“Durísima derrota judicial a mano de Servini”. Con inusual crudeza, un importante dirigente del PRO graficó, ante la consulta de Infobae, los últimos movimientos en Córdoba, provincia clave y estratégica para la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015. En las últimas horas, la Justicia electoral declaró nula la intervención dispuesta desde la oficina nacional de la calle Balcarce, al tiempo que la Justicia provincial ratificó la validez de las elecciones internas que se realizaron el pasado fin de semana, donde se designó al nuevo presidente, que reemplazará al diputado Oscar Agost Carreño, y que encabezó una lista que acompañaron dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de un conflicto que lleva años. “Es un desastre”, reconoció un colaborador cercano al expresidente. La jueza federal María Servini, especializada en materia electoral, declaró la nulidad de las intervenciones y remarcó la falta de fundamentos para una medida de esa magnitud. “La inexistencia de elementos o situaciones concretas que justifiquen la intervención, tornan arbitraria dicha medida”, señaló en el fallo.

Además, subrayó que la intervención “es un remedio para circunstancias graves, que debe aplicarse de forma restrictiva y conforme a la carta orgánica, con el fin de proteger la autonomía distrital frente a la intromisión del gobierno central”.

Tras el fallo, los dirigentes locales avanzaron en la normalización partidaria. “Todavía falta el escrutinio definitivo que se está haciendo hoy o se hace mañana. Con eso se hace el acta de proclamación, eso se publica, se eleva al juzgado y el juzgado tiene que revisar todo y aprobarlo. Es un tramite que lleva quince días, más o menos, y tengo que terminarlo. Pero el tema está cerrado”, sostuvo a Infobae el exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, actual presidente del partido en Córdoba y enfrentado de manera directa con Macri y la dirigencia nacional.

Durante la interna, la Junta Electoral resolvió 97 reclamos presentados por el sector alineado con el jefe del PRO y solo admitió uno de ellos, la oficialización de la lista porque la habían presentado veinte minutos fuera de hora.

Sin embargo, el acta de la Junta Electoral indica que la lista Somos PRO, identificada con el expresidente y encabezada por Hernán Cornejo, con aval de la exdiputada y actual concejal Soher El Sukaria, no presentó fiscales ni boletas en toda la provincia. “La ausencia de boletas en las mesas de votación y la falta de fiscales en los centros de sufragio de toda la provincia obedecen exclusivamente a una decisión voluntaria y deliberada de sus responsables, quienes decidieron no participar del proceso electoral”, se indicó.

Por otro lado, Oscar Tamis, exintendente de Oliva, encabezó la lista Córdoba Amarilla, respaldada por Agost Carreño y la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, muy cercana a Bullrich, y que acompañan dirigentes que en su momento apoyaron a Rodríguez Larreta, como el propio Tamis. De no mediar imprevistos, asumirá la conducción partidaria el próximo 19 de abril.

“Toda esta historia, las tres intervenciones, tuvieron un contenido político y no partidario, por eso no prosperan. El único motivo que hubo es manejar las listas o las alianzas. De hecho, no tenían ningún asidero porque la jueza en la última instancia, la Cámara Nacional Electoral, dijo que no son válida, que no había razones válidas. Es más, otras provincias, en las mismas circunstancias, no las intervinieron”, señaló a este medio Rodríguez Machado.

Otro dirigente de la lista opositora a la conducción nacional comparó la situación de Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, con Santa Fe y el rol de Gisela Scaglia como presidenta del partido pero, al mismo tiempo, titular de la bancada Provincias Unidas en Diputados. “Siguiendo el mismo criterio, ¿por qué a ella no la intervinieron?“, se preguntó.

Además de Córdoba, donde la conducción nacional apeló y espera una resolución de la Cámara Nacional Electoral, según supo Infobae, bajo la conducción de Macri se mantienen las intervenciones en Salta, Tucumán, Corrientes, La Rioja y Santa Cruz, todas por diversas irregularidades.

“Lo que a nosotros no nos gusta es que decidan por nosotros, porque inclusive Macri no dice que no hagamos nunca una alianza con LLA, es más, hay acuerdos en el Congreso, en CABA, en Buenos Aires. Estamos en contra de que nos pongan en una negociación nacional, como un paquete más, como moneda de cambio. Nosotros, los cordobeses, vamos a decidir qué miércoles hacemos en el 2027. Los cordobeses con nuestra asamblea”, sostuvo uno de los armadores de la lista opositora.

Y finalizó sobre la nueva conducción provincial del PRO: “Algunos son ‘patricistas’, aunque ella ahora esté afiliada a otro partido. Hay otros que son de Larreta o que lo apoyaron en la interna con Bullrich. Y hay algunos independientes que no son de ninguno de los dos espacios, pero que estaban ya muy cansados de que nos intervengan cada vez que se les ocurría”.

Diversos bloques de la oposición dialoguista y el oficialismo senatorial avanzaron en los últimos días con un nuevo proyecto para un tema delicado: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

La iniciativa original fue empujada por una radical Carolina Losada (Santa Fe) y fue casi prioritaria en su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

El último despacho -ahora, en foja cero- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

Otro artículo establecía: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

Meses atrás, uno de los que acompañó fue el exmacrista y actual violáceo “con reparos” Luis Juez (Córdoba), quien consideró: “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”.

Un experimentado legislador que siguió de cerca el asunto denostó la idea que empujaban, en aquella ocasión, el tándem Losada-Pagotto. “Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que esto ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil. Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, expresó a este medio.

“La idea es blindarlo desde lo legal y que no se active un efecto inhibitorio. No se puede pasar por encima de una convención con rango constitucional. Quedaría el Estado argentino en contra de sí mismo”, analizó este miércoles una legisladora. Además, deslizó a Infobae que un nuevo articulado ya circula entre bloques. Incluso, no se descarta que la semana próxima o la siguiente se analice en la comisión de Asuntos, hoy en manos del discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta).

Con perfil más bajo y menos pomposidad que Losada o Pagotto, Guzmán Coraita se acerca a un mejor entendimiento con otras bancadas y, en principio, lograría mantener el esqueleto de la última versión. Siempre, avalado por la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. De esa manera, se evitaría un desastre en el recinto por un tema que, sin dudas, generará fuertes cruces con el kirchnerismo e incluso algunos aliados.

Atenea,Conforme a