POLITICA
la auditoría con la cual el Gobierno pretende erradicar la corrupción del organismo

Con el objetivo de erradicar hechos de corrupción en el PAMI, el Gobierno anunció en las últimas horas que ya inició una auditoría interna para sancionar a los responsables en caso de hallar irregularidades.
En este sentido, la obra social de los jubilados y pensionados emitió un comunicado en el que reveló la apertura de una investigación puertas adentro. Sus principales metas serán las de ordenar el Instituto y cuidar el dinero de los afiliados para garantizar que sus recursos sean utilizados correctamente.
La pesquisa oficial se da en medio de las graves denuncias llevadas a cabo durante las últimas semanas por pedidos de «diezmos» en delegaciones del PAMI y de la Anses en diversas provincias.
En el texto enviado a los medios de comunicación, se afirma que «PAMI está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sistemas delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores».
En esta misma línea, la entidad a cargo de Esteban Leguízamo agrega: «Durante años, la política convirtió a PAMI en una caja. Usaron el Instituto para hacer negocios, y montar estructuras clientelares en cada rincón del país. Esta intervención forma parte de una política clara: desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios. El objetivo es ordenar el Instituto, cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan».
A su vez, desde el organismo oficial señalaron que «se detectó un uso llamativamente elevado de las vías de excepción – un mecanismo que, por definición, debe ser excepcional – para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. En muchos casos, estas vías se usaban para eludir licitaciones y procedimientos formales, abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos».
Por todos estos motivos, en el PAMI enfatizaron: «No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley».
Por último, en el comunicado se asegura que «PAMI no será más una caja negra al servicio de la política. Estamos terminando con años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores. Esta gestión vino a poner orden, transparencia y a defender los intereses de nuestros afiliados. El tiempo de la impunidad se terminó”.
Corrupción en el PAMI: las últimas denuncias y el escándalo con «El Gordo Dan» en Junín
Durante las últimas semanas salieron a la luz distintas denuncias de empleados de delegaciones de PAMI y Anses en Misiones, Santa Cruz y La Pampa, donde se afirmaba que se exigían «aportes partidarios».
Por ejemplo, en la ciudad misionera de Oberá una carta firmada por 22 funcionarios acusó a Adrián Núñez, presidente de la filial local de La Libertad Avanza (LLA), de pedir el 10% de los sueldos de los empleados públicos afiliados.
El último de los escándalos en este sentido que expone la interna libertaria se pudo ver este jueves en las redes sociales, cuando Daniel «Gordo Dan» Parisini volvió a hacer gala de su llegada a Javier Milei para gestionar la salida de un nuevo funcionario.
En este caso la víctima fue el titular del PAMI en Junín, removido del cargo a partir del tuit despechado de una influencer a la que habían corrido del espacio por diferencias en la militancia.
El funcionario al que sacaron fue Alberto Pascual, que se desempeñaba como jefe del PAMI en la mencionada ciudad del noroeste bonaerense y también era el armador de LLA para la cuarta sección electoral en la provincia. Respondía a Sebastián Pareja, operador mileísta en Provincia de Buenos Aires.
Pascual fue desplazado en las últimas horas según informaron medios locales, luego de un tuit de Marina Biagetti, una influencer y militante del grupo «Las Fuerzas del Cielo», que responde a Agustín Romo y Santiago Caputo, y en donde está enmarcado también el Gordo Dan.
PAMI,Javier Milei,La Libertad Avanza,Corrupción,Últimas Noticias
POLITICA
Crecen las expectativas y versiones por la posible liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Mientras este domingo, pasado el mediodía, comenzaron a circular versiones sobre una posible liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo por parte del gobierno venezolano, su esposa, María Alexandra Gómez, dijo, a través de una publicación en sus redes, que aún no cuentan con información oficial en relación con su paradero.
“A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”, indicó y siguió: “Nahuel debe ser liberado inmediatamente. Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía”, agregó.
Noticia en desarrollo
pic.twitter.com/65kulveD3r,March 1, 2026,Conforme a
POLITICA
El régimen chavista trasladó al gendarme argentino Nahuel Gallo y hay incertidumbre por su paradero

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue trasladado anoche del penal de El Rodeo 1, donde permanecía detenido de forma ilegal desde diciembre de 2024, y hasta la tarde de este domingo su paradero era desconocido. La información fue confirmada a Infobae por al menos tres fuentes interiorizadas en la situación, quienes señalaron que tanto la familia del uniformado como autoridades del Gobierno argentino fueron notificadas del sorpresivo movimiento.
La primera señal sobre su salida del penal surgió desde el interior del complejo carcelario ubicado en el Estado de Miranda, en las afueras de Caracas. Familiares de detenidos que se comunican con los detenidos mediante gritos que logran traspasar los muros pudieron grabar la novedad que surgió de El Rodeo 1.
Internos lograron transmitir que “el argentino” había sido “liberado”. Sin embargo, lo que se confirmó posteriormente es que Gallo fue retirado de El Rodeo 1, aunque no existe constancia oficial de que haya recuperado la libertad. Las fuentes consultadas indicaron que se trató de un traslado con destino incierto.
No hubo comunicación pública por parte de las autoridades venezolanas. Tampoco el Gobierno argentino recibió, hasta el momento, una notificación formal que precise el lugar al que fue llevado ni el estado en el que se encuentra. El hermetismo oficial se mantiene en ambos lados.
Las mismas fuentes no descartaron que Gallo haya sido derivado a dependencias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo de inteligencia militar venezolano que depende del Ministerio de Defensa y que interviene en causas vinculadas a seguridad del Estado, presuntos delitos políticos y supuestos casos de conspiración. En antecedentes recientes, otros extranjeros detenidos en Venezuela fueron trasladados a la DGCIM -donde manda Diosdado Cabello– antes de concretarse su liberación o su expulsión del país. No obstante, en el caso del gendarme argentino no existe confirmación oficial de que ese sea su destino.
Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez, y a su hijo pequeño, Víctor. Según la información reconstruida por Infobae, el arresto se produjo cuando cruzaba la frontera con documentación en regla y sin que pesara sobre él ningún pedido de captura internacional.
Tras su detención, el régimen venezolano lo acusó públicamente de terrorismo, conspiración y de participar en un supuesto plan para atentar contra la vida de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada. Las imputaciones fueron formuladas en declaraciones públicas por entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, quien lo presentó como parte de una presunta trama desestabilizadora. Sin embargo, hasta el momento no se conoció la apertura de ningún proceso judicial formal en su contra, ni la existencia de una acusación con sustento probatorio presentada ante un tribunal competente.
Desde su arresto, Gallo permaneció incomunicado durante más de un año. No contó con asistencia consular argentina ni con defensa legal independiente designada por su familia. Tampoco hubo acceso regular a visitas. El caso fue denunciado por el Gobierno argentino como una detención arbitraria y como una violación a garantías básicas del debido proceso.
Durante su permanencia en El Rodeo 1, Gallo compartió condiciones de reclusión con otros detenidos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos. El penal es señalado por familiares y ONG por el régimen de aislamiento, las restricciones a las comunicaciones y la falta de información oficial sobre la situación procesal de los internos.
La semana pasada se produjo un hecho relevante: después de varios días de huelga de hambre, Gallo logró comunicarse telefónicamente por primera vez con María Alexandra Gómez. Fue el primer contacto directo tras más de un año sin comunicación. La llamada se produjo en el marco de una protesta iniciada por detenidos en El Rodeo 1, quienes reclamaban mejoras en las condiciones de detención y definiciones sobre su situación jurídica.
Según relató su entorno, Gallo se había sumado a la huelga de hambre como medida extrema ante la falta de avances en su caso. La protesta incluyó la negativa a ingerir alimentos durante varios días. La familia expresó preocupación por su estado de salud, dado el prolongado aislamiento y la ausencia de controles médicos independientes.
El traslado ocurrido en las últimas horas se dio pocos días después de esa comunicación telefónica. No existe información oficial que vincule ambos hechos, pero la secuencia temporal incrementó la incertidumbre en su entorno familiar.
Hasta la tarde de este domingo, no se confirmó si Gallo continúa bajo custodia estatal, si fue derivado a otra unidad de detención o si se encuentra en alguna sede de inteligencia. Tampoco hubo precisiones sobre si el traslado forma parte de un procedimiento administrativo previo a una eventual liberación o si responde a otra decisión interna del aparato de seguridad venezolano.
En la Argentina, el Gobierno fue notificado del movimiento, aunque sin detalles. Hasta ahora, siguen el caso a través de canales diplomáticos indirectos, sobre todo de Estados Unidos. Desde la detención, la Cancillería argentina realizó presentaciones formales exigiendo información sobre su paradero y condiciones de detención, sin obtener respuestas completas.
La familia de Gallo mantiene contacto con autoridades argentinas y continúa reclamando información precisa. La expectativa generada por los gritos escuchados desde el penal —que hablaban de una supuesta “liberación”— fue rápidamente moderada al confirmarse que solo se trató de un traslado.
El caso acumula más de 450 días desde el arresto inicial. Durante ese período no se difundieron documentos judiciales que acrediten una acusación formal ni se informó sobre la realización de audiencias. Tampoco se permitió el acceso regular de representantes consulares argentinos, lo que constituye una vulneración de estándares internacionales en materia de protección consular.
El silencio oficial del régimen venezolano se mantiene. No hubo comunicados del Ministerio Público, del Poder Judicial ni de organismos de seguridad que expliquen el estado procesal del gendarme argentino. Del lado argentino, la postura oficial ha sido exigir su liberación y denunciar la falta de garantías.
El traslado desde El Rodeo 1 abre un nuevo capítulo en el caso, pero no aporta certezas. Sin confirmación sobre su destino, sin comunicación oficial y sin documentación judicial pública, la situación de Nahuel Gallo continúa envuelta en opacidad. La única información verificada hasta el momento es que fue retirado del penal donde permanecía detenido desde diciembre de 2024 y que, hasta ahora, su ubicación no fue informada oficialmente.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
POLITICA
Javier Milei en el Congreso, en vivo: la apertura de sesiones 2026, minuto a minuto

El Gobierno llega a la Asamblea Legislativa de este año envalentonado. Pasó un “veranito”, con dos meses de calor en extraordinarias -diciembre y febrero- en los que consiguió cada cosa que quería: la reforma laboral, la baja de edad de imputabilidad, el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y la media sanción de la ley de glaciares. Todo marchó de acuerdo al plan, como le gusta decir al estratega Santiago Caputo, y quedó listo para abonar al discurso “ambicioso” y “reformista” que piensa dar el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
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