POLITICA
La Cámara Federal rechazó un recurso de Milei contra Pagni porque el Presidente omitió firmar su escrito
La Cámara Federal porteña rechazó hoy el recurso de casación con el que Javier Milei pretendía reabrir la causa que promovió contra el periodista Carlos Pagni por calumnias e injurias. El motivo del cierre fue que el abogado del Presidente presentó su escrito sin la firma de Milei.
“Corresponde tener por no presentado el recurso de casación”, dijo el camarista Eduardo Farah, el mismo magistrado que había desestimado la querella.
Farah relató que contra el fallo que confirmó el cierre del caso “por inexistencia de delito”, el abogado del Presidente, Francisco Oneto, “interpuso recurso de casación mediante un escrito encabezado por Javier Milei ‘por derecho propio” que sólo estaba firmado por Oneto “en carácter de letrado patrocinante”.
“Los abogados defensores de Pagni -narró Farah- se presentaron y, señalando la falta de firma del querellante, solicitaron que se tenga el escrito como no presentado.”
En su resolución de hoy, el juez hizo lugar a ese pedido. “La pretensión de la defensa es atendible”, dijo. Farah destacó que el abogado Oneto no presentó “poder alguno” que lo habilite a firmar en nombre de Milei y afirmó: “Encontrándose vencido el plazo previsto en el artículo 463 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde tener por no presentado el recurso de casación deducido por el abogado patrocinante de la querella, lo que así resuelvo”.
El abogado de Milei dijo hoy a que va a ir directo a la Cámara de Casación, con un recurso de queja, para que el máximo tribunal penal intervenga de todos modos y reabra la causa. Sostuvo que Farah incurrió en un “exceso de formalidad” y que, en todo caso, debió haberlo intimado a que volviera a presentar el escrito.
“Es un exceso ritual manifiesto. Nadie puede dudar de que Milei quería recurrir el fallo”, dijo el abogado. Consultado sobre la omisión de la firma del Presidente, contestó: “No sé por qué se presentó así. Tenemos poder en otros casos. En este no porque se fue dando así… En la mayoría de los casos [de demandas del Presidente contra periodistas] sí tenemos: en el de Lijalad, el de Canosa,…”.
No es la primera vez que Oneto presenta un escrito sin la firma del Presidente (ni poder que lo habilite a firmar por él) en esta causa y la Cámara Federal se lo marca.
El 27 de junio pasado, el mismo tribunal le hizo saber al abogado que no trataría el pedido que había hecho para que se cambiara la fecha de una audiencia por el mismo motivo. Farah escribió entonces: “Siendo que el escrito presentado no lleva firma del querellante, y que el letrado patrocinante no acompañó hasta hoy el poder para actuar en representación de aquél, subsanada que sea dicha omisión, se proveerá. Hasta tanto ello ocurra, estése a la fecha de audiencia designada”.
En aquel momento, como no estaba en juego plazo alguno, el abogado tuvo la posibilidad de presentar otro escrito. Esta vez, el plazo que fija la ley se le venció.
En su denuncia, Milei sostuvo que Pagni comparó su llegada al poder con la del dictador Adolf Hitler (algo que Pagni no hizo) y dijo que, con esa analogía, hirió su “honra personal”. El juez federal Daniel Rafecas rechazó en junio la querella del Presidente sin siquiera darle trámite porque entendió que los hechos de los que Milei acusó al periodista no existieron. Advirtió además que la ley no persigue penalmente las expresiones sobre asuntos de interés público.
Ese fallo de Rafecas fue confirmado por la Cámara Federal con la firma del juez Farah. El argumento central del camarista fue que las afirmaciones del periodista “nunca pueden configurar delito penal en los términos de los arts. 109 o 110 del Código Penal [calumnias e injurias] porque es indudable que se refirieron a asuntos de interés público”.
Farah dijo además que de la transcripción de los dichos de Pagni “surge claramente que el periodista no hizo una directa analogía como la que el querellante señala; no al menos en el sentido de haberle atribuido la comisión de los crímenes atroces que aquel ejecutó o haberlo equiparado en sus propósitos, métodos y estrategias de forma deliberada”.
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la realización de una Jornada Nacional de Lucha este miércoles 20 de agosto, lo que comprende un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, en una convocatoria que se extiende a las provincias y municipalidades del país. Según comunicó la entidad sindical, la medida involucrará asambleas en diversas reparticiones, suspensión de actividades, movilizaciones y otras formas de protesta. La acción tiene como objetivo acompañar los reclamos impulsados por jubilados que habitualmente se presentes los días miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación.
La concentración principal ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores estatales interrumpirán sus tareas y abandonarán sus oficinas a partir de las 12 del mediodía para reunirse frente al Congreso, junto a organizaciones de jubilados y de discapacitados. La jornada estará marcada por la sesión parlamentaria convocada para debatir una suba de haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad.
Así, un sector más se suma a las movilizaciones que se esperan en los alrededores del Congreso. En el recinto, la oposición intentará rechazar el veto presidencial a las leyes aprobadas para aumentar las jubilaciones y sostener las partidas para atender a las personas con discapacidad, mientras el oficialismo buscará que ese intento fracase. Para el gobierno del presidente Javier Milei, los legisladores avanzaron en la aprobación de las normas sin explicitar cuál sería el origen de los fondos para costear esas medidas, atentando contra el equilibrio fiscal que la gestión de Milei considera esencial a fin de ordenar las condiciones de vida en el país.
ATE formalizó la notificación de la jornada de protesta mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí, la entidad justificó la medida como respuesta a la aplicación de un programa económico que, según su análisis, deteriora el poder adquisitivo, precariza el empleo y favorece políticas de ajuste, derogaciones de derechos y desmantelamiento de organismos públicos.
Entre los fundamentos detallados, la asociación sindical destacó el aumento de la pobreza y la “pulverización” de salarios y jubilaciones. El documento enviado al ministerio menciona expresamente la preocupación por la eliminación de programas sociales, el cierre de dependencias estatales y las reformas laborales que, a criterio del gremio, “ponen en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores”. Los estatales también denunciaron un alza de la conflictividad laboral, producto de despidos masivos y la reducción de fondos para políticas públicas.
El texto de ATE acusa al Poder Ejecutivo de de “gobernar a fuerza de decreto y veto” y avanzar “en contra de trabajadores estatales y de la sociedad en su conjunto”.
Los reclamos nucleados en la protesta comprenden una lista de exigencias, entre ellas la recomposición de los salarios para recuperar el poder adquisitivo, el rechazo a las privatizaciones y ventas de inmuebles del Estado, la reincorporación de todos los despedidos y la restauración de los fondos adeudados a las provincias. También cuestionan la fusión y cierre de organismos estatales, la normalización de las cajas previsionales provinciales y la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
En la Ciudad de Buenos Aires, el gremio anunció que el paro incluirá un cese y retiro de tareas a partir del mediodía, con el objetivo de sumarse a la movilización frente al Congreso, espacio donde convergerán otros colectivos afectados por los recortes jubilatorios y las restricciones a programas de discapacidad. En el resto del país, la protesta estará convocada en plazas y diferentes edificios públicos bajo la forma de asambleas, marchas y actividades de difusión.
“En el 2011, Argentina tenía la tasa de cobertura previsional más alta de América Latina (9 de cada 10 recibían algún beneficio) y en el 2015 la cobertura alcanzaba a casi el 97% de la población”, manifestó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
POLITICA
Fantino le pidió la renuncia al ministro de Salud por las muertes por el fentanilo contaminado
El conductor Alejandro Fantino explotó ayer por la noche contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y le pidió que renuncie por el escándalo del fentanilo contaminado. La causa ya contabiliza más de 90 muertos en el país. “Lugones, te digo: no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico”, sostuvo en su programa.
El escándalo por el fentanilo se desató en varias provincias, donde se registró a pacientes de diversos centros de salud que fallecieron tras la administración de la droga que, según las investigaciones, estaría adulterada.
Fantino sostuvo que el ministro de Salud tiene “la lentitud de la tortuga Manuelita”. “¿Puede seguir enfrente del cargo? ¿Que estaríamos haciendo si esto le hubiese pasado a Ginés?“, dijo, en referencia a Ginés González García, el ex titular de la cartera durante la presidencia de Alberto Fernández. El exministro fue protagonista del escándalo del ”Vacunatorio VIP», donde se investigó el trato preferencial que tuvieron personas cercanas al gobierno que recibieron vacunas contra el Covid de parte del Estado.
“Coincido en que debería dejar el cargo y no debería ser más el ministro. Me avergüenza cómo lo comunicó. Mal, nervioso, tenso, obligado, cagado, un tipo cagado a las patas. Sucio como una papa. Estaba internamente manchado de hollín. Le pesan esas muertes. ¿Vieron las notas que dio? La sensación fue: vengan rápido, eligió cinco o seis medios, los sentó en la oficina y…“, sostuvo hasta que fue interrumpido por un llamado de la producción, donde parecía que buscaban que deje de hablar del tema.
“Lo lamento, hermano. 100 muertos. Que me chupen bien la pi… Lo lamento. Decíselo al que te está llamando: que me chupe bien la pi… Ida y vuelta. Si quieren le tiro mermelada de arándanos para que les guste más”, contestó ya enojado.
Y siguió: “No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, porque ahora me envalentono y me pongo loco antes de irme a mi casa a dormir, que me quiero dormir temprano porque tengo que ir a cuidarlo a Beltrán”.
El viernes pasado, en su primera declaración pública sobre el caso, Lugones se quebró al hablar de las muertes por el fentanilo. “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico y es un atentado a la gente”, señaló entre lágrimas.
Fantino se refirió a este momento emotivo. “Las explicaciones que dio fueron berretas, cortas, chiquitas. Asco me da. Las declaraciones que dio me dan asco. Tenemos que marcar las cosas que no nos gustan. 100 murieron. Chiquititos, niños que tienen problemas para siempre. Esa rata de Furfaro [dueño del laboratorio que produjo el fentanilo] a Guantánamo”, comenzó.
Luego, afirmó que había que criticar al Gobierno cuando ocurrían este tipo de casos. “Si lo rompimos por el Vacunatorio Vip a Ginés González García y, como dicen los de HBL Pharma, tardaron en retirar esto… Cuando hay mierda, tenemos que decirlo. Murieron más de 100 personas y hay gente que quedó con secuelas para siempre”, agregó. Y le habló a sus espectadores: “Ponete vos del otro lado, que en un ratito te vas a dormir, y que en otra habitación duermen tus viejos o tus hermanos, qué hubiese pasado si el fentanilo envenenado te los hubiese llevado. Estarías buscando con una 45 al que te hizo eso”.
Cerró su descargo con fuertes agresiones: “Al menos que este viejo choto renuncie… Mario Lugones, renunciá, las bolas como un toro tengo de vos. Te digo: no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil. Que llores, que te tiemble la mano, no te creo nada. Estoy re caliente. Lo veo y me pone loco».
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POLITICA
El Gobierno destinará más de $26.000 millones en aportes a partidos políticos y capacitaciones para las elecciones
El Gobierno destinará más de $26.000 millones en aportes a partidos políticos y capacitaciones para las elecciones nacionales, que se realizarán el 26 de octubre. Se trata de la instrucción que dará el Estado para fiscales sobre los cambios en la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP), que comenzará este año.
El Ejecutivo definirá además el 11 de septiembre la distribución de espacios publicitarios en emisoras de radio, televisión abierta y por suscripción para las distintas agrupaciones políticas. Nación no planea destinar fondos para debates entre candidatos, que quedaron sin efecto tras la suspensión de las PASO.
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La Casa Rosada adjudicó un presupuesto de $395.000 millones para todos los gastos electorales. Ya firmó además un convenio con la empresa estatal Correo Argentino por $223.000 millones, que incluye la logística de la impresión de boletas, el escrutinio provisorio y las urnas.
En Balcarce 50 aseguran además que derivarán $14.000 millones para la Cámara Nacional Electoral junto con otros $20.000 millones para los gastos de las autoridades de mesa y $700 millones para otras capacitaciones en las provincias.
El encargado de la ejecución es el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que tiene en su órbita a la Dirección Nacional Electoral (DINE). La subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, -que tiene injerencia sobre el área y será candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires- tiene previsto dejar el cargo en el corto plazo.
Se trata del funcionario que también tiene a cargo el Fondo Partidario Permanente, que cuenta con un presupuesto $401.664.000, según el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción. Este corresponde a la asignación, corrección y rendición de cuentas de fondos públicos destinados a partidos políticos.
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El Gobierno ya habilitó el envío de fondos a los partidos políticos a través de la disposición 1/2025 de la directora nacional electoral, Luz Landivar. La norma publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo tuvo como función la asignación, redistribución y compensación de los aportes estatales a los partidos políticos. El documento responde al calendario legal previsto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
El Ejecutivo derivó en esta instancia $44.006.772 al Partido Justicialista (PJ), $24.253.839 a Propuesta Republicana (PRO), $19.760.160 a la Unión Cívica Radical (UCR), $12.642.673 al Frente Renovador y $10.057.648 a la Unión Celeste y Blanco, entre otros. La Libertad Avanza recibió alrededor de $2.900.000 entre todas sus representaciones jurisdiccionales.
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