La declaración de la secretaria del piloto, Vanesa Tossi, abrió una nueva dimensión en la investigación judicial por el vuelo privado del jefe de Gabinete. No solo ratificó el circuito de pago que ya estaba bajo sospecha, sino que, según una fuente que estuvo presente en esa audiencia, dejó al descubierto una serie de elementos que tensionan aún más la situación procesal de los involucrados y amplían el foco del expediente. Entre ellos, que Marcelo Grandío, el periodista, contratista del Estado y amigo de Manuel Adorni, pretendió que la empresa desconociera la existencia del viaje de vuelta -no solo de la factura- cuando trascendió el caso.

La secretaria dijo que el día que Carlos Pagni mencionó la existencia del viaje de Manuel Adorni, Grandió le escribió. “¿Viste lo que está pasando? ¿Vos lo filtraste?“, le dijo Grandío. “Yo no miro los medios”, contestó ella. El cliente le respondió con un mensaje en el que incluyó: “Este pseudo periodista dice esto porque se quedó sin pauta”, a la vez que le envió notas periodísticas sobre el tema.

Tossi dijo al juez y fiscal que se siente amenazada por Grandío, que la llamó en plena declaración testimonial. Consultada por qué, se refirió especialmente a su insistencia y al tono con el que le pidió repetidas veces que desde la empresa le hagan una nota de crédito por el viaje que pagó.

El clima de la testimonial quedó atravesado por expresiones de arrepentimiento por parte de la secretaria. “Me equivoqué, me quiero matar”, fue una de las frases que, de acuerdo a la fuente, surgieron en relación con la contratación del vuelo. De hecho, Tossi dijo que “no sabía del delito de dádivas” y que tratan de no contratar con políticos, pero hizo una excepción por la forma en la que se contrató el servicio, vía un amigo.

Uno de los ejes en los que esa tensión se vuelve más evidente es en la explicación pública del viaje. Según se destacó en la reconstrucción, Tossi dijo que Grandío uso la palabra “invitación”, en referencia a la compra de los vuelos para Adorni, al menos cinco veces. Para los investigadores, la reiteración no es menor.

La coordinación del pago del vuelo se estructuró alrededor de dos figuras: Marcelo Grandio, como quien aportaba el dinero, y “Horacio” —identificado como Horacio Gómez, su apoderado—, como el encargado de ejecutar y ordenar los movimientos. Según lo reconstruido en la causa, primero hubo un intento de que la operación no fuera facturada, es decir, manejarla por fuera del circuito formal. Ante la negativa de la empresa, el pago no se hizo en el momento del vuelo, sino días después.

En ese tramo aparece la logística del dinero: la entrega no fue directa, ni bancaria, sino que se canalizó a través de terceros, incluyendo el envío mediante un motoquero a una clínica, en la que la secretaria se estaba haciendo estudios.

La segunda etapa fue la de la facturación tardía y el conflicto posterior. Una vez que la empresa avanzó con la emisión del comprobante —ya con el caso expuesto—, el mismo circuito que había coordinado el pago activó una maniobra para desconocerlo.

A través de Horacio Gómez se envió una carta documento, en la que se negaba tanto la validez de la factura como la existencia misma del viaje, calificándola de “falsa” y proponiendo resolverlo con una nota de crédito. A partir de ese momento, Tossi dice que dejó de atenderlo.

Ese movimiento terminó de evidenciar la tensión interna: mientras el dinero ya había sido entregado bajo un esquema informal, se intentó retroactivamente borrar su rastro documental. En el centro de toda esa secuencia quedaron Grandio, como financista, y Horacio, como articulador de cada paso vinculado al dinero, desde la entrega física hasta la estrategia legal posterior.

Issin, el piloto, no mencionó la carta documento. Por este motivo, es probable que la Justicia lo cite a ampliar su declaración testimonial.

Uno de los datos más sensibles que emergió en la declaración está vinculado al operativo aeroportuario. La secretaria, bajo juramento de decir la verdad, aseguró que el día del vuelo intervino el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con un dispositivo específico para facilitar la salida. En ese contexto, se habría producido una anomalía en los controles migratorios: en lugar de verificar la identidad mediante reconocimiento facial, se escaneó el documento. La diferencia técnica es clave, porque implica una relajación de los protocolos de control que rigen en los aeropuertos.

Ese punto introduce una nueva dimensión en la causa, que ya no se limita al financiamiento del vuelo, sino que empieza a abarcar posibles irregularidades en el funcionamiento de organismos estatales.

En paralelo, la investigación avanza hacia una línea patrimonial. El fiscal pidió unas 12 medidas típicas de una pesquisa por enriquecimiento: relevamiento de registros de propiedad, aeronaves y vehículos, entre otros cruces de información que buscan determinar si hubo beneficios económicos indebidos.

Luego de que la Justicia estadounidense fallara a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, el expresidente Mauricio Macri celebró que el país no deba pagar más de US$16.100 millones ni entregar el 51% de sus acciones y apuntó contra el kirchnerismo. Criticó a Cristina Kirchner por “presumir” la resolución judicial y señaló que los argumentos de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York son los mismos que había dado Pro.

“Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del Tribunal de Apelaciones de EE.UU., que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF”, expresó el exmandatario en sus redes sociales.

Asimismo, Macri afirmó que se terminó una “pesadilla” que inició bajo la gestión kirchnerista con “una expropiación ilegal que fue votada en contra por los diputados de Pro”. Además se jactó de haber advertido en su momento que traería consecuencias y cuestionó: “Es indignante ver hoy a Cristina presumiendo desde su prisión domiciliaria que este fallo le da la razón a aquel atropello”.

El expresidente sostuvo que los argumentos de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos son los mismos que originalmente presentó su procurador, Bernardo Saravia Frías, y dijo que lo que permitió alcanzar el éxito judicial fue la “tenacidad de la defensa de la actual Procuración”.

“Como sea, hoy es un día de alegría. El puño que hubiese significado para todos los argentinos el pago de esa condena ya quedó atrás. Es hora de dar el próximo paso para que la riqueza de la energía nacional nos ayude a reparar los daños de tantos años perdidos”, cerró.

Horas antes, el presidente Javier Milei también había apuntado contra la exmandataria y la acusó de “leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”. “Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretenden apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, cruzó.

Este viernes, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia del juicio, lo que evitó que la Argentina esté obligada a pagar más de US$16.100 millones, y exculpó a YPF de responsabilidad durante el proceso de estatización y evitó la entrega del 51% de sus acciones.

El conflicto inició cuando, en 2012, el gobierno de Cristina Kirchner avanzó con la expropiación del 51% de YPF, que estaba en manos de Repsol, a través de una ley del Congreso y sin cumplir con una cláusula del estatuto que obligaba a hacer una oferta pública al resto de los accionistas.

Tiempo atrás, cuando YPF fue privatizada, su estatuto incorporó una protección central para inversores que establecía que, si alguien tomaba el control de la compañía, debía realizar una oferta pública por el resto de las acciones. Además, esa obligación tenía una particularidad relevante: fijaba un umbral específico para el Estado. Si el Gobierno superaba el 49% del capital, quedaba obligado a lanzar esa oferta. Se trató de una regla escrita que garantizaba que todos los accionistas fueran tratados en igualdad de condiciones.

Sin embargo, el gobierno kirchnerista no cumplió y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, justificó que respetar esa cláusula implicaba pagar un costo mucho mayor por la compañía y que, por lo tanto, no correspondía hacerlo. Lo dijo en público en el Congreso y fue uno de los argumentos que más usaron los demandantes.