presentado a Cordero lo firmaron Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, pero mientras que los senadores que responden a Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella votaron en contra de la reforma laboral, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al exgobernador de Misiones Carlos Rovira -jefe político del gobernador Hugo Pasalacqua-, fueron dos votos clave para la media sanción de la iniciativa libertaria.
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Con el pedido de convocatoria al CFT, los mandatarios intentan trasladar la discusión al plano federal y sumar presión institucional antes de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados.
Las autoridades provinciales consideraron “absolutamente necesario” activar ese espacio de debate ante la magnitud de la reforma y remarcaron que la realidad de cada región debe ser escuchada antes de una eventual sanción definitiva.
reforma laboral, Gobernadores, Julio Cordero
El Gobierno ampliará el temario de extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso. En el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.
El movimiento se da después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.
La extensión del temario fue confirmada a por una alta fuente del Poder Ejecutivo nacional. La misma ratificó asimismo la prolongación del período hasta el día previo a la apertura del nuevo año legislativo.
La decisión se da después de que en las últimas horas se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados.
Tras estos primeros logros, el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.
Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.
En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.
El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones que, tal como contó , el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.
La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.
Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.
Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.
“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a .
Conforme a
Tras la media sanción del proyecto de baja de la edad de imputabilidad, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea. El debate culminó con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
La sesión comenzó con la intervención del diputado sanjuanino Carlos Jaime Quiroga, en un contexto donde el oficialismo espera que la iniciativa sea ratificada sin mayores inconvenientes. Los legisladores analizan un tratado que busca la reducción de aranceles y que el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, calificó como una “verdadera política de Estado”.
Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llano valoró positivamente el pacto como una herramienta para romper el aislamiento y “reafirmar la consolidación y el rumbo hacia un modelo de libre mercado, representando una gran oportunidad para volver a nuestras bases y que Argentina se transforme, nuevamente, en el granero del mundo”.
Diputados aprobó el Régimen Penal Juvenil
Por su parte, Pichetto instó al Senado a tratarlo a la brevedad, señalando que el acuerdo implica “mover las piezas frente a una comunidad europea que todavía tiene debates internos” y resaltando que el proyecto fue un anhelo de administraciones anteriores.
En contraste, el bloque del Frente de Izquierda manifestó un firme rechazo a los términos del tratado. La legisladora Myriam Bregman advirtió que “el acuerdo con la Unión Europea es un industricidio” y cuestionó la falta de debate previo consultando: “Si es tan bueno, ¿por qué no quisieron discutirlo?”.
Según la visión de Bregman, la normativa “solo va a beneficiar a las grandes empresas”, marcando una de las principales voces críticas frente a la postura de quienes ven en el alineamiento con los países desarrollados una oportunidad histórica para el país.
La entrada Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado se publicó primero en Nexofin.
Acuerdo Comercial,Acuerdo Mercosur Unión Europea,baja de edad de imputabilidad,Diputados
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