POLITICA
La Cámara de Control de Infracciones investigada por la Justicia acumula multas por 25 millones de pesos
La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), entidad que supuestamente debe velar por el cumplimiento de las normas viales y fue recientemente allanada por la Justicia, acumula multas por un monto cercano a los 25 millones de pesos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, el detalle de las infracciones es impactante: a través de su CUIT se identificó que estos vehículos registran 70 actas en la Ciudad de Buenos Aires, con un total de 9.145.250 pesos en multas, por motivos que van desde exceso de velocidad hasta uso indebido de carriles. Entre las infracciones registradas figuran: Forzar barrera, evadir pago de peaje en autopistas, exceso de velocidad en distintos rangos, incumplimiento de identificación del conductor, uso de celular o auriculares al conducir, circulación en carriles o vías prohibidas y estacionamiento en lugares reservados.
En la provincia de Buenos Aires, la situación es similar, con una suma cercana a los 15 millones de pesos en multas. De tal modo, se infiere que el total de la deuda por infracciones de tránsito de CECAITRA asciende casi a los 25 millones de pesos.
Las infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.
Las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires.
Bajo investigación
Estos datos salen a la luz en un contexto de extrema gravedad para CECAITRA, ya que la Justicia bonaerense investiga a la cámara y a exfuncionarios del ministerio de Transporte, durante la gestión de Jorge D’Onofrio, por un presunto fraude en la facturación de multas con cinemómetros sin certificación. La causa judicial PP-06-00-056058-23/00, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, derivó en allanamientos en la sede de CECAITRA y en el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García.
Las investigaciones apuntan a que, desde al menos enero de 2022, CECAITRA habría facturado de manera irregular las infracciones generadas por 155 cinemómetros sin la certificación correspondiente. Según un informe del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, estos dispositivos carecían del «certificado de conformidad» necesario, lo que pone en duda la legalidad de las multas emitidas.
Denuncias de empresas competidoras, como la realizada por Matías Germán Trejo, de la firma Safety Vial, señalaron que CECAITRA lograba validar sus multas con una rapidez inusual, mientras que otras compañías debían esperar hasta 90 días para la verificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los allanamientos se realizaron en la sede de CECAITRA en Colectora Panamericana Nro. 1.989, Boulogne; y en el domicilio de su presidente, en avenida Libertador Nro. 3.895, en La Lucila.
La contradicción es insólita: mientras CECAITRA está en el centro de un escándalo por emitir multas dudosas, sus propios vehículos acumulan infracciones millonarias sin consecuencias aparentes.
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El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert se pronunció este viernes sobre el caso que conmociona a Florencio Varela. El legislador cuestionó al gobernador Axel Kicillof en relación con el accionar de Pequeño J, el presunto autor intelectual del asesinato de tres jóvenes, y denunció una supuesta protección política al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.
El candidato para las elecciones legislativas de octubre se refirió al triple crimen de Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez y señaló al gobierno provincial como responsable de la inseguridad. “Un horror, es un espanto, impresiona el nivel de saña y de violencia. Eso es lo que me impacta”, expresó Espert.
“Siempre falta una decisión estratégica de combatir la inseguridad, que se vincula con el narcotráfico, que es un delito federal. Pero la Provincia tiene una decisión política de no combatir la inseguridad”, afirmó Espert en diálogo con radio Mitre.
En ese marco, se preguntó sobre la libertad con la que operaba el principal sospechoso. “¿Hace cuánto estaba Pequeño J dando vueltas, haciendo fiestas y traficando droga en zonas como La Matanza y Florencio Varela?”.
El diputado profundizó su crítica al mandatario bonaerense. “La decisión de Kicillof para el delincuente es la puerta giratoria”, insistió sobre las políticas de seguridad en el territorio provincial.
El legislador de La Libertad Avanza sugirió una vinculación entre la política y el crimen organizado. “La causa de estas cosas tiene que ver con cuestiones de fondo. El kirchnerismo ha decidido relacionarse con la delincuencia”, manifestó.
Espert diferenció la estrategia provincial de al: “A nivel nacional se combate mientras que en la Provincia se relacionan con los delincuentes. Esto está en el centro de lo que pasó con estas chicas”.
Sus declaraciones ocurrieron pese a la versión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien comunicó que la operación de “Pequeño J” podría estar en la Ciudad de Buenos Aires. Espert insistió en responsabilizar al gobierno provincial por una supuesta “connivencia” con el narco.
El diputado también apuntó a los jefes comunales. “No tengo ninguna evidencia, no me consta, pero me cuesta pensar que el narcotráfico en la Provincia es lo que es sin la complicidad de los intendentes”, afirmó.
El presunto autor intelectual del asesinato de las tres jóvenes es un ciudadano peruano de 23 años. Se hace llamar “Pequeño J” o “Julito”. Su base de operaciones se encuentra en la villa 21-24, en el límite de los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya. El joven capo narco tiene una orden de captura.
“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
Información publicada por indica que, hasta este crimen, el sospechoso estaba fuera del radar de los detectives policiales y judiciales que investigan las bandas de narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
La pista que lo involucra surgió a partir de pruebas obtenidas en la casa de Florencio Varela donde encontraron los cuerpos. El miércoles por la noche, la policía realizó procedimientos en la villa 21-24 y allanó la base de operaciones de la banda. En la edificación de tres pisos se secuestró dinero en rollitos y viandas de comida.
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POLITICA
Luis Moreno Ocampo, el fiscal del juicio a las juntas: “Mi vieja amaba a Videla, iba a misa con él”
A 40 años del Juicio a las Juntas militares que se inició el 22 de abril de 1985, el fiscal adjunto de aquel histórico proceso, Luis Moreno Ocampo, rememoró cómo el proceso judicial por delitos de lesa humanidad impactó en su entorno más íntimo.
“Mi vieja lo amaba a Videla. Mi vieja iba a misa con Videla y decía que era como su, como su papá. Entonces, no creía lo que yo le decía”, narró el abogado y ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, sobre la admiración de su progenitora, Mercedes Pérez Amuchástegui, hacia el represor.
Según Moreno Ocampo, el punto de inflexión llegó cuando su madre leyó en La Nación el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, sobreviviente de la dictadura militar, que brindó una de las declaraciones clave sobre la maquinaria de represión ilegal y desaparición de personas.
“Cuando pasó el testimonio de Calvo de Laborde, que tuvo un bebito, su bebita en el asiento de un patrullero y lo contó a La Nación, mi vieja leyó La Nación y me llamó al día siguiente”, rememoró. Acto seguido, comparó el momento con la reconstrucción ficcional que hizo la película “Argentina, 1985″, que protagonizó Ricardo Darín y dirigió Santiago Mitre. En una escena, aparece Pérez Amuchástegui, que habla por teléfono con su hijo y se entera de los crímenes cuando le llega, desde la radio, la voz de Calvo de Laborde. En realidad, se había enterado por la lectura del diario. «Me dijo una frase que es mejor que en la película. La frase es: “Yo todavía no quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso”, subrayó Moreno Ocampo.
El relato fue difundido como adelanto del ciclo de entrevistas Voces, organizado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que se estrenará este viernes por el 40° aniversario del Juicio a las Juntas.
Moreno Ocampo también relató las profundas divisiones familiares provocadas por su rol en el juicio. “Quien nunca me perdonó fue mi tío, que es coronel, que le fue a ver a Videla y le hizo la promesa de que nunca más me iba a dirigir la palabra”, señaló en el anticipo del ciclo del Colegio Público de Abogados, y que reprodujo el sitio El Canciller. “Y treinta años después, estaba reviejo, y en una fiesta de casamiento, mi hermana le dice: “Che, ahí está Luis, hablá con él”. “¡No puedo, no puedo! ¡Le di mi palabra al general Videla!”. Y para él la palabra era todo. Yo amaba a mi tío que ha aferrado su palabra», recordó.
En entrevistas previas, el fiscal adjunto había detallado que su familia materna estaba compuesta en su mayoría por militares y que su decisión de estudiar Derecho se originó en las discusiones políticas que mantenían su padre y su tío, implicado en el golpe de Estado de 1966. “Quise estudiar Derecho por eso, para arreglar el país”, afirmó Moreno Ocampo en otras declaraciones.
Según el ex fiscal adjunto, para un coronel -como su tío- que un miembro de la familia cuestionara al general Videla “era una traición”. “Aquello me sirvió mucho para mi trabajo posterior en La Haya: aprendí que me iban a aplaudir o a criticar y que tenía que ignorar a los que me criticaban y a los que me aplaudían, hacer mi tarea”, sostuvo en una entrevista en el diario El País.
En el mismo reportaje, Moreno Ocampo aclaró que su madre era “mucho más buena” de lo que aparece en la película 1985. “Era muy dulce, pero sí, para ella, Videla nos había salvado de la guerrilla”, puntualizó.
El Juicio a las Juntas se sustentó en la labor del fiscal Julio César Strassera, quien asumió la acusación central apoyándose en el exhaustivo informe “Nunca más” elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). La investigación permitió juzgar a los integrantes de las cúpulas militares como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, entre otros, por delitos cometidos durante la dictadura de 1976.
Strassera, nacido en Comodoro Rivadavia y fiscal federal desde los años de dictadura —cargo en el que había sido designado por la propia junta militar— enfrentó una transformación de su rol tras el retorno democrático. De acuerdo con testimonios y sobrevivientes citados en este contexto, durante la dictadura Strassera rechazó algunos hábeas corpus, maltrató a detenidos y sobreseyó a sospechosos de la Masacre de San Patricio, episodio en el que fueron asesinados miembros de la congregación palotina en una iglesia de Villa Urquiza. Sin embargo, al serle asignada la acusación en el incipiente proceso democrático, la responsabilidad que asumió marcó tanto su vida profesional como la historia argentina.
El joven Luis Moreno Ocampo se sumó al equipo de Strassera como fiscal adjunto. La fiscalía seleccionó los casos más emblemáticos que evidenciaban el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas implementado por las Juntas Militares. La estrategia se focalizó en cerca de 300 casos representativos sobre una base inicial de más de 700.
Los peritos contables del Cuerpo del Poder Judicial Especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública revisarán la fortuna del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insauralde, de su exmujer Jésica Cirio y de la “acompañante de viajes” Sofía Clerici en la causa en que se investiga al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La decisión fue de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata y del juez federal Ernesto Kreplak, cuando estuvo a cargo del caso.
La medida se tomó a instancias de los fiscales Diego Iglesias (de Cámara), Sergio Mola y Diego Velasco (especializado en lavado de dinero), quienes se opusieron a la decisión del juez de pedirle al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que seleccionara profesionales, sin ningún criterio, para ese análisis patrimonial.
Ahora la Cámara de Casación federal decidió que intervengan peritos oficiales de la Corte Suprema y que el juez de primera instancia del caso, ahora Luis Armella, dicte otro fallo en el sentido indicado.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso de casación presentado por los fiscales, en contra del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata.
En la resolución, el juez Borinsky precisó que el magistrado de primera instancia no había fundamentado el motivo por el que se apartó de una norma procesal que ordena la designación de peritos oficiales. Excepto, claro, que no existan estos peritos en la materia a analizar, peor eso no ocurre en el caso, donde lo que se busca es designar peritos contadores.
El juez añadió que la Corte Suprema de Justicia creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública precisamente para supuestos de corrupción como el que se examina.
Los magistrados del tribunal dispusieron que se dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte.
Esta causa se inició en los meses previos a las elecciones de 2023, cuando Sofía Clerici posteó una foto con Insaurralde a bordo del yate Bandido, mientras navegaban por Marbella, en el mar Mediterráneo, tomando champagne francés.
La foto desató una causa por lavado y enriquecimiento ilícito -manejada por jueces subrogantes, ya que ese juzgado federal de Lomas de Zamora está vacante- que poco avanzó a pesar del impulso de los fiscales que pidieron indagar a los sospechosos por sus bienes.
La fiscalía especializada en lavado de dinero realizó un lapidario informe donde habló de un “enriquecimiento patrimonial injustificado” del exintendente.
Para llegar a esa conclusión estableció que entre 2021 y 2023 gastó más de 100.000 dólares en viajes a Estados Unidos y Europa, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella, cuando su sueldo era de poco más de 1.800 dólares, sin otros ingresos declarados.
Además, los investigadores detectaron que, al menos, tres empresas contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora aparecen ligadas a bienes que usaba Insaurralde como propios, como una casa en un country de San Vicente a nombre de una empresa, que nunca fue declarada, una camioneta Hiunday y el departamento de Puerto Madero en el que vivió con Jésica Cirio.
Así se desprende del informe que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, que buceó con su equipo en el patrimonio del ex funcionario.
Desde Suiza, la empresa MTIC de Fribourg pagó el hotel Nobu de Marbella, donde se alojó Sofía Clerici con su hermana Renata antes del viaje con Insaurralde en el yate Bandido. Asimismo, la fiscalía pidió investigar la fastuosa fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en la Manea Club de Polo de Tristán Suárez, en 2014. En ese sentido, pidió a la empresa que aportara las facturas de gastos y las contrataciones.
“Se advierte, a primera vista, que exhibe solidez la hipótesis de un enriquecimiento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, generador de dinero de origen ilícito en actos de corrupción, de momento no identificados, como también la posterior aplicación de los fondos resultantes al mercado económico formal con apariencia de licitud y con la interposición de personas jurídicas y humanas para disimular el origen ilícito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos”, señalan las conclusiones del fiscal Velasco.
Asimismo, Insaurralde omitió incluir los bienes de Cirio, su esposa, en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021.
El informe de la Procelac recoge los viajes que realizó Insaurralde entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 dólares, sin contar un viaje a Francia, del que no se conoce el valor porque Air France no constató los pedidos de informes oficiales. En 2023, el exintendente realizó otros viajes a Estados Unidos, España y Austria. Uno de esos viajes, de julio de 2023 a Estados Unidos, fue contratado desde la secretaría privada de la Municipalidad de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Martín Otermín, delfín de Insaurralde.
Ese periplo incluye los cinco días en Marbella, donde compartió hotel y yate con Clerici. En esos traslados gastó 82.882 dólares, pagados desde Miami a la empresa Forest Travel con una tarjeta American Express de Estados Unidos. Por eso los fiscales quieren saber quién está detrás de estos pagos “que no figuran a su nombre”.
Solo el viaje de cinco días en Marbella insumió 51.714 dólares, que incluyeron 8.189 de pasaje en clase businnes de Iberia, 27.911 euros del hotel de Marbella, en una villa exclusiva, 13.716 euros del alquiler de El Bandido a la empresa Offshore Marbella Chartes & Sales, que abarcaron ocho horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne francés Moet & Chandon, a razón de 360 euros las tres.
“El nivel de gastos de Insaurralde no guarda relación con sus ingresos legítimos en la función pública”, donde trabajó desde 2009 como diputado nacional, intendente y jefe de gabinete bonaerense, escribió el fiscal Velasco. Y todo esto sin contar los 600.000 dólares encontrados en la casa de Sofía Clerici en Nordelta, sus siete carteras Louis Vouitton halladas allí y los relojes Rolex y Cartier que se infiere que tiene, dado que se hallaron sus cajas y manuales. Tampoco están en la cuenta los vehículos de Jésica Cirio, media docena incluidas una Ford Territori y una camioneta Mercedes Benz GLA 250, compradas el mismo día, el 8 de septiembre de 2023. La última, por $48 millones.
Los fiscales insistieron en que “el nivel de gastos no se condice con su sueldo de funcionario”, unos $16 millones en tres años. Su último sueldo, correspondiente a septiembre de 2023, fue de 1.830 dólares, cuando gastó 57.000 dólares en una semana en Marbella.
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