La Cámara Federal de Casación rechazó un nuevo recurso de la expresidenta Cristina Kirchner, que pretende que se revisen sus condiciones de detención.

La semana pasada, por dos votos contra uno, este tribunal decidió que no correspondía habilitar la feria judicial para tratar los planteos de la expresidenta. Este miércoles, ante una nueva presentación de Cristina Kirchner, los jueces ratificaron lo resuelto la semana pasada.

Tanto el primer fallo como en el de ayer fueron dictados por la Sala de Feria de la Casación. La semana pasada estaba compuesta por los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky (que votó, en disidencia, por analizar lo planteado por la expresidenta); este miércoles firmaron el fallo Yacobucci y Ledesma, que rechazaron la presentación “in limine”; es decir, sin siquiera darle trámite.

Cristina Kirchner había intentado un recurso “de reposición” (el que se presenta para que el propio tribunal que dictó el fallo revea su decisión).

La Casación, en su resolución de la semana pasada, declaró que los pedidos de Cristina Kirchner no cumplen con los requisitos para disponer la excepción que implica tratar un recurso durante el receso de enero.

Los planteos eran sobre las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple en su departamento de Constitución por la condena en el caso Vialidad. Fuentes judiciales relataron que Cristina Kirchner había pedido que le sacaran la tobillera y que un grupo de visitantes recurrentes, como por ejemplo el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, no tuvieran que pedir autorización al juzgado cada vez que fueran a verla. También, que no le limitaran la cantidad de las visitas ni cuántas personas pueden participar de cada uno de esos encuentros, y que le levantaran la limitación de tiempo que le fijaron para estar en la terraza.

Tras el rechazo a habilitar la feria, estos recursos serán resueltos una vez que los tribunales vuelvan a su actividad normal, a partir de febrero.

Ya no intervendrá esta sala de feria, sino la que trata habitualmente los planteos de la expresidenta. Son los de la Sala IV: Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos; los dos últimos, habían votado en contra de planteos como este de la expresidenta.

El voto de Ledesma y Yacobucci, de un párrafo, de la semana pasada, dice: “Por no tratarse de un tema de feria conforme la Acordada Nº 07/09 (punto 6) de esta Cámara Federal de Casación Penal, en tanto la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento, devuélvanse las presentes actuaciones vía pase digital a la Secretaría General de esta Cámara para ser remitidas a la Sala que corresponda una vez finalizada la Feria Judicial. Sirva la presente de atenta nota de envío”.

Borinsky, en soledad, había considerado que “se configura en el caso la previsión de la Acordada Nº7/09 de CFCP, en cuanto dispone que ‘se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, sólo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”.

El problema de las vacantes en la Justicia se agravará con la salida de una funcionaria en un área clave. El Gobierno resolvió no enviar al Senado el pliego de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para que continúe en el cargo por cinco años más. El 1° de febrero, Martínez, jefa de todos los defensores oficiales, cumplirá 75 años y deberá dejar su puesto, ya que, como ocurre con los jueces, a partir de esa edad solo puede continuar con un nuevo nombramiento.

Martínez será reemplazada de manera interina por el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años.

De esta manera, las dos máximas autoridades del Ministerio Público quedarán como interinos: Langevín, por un lado, y el Procurador General, Eduardo Casal, que ejerce temporalmente desde 2017 y en octubre del año pasado se convirtió en el procurador general con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia.

A ello se suma la compleja situación en la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene vacantes dos de sus cinco sillas, lo que obliga al máximo tribunal a convocar a conjueces cuando sus tres miembros no se ponen de acuerdo frente a un caso y no pueden formar mayoría para dictar un fallo.

La situación de la Defensoría en torno a las vacantes es análoga a la del resto de la Justicia, que terminó el año pasado con un 37% de sus cargos vacíos.

En el caso de los jueces, en estos dos años de gestión el Gobierno realizó solo tres designaciones: la del catedrático Manuel García-Mansilla, que terminaría renunciado −Ariel Lijo nunca asumió−, y las de otros dos magistrados que cumplieron 75 años y sus pliegos sí fueron enviados por el Gobierno al Senado para un nuevo acuerdo, lo que no se hizo con Martínez.

El presidente Javier Milei se refirió a la designación de jueces en particular hace tres semanas, en diálogo con LN+, al recordar el frustrado paso de los pliegos de Lijo y Mansilla por la Cámara Alta, antes de impulsar por decreto la designación de ambos. “Mientras el kirchnerismo en el Senado tenga más de un tercio, no puedo enviar jueces”, sostuvo.

El Gobierno tiene entre sus manos más de 70 ternas para cargos vacantes en la Defensoría.

La Defensora

A fines de 2025, con una carta enviada al Poder Ejecutivo, Martínez, que está al frente de la defensoría desde 2006, hizo explícito su deseo de continuar en el cargo por cinco años más.

En el Gobierno tuvieron su caso “bajo estudio” en las pasadas semanas y en las últimas horas se resolvió “no extenderle su mandato”, informaron fuentes al tanto de la decisión.

Su salida no es una sorpresa. El largo recorrido profesional de Martínez como defensora se inscribe en las antípodas ideológicas del Gobierno y en el último tiempo no hubo ninguna señal en favor de su continuidad.

Sin embargo, fuentes del Gobierno informaron que, hace alrededor de dos meses, desde el Ministerio de Justicia que lidera Mariano Cuneo Libarona se elevó un informe a Presidencia sobre Martínez, que reunía pronunciamientos a favor y en contra de su continuidad.

La relación entre Cúneo Libarona y la defensora, que se conocen desde “hace años”, es buena, señalan quienes los rodean, pese a la distancia que los separa en su mirada sobre la Justicia. Pero la continuidad de Martínez estuvo por entero en manos del presidente Javier Milei.

Martínez, de marcado perfil bajo, llegó al cargo hace más de 20 años. Es doctora en derecho por la Universidad de Salamanca y licenciada en criminología. Trabajó en distintas cátedras de la UBA bajo las órdenes de tres reconocidos juristas del país, Germán Bidart Campos, Eugenio Zaffaroni y Jaime Malamud Gotti.

Su recorrido como jurista fue destacado en distintos ámbitos locales e internacionales y quienes valoran su gestión subrayan como un logro suyo que en la Defensoría, desde donde se envían las ternas de candidatos a defensores al Poder Ejecutivo, se respeta “a rajatabla” el orden de mérito de los postulantes.

El lunes 2 de febrero, Martínez será automáticamente reemplazada por el defensor ante la Corte Suprema Langevín. Se replicará, así, una situación similar a la que protagonizó la propia Martínez en 2001 y luego en 2005, ocasiones en las que asumió como defensora interina del Ministerio Público de la Defensa, reemplazando en ambas oportunidades a Miguel Ángel Romero, que en 2005 renunció al cargo.