La tripulación del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina durante unos meses hace tres años ante la sospecha de que estuviera haciendo tareas de espionaje demandó al diputado nacional Gerardo Milman de PRO, le pidió una compensación económica y lo citó en Teherán a una audiencia en octubre próximo.

Milman fue uno de los que denunció a la tripulación iraní ante el juzgado de Federico Villena en Lomas de Zamora. Los iraníes estuvieron aquí con su documentación retenida, hasta que les dictaron la falta de mérito.

El avión permaneció incautado y luego fue entregado por el juez a las autoridades de los Estados Unidos cuando asumió Javier Milei como presidente.

Ahora quienes lo demandan son pilotos iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria. La citación fue emitida por un tribunal iraní en una demanda por “compensación y pago de daños directos e indirectos”, presentada por el piloto Gholamreza Ghasemi, quien fuera una figura central en el incidente del avión venezolano-iraní retenido en Argentina en 2022 y dos tripulantes.

La audiencia está programada para el 27 de octubre de 2025, a las 9 de la mañana ante la justicia de Teherán.

Milman es uno de los 13 funcionarios argentinos y estadounidenses demandados ante el Tribunal General de Teherán por Gholamreza Ghasemi, Mohammad Khosravi Araghi y Mahdi Meoufi, junto a otros tripulantes del avión.

La denuncia iraní alega “acciones ilegales y contrarias a las obligaciones internacionales”, así como “toma de rehenes, tortura y maltrato físico y psicológico” de la tripulación durante 150 días en Argentina.

Según el abogado de los demandantes, Ali Mashayekhi, el escenario de su detención fue “creado por el régimen sionista (Israel) y el de Estados Unidos”, y buscan una indemnización por daños materiales y morales.

Los demandantes son Ghasemi, piloto del Boeing 747-300M de la empresa venezolana Emtrasur (filial de Conviasa) que aterrizó en Argentina en junio de 2022. El FBI lo considera “terrorista internacional” y aportó a la justicia pruebas de su asociación con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y Hezbollah.

Ghasemi es el CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm, una aerolínea de carga iraní sancionada por el Tesoro de Estados Unidos en 2019 por su participación en actividades terroristas y asistencia a la Fuerza Quds y Mahan Air.

Ghasemi fue uno de los siete tripulantes retenidos en Argentina junto con Mohammad Khosravi Araghi y Mahdi Meoufi, que también figura como uno de los demandantes en la citación.

Mahdi Mouseli era el copiloto de la aeronave. El juez Villena levantó la prohibición de salida del país para Mahdi Mouseli y le devolvió sus documentos de viaje.

El avión venezolano-iraní, que perteneció originalmente a Mahan Air, fue adquirido por Emtrasur, permaneció retenido en Ezeiza desde junio de 2022 hasta febrero de 2024, cuando fue decomisado y trasladado a Miami por orden de Estados Unidos.

Milman había denunciado al avión venezolano y dijo que la empresa Emtrasur “apagó el transponder, que es un como un GPS del avión, en su vuelo Córdoba-Buenos Aires” y que “venía de hacer escala en Ciudad del Este, donde había 29 pasajeros, y 10 se quedaron en esa ciudad”.

Además, subrayó que “hay un pasajero con el mismo apellido que el ministro del Interior de Irán [Ahmad Vahidi], que está acusado por la Justicia argentina de ser autor intelectual del atentado a la AMIA”, que no se registró en el país y pudo haber bajado en Paraguay.

Junto a Ricardo López Murphy, había pedido que se tomen las huellas dactilares a los tripulantes, vía AFI, y, que se constate con las bases internacionales de terrorismo internacional.

A pesar de que el Gobierno pospuso hasta el 10 de noviembre la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, los fiscales reiteraron que está en riesgo el funcionamiento del sistema acusatorio y las investigaciones complejas por falta de recursos.

“El tiempo que resta hasta el 10 de noviembre no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias”, dijeron los fiscales, para advertir que, “de persistir en la puesta en marcha del sistema en estas condiciones, se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recibió ayer 25 fiscales de los fueros Federal y Penal Económico, luego de que la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) se postergara hasta el próximo 10 de noviembre.

Allí acordaron 10 puntos que incluyen respaldar una carta que el Procurador envió la semana pasada al Ministerio de Justicia, en la cual señalaba que la postergación de la puesta en marcha del sistema acusatorio no se debía a que los fiscales no estén preparados para los casos complejos, sino a la falta de recursos.

Entre los puntos que acordaron se cuenta que, a pesar de que el sistema les da mayores responsabilidades a los fiscales, “no existe un correlato con la asignación de los recursos para atenderlas”.

Dijeron que están “preparados para llevar adelante causas de complejidad y así lo han demostrado, y que no debe confundirse el reclamo de herramientas para desarrollar sus labores bajo el nuevo sistema con falta de capacitación o desacuerdo con su instauración”.

Tras insistir en la autarquía financiera, los fiscales dijeron que “es necesario fortalecer la representación del Ministerio Público, cubrir las vacantes existentes, dotar de más personal a las fiscalías (creación de cargos y traspaso), establecer cuerpos periciales propios, firmar convenios para asegurar la atención de los existentes, mejorar la situación edilicia y tecnológica, entre otras medidas”.

Hablaron de retomar el dialogo institucional con el Ministerio de Justicia, la Corte y el Consejo de la Magistratura, y la vinculación con las fuerzas de seguridad destinadas a generar cuerpos de investigaciones que sean auxiliares de los fiscales.

El encuentro tuvo lugar en la Procuración General y asistieron los fiscales de Comodoro Py Eugenia Anzorreguy, José Luis Agüero Iturbe, Ramiro González, María Alejandra Mángano, Guillermo Marijuan, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.

También concurrieron Gabriela Baigún, Marcelo Colombo, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Fabiana León, Diego Luciani, Miguel Ángel Osorio y Diego Velasco.

Por el fuero en lo Penal Económico estuvieron Gabriel Pérez Barberá, Marcelo Agüero Vera, Germán Bincaz, Jorge Dahl Rocha, Claudio Navas Rial y María Gabriela Ruiz Morales.

Casal estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas.