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POLITICA

La Cámara de San Martín debe definir si otorga la eximición de prisión para Edgardo Kueider mientras se decide la extradición

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Edgardo Kueider dijo en una entrevista reciente que era consciente de que volver a la Argentina implicaría terminar en el penal de Ezeiza. Ahora, con el proceso de extradición en marcha, esa posibilidad se acrecienta.

Su defensa había abierto el paraguas para evitar llegar a ese extremo. “Hay un pedido de eximición de prisión que se presentó el año pasado. La Dra. Arroyo Salgado lo rechazó. Se apeló y fue a Cámara. Aún no está resuelto”, relató a Infobae Juan Martín Cerolini, abogado de Kueider en el expediente abierto en San Isidro.

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El Tribunal de alzada de ese Juzgado es la Cámara Federal de San Martín. La eximición de prisión es un instituto jurídico que permite a una persona imputada en un proceso penal solicitar su libertad ambulatoria. Así, evita la prisión preventiva mientras la causa continúa.

“En el supuesto de que la eximición sea rechazada (por la Cámara), se podrá pedir nuevamente si las cuestiones cambiaron. Se puede solicitar también un arresto domiciliario”, completó el letrado.

Un proceso complejo

Cerolini no interviene de manera directa en el trámite de extradición que se tramita en Paraguay. Eso es responsabilidad de dos abogados paraguayos, Carlos Arévalo y Marcelo Bogado. Sin embargo, comentó: “Por lo que pude hablar con ellos, entienden que la extradición se podría dar”.

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“Para que este trámite proceda, hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que haya un convenio entre los dos países”, consignó. Este acuerdo existe.

El segundo factor al que hizo referencia Cerolini es “que el delito que se le imputa en Argentina tenga el mismo valor que en Paraguay”, es decir, que el hecho investigado sea considerado ilícito en ambos lados de la frontera. En este caso, se trata de lavado de activos, por lo cual esta casilla también tendría una tilde.

“Por eso creo que la extradición se dará, porque en Argentina y en Paraguay está penado el lavado de dinero”, razonó.

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De igual manera, aclaró que los plazos para que se concrete se cuentan “en meses”. Cerolini recordó que, además de la extradición, Kueider tiene que afrontar en Paraguay una causa penal por contrabando en grado de tentativa. Este caso se abrió luego de que intentara ingresar a Paraguay desde Brasil con USD 200 mil sin declarar.

Competencia

Hasta el momento, Kueider tiene dos procesos abiertos en Argentina por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno lo lleva Arroyo Salgado. El otro está radicado en Concordia, Entre Ríos, y tramita ante la Justicia provincial. La magistrada de San Isidro pidió a su colega entrerriano Ives Bastián que se inhiba y le remita las actuaciones. Pero el juez se negó. La decisión fue confirmada en segunda instancia.

Solo queda, entonces, el camino de la Corte Suprema de la Nación, único superior común de ambos Tribunales.

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Cerolini indicó que ya hicieron presentaciones ante el máximo órgano judicial con el objeto de que defina quién debe quedarse con el caso. Pero aún no hubo respuesta.

A Kueider le concedieron la prisión domiciliaria y le colocaron tobillera electrónica

“La Corte aún no nos convocó para que hagamos nuestro memorial, la presentación formal a fin de mejorar los fundamentos de lo que hemos pedido. Aún no abrió ningún tipo de recurso”, remató. La intención de la defensa de Kueider es que la causa se concentre en San Isidro.

El exlegislador fue detenido durante la mañana del martes por Interpol en Asunción. Las autoridades se presentaron a la casa de calle 18 de Julio, donde cumplía arresto domiciliario por la causa de contrabando, y lo llevaron ante el juez Rolando Duarte. Este magistrado recibió el exhorto de Arroyo Salgado para que sea remitido a la Argentina. Durante la audiencia de identificación, el exsenador rechazó la vía simple de la extradición. Por eso será necesario un juicio.

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Mientras, Duarte convalidó el pedido de los defensores de Kueider para que se le mantenga el arresto domiciliario. Ahora también deberá llevar una tobillera electrónica.

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POLITICA

El detalle técnico que perturbó la votación por la reforma laboral: la bronca de Mayans y la explicación de Villarruel

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Justo antes de votar el proyecto de reforma laboral, la aclaración de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, cayó como un balde de agua fría para el peronismo. La vicepresidenta explicó que se procedía a votar a favor de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados -con la modificación en el régimen de licencias médicas– o por la negativa, y por lo tanto a favor del dictamen original, es decir de la reforma laboral que las incluía.

“Tengo que aclarar el sentido del voto nuestro”, aseguró José Mayans, el titular del bloque Justicialista apenas escucho las palabras de Villarruel. “Nuestro bloque y los bloques que nos acompañan votamos en contra tanto del proyecto enviado por el Senado, como del proyecto enviado por Diputados. No estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos, por eso votamos en contra”, expresó.

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Villarruel lo interrumpió y buscó aclarar sus dichos. “En esta votación están disponibles solamente dos opciones. La primera opción es la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La segunda opción es la negativa a las modificaciones del proyecto de ley, y por ende se ratifica el dictamen original”, señaló.

Inesperadamente, quien salió a respaldar la posición del bloque opositor fue Patricia Bullrich, titular del bloque de la Libertad Avanza. “A mí me parece absolutamente razonable lo que dice el senador Mayans”, apuntó la exministra de Seguridad.

Cruces entre Bullrich, Mayans y Villarruel antes de la votación por la reforma laboral

“Acá estamos discutiendo un proyecto y nosotros vamos a votar que si y ellos van a votar que no. Esa opción ha quedado restringida. Me parece que está bien que voten que ‘no’, y que se interprete que es una opción por ‘no’ al proyecto, porque sino van a quedar como que votan el proyecto que no quieren votar y no me parece justo», añadió.

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“Yo entiendo, pero no tenemos opción por el artículo 81 de la Constitución Nacional”, interrumpió Villarruel. Insistió en esa idea mientras las senadores Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti protestaban desde sus bancas.

Y Villarruel expresó con firmeza: “Entiendo las acotaciones tal como las están planteado, pero el voto es por la aceptación de las modificaciones por la Cámara de Diputados al proyecto de ley o por la negativa a las modificaciones del proyecto, ergo votan por el dictamen”, dijo. “O sea la segunda, es por la insistencia del dictamen original”, señaló. Y remarcó: “No tengo otra opción, señores”.

Mayans realizó entonces un nuevo pedido. “Pero en ese caso, tenemos entendido que quedó nulo el artículo 44, o sea que hubo una modificación en la composición general de la ley. Nosotros reclamaríamos que se lea la ley completa para saber cómo quedó el articulado completo“, indicó. Y añadió: ”Podemos hacerlo así para que haya claridad y obviamente [aclarar] que nosotros no vamos a votar ni un solo artículo, ni estamos de acuerdo ni con la del Senado ni con la Diputados, por eso votamos en contra, para que quede bien en claro que votamos en contra, no la interpretación que usted dice».

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Fue entonces que ahí intervino el senador Fernando Salino del bloque de Unión por la Patria de San Luis. “Esto se lo debió aclarar al miembro informante que empezó diciendo ‘está en consideración este proyecto’”, replicó el legislador. “Si está en consideración el proyecto, votamos por la negativa. Nuestra negativa es claramente en general y en cada uno de sus artículos, aún cuando la formalidad proponga otra cosa», expuso.

Villarruel reiteró su línea argumental con intención de cerrar la discusión. “Cuando el secretario parlamentario leyó, era la votación sobre el dictamen. Estamos votando sobre un dictamen», apuntó. “Se insiste sobre el dictamen original o se aprueban las modificaciones de la Cámara de Diputados. ”Cada uno, luego le da el simbolismo que quiere“. Y no dio lugar a más debate. “Se vota, se vota”.

Después de que unos legisladores se terminaran de identificar y la aclaración de José María Carambia y Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz) de que se abstenían, se procedió a votar.

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Tras una breve discusión que empiojó la votación, la reforma laboral se aprobó por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.


Senado de la Nación,Reforma laboral,Victoria Villarruel,Conforme a,,Celebraciones y rechazo. Las repercusiones del arco político tras la sanción en el Senado de la reforma laboral,,Es ley. El Gobierno sancionó la reforma laboral y le torció el brazo al PJ y la CGT,,Investigó al poder. Anularon la destitución de Cecilia Goyeneche y vuelve a ser fiscal anticorrupción,Senado de la Nación,,Es oficial. Cuándo entra en vigor la reforma laboral de Milei que sancionó el Congreso,,Uno por uno. Cómo votó cada senador en la sesión en que se convirtió en ley la reforma laboral,,Reforma laboral completa. Artículo por artículo, así es el proyecto de Javier Milei

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La CGT ajusta su impugnación contra la reforma laboral: qué decisión clave tiene que tomar en tiempo récord

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Los abogados de la CGT trabajan contrarreloj para elaborar la impugnación ante la Justicia de la reforma laboral, pero se tomarán este fin de semana para definir, con la plana mayor cegetista, ante qué fuero harán la presentación: el laboral o el contencioso administrativo.

No es una decisión menor. A fines de 2023, el amparo de la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70 fue presentado ante la justicia laboral y la jueza de feria del fuero nacional del Trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, hizo lugar parcialmente al recurso y declaró la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del decreto.

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Ese antecedente, sin embargo, no significa que los asesores legales de la CGR piensen en seguir el mismo camino: en este caso, el eje de la denuncia es una ley sancionada por ambas cámaras parlamentarias y no un decreto de necesidad y urgencia, por lo que no tiene peso, como interpretó la justicia laboral cuando falló contra el DNU 70, el argumento de que no había urgencias que justificaran al Poder Ejecutivo a tomar decisiones que le corresponden al Poder Legislativo.

Alberto García Lema, uno de los expertos en Derecho Constitucional que asesora a la CGT (Foto: Santiago Saferstein)

En este caso, la CGT debe exponer fundamentos sólidos por los cuales hay diversos artículos de la reforma laboral que son contrarios a la Constitución Nacional, aunque fueron convertidos en ley por el Congreso (al menos, se espera que eso suceda este viernes en el Senado).

Para la elaboración del escrito de la CGT colaboraron expertos en Derecho Constitucional como Alberto García Lema, cercano al peronismo, y Ricardo Gil Lavedra, de origen radical, ambos de lazos con la central obrera.

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En la Casa Rosada también tomaron sus recaudos: los abogados del Estado ya estudian de qué forma pueden neutralizar en la Justicia la impugnación de la CGT contra la reforma laboral. En uno y otro sector todos dan por hecho que el próximo round por los cambios en la legislación del trabajo tendrán como escenario los tribunales, pero no necesariamente los juzgados laborales nacionales, sospechados de ser afines al sindicalismo.

La CGT marchará el lunes a Tribunales como lo hizo el 27 de diciembre de 2023 contra el DNU 70 (Foto: AP)

Es que uno de los motivos por los cuales la CGT eludiría la justicia del trabajo es que tienen la sensación de que allí hay revulsión interna por la decisión del gobierno nacional de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. “Hay un clima raro entre los jueces y no se sabe qué pueden hacer ante un recurso como el de la CGT”, deslizó un jefe cegetista.

Para este sindicalista, con décadas de rodaje en el poder en la Argentina, en el ánimo de algunos magistrados podría pesar el hecho de que el gobierno de Javier Milei hoy cuenta con un “volumen político y parlamentario que no tenía” en 2023, cuando dictó el DNU 70.

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Los líderes cegetistas saben que se juegan a todo o nada contra la reforma laboral a través de lo que dictamine la Justicia. No alcanza, como afirmaban hasta hace pocas semanas, el hecho de que exista jurisprudencia legal contra la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, que formó parte del DNU 70 (y quedó frenado por la justicia laboral), también del decreto 340 (que invalidaron en el mismo fuero) y ahora del proyecto de reforma laboral que debate el Senado.

“Van a tener muchos líos; esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, advirtió la semana pasada el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro) al confirmar la impugnación que preparan.

Justamente uno de los artículos que formarán parte de la presentación de la CGT ante la Justicia es el que regula el derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades. Para hacerlo se obliga a garantizar un servicio mínimo de funcionamiento en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios considerados esenciales y 50% en servicios trascendentales.

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Hay especialistas que no están vinculados con el sindicalismo que también objetan ese articulo: uno de ellos es Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de Cambiemos, que dijo al diario La Voz del Interior: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.

Quizás con la expectativa de no romper los canales de diálogo con el Gobierno para incidir en la reglamentación de la reforma laboral, la CGT desistió de realizar este viernes otro paro o una nueva movilización ante el Congreso y, en cambio, anunció una marcha este lunes al Palacio de Tribunales, sólo de dirigentes y delegados, para acompañar la impugnación judicial. Antes, de todas formas, deberá tomar una decisión clave de la que puede depender el futuro jurídico de la reforma laboral.

CGT

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Reforma laboral: celebraciones del oficialismo y rechazo opositor tras la sanción en el Senado

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El Senado sancionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras la votación, dirigentes del oficialismo y de la oposición expresaron sus posiciones en redes sociales. La ley fue aprobada con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y bloques provinciales, mientras que las distintas expresiones del peronismo votaron en contra.

El presidente Javier Milei escribió: “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”. Minutos después también publicó una foto de los senadores que hicieron posible la aprobación de la norma acompañada por el siguiente texto: “Felicitaciones LLA y aliados”. En respuesta al mensaje publicado por el Presidente, también expresó satisfacción el ministro de Economía, Luis Caputo. “Argentina será próspera!!!”, afirmó

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló: “Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina”.

En tanto, la senadora y jefa del bloque parlamentaria de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió a la publicación del Presidente en la que felicitaba al bloque oficialista y aliados: “Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en dos meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias”.

Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio sostuvo: “Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno. La Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan”.

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Por su parte, la diputada Paula Penacca escribió: “Se acaba de aprobar la reforma de flexibilización laboral. Una ley dictada por el FMI para beneficiar a un puñado de empresarios y perjudicar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que ya vienen siendo brutalmente golpeados por este gobierno nefasto”. Y agregó: “No es la primera vez que intentan quitarle derechos a trabajadores y trabajadoras. Y tampoco será la primera vez que organizados y movilizados los volvamos a recuperar. El pueblo siempre vuelve”.

El diputado Itai Hagman comparó esta norma aprobada con la Ley Banelco. En ese marco, contó que dicha ley se sancionó en mayo de 2000 y se derogó en marzo de 2004. “Duro 4 años nada más y en el medio el desempleo solo creció”, recordó.

En ese sentido sostuvo: “Nuestro desafío ahora es que esta dure menos y que nunca vuelvan a gobernar la Argentina los miserables que solo se dedican a joderle la vida a los laburantes y destruir la industria nacional”.

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Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti escribió: “La Argentina volverá a ser un país donde los trabajadores tengan derechos. Y nosotros estaremos ahí para lograrlo, no tengan dudas”.


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