La Cámara de Diputados podría tratar este miércoles la modificación del huso horario actual de la Argentina. Se trata del proyecto de ley de Julio Cobos, que busca establecer como hora oficial en todo el territorio del país la del huso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich. Esto atrasaría una hora del día en nuestro país, por lo que amanecería y anochecería más temprano, lo que ayudaría a ahorrar energía.

La Cámara baja lleva adelante este miércoles una extensa sesión por el tratamiento de los vetos presidenciales que pesan sobre la ley de emergencia en discapacidad, el aumento jubilatorio y la moratoria previsional.

También se discuten otros temas que incomodan al oficialismo, como la distribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación, la comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, la insistencia de la declaración de la zona de emergencia en Bahía Blanca y la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales.

Es en medio de estos proyectos que surge la iniciativa de Cobos. El diputado argumenta que hay una necesidad de que la Argentina se encuentre a menos cuatro horas del oeste del meridiano de Greenwich para, de esta forma, hacer que con la hora oficial del país se haga un mejor aprovechamiento de la luz natural.

Cobos remarcó que inicialmente, cuando la Argentina definió por primera vez su hora oficial a partir del Tiempo Universal Coordinado (UTC), estableció en 1920 el huso horario de -4 horas. Esto significa que fijó que en el país sean cuatro horas menos que la hora del meridiano, una línea imaginaria que divide la Tierra en los hemisferios este y oeste.

Aun así, tras varios cambios que ocurrieron a lo largo de las décadas, finalmente la Argentina fijó su huso horario a -3 horas en relación a la del meridiano de Greenwich. Además, permitió que en el verano se adelante a -2 horas.

Cobos sostuvo que hay una necesidad de corregir el actual huso horario porque “el mundo atraviesa una situación crítica” sobre la energía, que se vio agravada por la guerra entre Rusia y Ucrania. “El precio internacional del carbón, del gas y del petróleo han aumentado de forma considerable en el último tiempo y se prevé que sigan en aumento, lo que acrecentará las presiones inflacionarias en la Argentina”, justificó.

El proyecto inicial, creado en 2021, hacía referencia al déficit de la balanza comercial energética de la Argentina y mostraba que se estimaba que su valor negativo aumentara.

“El país hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos, como así a los diversos comercios”, señaló.

Cobos sostuvo que la educación es uno de los principales sectores damnificados por el desfasaje entre la hora solar y la hora oficial: “La gran mayoría de los alumnos, en las distintas latitudes del país, comienzan su jornada en plena oscuridad, produciéndose así un efecto negativo en su desempeño escolar”. El proyecto permite que, solo por el verano, el huso horario sea de -3 horas, para ayudar con el ahorro de energía.

Con la nueva modificación, se busca “activar el sistema circadiano de cada persona”, es decir, el reloj biológico interno de 24 horas que regula los ciclos del sueño y la vigilia y otros procesos fisiológicos.

“La energía solar es un recurso ilimitado, que favorece la transición energética hacia energías más renovables que las que se emplean de manera tradicional. Con el objetivo de ahorrar la luz artificial cuando no sea necesaria y de incorporar los beneficios a la salud que conlleva la luz natural, solicito a mis pares el pronto debate y aprobación de este proyecto de ley”, concluyó.

En un giro inesperado que marca el cambio de clima político con la administración libertaria que impera en el Congreso tras el cierre de listas para las elecciones de octubre, un amplio arco opositor se puso de acuerdo esta tarde y decidió avanzar en la elaboración de un proyecto que buscar restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.

El acuerdo se plasmó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que mandató a su presidenta, la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas), para que elaborara un proyecto de dictamen que modifique la ley 26.122, de trámite legislativo, que reglamenta el tratamiento parlamentario de los DNU y los decretos de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.

La propuesta contó con el apoyo de la UCR, el kirchnerismo; la porteña Guadalupe Tagliaferri, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y exaliados del Gobierno como el peronista correntino Carlos Espínola (Corrientes), presidente del interbloque Las Provincias Unidas.

En ese sentido, y como un claro indicador de que el Gobierno ha perdido aliados por su política de acuerdos electorales, la movida encontró en la misma vereda al jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), que hasta hace unas semanas atrás apoyaba a la administración libertaria, con dos radicales críticos de Milei como Martín Lousteau (Capital) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

En el debate, los legisladores se pusieron de acuerdo en terminar con la sanción ficta, que le permite a los decretos mantener su validez mientras no sean rechazados por ambas cámaras legislativas o quedar ratificados si son aprobados por una sola cámara legislativa.

Ahora, se invertirá la carga de la prueba y la idea es exigir la ratificación del Senado y de la Cámara de Diputados para que el instrumento mantenga su vigencia.

En consonancia con esa idea, también se reglamentará de manera restrictiva el concepto de que el silencio del Congreso implica la validez tácita de los instrumentos. En ese sentido, hubo consenso para establecer un plazo perentorio en el que el Congreso tendrá que expedirse sobre los decretos.

Si vencido ese plazo no hay un pronunciamiento, el decreto perderá su vigencia. Los tiempos que se barajaron en el debate de esta tarde fueron desde los 30 días hábiles a los 90 días corridos.

También se escucharon propuestas para permitir que el Congreso pueda aprobar o rechazar de manera parcial los DNU. Hoy, la normativa vigente obliga al Congreso a tratar como un todo cada instrumento.

La idea es terminar con la disyuntiva de todo o nada que debe dilucidar el Congreso ante el uso de decretos ómnibus, como el 70/23 que dictó Javier Milei en el inicio de su gestión, sin poder separar aquellas medidas que tengan consenso de las consideradas nocivas.

La letra fina de la iniciativa quedó en manos de la senadora Vigo, quien se comprometió a terminar de darle las puntadas finales al dictamen y pasarlo para su firma. Una vez concretado este paso, la iniciativa quedará habilitada para su debate en el recinto de la Cámara alta.

La ley 26.122 fue sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner cuando era primera dama y senadora nacional. Fue ella la que impuso el método de la sanción ficta para favorecer al Poder Ejecutivo, en ese momento ejercido por su esposo, Néstor Kirchner.

Ahora, el kirchnerismo parece haber pasado a la vereda de enfrente y se sumó a la ofensiva para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Gobierno.

Fue el radical Vischi el primero en apoyar la necesidad de modificar la reglamentación de los DNU luego de considerar que han sido usados de “manera excesiva” por este Gobierno y abogó en contra de la sanción ficta vigente.

“Es nociva la aprobación tácita. Tiene tanta fuerza que permite que los decretos tengan vigencia sin tratamiento y eso vulnera prerrogativas constitucionales”, afirmó el líder de la bancada radical, quien pidió que “sea inválido el DNU que no sea tratado por el Congreso”.

En la misma sintonía se manifestó Tagliaferri, quien sostuvo que con la actual ley “es más fácil tener un decreto que una ley, que tiene que ser aprobada por ambas cámaras, y un decreto no”.

La senadora porteña también pidió reglamentar el silencio del Congreso y propuso un plazo de 60 días para que el Congreso ratifique los decretos, caso contrario perderán su validez. También apoyó la idea de que puedan ser aprobados o rechazados de manera parcial.

El senador Blanco alertó sobre “el abuso que hace el Gobierno” de los DNU y citó como ejemplo el 70/23 que, dijo, “ahora le permite tomar medidas al Poder Ejecutivo por las facultades delegadas que contiene”.

“Todos los gobiernos han abusado de los DNU, pero este hace uno por semana”, sumó su voz Lousteau, quien recordó que el DNU 70/23 modificó 80 leyes. Además, el radical porteño propuso habilitar la declaración de nulidad de los decretos, lo cual impediría el reclamo de derechos adquiridos en el caso de que el Congreso derogue el instrumento.

“Hay que lograr consenso para reglar algo que ha generado un abuso por parte del Gobierno porque esta ley le permite que sea más fácil gobernar por decreto que lograr una ley en el Congreso”, afirmó la kirchnerista Florencia López.