La semana que termina quedó marcada por tres episodios directamente interconectados: el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, el paro de la CGT y el debate de la reforma laboral. Como si se tratara de una síntesis de la agenda más sensible que ahora se visibiliza con mayor nitidez y que seguramente dominará la discusión en el transcurso del 2026.

Después de dos años con el foco en la baja de la inflación, el ordenamiento de las variables macro y la estabilización del sistema monetario, ahora la conversación gira en torno del temor a la pérdida del trabajo y a la expectativa de la reactivación económica. Empleo y producción. Se empezó a jugar la fase más delicada del programa libertario, la que determinará el éxito o el fracaso del experimento que encarna Javier Milei.

Hay tres factores centrales que influyen decisivamente en esta etapa. El primero, es que transcurre bajo variables que la determinan fuertemente, como la apertura comercial amplia, el dólar barato, las tasas de interés altas y una presión impositiva todavía pesada. Es decir, se encara el nuevo ciclo del plan bajo condiciones complejas para una matriz productiva poco acostumbrada a una competencia abierta. En este entorno, el lema “reconversión o muerte” luce tan contundente como riesgoso.

El segundo factor es el contexto del comercio global, marcado por la guerra de aranceles de Donald Trump, que anteayer ingresó en una senda incierta a partir del histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que le puso un límite a su aplicación. Las cadenas de producción y distribución del mundo atraviesan un estado de alteración profunda, y los países buscan nuevos mercados para acomodarse a la inestable situación. En particular China, el gigante que con un mínimo gesto es capaz de desatar una ola de importaciones. La Argentina, un país endogámico y desacostumbrado al gran juego del comercio internacional, enfrenta esta tempestad aferrado al mástil de la libre competencia, después de décadas de proteccionismo. Experimenta en condiciones de altísima turbulencia.

La última variable tiene que ver con el modelo y el pensamiento del equipo económico, que desde Milei y el ministro Luis Caputo para abajo está más formateado para las finanzas, que para la economía real. De hecho el Gobierno no tiene un vocero y un mensaje para el mundo de la producción, como sí lo tiene para hablar de sistema monetario, flujos financieros o desregulaciones. Entiende que las políticas productivas son sinónimo de beneficios estatales que desfiguran su creencia firme en las reglas del libre mercado. Bajo esta lógica, el único objetivo reside en fijar las pautas para una competencia abierta, en la que los privados disputan clientes en base a precio y calidad. Cualquier intervención pública es distorsiva.

Milei cuenta a su favor con el consenso generalizado, de las elites y de la mayoría de la población, de que la economía argentina era inviable tal como estaba planteada. El pasado le sigue reportando un incalculable rédito. Pero esa convicción de cambio para dejar atrás décadas de estancamiento, que es la razón de ser de su gobierno, no tiene el mismo correlato a la hora de proyectar el futuro. Una cosa es estar de acuerdo en dejar atrás modelos fracasados; otra distinta es ponerse de acuerdo en cómo setear la próxima etapa.

Milei ha sido siempre muy nítido en su proyecto de convertir a la Argentina en el país más liberal del mundo, a pesar del apego histórico al paternalismo estatal. Nunca ocultó su voluntad de refundar el país, no en base a su idiosincrasia o a sus capacidades, sino a partir de su paradigma libertario. Si hasta ahora sus premisas centrales apuntaban al ordenamiento y el sinceramiento económico, este año afronta el desafío de empezar a transformar la matriz productiva. En esta fase no tiene enfrente a los mercados o al FMI, actores intangibles, sino a un entramado de empresas, gremios y trabajadores, que se ramifican en el tejido social. Son jugadores palpables. Empieza otra historia.

El Gobierno vivió esta semana con una sensación dual. Por un lado, exhibió una capacidad política reconstituida para lograr la aprobación de la reforma laboral en Diputados, a pesar de todos los obstáculos que debió atravesar. Esta vez refrendó los votos sellados con los gobernadores, sin las volatilidades de otras sesiones.

Después de las concesiones que hizo, no sólo sumó al grupo de aliados habituales (los de Pro y los radicales, más los peronistas Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua), sino que también logró el aval de gobernadores menos afines como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro. Es cierto que los mandatarios provinciales habían planteado desde el principio en sus diálogos con el Gobierno que estaban de acuerdo con una modernización laboral, pero también influyó que esta vez el oficialismo articuló mejor sus negociones y aceptó con pragmatismo los cambios reclamados. En el camino garantizó obras, licitaciones, ATN e ingresos fiscales.

La contracara de la potencia oficialista fue el desconcierto kirchnerista, en una de las peores versiones de un bloque que hasta ahora había logrado mantenerse cohesionado pese a la adversidad. El papelón de la diputada Florencia Carignano desconectando cables de los taquígrafos, la escenificación de Horacio Pietragalla llevándole una cadena a Martín Menem, la moción inconsulta del rionegrino Marcelo Mango para levantar la sesión, fueron expresiones de impotencia del peronismo más duro que veía como se le escurría una de sus banderas principales: la defensa de los derechos de los trabajadores. El silencio de Cristina Kirchner fue muy elocuente. El peronismo se parece hoy a un archipiélago de actores e intereses, en el cual el kirchnerismo es la isla más grande, pero una más.

Sin embargo, este triunfalismo libertario sufrió un desgaste simbólico en los últimos días, como en otras ocasiones, a partir de un error propio. La incorporación a último momento en el Senado del artículo 44 sobre recortes en las remuneraciones para casos de licencias médicas, y las posteriores explicaciones de Federico Sturzenegger para justificarlo, activaron un sensor social que estaba adormecido. Una percepción de que la ley afectaba derechos esenciales, algo que ni los gremios ni la oposición habían logrado transmitir.

En el Gobierno admiten que fue un traspié importante. “Todo venía muy prolijo y ordenado. La gente no percibía una amenaza en la ley y teníamos encuestas con una mayoría de apoyo social. El discurso de quienes se oponían no calaban. Pero ese artículo generó la sensación de que se afectaban derechos laborales, algo que nosotros siempre buscamos evitar. Fue un problema grave”, admite uno de los funcionarios que estuvo cerca del tema.

El autor intelectual de esa modificación se mantiene prófugo. Hay no menos de tres hipótesis respecto de quién fue el artífice de ese sobregiro. Pero lo cierto es que el tema se discutió intensamente en la última reunión de mesa política previa a la sanción en el Senado. Allí fue Patricia Bullrich quien defendió la propuesta que muchos le atribuyen a Sturzenegger, otros a Milei y otros a la propia senadora. Pero nadie explica cómo se les ocurrió introducir semejante tema cuando incluso hasta tenían un dictamen firmado.

En el recinto el tema no había pasado desapercibido, y fue motivo de varias intervenciones de los senadores. Pero nadie hizo escalar el tema. Pasó como un artículo más. Hasta que Sturzenegger al día siguiente impostó su teoría sobre la lesión del trabajador que juega al fútbol y desató un temporal interno.

El ministro recibió fuego graneado durante varios días, especialmente de parte de aquellos que negocian con legisladores y gobernadores. No hubo nuevas reuniones, pero el chat del gabinete se tensó como pocas veces. Debió intervenir el propio Milei para bajar la directiva de que se retiraría el artículo. También ordenó no hablar más del tema.

Este imprevisto le permitió a la CGT concretar su idea de hacer un paro general, a pesar de que hasta entonces había muchas dudas internas. La nueva conducción de la central sintió que era una prueba de fuego y bregó para sumar a los gremios del transporte. Gracias a su adhesión, consiguieron hacer la medida de fuerza más nítida de los últimos años.

Lejos quedaron los tiempos en que una huelga general paralizaba el país. En definitiva, se trata de un recurso de la época industrialista que en la actualidad tiene mucho menos efectividad. Pero de todos modos, le permitió a la CGT exhibir una reacción. La central había llegado a esa instancia con sensaciones encontradas. Por un lado, había logrado eliminar del proyecto los artículos que lesionaban su base de sustentación económica, gracias a la interlocución que mantienen con actores del Gobierno, como Diego Santilli, Santiago Caputo y Lule Menem.

Por el otro, había palpado la indiferencia de buena parte del peronismo, desde los gobernadores, que le habían prometido no apoyar la ley pero después no cumplieron, hasta los legisladores, que nunca los hicieron partícipes de sus estrategias (por ejemplo, cuestionan la decisión de José Mayans de no integrar las comisiones).

“En un momento de enorme debilidad, el paro nos empoderó circunstancialmente”, explican en la cúpula sindical. Sigue siendo una dirigencia muy desprestigiada, a la que un sector importante de la sociedad no le reconoce representación. Sin embargo, en la CGT creen que el escenario de desocupación que se avecina los va a revalorizar.

Mientras tanto preparan la judicialización de la reforma laboral, a partir de lo que entienden que es la afectación de derechos colectivos, como la protección de los puestos de trabajo y el principio de no regresividad (no puede haber derechos a la baja). También impugnarán el traspaso de la competencia laboral del fuero federal al porteño.

Así como el fallido artículo 44 de las licencias activó una dimensión distinta de la reforma laboral, el cierre de la planta de Fate cristalizó un temor emergente sobre la situación de ciertas industrias y el futuro del empleo. Le puso rostros e historias a un problema que carecía de imágenes.

Naturalmente, hay indicios claros de que la empresa arrastraba problemas desde hace años, que se agravaron en los últimos tiempos por las importaciones de China (74% del mercado del neumático es de producción extranjera, y el 57% chino), y que estaba jaqueada por un gremio extremadamente combativo de izquierda, como Sutna, que de tanto confrontar, ahora se quedó sin causa.

Pero más allá de esas particularidades, nadie piensa que se trate de un caso aislado, sino más bien de un caso testigo. Según un informe de la consultora Equilibra, “en los últimos dos años sólo 19 de 55 sectores productivos se expandieron. Los 36 restantes retrocedieron. Las actividades que se expandieron se concentran en la intermediación financiera, la agroindustria, la energía, la economía del conocimiento y la provisión de servicios públicos. El grueso de la caída se concentra en la producción de bienes transables que compiten con importaciones”. La organización Fundar elabora un monitor mensual sobre la situación de las empresas, y en su último reporte señala que desde noviembre de 2023 “se perdieron 21.938 empresas, es decir, un 4,3% del total”. En definitiva, Fate es parte de un diagnóstico más amplio, que todavía no da señales precisas de reconversión.

Nadie le sacará de la cabeza a Milei que el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, eligió el día para cerrar su empresa, entre el paro y la reforma laboral. “Es raro lo que hizo. Hasta hace unos meses lo habíamos ayudado con exenciones de cargas sociales, en el esquema del plan preventivo de crisis. Y ahora nos avisaron la noche anterior que cerraban. Fue una guachada”, disparan en el Gobierno.

Del lado de la compañía aseguran que todo estaba programado desde hace dos meses, que habían dejado de comprar insumos, que habían apagado las calderas y que no había margen para demorar unos días la decisión. Ahora se acordó acatar la conciliación, sólo a fin de darle un margen al Gobierno para que sancione la reforma laboral. La suerte de la empresa está echada.

El caso denotó una dificultad en la interlocución con el Gobierno, que es compartida entre los industriales, quienes perciben desinterés por su situación de parte de Milei y de Caputo. Esta tensión se sintió, según dos testigos, en la última reunión entre el ministro y la UIA, a pesar de los esfuerzos compartidos por mostrar comprensión mutua. El problema de fondo no es si Madanes Quintanilla quiso complicar a Milei, sino si Fate es la punta del iceberg. Por esa razón, hay altos funcionarios que ya tienen una agenda de reuniones con sectores sensibles con un mensaje único: “Aguanten. Necesitamos que las empresas tengan supervivencia para que lleguen a la reactivación”, señala uno de los que estará a cargo de la tarea.

Los ministros más racionales admiten que a partir de ahora se abre una carrera contra el tiempo, en la que, como expresó uno de ellos, “resulta imprescindible que se cristalice la reconversión. Todo va a depender de que la actividad económica repunte, más allá de la minería, la energía y el campo. Sino vamos a tener problemas”.