Luego de que el gobierno de Javier Milei ofreciera una recompensa de $20 millones por información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, sostuvo que Apablaza es un “refugiado político en Argentina” y dijo que denunció a Chile por torturas.

“Apablaza fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional.

La declaración se dio en el marco de una entrevista que le hizo el periodista Feinmann en Radio Mitre, que estuvo marcada por fuertes cuestionamientos por su situación judicial. De hecho, Feinmann lo definió como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados al terrorismo”.

En ese contexto, Llanzón defendió la posición de su cliente y enfatizó que la discusión debe centrarse en el derecho internacional y no en consideraciones políticas o mediáticas. “En el día de la fecha hemos presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra el Estado chileno”, afirmó el abogado al inicio de la conversación.

Frente a la insistencia del periodista sobre las acusaciones en su contra, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el estatus de refugiado se mantiene vigente: “Eso implica que Apablaza es refugiado político hasta el día de hoy y desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.

Llanzón también amplió la denuncia presentada ante el organismo internacional, al señalar que los episodios de tortura no se limitarían al período dictatorial. “Entre los argumentos está la existencia de torturas durante el gobierno del señor Patricio Aylwin, cuando Pinochet continuaba siendo jefe de las Fuerzas Armadas en 1991”, indicó.

Según explicó, estas prácticas habrían sido sistemáticas en el marco de las investigaciones judiciales contra miembros de organizaciones armadas. “El organismo a cargo de la investigación en Chile ha sometido sistemáticamente a torturas a todas las personas involucradas, acusadas y en definitiva muchas de ellas condenadas por estos crímenes”, denunció.

Como ejemplo, mencionó el caso de Ricardo Palma Salamanca, quien también obtuvo estatus de refugiado en Francia. “Hoy está refugiado políticamente en los términos de la Convención de Refugiados de Naciones Unidas desde el año 2018”, precisó.

Además, el abogado subrayó que la presentación ante el Comité contra la Tortura busca garantizar la continuidad de la protección internacional de su defendido. “Lo que estamos requiriendo es mantener la protección del señor Apablaza Guerra porque, insisto, hasta el día de hoy es refugiado político”, reiteró, y añadió que en estos casos “prima un principio esencial del derecho internacional de los refugiados”. Feinmann, por su parte, criticó a las administraciones argentinas que en el pasado le otorgaron protección. “Usted me lo quiere pintar como si fuera Heidi”, lanzó en tono irónico, rechazando la caracterización del abogado.

Llanzón respondió elevando el tono del intercambio: “Aquí no se trata del señor Milei o del señor Alberto Fernández o quien fuera. El señor Apablaza Guerra es refugiado político en los términos de Naciones Unidas, no por un gobierno caprichoso”. En ese sentido, intentó desmarcar el caso de la coyuntura política argentina y llevar la discusión al plano jurídico internacional. Mientras el periodista insistía en que se trata de un prófugo, el abogado evitó referirse directamente a su paradero y cuestionó las decisiones recientes del Ministerio de Seguridad. “Usted abrió la nota hablando de una recompensa ridícula y caprichosa que envía el Ministerio de Seguridad”, criticó.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse a 2010, cuando Cristina Kirchner le otorgó a Apablaza el estatus de refugiado político para evitar que fuera detenido y extraditado. La decisión fue revocada años después por Mauricio Macri.

Recientemente, la jueza María Servini pidió la detención del ex guerrillero con fines de extradición por los crímenes que se le imputan en Chile, entre ellos el asesinato de un senador.

El abogado destacó que el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, lo que —según su visión— refuerza la complejidad del proceso. “El juez federal que lo tomó dijo que se iba a poner a estudiar el caso porque es sumamente complejo”, explicó, en contraste con la rapidez que atribuyó a otras decisiones judiciales.

Del otro lado, el conductor insistió en remarcar el trasfondo penal del caso, recordando que Apablaza está acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán, entre otros hechos. También subrayó que distintos gobiernos chilenos, incluso de signo progresista, solicitaron su extradición en reiteradas ocasiones.

El Gobierno oficializó la convocatoria a un acto de distinción para los veteranos de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 2027, fecha en que se cumplirá el 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur.

El presidente Javier Milei había anticipado el reconocimiento el pasado 2 de abril, al plantear que “el año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario número 45 de la guerra por nuestras Islas”.

Por esa razón dio que determinaría por decreto “que en 2027 la Secretaria General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos».

La medida se oficializó a través del Decreto 218/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El texto destaca que “el Estado Nacional, a través de su máxima autoridad, tiene el deber indeclinable de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio».

Los detalles de la convocatoria a un acto para homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas

El decreto que oficializó la convocatoria a un acto para homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas, en 2027, mencionó que “por la Ley N° 24.950 se declararon ‘Héroes nacionales’ a los combatientes argentinos fallecidos durante la guerra de Malvinas, en el año 1982, en defensa de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur y, a los efectos de que estos héroes perduren en la memoria y conciencia histórica de las generaciones venideras, se dejó constancia de la nómina de aquellos».

Además, que la Ley N° 27.399 determinó como feriado nacional inamovible el 2 de abril, “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, y que “en ese día el pueblo argentino rinde homenaje a los veteranos del conflicto del Atlántico Sur, a los caídos y a sus familiares, con el fin de mantener vivo el recuerdo de nuestros héroes y reconocer su entrega y sacrificio”.

El texto oficial consideró que “resulta oportuno y necesario disponer la realización de un acto de distinción a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco de la conmemoración del 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur».

Planteó que el acto será “una expresión de memoria, reconocimiento y gratitud hacia quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional, a la vez que reafirma los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes».

El Gobierno explicó que este acto forma parte de un conjunto de acciones que el Poder Ejecutivo Nacional promovió “desde el inicio de su gestión con el fin de recomponer valores básicos y fundacionales, a fin de transmitir a las generaciones presentes y futuras el espíritu y la acción de los héroes de la Patria».

Islas Malvinas

En el comienzo de un nuevo periodo ordinario, durante el cual pretenden aprobar varias reformas para retomar la agenda de la gestión, el Gobierno abre un inesperado debate en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ya motivó el enojo en algunos bloques e, incluso, entre miembros del propio oficialismo.

La medida en cuestión está incluida en el proyecto de ley “Hojarasca”, que fue enviado recientemente para su tratamiento y redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que venía trabajando en el texto desde el 2024.

El paquete de iniciativas apunta, en general, a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurbas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.

Sin embargo, uno de los puntos que generó polémica fue la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgaron a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales.

Al respecto, en su presentación, el funcionario sostuvo que este es “uno de los ejemplos más claros de privilegio” en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.

Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por postergar su discusión para priorizar, en cambio, la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

De todas formas, esta sería la próxima reforma a analizar y se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General -donde debe obtener dictamen para avanzar-, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.

Aunque en La Libertad Avanza apuntan a que sea solamente un encuentro de carácter informativo, hay quienes reconocen que el texto podría sufrir en esta etapa algunos cambios, principalmente, en lo que respecta a las obleas de circulación de los vehículos oficiales.

“Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones”, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.

Durante estos días, referentes de distintos bloques se expresaron en contra de la iniciativa y se quejaron de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales.

Alguno inculso sostuvo, durante una conversación en uno de los pasillos del recinto, “que primero dejen el chofer Sturzenegger, Cacace y Faríña (Alejandro y Maximiliano, respectivamente, ambos secretarios dentro de la cartera de Desregulación)”.

“No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los creditos bancarios?“, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.

En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.

Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar.

En esa oportunidad, el integrante de la bancada amarilla tuvo que viajar en una moto, que no contaba con la mencionada oblea, y la Policía lo demoró en una de las calles aledañas al Congreso, en el marco de los cortes de tránsito por la manifestación que protagonizaron grupos de izquierda y la oposición ese día.

En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de “Hojarasca” generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: “Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir”, advierten.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que “el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’”.

Para el Ejecutivo, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional”.

La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento”.

El proyecto sostiene que esta prerrogativa “no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública”.